Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78705
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Morón para seguir interviniendo en el asunto, con la indicación formulada en el punto V (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirán las actuaciones y se las radicará electrónicamente para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo que aquí se decide al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº16 del Departamento Judicial de La Plata.
B.78.705 "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESC/ CLINICA Y MAT. DEL SAGRADO CORAZON Y OTROS MEDISIS - UTE Y OTROS S/APREMIO PROVINCIAL -CUESTION DE COMPETENCIA-"
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra la Clínica y Maternidad del Sagrado Corazón - Medisis UTE y sus responsables solidarios: Osvaldo Luis Corti, Marcos Raúl Libedinsky, Antonio Benvenuti, Horacio Munir Haddad, Miguel Ángel Fernández Bedoya, Félix Majer, Daniel Ernesto Capria, Rubén Darío Romano, Jorge Manuel Salinas, Daniel Roberto Lesch, Gregorio Fernando Lewin, Atilio Adrián Surachi, Ricardo Néstor Merech y Eduardo Antonio Espada, con la finalidad de cobrar el crédito que surge de los títulos ejecutivos N°424.663 y N°424.672, por las sumas adeudadas en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los períodos 3/98 a 12/99 y 1/00 a 10/00, respectivamente.
Pide, a los efectos de asegurar el crédito aquí reclamado, se decrete, por un lado y en concordancia con lo dispuesto en el art. 22 del Código Contencioso Administrativo, la inhibición general de bienes de la parte demandada, a la vez de solicitar, por el otro, el embargo sobre todos los activos (bancarios y financieros) que esta última posea (fs. 13/16 y vta.).
II. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón.
Interesa reseñar que, después de llevarse adelante diversos actos procesales ante esa dependencia judicial (i.e., concesión de la medida cautelar de fecha 15-XII-2009, sentencia interlocutoria de fecha 13-VII-2011, elevación del expediente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín de fecha 6-VIII-2012 -con su posterior pronunciamiento de fecha 4-IX-2021-, articulación de excepciones de fecha 8-III-2017, auto de apertura a prueba de fecha 31-V-2018 -luego dejado sin efecto-, solicitud de caducidad de instancia de fecha 13-IX-2019, pedido de levantamiento del remedio precautorio de fecha 22-X-2020, denuncia de fallecimiento de uno de los codemandados -el señor Lewin- de fecha 15-XI-2021), el por entonces magistrado suplente, haciendo especial hincapié en la existencia de los autos caratulados "Surachi, Atilio Adrián s/ Sucesión Ab-Intestato" (expdte. nº 9.529/2021), que tramitaban por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº16 del Departamento Judicial de La Plata (según lo comunicado por el Registro de Juicios Universales), ordenó librar oficio a dicho organismo jurisdiccional a fin de que se le informe -en lo sustancial- si en esas actuaciones se había dictado sentencia de declaratoria de herederos (v. proveído electrónico de fecha 25-XI-2021).
Así entonces, y una vez que la apoderada fiscal realizara otras presentaciones atinentes al devenir procesal de la causa (véanse escritos electrónicos, ambos de fecha 3-XII-2021) y de que el titular del referido juzgado en lo civil y comercial respondiera a la diligencia cursada, manifestando que -efectivamente- con fecha 24-IX-2021 se había dictado "...la correspondiente declaratoria de herederos" (cfr. surge del oficio electrónico de fecha 17-XII-2021), la magistrada que por aquel tiempo también subrogaba el organismo primigenio, finalmente, tras reiterados pedidos de levantamiento de la tutela cautelar por parte de uno de los hijos del señor Surachi (de fechas 8-III-2022 y 26-IV-2022), se declaró incompetente.
Para resolver de esa manera, consideró que en la controversia surtía efecto el fuero de atracción contemplado en el art. 2336 del Código Civil y Comercial, de modo que "...razones de economía y conexidad jurídica" -sostuvo la magistrada- exigían que en las presentes actuaciones siguiera interviniendo el juzgado en lo civil y comercial donde se encontraba tramitando el proceso sucesorio (v. resol. electrónica de fecha 8-VII-2022).
A raíz de tal decisorio y con motivo de los recursos interpuestos por los demandados en autos, así como por algunos de sus herederos (véanse presentaciones electrónicas de fecha 13-VII-2022 y 3-VIII-2022), los actuados recayeron -al igual que en el año 2012- en el tribunal de alzada en lo contencioso administrativo de General San Martín (ver despacho electrónico de fecha 7-IX-2022).
