Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 22733 2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de titulo interpuesta por los demandados y consecuentemente, rechazar la ejecución.-
2Imponer las costas del proceso en su calidad de vencido al Fisco Provincial accionante (art. 51 inc.1° CPCA ).-
3Merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo previsto por el art. 22 de la Ley 13.406 -T.o. Ley 15.016-, regúlense los honorarios profesionales del Dr. Alfredo Raúl Navarro Labastie, T° V, F° 311, del C.A.D.J.M., en su carácter de letrado patrocinante de la parte demandada, en la cantidad de 7 JUS -Acuerdo SCBA 3871/17- a la que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y su modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (art. 22 Ley 13.406, arts. 1, 10, 15, 16 de la Ley 14967; Acuerdo SCBA 3871/17).
Expte. Nº 22733.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALBARRAN ALCIRA DELIA Y OTRO/A S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Marzo de 2018.-NG
Estos autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALBARRAN ALCIRA DELIA Y OTRO/A S/ APREMIO PROVINCIAL", expediente Nº 22.733, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 24/08/2016 se presenta el Dr. Andrés Martín Mage, en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra ALCIRA DELIA ALBARRAN y BERNARDINO VUELTA, por la suma de Pesos TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 30/100 ($32.881,30). Los títulos que traen aparejada la ejecución resultan ser las liquidaciones de deuda por impuesto inmobiliario allegadas digitalmente (PDO-PDA: 072-104426-2 DOMINIO 072-045664 M-).-
2. Que citados a oponer excepciones se presentan los accionados a fs.5/9 y oponen al progreso de esta ejecución excepción de inhabilidad de título.-
En primer término, desconocen en forma expresa la deuda reclamada, citan doctrina y jurisprudencia que hacen al fundamento de su defensa.-
Manifiestan que como surge del título ejecutivo obrante en autos, se reclama en los mismos la deuda por el impuesto inmobiliario que afecta al inmueble cuyo número de partido/partida es: 072-104426-2-
Adunan que los períodos adeudados que surgen del instrumento cartular que se ejecuta son los que van del 01/2011 al 02/2016.-
Señalan que con fecha 20-04-05, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionaron la ley 13.441 que fuera promulgada el 13-01-06 y publicada el 24-01-06; ley que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles de su propiedad, entre los que se encuentra aquel cuya deuda inmobiliaria se ejecuta en autos.-
Postulan que con fecha 27-11-07, se inició expediente caratulado: "Fiscalía de Estado de la Pcia. de Buenos Aires c/Vuelta Bernardino y otro s/Expropiación" (Expte. 10.368) radicado en el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Dpto. Judicial de Morón.-
Afirman que a fs. 14 del expte. mencionado se encuentra acreditado un depósito efectuado por la Provincia de Buenos Aires, por el total de las tasaciones administrativas de los inmuebles a expropiar, incluido el de marras, depósito efectuado sin acceder a la posesión de los inmuebles.-
Agregan que a fs. 190, con fecha 24 de octubre de 2008 se ordenó libramiento de mandamiento de posesión de los inmuebles, entre los que cuenta el de autos, mandamiento que se efectivizaran con fecha 19 de marzo de 2009, el que se encuentra agregado a fs. 201/217 del expediente de expropiación mencionado.-
Refieren que con fecha 17-10-12, se dictó sentencia declarando expropiadas las parcelas individualizadas en el mismo, incluída la de autos, ordenando pagar a los demandados el precio establecido en el expediente por metro cuadrado con más sus intereses desde el momento de la desposesión (19-03-2009). Sentencia que fue confirmada con la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo del Dpto. Judicial de San Martín, con fecha 06-06-2013.-
Remarcan que fueron desposeídos del inmueble cuya deuda inmobiliaria se ejecuta en autos un año y diez meses antes de que se generara el derecho a percibir el impuesto.-
Afirman que siendo desposeídos por el hoy actor del inmueble cuyo cobro del impuesto inmobiliario se persigue en el presente, como consecuencia de la Ley Provincial 13.441 y del proceso judicial individualizado, nada adeudan, habiéndose iniciado un proceso completamente innecesario, por la falta de comunicación interna entre los distintos sujetos del Estado Provincial (ARBA; Fiscalía de Estado).-
3. Que con fecha 13/03/2017 se presenta el apoderado fiscal contestando la excepción interpuesta por los demandados y solicitando su rechazo.
