Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 35009 2020
Expte. Nº 1-35009.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CASEY-MARELLI S.A. Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Febrero de 2020.-cc
Estos autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CASEY-MARELLI S.A. Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL", expediente Nº 35.009 que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 30/11/2018, se presenta el Dr. JOSÉ MARTÍN TORRES, en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra CASEY-MARELLI S.A., JORGE ALBERTO MARELLI, RODOLFO ENRIQUE MARELLI Y EDUARDO MIGUEL CASEY, por la suma de $1.964.423,72. El título que trae aparejada la ejecución corresponde a la liquidación de deuda por impuesto a los Ingresos Brutos allegada en archivo digital (períodos 03 al 10 del año 2004 y una multa por omisión).-
2. Que citados los demandados, con fecha 06/02/2019 se presentan y oponen la excepción que autoriza el art. 9 inc. "e", de la Ley 13.406 por las obligaciones nacidas de anticipos del año 2003 (junio y septiembre) y 2004 (febrero a junio).-
Manifiestan que las obligaciones fiscales reclamadas, datan de un período remoto, de cuyos vencimientos han transcurrido quince años.-
Relatan que cuando se notificó la Disposición Delegada que determinaba las obligaciones, el 23 de diciembre 2009, las mismas ya estaban prescriptas.
Exponen que desde entonces, transcurrieron otros nueve años, hasta que con fecha 18/6/2018, se les notifica la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, la cual rechazó el recurso de apelación respecto a la cuestión de fondo y reconoció saldos a su favor, sin ordenar su compensación.
En acápite por separado, mencionan doctrina legal en materia de prescripción y conforme el artículo 2537 del C.C.yC.N., sostienen que corresponde referenciar al Código Civil derogado para las obligaciones que se encuentran debatidas.
Agregan que las obligaciones ejecutadas se encuentran prescriptas de acuerdo a las disposiciones del Código Civil (art. 4027 inc. 3 C.C.), normativa aplicable según la ya unánime jurisprudencia sobre la materia, las cuales citan.-
Por otra parte, en particular, arguyen que las normas sobre prescripción son de orden público y por lo tanto de aplicación obligatoria, no existiendo en la legislación federal, una excepción a la materia fiscal local, que alteren los alcances, ya por otra parte claramente definidos, por los Altos Tribunales de la Nación y la Provincia.
Exponen que las obligaciones y sanciones se refieren al año 2003/2004, y por lo tanto el plazo transcurrido desde el nacimiento de las supuestas obligaciones hasta el inicio de su ejecución, exceden largamente los cinco años previstos por el art. 4027 inc. 3 del C.C.-
De modo tal, consideran que la demanda interrumpe el término de prescripción (art. 3986 del Código Civil), a partir de su fecha de interposición, pero indican que eso ocurrió en el año 2018, catorce años después de su nacimiento.
Señalan que en la interpretación más favorable al Fisco, podría asimilarse la notificación del acto determinativa de ARBA, a "la constitución en mora del deudor" (segundo párrafo del art. 3986 del C. C). y ésto se produciría por única vez, suspendiendo el término por un año.
En tal sentido, remarcan que transcurrieron nueve años, desde aquel momento hasta el inicio al presente juicio de apremio (2018).
No obstante ello, afirman que el Fisco promovió juicio de apremio, con total y absoluto desconocimiento de la legislación en la materia y de la doctrina que emana de los Máximos Tribunales, cuyos lineamientos expusieron.-
A todo evento advierten, que no es lícito consagrar por vía de interpretación, un criterio distinto para la interrupción de la prescripción del establecido por la legislación de fondo, si como resultado arroja un término de extinción de las obligaciones más amplio que el impuesto por aquel marco de inexcusable respeto. Esto en atención a la supremacía de las leyes federales en materia de su competencia (art. 31 y 75 inc. 12 C.N.)
Con respecto a una hipotética interrupción de la prescripción, dicen que hay que tener en cuenta, que de acuerdo al sistema de la legislación de fondo, "la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación" (art. 3956 C.C.).
Adunan que tratándose de obligaciones que surgen con la realización del hecho imponible -esto es el momento en el cual el contribuyente obtuvo los ingresos gravados- debe considerarse las fechas de nacimiento de esas obligaciones, como inicio del término prescriptivo.
Dicen que la aplicación estricta del régimen de prescripción, es una decisión que se impone, por cuanto, fortalece la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado de Derecho y sienta las bases para que el Fisco actúe con la debida diligencia, con clara economía de costos y mayor eficiencia de gestión.
En esas condiciones, entienden que resulta insoslayable la aplicación del instituto de la prescripción, que por otra parte es de orden público y tiende a proteger un bien social superior al interés del Fisco, que es el de la seguridad jurídica que debe primar en un Estado de Derecho.
Ofrecen prueba, fundan en derecho y peticionan.-
3. Que con fecha 22/10/2019 el apoderado fiscal interviniente contesta la excepción opuesta por los apremiados.-
Alega que la accionada ha planteado solo la defensa de prescripción que se encuentra prevista en el art. 9 de la Ley 13.406 respecto de los anticipos de los años 2003 (junio/septiembre) y 2004 (febrero/junio), y hace incapié en que resulta manifiesto, que la multa reclamada ha sido consentida.
Por otra parte, en cuanto al planteo efectuado respecto al fallo dictado por la SCBA en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL s/ Apremio de fecha 16/5/2018", afirma que la accionada yerra al sostener que el mismo es doctrina legal, puesto que, no ha adquirido firmeza y la mayoría allí lograda tiene en realidad votos con sentidos diversos.
En cuanto la excepción planteada, dice que debe ser rechazada, puesto que omite el accionado en su responde analizar las causales de interrupción y suspensión previstas por el Código Fiscal, además de lo resuelto por Nuestro Más Alto Tribunal Provincial en la causa A.71.388, fallo dictado con fecha 16 de mayo de 2018, por el cual se reafirma que el inicio del cómputo de la prescripción es el determinado por el Código Fiscal, para luego efectuar el cálculo de los 5 años establecidos.
Indica que el título ejecutivo base de la presente acción incluye deuda por los períodos "6/2003 a 6/2005" y multa por "omisión e incumplimiento a los deberes formales".-
Aduna que según surge del expediente administrativo Nº 2306-0144406/2006, la autoridad tributaria dictó resolución mediante la cual se determinaron las obligaciones fiscales de la contribuyente y se aplicó una multa del 10% del impuesto dejado de abonar.
Expone que se estableció la responsabilidad solidaria e ilimitada de los Sres. Jorge Alberto Marelli, Rodolfo Enrique Marelli, y Eduardo Miguel Casey por el período ejecutado y por el pago del gravamen, recargos e intereses como así también por las multas que corresponden; quedando firme por rechazo de la apelación efectuada ante el Tribunal fiscal, al notificar la resolución de la aclaratoria con fecha 14 de agosto de 2018.
Por otra parte, en prieta síntesis, argumenta sobre la constitucionalidad del Código Fiscal citando jurisprudencia y doctrina como fundamento de su postura, y exhorta al suscripto a fundar la sentencia del presente juicio en normativa legal vigente (art. 157 y siguientes del Código Fiscal -t.o. 2011-).
En cuanto a las implicancias del Código Civil y Comercial unificado menciona lo dicho por la magistrada Carmen M. Argibay, en oportunidad de evaluar la aplicación de la doctrina emanada del caso "Filcrosa" a la tasa de seguridad e higiene impuesta por la Municipalidad de La Matanza (caso "Casa Casmma S.R.L." del 26 de marzo de 2009).
Y como colorario, expone que resulta evidente que hoy la doctrina del caso "Filcrosa" queda huérfana de todo apoyo legislativo y en ese contexto institucional, entiende que resulta coherente aplicar la normativa del Código Fiscal para analizar la exigibilidad del crédito, modificando aquel criterio jurisprudencial.-
En otro acápite, refiere a la aplicación en el caso del código fiscal, reitera que la deuda reclamada no se encuentra prescripta, citando normativa.-
Así, dice que el plazo aplicable al tributo reclamado se encuentra regulado por el art. 157 del Código Fiscal (ley 10.397 -t.o.2011-), que lo fija en 5 años.-
En cuanto al comienzo del curso del plazo de prescripción, dice que el artículo 159 de la ley citada dispone que, para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, los términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos de generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
En este sentido, afirma que durante la tramitación del expte. administrativo se produjo la suspensión del plazo de prescripción, explicando el trámite procedimental.-
Agrega que el plazo aplicable fue suspendido por un año (de acuerdo al art. 161 inc. a del Código Fiscal -t.o 2011-) con la notificación de intimación de pago .-
En cuanto a la interposición del recurso de apelación dice que la suspensión anual -invocada- se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a que la Autoridad de Aplicación (ARBA) reciba las actuaciones en el marco de las cuales el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia declarando su incompetencia, determinando el tributo, aprobando la liquidación practicada en su consecuencia o, en su caso, rechazando el recurso presentado contra la determinación de oficio.
