Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 32657 2020
Expte. Nº 32657.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VILLA MARIA FERNANDA S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Febrero de 2020.-NG
Estos autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VILLA MARIA FERNANDA S/ APREMIO PROVINCIAL", expediente Nº 32657, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que:
1. Que con fecha 14/06/2018, se presenta el Dr. Andrés Martín Mage en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra la Sra. María Fernanda Villa, por la suma de $ 60.875,40. El título que trae aparejada la ejecución -N° 1034864- resulta ser la liquidación de deuda por impuesto a los ingresos brutos correspondiente a los períodos 01 a 12 de 2016 y 01 a 08 de 2017.-
2. Que citada a oponer excepciones, con fecha 31/08/2018, se presenta el Dr. Pedro Enrique Pereyra, en calidad de apoderado de la demandada María Fernanda Villa, oponiendo excepción de inhabilidad de titulo -por falta de legitimación pasiva-, solicitando la nulidad de la ejecución, y la inconstitucionalidad del art.14 del Código Fiscal, consecuentemente solicita el levantamiento de las medidas cautelares trabadas administrativamente.-
En el relato de los hechos asegura que la Sra. María Fernanda Villa, es de profesión docente, con una antigüedad de más de 13 años y que nunca ha ejercido actividad de ningún tipo, ni percibido ingresos que se encuentren alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos.
En razón de ello, niega en forma total y absoluta que posea obligaciones de naturaleza tributaria originadas en esa gabela y consecuentemente, niega la existencia de deuda alguna.-
Manifiesta que al tomar conocimiento -por un hecho fortuito- del embargo de fondos y valores, se apersonó en las oficinas de Arba, donde le informaron que fue dada de alta por "índice verde", (bajo el código NAIIB 011110 -Cultivo de cereales excepto forrajeros- y, con el código 701090 -Arrendamientos Rurales-) mediante un Operativo a través del cual Arba efectuaba inscripciones "de oficio" ante algún "indicio de actividad agropecuaria".
Asimismo, le comunicaron que a partir del año 2016, se comenzó a liquidar a esos contribuyentes, conforme lo estatuido en el art. 50 del Código Fiscal (hoy art. 58), aclarando la empleada que es precisamente lo que le están reclamando.
Destaca que nunca ha recibido una notificación de parte de ARBA respecto de tal situación.
Por otra parte, explica que resulta fundamental que ARBA identifique el domicilio que asignara a su mandante, toda vez que nunca realizó tramitación alguna en relación al impuesto cuya deuda se le reclama.
Manifiesta que la Sra. Villa, resulta poseer la "nuda propiedad" de fracciones de campo adquiridas por Donación con Reserva de Usufructo que realizaran sus padres a ella y a su hermana.
En acápite por separado formula la nulidad de la ejecución basada en la nulidad del Título Ejecutivo cabeza de este apremio.
Al respecto asegura que la actora ha identificado que la determinación impositiva cuya deuda reclama, fue obtenida mediante el procedimiento dispuesto art. 58 del Código Fiscal, conforme surge del título ejecutivo.
Achaca que ello encuentra dos valladares infranqueables para su utilización:
1. La Sra. María Fernanda Villa no es contribuyente del impuesto, ni lo puede ser en atención a que nunca ejerció actividad alcanzada por el mismo.
2. En todos aquellos supuestos contemplados en la norma mencionada se impone "Previo a proceder a la vía de apremio la Autoridad de Aplicación intimará a los contribuyentes para que dentro de los cinco (5) días abonen o regularicen el gravamen correspondiente ." (quinto párrafo).
Expone que a efectos de evitar situaciones como la presente, se debe dar intervención al sujeto pasivo de la relación tributaria para que éste pueda ejercer su derecho constitucional de defensa; de ser oído; de presentar prueba en contrario y de ejercer el resguardo de su propiedad. Destaca que en el Título Ejecutivo no se hace mención, ni remisión al art. 47 del Código Fiscal, en el cual se especifican determinadas alternativas para fijar ingresos de los contribuyentes o "presuntos contribuyentes", lo cual motiva -a su parecer- ceñirse a lo normado en el art. 58 del Código Fiscal.-
Asevera que bajo las circunstancias descriptas, el Título Ejecutivo cabeza de esta acción de apremio, carece de causa justificante de su nacimiento.