Empero, sus integrantes, tras declarar la inadmisibildiad de la vía impugnatoria intentada, puesto que -sobre la base del art. 7 inc. 1 del código adjetivo- no eran competentes "...para resolver las apelaciones articuladas en relación a la declaración de incompetencia dispuesta [...] en estos obrados", devolvieron las actuaciones a la instancia de grado a los efectos de que el expediente siguiera su curso procesal. Ello, sin previamente dejar de advertir que ante una eventual contienda negativa de competencia que se pudiera suscitar entre los juzgados involucrados en la controversia, dicho incidente debía ser remitido a esta Suprema Corte por resultar el "tribunal supremo común" entre ambos órganos (v. resol. electrónica de fecha 27-X-2022).
Recaídos los actuados nuevamente en el juzgado de origen, su magistrada a cargo los pasó -en orden a su desplazamiento competencial (de fecha 8-VII-2022)- al Juzgado en lo Civil y Comercial Nº16 de la jurisdicción territorial de La Plata.
No obstante, este último, puntualizando -en línea con los arts. 5 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial y 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo- que "...el objeto de la acción incoada excede el marco de atribuciones concedidas a la justicia civil y comercial", resistió la atribución de competencia que se le estaba atribuyendo.
Agregó además, en cuanto al decisorio del órgano de alzada, que no compartía los argumentos allí vertidos. Esto se debe a que, al no encontrarse comprometida la competencia de un órgano jurisdiccional de distinto fuero, "...la cuestión aparece -a no dudarlo- como susceptible de ser dirimida por ante un mismo fuero", según lo expresó el magistrado (v. proveído electrónico de fecha 22-XII-2022).
Devueltos los obrados a la dependencia jurisdiccional que los había remitido, ésta mantuvo su primigenia postura y, en consecuencia, planteó la contienda negativa ante esta Corte para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el citado art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. sent. interlocutoria de fecha 31-III-2023).
III. Se debe comenzar por señalar que el presente juicio de apremio, mediante el cual el Fisco provincial pretende hacerse compulsivamente de un crédito de naturaleza tributaria correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, es de la competencia del fuero contencioso administrativo (art. 2 inc. 8, CCA; doctr. causas B. 70.209, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Albornoz", resol. de 14-X-2009; B. 70.958, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ DVH Productos Alimenticios SA", resol. de 9-VI-2010; B. 71.824, "Provincia de Buenos Aires c/ Aguilera", resol. de 9-V-2012; B. 75.306, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Almacenes del Plata SA", resol. de 10-IV-2019).
Dicho eso, la cuestión a resolver consiste en establecer si, en razón del fallecimiento del señor Atilio Adrián Surachi y la apertura de su juicio sucesorio -en el cual se dictó declaratoria de herederos aunque sin partición de herencia al momento de plantearse la incidencia- es susceptible de atraer, en virtud de lo dispuesto actualmente en el art. 2336 del Código Civil y Comercial, la ejecución fiscal intentada contra la contribuyente Clínica y Maternidad del Sagrado Corazón - Medisis UTE y todos los responsables solidarios consignados en los títulos ejecutivos que justifican el reclamo.
IV.1. En líneas generales, se ha dicho que la finalidad del proceso sucesorio radica en la determinación objetiva -de los bienes dejados por el causante- y subjetiva -de las personas que habrán de recibirlos- de las circunstancias atinentes a la sucesión mortis causa de que se trate (doctr. causa B. 73.982, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Gómez", resol. de 7-VI-2017).
El propósito del fuero de atracción, en lo que respecta a los procesos universales, es la concentración ante los magistrados que entienden en ellos, en principio, de todas las causas que involucren al patrimonio como universalidad. Ello, en cuanto esas acciones posean virtualidad potencial de incidir sobre la meta de transmisión (doctr. causas Ac. 98.308, "Hettel", resol. de 9-VIII-2006; Ac. 99.470, "Britos", resol. de 11-IV-2007; C. 116.628, "Benítez", resol. de 9-V-2012; C. 118.041, "Revol", resol. de 26-VI-2013; C. 119.376, "Sconza", resol. de 30-IX-2014; C. 119.806, "Estallo Sánchez", resol. de 6-V-2015; C. 120.000, "Beltramino", resol. de 26-VIII-2015 y C. 120.614, "Ríos", resol. de 19-X-2016).
En cuanto a la determinación objetiva del acervo, se ha sostenido que el fuero de atracción de los juicios sucesorios tiene efecto cuando el causante es demandado (doctr. causas B. 70.107, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fraiese", resol. de 26-VIII-2009; C. 116.854, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 19-XII-2012 y C. 117.454, "Corso", resol. de 31-VII-2013, e.o.) -lo que ocurre en la especie- y, en lo tocante a su subsistencia, se tiene resuelto que en caso de pluralidad de sucesores, éste perdura hasta el momento de la partición o división de la herencia (doctr. art. 3284 incs. 1 y 4, Cód. Civ. y doctr. causas Ac. 37.923, resol. de 1-IX-1987; B. 68.287, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Brun Martínez", resol. de 3-VIII-2005; Ac. 98.581, "Navarro", resol. de 13-IX-2006; Ac. 97.445, "Millán", resol. de 20-IX-2006; Ac. 99.392, "Fedele", resol. de 9-V-2007; Ac. 104.741, "Gallo de Casanova", resol. de 1-X-2008 y B. 73.787, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Rosales", resol. de 26-VIII-2015, e.o.).