En consecuencia, sostiene que el curso del plazo de prescripción previsto por el artículo 157 del Código Fiscal (t.o.2011), se mantuvo suspendido desde la fecha de notificación de la resolución determinativa -que contiene una intimación de pago- hasta noventa (90) días posteriores a que la Autoridad de Aplicación (ARBA) reciba las actuaciones en el marco de las cuales el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia.
Postula que en el caso, ARBA recibió el expediente administrativo en condiciones de emitir el titulo ejecutivo, el día 16 de octubre de 2018 razón por la cual, la prescripción no ha operado.
Por último, hace un relevamiento de las actuaciones administrativas y concluye que no surge duda que la acción, tanto por aplicación del Código Fiscal como del Código Civil al momento de iniciarse el apremio no se encontraba prescripta la deuda del tributo.-
Ofrece prueba y peticiona.-
4. Que en atención al estado del trámite, el 28/11/2019 se llama autos para sentencia y;
I. Que el fisco accionante inicia la presente ejecución reclamando a los contribuyentes el pago de los períodos 03 al 10 del año 2004, correspondientes al impuesto a los Ingresos Brutos, y una multa por omisión según se desprende del título ejecutivo N° 1098539, allegado digitalmente con la demanda.-
II. Que los accionados oponen la excepción de prescripción por la cual pretenden la liberación de pago de las obligaciones nacidas de anticipos del año 2003 (junio y septiembre) y 2004 (febrero a junio).
Cabe destacar al respecto que, por un lado, los anticipos de (junio y septiembre) del año 2003, y febrero del año 2004, no han sido ejecutados y de allí que toda consideración deviene inoficiosa.-
Y por el otro, que tampoco se ha controvertido el reclamo por los períodos 7 al 10 del año 2004, ni la multa reclamada en el título ejecutivo.-
Por lo que solo queda en pie, la defensa intentada respecto de los períodos 3, 4, 5 y 6 del año 2004, a la que corresponde dar tratamiento.-
III. Sentado ello, y teniendo en cuenta que las obligaciones fiscales resultan ser del año 2004 , es decir en amparo de la vigencia del Código Civil hoy derogado, he de señalar que no resultan aplicables las normas contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts.7, 2537 y cctes. CCyCN).
IV. A los efectos de examinar la procedencia de la excepción opuesta, deviene necesario tener presente la doctrina sentada tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada causa "Filcrosa S.A." (Fallo 326:3899), como por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa 81.253 "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (sentencia del 30/05/2007), en cuanto reconocieron que en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la C.N., es potestad del legislador nacional regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos códigos.-
En ese sentido, se ha expresado también la Corte Provincial en las causas SCBA 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Escudero, Jorge Roberto s/ Apremio" del 14 de julio de 2010 y en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fadra S.R.L., López Osvaldo y Lobato Emilio Tomás s/ Apremio".
Así ha declarado nuestro Máximo Tribunal provincial que: "...no podía entenderse que al reservarse las provincias la facultad de determinar hechos imponibles y establecer tributos sobre esa base, se haya reservado también la potestad de regular otros aspectos que hacen a la obligación fiscal y que pertenecen a la regulación general de las obligaciones. Ello no sólo en virtud de la prelación que el art. 31 de la Constitución Nacional acuerda a las leyes nacionales en materia sustantiva (art. 75 inc. 12, Const. Nac.) sinó también porque entiendo que el art. 131 del Código Fiscal sienta las bases para una discriminación incompatible con el principio de igualdad (art. 16, Const. Nac.) (SCBA c 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Escudero, Jorge Roberto. Apremio" 14/07/2010 - Voto del Dr. Negri).-
Por su lado, el Alto Tribunal Federal, ponderó: "...que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores correspondía a la ley de fondo, estando vedado a las provincias -y a los municipios- dictar reglas incompatibles con las consagradas por los Códigos de fondo, ya que, al haber conferido a la Nación la potestad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan". (conf. a doctrina citada en fallo "Filcrosa S.A.").-
Entiendo por lo expuesto, que en materia de fijación de los plazos de prescripción de las obligaciones, como el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción, los estados provinciales -en orden a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional- deben adecuar su regulación a las pautas ya consagradas del Código Civil, en tanto y por cuanto solo el Estado Nacional es quien ostenta la facultad de regular estos aspectos que hacen a las obligaciones en general.-
Tal línea doctrinaria, ha sido reafirmada por la Corte Nacional en la que compartiendo los fundamentos dados por la Procuradora Fiscal, se remitió al Dictamen de aquella, en la que se afirma -sostenida en doctrina judicial del propio Tribunal- que "... si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que este fijo su computo" (v. CSN "Fisco de la Provincia c. Ullate, Alicia Inés- Ejecutivo - apelación - recurso directo" , sentencia del 01/11/2011, Dictamen del 16/05/2011). Subrayando, con posterioridad -en una causa análoga- que "... Parece necesario insistir aquí, una vez más, en que, como dijo esa Corte, la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho" (v. CSN "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni, Julio Heriberto s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos" sentencia 6 de diciembre de 2011; Dictamen de fecha 15 de julio de 2011).
