Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 27381 2019
Expte. Nº 1-27381.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ REGGIARDO JUAN EUGENIO y otro/a S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Octubre de 2019.-ES
Estos autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ REGGIARDO JUAN EUGENIO y otro/a S/ APREMIO PROVINCIAL ", expediente Nº 1-27381 , que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que en fecha 14/07/2017 se presenta el Dr. Gabriel Leonardo Cotognini en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra los Sres. JUAN EUGENIO y MARTA AURELIA REGGIARDO por la suma de pesos quinientos veintisiete mil seiscientos setenta y nueve con treinta centavos. Los títulos que traen aparejada la ejecución resultan ser las liquidaciones de deuda por impuesto inmobiliario allegadas digitalmente.-
2. Que citado a oponer excepciones, se presenta a fs. 1/11, con el patrocinio letrado de la Dra. Gloria G. Rodriguez Alcoba de Raffo, el Sr. Juan Eugenio Reggiardo -y la Sra. Marta Aurelia Reggiardo mediante el "otro sí digo"- oponiendo excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva en los términos del art. 9 inc. "c" de la ley 13.406.-
Como fundamento de su defensa, manifiesta que con fecha 17 de febrero de 2006, por escritura n°26, suscribió conjuntamente con sus hijos, Eduardo Andrés y María Eugenia Reggiardo, su hermana Marta Aurelia Reggiardo y su cuñado José AIberto, poder especial irrevocable de venta a favor de la Municipalidad de Bragado, quien adquirió por tal acto, las parcelas 6, 7 y 2- a de la Quinta 115, Sección E, circunscripción I del partido de Bragado, inscriptos en las matrículas 14593, 15594 y 14590, respectivamente, reservándose los vendedores partes indivisas del total de las tres parcelas.-
Expone que dicha venta se realizó por el precio de $200.000, y que luego de los tramites de rigor, se aprobó por la Provincia de Buenos Aires, el plano de mensura, unificación y subdivisión bajo el número 12-16-2007, con destino a un Plan Federal de Viviendas, del cual resultaron cincuenta y dos (52) parcelas, distribuidas en cuatro manzanas designadas como 115 e, 115 f,115 g, y 115 m y una quinta designada como 115 integrada por la parcela 2-b.-
Refiere que, por la reserva antes mencionada su parte quedó en absoluta propiedad de las parcelas designadas como 1, 3 y 5 de la manzana 115 m y la parcela 2-b de la Quinta 115. Las cuarenta y nueve parcelas restantes antes referidas, fueron destinadas al Plan Federal, entregadas a sus adjudicatarios respectivos, quienes a partir de entonces conforman el padrón de contribuyentes que la Municipalidad de Bragado le facilitó ( y que acompaña como prueba documental).-
Resalta que, la parcela 2-a, a la que perteneció la partida 1452 por la que la actora reclama ahora en autos, no existe más. Ello, en atención a que fue reemplazada desde hace más de ocho años, por la parcela 1 de la manzana 115 m, perdiendo así sus caracteres a los fines valuatorios, especialmente, porque la anterior registraba una superficie de 39.187,62 m2 y ahora pasó a tener, como nueva parcela número 1, una superficie de 7383m2.
Expone también que esa parcela, no registró variante alguna en cuanto a las construcciones y/o mejoras que anteriormente tenía la desaparecida parcela 2-a.-
Aduce que, con la venta que se hiciera de la parcela de origen, 2-a afectada por la partida 012-1452 a la Municipalidad de Bragado, por instrumento notarial, de expreso y fiel conocimiento de la parte actora, en su carácter de ente fiscal de recaudación, la misma tomó expreso conocimiento del acto de compraventa, al percibir y confirmar el impuesto de sellos del mismo, sin perjuicio de que institucionalmente también así corresponde sostenerlo, atento su intervención en la aprobación del plano 12-16-2007.