Señala que la parte demandada opuso excepción de inhabilidad de título por supuesta falta de legitimación pasiva, argumentando que por la ley 13.441, el inmueble que diera origen al impuesto que se reclama, ha sido objeto de expropiación, por lo que según sus dichos se encuentra en trámite la causa: "FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/VUELTA BERNARDINO Y OTRO s/EXPROPIACION - Expediente 10.368", de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1, de los Tribunales del Departamento Judicial de Morón.
Arguye sobre la evidente improcedencia de la inhabilidad planteada, no sólo por no estar contemplada entre las excepciones previstas por el art. 9 de la ley 13.406, sino también porque ingresar en el análisis del proceso de expropiación implicaría introducirse en el proceso de formación del título ejecutivo, excediéndose claramente el marco de debate que habilita el proceso que nos ocupa.
Destaca que no existen leyes expropiatorias sino leyes declarativas de utilidad pública, lo que es bien distinto, ya que se tratan de autorizaciones legales y no de actos expropiatorios. Es decir, que la ley 13.441 que refiere la demandada, jamás podría declarar operada la expropiación, desposeer al propietario y, menos aún, dar por transferido el dominio.
Agrega que la pretensión de la demandada encaminada a acreditar la pérdida de posesión del bien, excede los límites cognitivos del apremio.
Indica que aún habiendo perdido la posesión de bien, sólo podría desvincularse si hubiera dado cabal cumplimiento a los deberes de información exigidos en el artículo 34 inc. b CF t.o 2011, con la documental correspondiente, mediante la cual debe comunicar a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente, y acreditar el cambio de situación fiscal.
En razón de lo expuesto, siendo que la defensa planteada no resulta admitida por la ley, que no se cuestiona ningún elemento extrínseco del título ejecutivo, y que no surge de las constancias de la causa, una manifiesta inexistencia de deuda que amerite la flexibilización en el tratamiento de los requisitos de la defensa de inhabilidad, solicita se rechace la excepción, imponiendo las costas a la demandada.
Describe los títulos ejecutivos base de la ejecución, detallando sus requisitos y afirmando que cumplen con todas las formalidades de ley.-
Desconoce -por no constarle su autenticidad- la existencia, validez y oponibilidad al Fisco de la totalidad de los dichos de la contraria y de la eventual prueba documental que pudiera haber sugerido la demandada en su escrito de defensa, en la medida que no revista carácter de instrumento público o que no fuere objeto de expreso reconocimiento de su parte.
Expone que la parte demandada intenta fundar su defensa en cuestiones que implican inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el artículo 9 de la Ley 13.406.
Alega que acceder a analizar la excepción en la forma planteada, exige incursionar en los trámites previos a la confección del título y con ello en la causa de la obligación, materia expresamente vedada en estos procesos, ajeno por naturaleza a los límites procesales del juicio de apremio y, por ende, a las posibilidades defensivas de los ejecutados.
Reitera que el título que se está ejecutando, es plenamente válido y hábil para justificar la admisión de la acción y la continuación de la presente ejecución pues cumple con todas las exigencias que establece el artículo 167 del Código Fiscal.
Entiende que la excepción en traslado excede el carácter taxativo que reviste el artículo 9 de la ley 13406, que prevé que la excepción de inhabilidad del título ejecutivo deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas del mismo.
Aduna que al ser legítimo y autosuficiente no puede admitirse su descalificación so pretexto de los cuestionamientos de la parte demandada que conducen, en rigor, a cuestionar la causa o sustancia de la obligación fiscal, lo cual no resulta viable en el marco del proceso de apremio.
Indica que siendo que la inhabilidad del título sólo puede referirse a sus formas extrínsecas, debe desestimarse un planteo que pretenda poner en discusión el contenido de la deuda. En efecto, todo planteo que no refiera a la formalidad del título reconduce a un análisis de fondo que está impedido en el proceso de ejecución (máxime si no fue planteado en la sede pertinente).
Concluye que la defensa que se responde no pone en tela de juicio la validez formal del título, sino que tiende a cuestionar su causa y a lograr, por ese medio, el examen del alcance subjetivo y objetivo de la relación tributaria que motiva el reclamo de la autoridad. Por lo que entiende debe ser rechazada íntegramente con costas.
Cita normativa, doctrina y jurisprudencia que hacen a su conteste.-
4. Que el 16/03/2017 se abre el juicio a prueba y con fecha 20/02/2018, se declara negligente al actor en la producción de la prueba que ofreciera oportunamente.-
5. Atento el estado de las presentes actuaciones, encontrándose el trámite para ello, con fecha 15/03/2018 pasan los autos a despacho para resolver.-
I. Que como bien lo ha puntualizado reiterada doctrina y jurisprudencia, es de principio que en el proceso de ejecución no son admisibles las controversias sobre el origen del crédito y que la discusión se limita a las formas extrínsecas del título (Cfr. Falcón, Enrique M. -con cita H. Alsina y Podetti- en Procesos de Ejecución, Tº II, Pág.252, Rubinzal-Culzoni Editores), quedando excluido del examen judicial la causa de la obligación, en cuyo ámbito se incluye lo relativo a la determinación de la deuda (cfr. doc. SCBA Ac. 52544 del 7/2/95 y Ac. 72785 del 13/3/02). -
Sin perjuicio de esta restricción cognoscitiva, tal rigorismo debe ceder en algunos casos, especialmente cuando soslayar la defensa podría derivar en una condena a pagar una suma de dinero por el cual el demandado no se encuentra obligado, arribando el sentenciante a una solución arbitraria por incurrir en un exceso de rigor formal.-
Empero, tal admisión sólo es posible siempre que la mentada inexistencia, -total o parcial- sea manifiesta y su constatación no requiera de mayores verificaciones ni presuponga el exámen de cuestiones cuya acreditación exceda el ámbito limitado de este tipo de procesos (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 312:178; 318:1151, in re "Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Gervasini, Ernesto", sent. de 11-VII-2007; doct. de la Cám. Apel. Cont. Adm. San Martin, causas P-10-MP2 "Francano", sent. del 26-VIII-2008; P-400-DO1 "Fernández", sent. de 02-IX-2008; P-289-AZ1 "Perrotta", sent. de 27-XI-2008; P-776-BB1 "Peralta", sent. de 24-II-2009, P-1129-MP1 "Schulten", sent. de 26-II-2009, entre otras).-
II. En esa tarea, cabe analizar si la defensa opuesta por los accionados resulta contundente -en el caso-, para concluir que los títulos ejecutivos base de la presente acción se manifiestan inhábiles.-
Los demandados argumentan no revestir el carácter de sujeto pasivo de la obligación tributaria reclamada en virtud que el inmueble generador de la deuda fue expropiado por el Estado Provincial, siendo desposeídos de dicho bien, un año y diez meses antes de que se generara el derecho a percibir el impuesto por la actora.-
Bajo este piso de marcha, analizados los extremos vertidos por las partes y las pruebas producidas en autos, puedo adelantar que le asiste razón a los apremiados.-
Ello en virtud que, si bien la accionante alega en su descargo que no existen leyes expropiatorias sino leyes declarativas de utilidad pública, entendiendo al respecto que la ley 13.441 jamás podría declarar operada la expropiación, desposeer al propietario y, menos aún, dar por transferido el dominio. Lo cierto es que, yerra en su análisis, puesto que no sólo se acredita con el dictado de dicha ley la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de los apremiados, sino que además con la documentación agregada en archivo digital adjunto de fecha 20/09/2017, se verifica que en el dictado de la sentencia de fecha 17-10-12, -en los autos caratulados: "Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs.As. c/ Vuelta Bernardino y otro s/Expropiación", Expte. N° 10368, confirmada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo del Dpto. Judicial de San Martín con fecha 06-06-2013- el inmueble generador de la deuda (Dominio 45.664) fue expropiado, siendo los demandados desposeídos del bien el día 19 de marzo de 2009, esto es, con anterioridad a que se devengaran los períodos fiscales reclamados, resultando el Estado Provincial -a partir de la toma de posesión del inmueble- sujeto pasivo obligado al pago del impuesto inmobiliario, desplazando en su consecuencia, la condición de contribuyentes de los aquí apremiados.-
En tal sentido, el art. 111 del Código Fiscal (t.o. 2011) dispone que: "En el caso de transferencia de bienes inmuebles o muebles registrables, de un sujeto exento a otro gravado o viceversa, la obligación o la exención, respectivamente, comenzará a regir a partir de la fecha del otorgamiento del acto traslativo de dominio, excepto cuando uno de los sujetos fuera el Estado, en cuyo caso la obligación o la exención comenzará a partir de la fecha de la toma de posesión. De corresponder la tributación, la Autoridad de Aplicación deberá practicar la liquidación del gravamen anual en forma proporcional por el lapso que reste hasta la finalización del ejercicio fiscal".-
Por todo lo expuesto, en orden a la incorrecta individualización de los obligados que contienen los instrumentos ejecutados, ello es pie suficiente, en este caso, para hacer lugar a la excepción planteada, impidiendo proseguir con el presente juicio de apremio.-
Por ello, corresponde declarar inhábiles los títulos ejecutivos y en consecuencia rechazar su ejecución (art 9 inc c) ley13.406).-
III. Que con relación a las costas, rige en materia ejecución fiscal el principio objetivo de la derrota, en su mérito, las mismas deberán ser soportadas por el Fisco Provincial, en su calidad de parte vencida (art. 51 inc.2º "a" CPCA).-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, doctrina y jurisprudencia citadas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 2 inc. 8 y 76 bis de la ley 12.008; arts. 1, 2, 3, 9 inc. "c" y su doc. de la ley 13.406, y demás citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de titulo interpuesta por los demandados y consecuentemente, rechazar la ejecución.-
2. Imponer las costas del proceso en su calidad de vencido al Fisco Provincial accionante (art. 51 inc.1° CPCA ).-
3. Merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo previsto por el art. 22 de la Ley 13.406 -T.o. Ley 15.016-, regúlense los honorarios profesionales del Dr. Alfredo Raúl Navarro Labastie, T° V, F° 311, del C.A.D.J.M., en su carácter de letrado patrocinante de la parte demandada, en la cantidad de 7 JUS -Acuerdo SCBA 3871/17- a la que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y su modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (art. 22 Ley 13.406, arts. 1, 10, 15, 16 de la Ley 14967; Acuerdo SCBA 3871/17). NOTIFIQUESE a sus beneficiarios y a los obligados a su pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
4. Encontrándose el apoderado fiscal interviniente sujeto a lo previsto en el art.18 del Decreto Ley 7543/69, en relación a la regulación de honorarios y en atención a la imposición de costas que antecede, nada corresponde proveer.
NOTIFIQUESE y REGISTRESE.
Sentencia Definitiva registrada bajo el Nº .........../2018
Honorarios registrados bajo el Nº ................./2018.-
Fin de la sentencia