Este último trata de un criterio que, como se ha aclarado, no sufrió alteración tras el cambio en la codificación de fondo (art. 2336, Cód. Civ. y Com.; doctr. causas C. 121.185, "Roldán", resol. de 28-XII-2016 y B. 74.980, "Peralta", resol. de 7-III-2018; CSJN, causas CIV 12515/2006/CS1, "Vilchi de March", sent. de 8-IX-2015 y CSJ 4820/2015/CS1, "OSECAC", sent. de 5-VII-2016).
IV.2. Bajo esas premisas, en el pasado se ha optado por remitir al órgano judicial que conocía en la sucesión del responsable solidario el apremio seguido contra éste y la empresa contribuyente. Ello fue así, considerando que se trataba del único codemandado y que tanto él como la sociedad tenían el mismo domicilio fiscal, sumado a que el apremio y el proceso universal tramitaban ambos en el mismo departamento judicial (causa B. 76.921, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mirwel Internacional SA", resol. de 27-V-2021).
Pero tan lineal solución, como inmediatamente se verá, no puede replicarse en este caso.
IV.3. Según se desprende de los títulos ejecutivos acompañados, en autos el Fisco provincial acciona contra una unión transitoria de empresas y un total de 14 responsables solidarios por sus obligaciones impositivas. Todos han fijado domicilios fiscales distintos en diversos partidos de esta provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la par que -además del fallecimiento del señor Surachi- se ha denunciado el del señor Gregorio Fernando Lewin, sumando nuevas complejidades ante los posibles efectos de un subsecuente fuero de atracción con capacidad de superponerse con el primero.
Así las cosas, es evidente que las ventajas prácticas que -de ordinario- reportaría la reunión de acciones ante un mismo juez con motivo de lo previsto actualmente en el art. 2336 del Código Civil y Comercial a los fines de resolver concentradamente acerca del destino de un mismo patrimonio, se ven desplazadas por toda otra serie de principios y valores con incidencia en la especie, tales como la celeridad inherente al proceso de ejecución fiscal (v. fundamentos, ley 13.406 https://normas.gba.gob.ar/documentos/BEkv6I20.html) y -más relevante aún- el derecho de defensa que asiste a los restantes codemandados (art. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.), potencialmente afectados por cambios transitorios de jurisdicción fundados en circunstancias sobrevinientes que solo atañen a un reducido subgrupo.
Máxime cuando aquí no están rigurosamente implicados criterios de privilegio y prelación, como aquellos que bien pueden informar dispositivos similares en otros campos del derecho (conf. arts. 132, 239 sigs. y concs., LCQ); que dicho sea de paso, excluyen de su ámbito aplicativo a los litisconsorcios pasivos necesarios (conf. arts. 21 inc. 3 y 133, LCQ; doctr. causa B. 69.085, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fernández", resol. de 25-IV-2007). En tal sentido, es útil tener presente que el art. 24 del Código Fiscal (t.o. 2011) reza que "[e]l proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar…".
Por lo demás, la continuidad del trámite por ante el juzgado en lo contencioso administrativo no solo preserva la competencia material de ese fuero -de expreso orden público- (art. 6, CCA), sino que también se ajusta a lo preceptuado en el art. 4 de la ley 13.406, en términos de que "[s]i fuesen varios los ejecutados en razón de la misma obligación, el apremio tributario tramitará en un sólo juicio…". Esto colabora a leer restrictivamente un mecanismo de marcado carácter excepcional, en tanto supone alterar las reglas básicas -materiales y territoriales- de la competencia, sin que quepa acudir al mecanismo de la escisión de las pretensiones.
V. Por lo expuesto, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Morón para seguir conociendo en las presentes actuaciones, sin perjuicio de lo que -en su hora- deba el Fisco peticionar ante los procesos sucesorios abiertos como consecuencia del fallecimiento de algunos de los responsables solidarios (art. 2336, Cód. Civ. y Com.), formándose incidente en caso de ser conducente (arg. art. 4 in fine , ley 13.406).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Morón para seguir interviniendo en el asunto, con la indicación formulada en el punto V (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirán las actuaciones y se las radicará electrónicamente para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo que aquí se decide al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº16 del Departamento Judicial de La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2023 14:22:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2023 17:48:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:27:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 12:49:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 18:08:58 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2023 18:11:04 hs. bajo el número RR-1031-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia