Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 34084 2019
Expte. Nº 34084.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ APESTEGUIA MARIO ALBERTO S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Junio de 2019.-cc AUTOS Y VISTOS:
Estos autos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ APESTEGUIA MARIO ALBERTO S/ APREMIO PROVINCIAL"-, expediente Nº 34084 que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 25/09/18, se presenta el Dr. Franco German Mediotte, en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra Mario Alberto Apesteguia por la suma de $481.879,81. El título que trae aparejada la ejecución corresponde a la liquidación de deuda por impuesto a los Ingresos Brutos allegada en archivo digital.-
2. Que citado el demandado, a fs. 1/49 se presenta y opone al progreso de esta ejecución excepción de prescripción.
En primer término, niega todos y cada uno de los importes que componen el Título Ejecutivo N°1077394, ello en razón que abonó los anticipos de Ingresos Brutos correspondientes a los meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del año 2012 (Acompaña documental).
Aduna que jamás recibió 'intimación previa', 'carta documento', 'mandamiento' o 'cédula de notificación', respecto de la deuda que se pretende reclamar en estas actuaciones.
Señala que el 06/11/2015, su comercio tuvo una inspección por parte de la ARBA y de haber existido la "deuda" o "diferencia" -que supuestamente integra la suma reclamada-, la inspección perteneciente al mismo órgano reclamante, la hubiera detectado y constatado.
Por otra parte, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 157, 158 y 159 de la Ley N°10.397 "Código Fiscal de la P.B.A.", por resultar contrarios a la manda superior, en el presente caso al Código Civil y Comercial de la Nación; y en función de ello, plantea excepción de prescripción en los términos formales de los arts. 344 y 542 inc. 5° del C.P.C.C.
Menciona que con fecha 07/10/2014, se promulgó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el cual entró en vigencia a partir del 01/01/2016, en él, existen los artículos 2532; 2554; 2556 y 2560, los cuales tienen íntima relación con el fundamento de la petición de prescripción liberatoria solicitada, ello en razón que en el ámbito nacional se legislaron las directrices en cuanto a la prescripción liberatoria, las cuales deben respetarse por las leyes locales.
Indica que si bien los arts. 2532 y 2560, reconocen expresamente a la legislación local regular los plazos de prescripción en cuanto a sus tributos, éste no debería ser mayor a los efectos de resultar contrario a la norma superior.
Recuerda que la jerarquía de prelación de las normas que pertenecen al ordenamiento jurídico argentino parten de la Constitución Nacional, leyes nacionales y luego leyes locales, conforme el art. 31 de la Constitución Nacional.
Agrega que si la norma inferior no respeta los lineamientos de la superior resulta repugnante al orden jurídico con el cual la Argentina pretende armonizar la vida en sociedad, y por consecuente, la invalidez a través del control difuso de constitucionalidad deviene necesaria y operativa, y por eso plantea la inconstitucionalidad de la misma.
En cuanto a la alegada excepción de prescripción afirma que la deuda que se reclama al inicio de la demanda "02/10/2018", se encontraría prescripta, ello en función que al 01/01/2018, ha transcurrido el plazo de cinco (5) años, computados desde el 01/01/2013, como lo establece el Código Fiscal.
Manifiesta que arts. 157 y 159 del Cód. Fiscal estipulan que el plazo de liberación por prescripción es de cinco (5) años, contados a partir del "1° de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales", y considera que esto resulta contrario al ordenamiento de fondo y por consecuente inconstitucional.
Reitera, si las deudas que se reclaman pertenecen al año 2012, y la prescripción comienza desde el 01/01/2013, a la fecha de inicio de la demanda la deuda estaría prescripta.
Postula que la cuestión a dilucidar resulta conocer si el impuesto reclamado (IIBB) posee la fecha de presentación de la declaración anual del año 2012, en el año 2013.-
Considera que lo estipulado en el Código Fiscal respecto a la forma de computar el plazo que da comienzo a la prescripción liberatoria, supera al legislado en el ordenamiento de fondo, por lo que resulta contrario a la armonía del ordenamiento jurídico vigente.
Alega que la forma de computar el plazo expresada en el artículo 159 del C.F., resulta inconstitucional por agregar un año más a los cinco, advirtiendo que un año más es para las obligaciones mensuales y dos años para las anuales.