V. Que uno de los planteos principales de esta controversia se dirige, como ya lo expresara, a la contradicción entre las normas integrativas del Código Fiscal, que regulan la prescripción y las normas de fondo del Código Civil.-
Así lo ha pronunciado la Suprema Corte Provincial al decir que: "... De nada valdría afirmar enfáticamente la supremacía constitucional frente a toda norma inferior, si luego se la limita al extremo de obligar a los jueces a aplicar normas repugnantes a la Constitución Nacional, por la sola circunstancia que las partes no advirtieron tal colisión; si el juez debe acatar en primer lugar la Constitución, así debe ser en toda circunstancia; si no se discute que el magistrado está vinculado a los hechos que resultan afirmados y probados o admitidos en el litigio y no al derecho que invoquen las partes, es inexplicable que pueda elegir la norma inferior que considera adecuada al caso, pero no pueda hacer lo mismo con la norma máxima (Constitución) a la que las primeras están subordinadas y debe adecuarse so pena de descalificación (SCBA, C 79083 S 18-11-2009 "Dirección General Impositiva, s/ Incidente de revisión art. 37, en autos "Cía. Ómnibus La Unión S.R.L..Concurso preventivo"; ver también SCBA. "Zarinatto" L. 83.781, sent. del 22/12/2004).-
Precisando al respecto que "...La declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes" (SCBA, C 94663 S 18-2-2009, I.,M. c/ H.,d. s/ Reclamación de filiación, petición herencia y beneficio de litigar sin gastos" - SCBA, L 92095 S 1-9-2010 "Moyano, José Omar y otros c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca s/ Indemnización por despido" entre otros).-
Bajo tales precedentes y reiterando lo resuelto en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Silva Eduardo Manuel s/ Apremio" expte. nº 8073 con fecha 28/04/2011 de este mismo juzgado, entre otras, sólo puedo concluir que la defensa de prescripción opuesta, debe ser juzgada de acuerdo a las normas de la ley de fondo, para determinar en la especie, si existe incompatibilidad con las disposiciones del Código Fiscal que conlleven necesariamente a la declaración de inconstitucionalidad.-
VI. Desde esta óptica, es preciso señalar, que no media controversia entre las partes respecto al plazo quinquenal de prescripción (art. 157 del Código Fiscal ley 10397 t.o 2011, art. 4027 del Código Civil).-
VII. Por el contrario, se verifica tal convergencia en relación al momento en que debe comenzar a computarse aquel plazo extintivo.-
Sobre el particular el art. 3956 del Código Civil -vigente al momento de los períodos objeto de controversia-, establecía que: "La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienzan a correr desde la fecha del título de la obligación".-
En relación a esa norma, recuerdo que la doctrina había destacado, que la mención "fecha del título de la obligación" no es muy efectiva, desde antiguo se ha interpretado con un criterio amplio y la Corte ha establecido que: "El término de la prescripción comienza a correr, como resulta del art. 3956 C.C., desde que la obligación del deudor sea exigible para el acreedor; es decir desde el día en que éste pueda ejercer la acción correspondiente, pidiendo el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación" (v. Lema, Rodrigo "La prescripción de las obligaciones tributarias provinciales y municipales" Lexis Nº 0003/015325, y su cita de Fallos 193:359).-
Y en la especie el nuevo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.