Dice que esa circunstancia, conllevaría a la aplicación del art. 177 del Código Fiscal en tanto la propietaria del bien, en su carácter de Municipio, se encuentra exenta de contribuir al impuesto inmobiliario, sin dejar de advertir que la misma Municipalidad de Bragado ha incluído y denunciado a cada nuevo propietario del bien inmueble subdividido, como contribuyente fiscal, de acuerdo al padrón que adjunta, a quienes reconoce las partidas individuales correspondientes, resultando así, que de proceder la demanda incoada se estaría configurando una doble imposición de la carga tributaria.-
Por otra parte, opone excepción de prescripción. Dice que el art. 2562 inc. c) del Código Civil y Comercial determina un plazo de prescripción bienal para "todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos", por lo que deberá declararse prescripta la supuesta deuda en ejecución en estas actuaciones anterior al mes de agosto de 2015.-
Por los fundamentos expuestos, peticiona se haga lugar a la excepción opuesta y peticiona se apliquen las costas a la actora.-
3. Que con fecha 17/05/2019, se presenta el Dr. José Martín Torres a contestar la excepción planteada. Así, inicia dicho conteste refiriendo que el juicio de apremio es un proceso abreviado con expresas restricciones de debate para las partes y rigurosa prohibición para ingresar en controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.
Expone que, la limitación cognoscitiva -como principio rector del apremio- tiene un doble fundamento. En primer lugar, la presunción de legitimidad de la que goza el título ejecutivo, y en segundo, la necesidad de la administración de percibir sin mayores dilaciones los fondos con los cuales hacer frente a los servicios comunes (salud, seguridad, justicia y educación), aspecto del cual deriva el interés público involucrado en la percepción de dichos fondos.
Ingresando puntualmente a la excepción planteada, refiere la inoponibilidad del boleto de compraventa, para lo que trascribe el artículo 169 del Código Fiscal t.o. 2011, en relación con el impuesto inmobiliario, que establece que "los titulares de dominio... pagarán anualmente por cada inmueble situado en la Provincia, el impuesto establecido en la presente ley..."
Refiere que el término "titular de dominio", se refiere a quien tiene en su cabeza el derecho real de dominio, manifestando que tal derecho, se adquiere con título suficiente y modo suficiente, y que si se tiene interés en hacer que tal derecho sea oponible a terceros, debe realizarse la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Expone que por título suficiente para la adquisición del derecho real de dominio, se debe entender escritura pública traslativa de dominio, conforme lo establecen los Arts. 1017 y 1892 del Código Civil y que por modo suficiente para la adquisición del derecho real de dominio, debemos entender la exigencia de que exista tradición traslativa de dominio, conforme lo normado en el art. 750 del Código Civil.
Continúa diciendo que la oponibilidad a terceros del acto de transferencia del derecho real de dominio se obtiene una vez realizada la inscripción registral en el Registro de la Propiedad Inmueble, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1893 del Código Civil y que mal puede exonerarse de la responsabilidad tributaria el titular registral que no ha perfeccionado la transmisión.-
Pone de resalto que la presente ejecución, se inicia contra Marta Aurelia Reggiardo y Juan Eugenio Reggiardo, por resultar propietarios (título modo inscripción registral a los fines de la publicidad y oponibilidad) del inmueble en cuestión, de modo que estos, no pueden oponer a su poderdante la celebración del mencionado boleto de compraventa (por aplicación del art. 1893 Código Civil), ya que la demandada es la titular registral del mencionado bien y por ende la obligada al pago del tributo reclamado
Dice también que debe tenerse presente lo dispuesto por el art 169 del Código Fiscal, en cuanto determina como sujetos pasivos, al titular de dominio, usufructuarios y poseedores a título de dueño, y el art. 172 del mismo código que refiere a la solidaridad, por lo que a priori, será responsable aquel de quien ARBA tenga conocimiento de que configura alguno de esos supuestos. El caso típico es la publicidad registral, recayendo entonces sobre el titular demostrar la desvinculación del bien. Deberá informar y acreditarse fehacientemente ante ARBA el cambio de situación fiscal.-
Agrega que, aún constando con fecha cierta el boleto de compraventa, mientras no exista una comunicación fehaciente a la ARBA del cambio de situación fiscal (artículo 34 CF to 2011), sigue siendo la demandada el sujeto pasivo de la obligación, en tanto resulta ser la persona que aparece como titular ante en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, siendo por ello inoponible a terceros, conforme lo establecido en el artículo 1893 del Código Civil. Cita jurisprudencia a su respecto.-
Concluye que queda demostrado que la pretensión de la demandada encaminada a acreditar la pérdida de posesión del bien, excede los límites cognitivos del apremio, puesto que, encontrándose reconocida la titularidad registral de la demandada, sólo podría desvincularse si hubiera dado cabal cumplimiento a los deberes de información exigidos en el artículo 34 inc. b del Código Fiscal, con la documental correspondiente, mediante la cual debe comunicar en forma fehaciente y acreditar el cambio de situación fiscal. Y que no habiéndose acreditado haber cumplido con las exigencias legales antes descriptas para desvincularse del bien en cuestión, no hay duda alguna entonces que resulta ser la obligada al pago de la deuda que se reclama.-
Luego, procede a detallar las formalidades que la Ley le impone al título ejecutivo y que entiende cumplidas en el presente, exponiendo que conforme el artículo 9º de la Ley 13.406, las únicas excepciones oponibles en este procedimiento -en lo que aquí interesa- es la inhabilidad del título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas, por lo que en ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.