Manifiesta que el Legislador provincial no debería modificar -con la letra chica- el plazo de cinco años legislado en el ámbito nacional para la prescripción liberatoria. Máxime teniendo en consideración que en materia de obligaciones periódicas mensual o anual, el ordenamiento de fondo estipula un plazo de prescripción libertaria de dos (2) años, conforme lo expresa el art. 2557, por lo que entiende que el planteo de inconstitucionalidad del art. 159 del C.F., resulta procedente.-
Aduna que la actora lo debería haber intimado al pago según lo establecido en el cuarto párrafo del art. 58 del C.F.-
Cita doctrina y jurisprudencia que fundamentan sus defensas.
3. Que con fecha 16/05/2019 el apoderado fiscal interviniente contesta la excepción planteada.-
Refiere primeramente a la cuestión fáctica alegada por el apremiado planteando -a su entender-, la sinrazón de sus dichos, la que cimienta en base a normativa, doctrina y jurisprudencia.-
Sostiene que la parte demandada intenta inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el art. 9 de la Ley 13.406.
Dice que la revisión judicial peticionada no encuentra ningún tipo de motivación que dé lugar a inmiscuirse en la formación del título ejecutivo, por lo que solicita su rechazo.-
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad, sostiene la constitucionalidad de la norma del Código Fiscal y la consecuente improcedencia de la directa aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación; como así también la inaplicabilidad de la doctrina judicial "Filcrosa" desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación.-
Señala, que el error del "incidentista" radica en no comprender el verdadero alcance de la norma del art. 2560 del Cód. Civ. y Com., planteando una contradicción inexistente, entre la referida norma y la del art. 159 del Código Fiscal.
Advierte que tanto la Ley Civil y Comercial como el Código Fiscal coincidentemente fijan un plazo de prescripción de cinco años desde que la obligación es exigible.-
Expone que la norma del art. 2554 marca el inicio del cómputo de la prescripción, esto es desde el día en que la prestación es exigible. Dice que el conteo principia desde el primer día en que la acción puede ser ejercida judicialmente para reclamar el cumplimiento de la prestación debida.
Agrega que el Estado Provincial tiene la indiscutible atribución constitucional de crear la obligación fiscal, y también tiene la facultad de determinar el momento de su exigibilidad. y que no es otro que el primer día del año siguiente, y esto no violenta en nada la norma del art. 2560 del C.C. y C.-
Considera que el Código Civil y Comercial determina cuando comienza a correr la prescripción: desde que la deuda es exigible. Y el Código Fiscal determina cuando es exigible el tributo. Ergo -entiende- desde ese momento comenzará a correr la prescripción.-
Por otra parte, fundamenta sobre la constitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal.-
Remarca que el Código Fiscal determina el momento de la exigibilidad de la deuda que crea en virtud de facultades constitucionales propias de la provincia, y la consecuente falta de colisión entre la norma provincial y el Código Civil y Comercial de la Nación, y ello en virtud de la facultad propia de la provincia de regular, en la especie, también el instituto de la prescripción, conforme se desprende del propio Código Civil y Comercial en los arts. 2560 y 2532 y ccs, in fine.-
Aduna que ello tiene su razonamiento, por cuanto la Const. Pcial. establece que la Pcia. de Bs.As. tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación (arts. 1 de la primera y 121 de la segunda) y atribuye a su Poder Legislativo la facultad de establecer impuestos y contribuciones, necesarios para los gastos de servicio público (art. 103, inc. 1).-
Considera que quien tiene la facultad de crear la obligación tributaria, lógicamente también está habilitado para regular la forma de su extinción. Siendo ello así, entiende que no resulta inconstitucional el art. 159 del Código Fiscal, en rigor de verdad, el art.159 del Código no establece un plazo de prescripción distinto al del Código Civil y Comercial, sino que en función de la especialidad de la materia determina el momento a partir del cual comienza a correr el plazo en esta especifica relación tributaria.-
Cita doctrina y jurisprudencia como fundamento de su postura, y alega que el examen de constitucionalidad no puede circunscribirse solamente a la literalidad de la norma, prescindiendo de las constancias del presente proceso, solicitando se rechace el planteo de inconstitucionalidad del art.159 efectuado.
Por otra parte, y en apretada síntesis, manifiesta la inaplicabilidad del caso "Filcrosa" a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, fundamenta y solicita la aplicación de la normativa del Codigo Fiscal para analizar la exigibilidad del crédito.
En cuanto a la excepción de prescripción refiere que de acuerdo a lo dicho y las normas que contiene el Código Fiscal de la Pcia. de Bs.As. (ley 10.397, t.o. 2011), la deuda reclamada no se encuentra prescripta.-
Evoca que el plazo aplicable al tributo reclamado se encuentra regulado por el art. 157 del Código Fiscal (ley 10.397 -t.o.2011-), que lo fija en 5 años.
En cuanto al comienzo del curso del plazo de prescripción, indica que el artículo 159 de la ley citada dispone que, para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, los términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos de generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Agrega que el impuesto a los ingresos brutos se encuentra incluido en dicha previsión en tanto se trata de tributo cuya determinación y declaración es anual, de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 210.-
Considera que la posición más antigua que se ejecuta está comprendida en el período anual 2012 (arts. 157, 159, sgtes y ccdtes del Código Fiscal -t.o. 2011-), debiendo -en consecuencia- el contribuyente presentar su declaración jurada anual en el año 2013, por lo que el plazo de prescripción habría comenzado el 1° de enero del año 2014 y habría concluido el 31 de diciembre del año 2018.
De modo tal, reitera que haciendo una estricta aplicación del Código Fiscal a la fecha de inicio del presente juicio de apremio, esto es 25/09/2018, no había operado la prescripción.-
4. Que en atención al estado del tramite, se llama autos para sentencia y;
I. Que corresponde dar tratamiento a la excepción de prescripción planteada por el accionado en la cual pretende la liberación de pago de los períodos 81 a 92 del año 2012, exigidos en el titulo ejecutivo base de la presente acción.-
Que teniendo en cuenta que las obligaciones fiscales resultan ser del año 2012, es decir en amparo de la vigencia del Código Civil hoy derogado, cabe señalar que no resultan aplicables las normas contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts.7, 2537 y cctes. CCyCN).
II. Que el eje principal de esta controversia, se dirige a la contradicción entre aquellas normas integrativas del Código Fiscal que regulan la prescripción y las normas de fondo del Código Civil; sobre el cual el accionado apuntala su defensa dejando trazada la inconstitucionalidad como fundamento de la prescripción requerida.-
En particular cuestiona el excepcionante, que las normas regulatorias de la prescripción contenidas en el Código Fiscal se encuentra en oposición a las normas del Código de fondo.-
Y es bajo tal debate, en que se estructura la presente litis, en tanto la actora sostiene la preminencia de las normas fiscales, controvirtiendo de este modo la pretensión del accionado en todo aquello atinente a las extinción de las obligaciones.-
III. A los efectos de examinar la procedencia de la excepción opuesta, deviene necesario tener presente la doctrina sentada tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada causa "Filcrosa S.A." (Fallo 326:3899), como por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa 81.253 "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (sentencia del 30/05/2007), en cuanto reconocieron que en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la C.N., es potestad del legislador nacional regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos códigos.-
En ese sentido, se ha expresado también la Corte Provincial en las causas SCBA 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Escudero, Jorge Roberto s/ Apremio" del 14 de julio de 2010 y en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fadra S.R.L., López Osvaldo y Lobato Emilio Tomás s/ Apremio".