Y resalta que aquí, la parte demandada intenta fundar su defensa en cuestiones que implican inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el artículo 9 de la Ley 13.406, resaltando que el título que se está ejecutando, es plenamente válido y hábil para justificar la admisión de la acción y la continuación de la presente ejecución pues cumple con todas las exigencias que establece el artículo 167 del Código Fiscal, por lo que debe desestimarse un planteo que pretenda poner en discusión el contenido de la deuda.
4. Que transitada la etapa probatoria dispuesta en fecha 21/05/2019, con fecha 02/10/2019 en atención al estado del trámite, se llama autos para sentencia y;
1. Si bien la excepción de falta de legitimación pasiva no integra la enumeración de defensas previstas en el art. 9 de la Ley 13.406, lo cierto es, que puede ser introducida en el juicio ejecutivo, considerándola comprendida como una de las circunstancias configuradoras de la inhabilidad de título, siempre que el planteo no implique apartarse del examen del instrumento en su forma extrínseca para adentrarse en la causa de la obligación (Cfr. Falcón, Enrique M., Procesos de Ejecución, Tº II, Pág.251, Rubinzal-Culzoni Editores).-
Al respecto, tiene resuelto la Suprema Corte de Justicia Provincial que, la regla que limita el examen del título a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de los obrados, pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (Ac.51.472 SCBA "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Carniceros Agrupados de Rojas S.A. s/ Apremio", AyS 1994-II, Pág..299). Con tal alcance, cabe admitir el análisis de la excepción opuesta.
Por lo precedentemente expuesto, corresponde analizar en consecuencia si las defensas opuestas por el accionado resultan contundentes -en el caso- para concluir que el título ejecutivo resulta inhábil.-
2. Que en autos, el demandado argumenta que en fecha 17 de febrero de 2006, suscribió -con otros de sus familiares- un poder especial irrevocable de venta a favor de la Municipalidad de Bragado, quien adquirió diferentes parcelas, entre ellas la individualizada como 2-a, con número de partida 012-001452-8, cuya deuda ahora se reclama.-
Entonces, cabe analizar ahora si los elementos aportados, abastecen los requerimientos para considerar que la obligación tributaria efectivamente se ha desplazado.-
3. Así las cosas, el art. 2505 del Código Civil -vigente al momento del otorgamiento del poder especial irrevocable de venta otorgado, cfme. art. 7 C.C.y C.N- disponía que: "La adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas".-
Entonces, la oponibilidad frente a terceros de cualquier convenio que implique la transferencia de dominio se logra mediante la inscripción registral (art. 2505 el Código Civil), ya que la función de publicidad que permite conocer cualquier modificación en la titularidad del bien, se cumple por intermedio del Registro de la Propiedad.-
Que en autos, el accionado acompaña como prueba, un poder irrevocable de venta, instrumento que, de ninguna manera resulta asimilable a una escritura traslativa de dominio, tal como lo requiere el art. 2505 C.C. Entonces, la transmisión de la propiedad, no se ha perfeccionado, resultando el accionado aún, titular dominial del inmueble (arts. 577, 1.184 inc. 1º, 1.185 inc. 1, 2.505, 2.601, 2.602, 2.603 y 2.609 del código Civil).-
4. Que respecto a los titulares del dominio, el art. 169 del Código Fiscal establece que "los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño pagarán anualmente por cada inmueble situado en la Provincia, el impuesto establecido en la presente Ley, cuyas alícuotas y mínimos serán los que fije la Ley Impositiva".-
Siendo ello así, el ejecutado no puede postular su ajenidad a la relación jurídico tributaria cuya satisfacción persigue la Agencia de Recaudación de la Pcia de Bs.As., puesto que la atribución de la calidad de contribuyente dispuesta en el art. 169 C.F. obliga a quienes revistan alguna de esas condiciones y aquí, ha quedado establecido que el demandado resulta ser titular del inmueble generador del tributo identificado con la partida inmobiliaria n° 012-001452-8, circunstancia que se corrobora con el poder especial irrevocable que obra a fs 2/4.
Más aún, cuando tampoco ha cumplimentado con la obligación de informar ante el ente recaudador el cambio de situación que intenta hacer valer en el presente, y que pueda dar origen a hechos imponibles o modificar o extinguir los existentes (art. 34 C.F.).
De éste manera, cabe concluir que el apremiado resulta, por su condición de titular dominial del inmueble sujeto pasivo de la obligación tributaria ejecutada en autos en los términos del art. 169 del Código Fiscal (t.o. año 2011), lo que sella la suerte adversa de su defensa.
5. No obstante ello, la afectación a la amplitud de las defensas y pruebas que no pueden ser abordadas en esta ejecución, se encuentra resguardada en la viabilidad del juicio ordinario posterior - art. 551 C.P.C.C. - en el que el litigante interesado reabra la discusión sobre la base de que la razón o causa que dio fundamento a la pretensión triunfante no ha sido válidamente constituida (cfr. Falcón, Enrique M. "Comentario al Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nac.", Ed. Abeledo Perrot, TºII, pag.916) con lo que queda garantizado el derecho de las partes en toda su extensión (doc. CCA La Plata, causa "Fisco de la Pcia. Bs.As. c/ San Jorge S.A. s/ Apremio" sent. 13/10/05).-
6. Fijado ello, corresponde ingresar ahora en el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por el accionado, en la cual pretende la liberación de pago de los períodos reclamados, anteriores al mes de agosto del año 2015, puesto que -según dice- se encontrarían prescriptos a la luz de lo que prevé el art. 2562 inc. c) del Código Civil y Comercial, al determinar la prescripción bienal para todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos.-
Al respecto, el Código Civil y Comercial de la Nación, y en cuanto a las disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva, establece, por medio del art. 2537, relativo a la modificación de los plazos por la ley posterior que " los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior."
En ese escenario, el primer plazo para poner atención, siguiendo la lógica normativa que propone el contribuyente demandado, es el plazo de cinco años que dispone el art. 4027 inc. "c" del Código Civil derogado, que establece que la obligación de pagar atrasos, de todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos, prescribe a los cinco años, porque ese es el plazo de prescripción en curso en atención a cuando se originó la deuda. Plazo que, por lo demás, es coincidente con lo previsto en la especie por el Código Fiscal (cfme. art. 157 C.F).-
Con ese plazo de cinco años, se verifica que, conforme la exigibilidad del primer periodo reclamado como adeudado (periodo 01/2013, con fecha de saldo 19/02/2013), al momento de interponer la demanda, este no se hallaba cumplido.-
De ahí que de esta primera aproximación a la defensa, cabe rechazarla. Y aún en el escenario más favorable a su postura, que tal como lo propone el accionado resulta ser el plazo de dos años, ese plazo al ser mas corto que el que propone la Ley anterior, ha de empezar a contarse a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial -art. 2537-.
Así computado, este plazo de dos años, tampoco se verifica cumplida la prescripción aludida (vigencia del nuevo código: agosto de 2015, y fecha de inicio de la demanda: julio de 2017), de forma tal, que así queda anulada toda posibilidad de que la excepción incoada prospere, por lo que no cabe más que su rechazo.-
Todo ello, sin entrar a considerar cual es el plazo de prescripción en materia de tributos locales, ya que a partir de la luz del Nuevo Código la prescripción se regiría por las normas fiscales locales (cfme. art. 2532 C.C.y C.N), extremo que perjudicaría aún más el cómputo de la prescripción en contra del contribuyente.-
7. Que en consecuencia de lo expresado y reuniendo los títulos ejecutivos cuyo cobro se persigue en autos, los recaudos necesarios para su validez (arts.1, 2 y cctes. de la ley 13.406; art. 141 Cód. Fiscal - texto según ley 13.244-) corresponde mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto los demandados JUAN EUGENIO REGGIARDO Y MARTA AURELIA REGGIARDO, hagan íntegro pago al accionante, Fisco de la Provincia de Buenos Aires, del capital reclamado en pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100 ($ 527.679,30) A dicho monto se le aplicarán los intereses conforme lo prescripto por el artículo 104 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, el día 14 de julio de 2017 y hasta su efectivo pag
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