Así ha declarado nuestro Máximo Tribunal provincial que: "...no podía entenderse que al reservarse las provincias la facultad de determinar hechos imponibles y establecer tributos sobre esa base, se haya reservado también la potestad de regular otros aspectos que hacen a la obligación fiscal y que pertenecen a la regulación general de las obligaciones. Ello no sólo en virtud de la prelación que el art. 31 de la Constitución Nacional acuerda a las leyes nacionales en materia sustantiva (art. 75 inc. 12, Const. Nac.) sinó también porque entiendo que el art. 131 del Código Fiscal sienta las bases para una discriminación incompatible con el principio de igualdad (art. 16, Const. Nac.) (SCBA c 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Escudero, Jorge Roberto. Apremio" 14/07/2010 - Voto del Dr. Negri).-
Por su lado, el Alto Tribunal Federal, ponderó: "...que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores correspondía a la ley de fondo, estando vedado a las provincias -y a los municipios- dictar reglas incompatibles con las consagradas por los Códigos de fondo, ya que, al haber conferido a la Nación la potestad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan". (conf. a doctrina citada en fallo "Filcrosa S.A.").-
Entiendo por lo expuesto, que en materia de fijación de los plazos de prescripción de las obligaciones, como el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción, los estados provinciales -en orden a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional- deben adecuar su regulación a las pautas ya consagradas del Código Civil, en tanto y por cuanto solo el Estado Nacional es quien ostenta la facultad de regular estos aspectos que hacen a las obligaciones en general.-
Tal línea doctrinaria, ha sido reafirmada por la Corte Nacional en la que compartiendo los fundamentos dados por la Procuradora Fiscal, se remitió al Dictamen de aquella, en la que se afirma -sostenida en doctrina judicial del propio Tribunal- que "... si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que este fijo su computo" (v. CSN "Fisco de la Provincia c. Ullate, Alicia Inés- Ejecutivo - apelación - recurso directo" , sentencia del 01/11/2011, Dictamen del 16/05/2011). Subrayando, con posterioridad -en una causa análoga- que "... Parece necesario insistir aquí, una vez más, en que, como dijo esa Corte, la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho" (v. CSN "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni, Julio Heriberto s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos" sentencia 6 de diciembre de 2011; Dictamen de fecha 15 de julio de 2011).
IV. Que uno de los planteos principales de esta controversia se dirige, como ya lo expresara, a la contradicción entre las normas integrativas del Código Fiscal, que regulan la prescripción y las normas de fondo del Código Civil.-
Así lo ha pronunciado la Suprema Corte Provincial al decir que: "... De nada valdría afirmar enfáticamente la supremacía constitucional frente a toda norma inferior, si luego se la limita al extremo de obligar a los jueces a aplicar normas repugnantes a la Constitución Nacional, por la sola circunstancia que las partes no advirtieron tal colisión; si el juez debe acatar en primer lugar la Constitución, así debe ser en toda circunstancia; si no se discute que el magistrado está vinculado a los hechos que resultan afirmados y probados o admitidos en el litigio y no al derecho que invoquen las partes, es inexplicable que pueda elegir la norma inferior que considera adecuada al caso, pero no pueda hacer lo mismo con la norma máxima (Constitución) a la que las primeras están subordinadas y debe adecuarse so pena de descalificación (SCBA, C 79083 S 18-11-2009 "Dirección General Impositiva, s/ Incidente de revisión art. 37, en autos "Cía. Ómnibus La Unión S.R.L..Concurso preventivo"; ver también SCBA. "Zarinatto" L. 83.781, sent. del 22/12/2004).-
Precisando al respecto que "...La declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes" (SCBA, C 94663 S 18-2-2009, I.,M. c/ H.,d. s/ Reclamación de filiación, petición herencia y beneficio de litigar sin gastos" - SCBA, L 92095 S 1-9-2010 "Moyano, José Omar y otros c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca s/ Indemnización por despido" entre otros).-
Bajo tales precedentes y reiterando lo resuelto en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Silva Eduardo Manuel s/ Apremio" expte. nº 8073 con fecha 28/04/2011 de este mismo juzgado, entre otras, sólo puedo concluir que la defensa de prescripción opuesta, debe ser juzgada de acuerdo a las normas de la ley de fondo, para determinar en la especie, si existe incompatibilidad con las disposiciones del Código Fiscal que conlleven necesariamente a la declaración de inconstitucionalidad.-
V. Desde esta óptica, es preciso señalar, que no media controversia entre las partes respecto al plazo quinquenal de prescripción.-
En tal sentido, abordar toda discusión sobre la constitucionalidad del art. 157 del Código Fiscal sobreviene innecesario merituando que no resulta contrapuesto al art. 4027 del Código Civil).- VI.- Asimismo, careciendo de virtualidad en esta ejecución la aplicación del art. 158 del Código Fiscal, toda declaración de inconstitucionalidad del mencionado precepto, deviene innecesaria.-
VII. Por el contrario, no se verifica tal convergencia en relación al momento en que debe comenzar a computarse aquel plazo extintivo.-
Al respecto alega el accionado, que el art. 159 del C.F. debe ser tachado de inconstitucional por cuanto modifica el régimen previsto en el Código Civil.-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.