A continuación efectúa un análisis de los supuestos contemplados por los arts. 58 y 39 bis del Código Fiscal.-
En orden a ello, asegura que se observa una omisión en dar cumplimiento a un recaudo esencial para la debida conformación del título ejecutivo de autos, por cuanto, previo al comienzo del apremio, no ha sido debidamente notificado de la intimación por "Liquidación Express".-
Remarca que carece de elementos sustantivos que le permitan ejercer en forma su derecho de defensa, toda vez que desconoce cuál ha sido la actividad desplegada por el organismo tributario, si es que hubiera existido, para establecer su domicilio fiscal o "particular" tal como se menciona en el Título Ejecutivo.
Lo cierto e indudable es que nunca constituyó domicilio fiscal ante la ARBA, por la sencilla razón, de que no existía obligación alguna para hacerlo.
En lo que atañe al domicilio fiscal, argumenta que el domicilio tomado por ARBA (San Juan N° 920 sito en la ciudad de Nuevo de Julio) es el domicilio fiscal constituído ante la AFIP, el que a su vez, es el domicilio de los padres de la Sra. Villa, a la postre usufructuarios del bien inmueble.-
Remarca que éste no ha sido constituido y no corresponde su envío a su nombre a la dirección de quienes resultan ser usufructuarios y por tanto responsables del pago de los tributos, como asimismo, que en dicho domicilio nunca se ha recibido notificación ni emplazamiento por parte del organismo tributario en referencia al impuesto sobre los ingresos brutos. En razón de lo expresado solicita se decrete la nulidad del procedimiento, por resultar nulo el Título Ejecutivo con el que se encabeza.
En cuanto a la excepción de inhabilidad de título en sí, niega en forma total, absoluta y rotunda revestir el carácter contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos, en referencia a las actividades de cultivo de cereales y/o arrendamientos rurales y, consecuentemente, denuncia la inexistencia de deuda por tales conceptos.
Expone que la presente demanda ha sido instaurada en contra de la Sra. Villa con grueso error respecto de su calidad "contribuyente" y como tal "responsable principal" del pago de los tributos cuyo cobro se pretende o tal vez ARBA haya "presumido" que, por ser titular de un campo ese titular se dedica al "cultivo de cereales" o a "arrendarlo" percibiendo ingresos por tales actividades.
Expresa que la Sra. Villa resulta ser un mero titular de un inmueble rural. Es decir que transita su relación con el inmueble rural en carácter de "nudo propietario" en virtud de la donación con reserva de usufructo mencionada.-
Tal situación se encuentra plasmada en la "Escritura Quinientos Setenta y Dos- Oferta De Donación de Nuda Propiedad con Reserva de Usufructo" efectuada por los cónyuges Roberto Egidio Villa y Norma Irene Longarini, a favor de María Fernanda y María Gabriela Villa", otorgada en la ciudad de Nueve de Julio el 29 de diciembre de 2006.
Aclara que en el caso, sus padres revisten la calidad de "usufructuarios" respecto del 100% del inmueble cuya partida 077-14050 ha traído como ejemplo.
Asegura que su representada ha recibido el 50% indiviso de tal fracción de campo por donación con reserva de usufructo, que le hicieran sus padres, resultando ser titular dominial (nudo propietario) del 50% de los mismos.
En virtud de ello, se concluye así que el uso y goce del inmueble así como sus frutos, pertenecen a los sujetos que hicieron tal reserva.
Al respecto achaca una negligente actitud asumida por ARBA, autoridad que tiene la responsabilidad de emitir el Título Ejecutivo, respecto de la indagación acerca de los sujetos a demandar y la relación tributaria que los vincula con el inmueble.
Remarca que la simple consulta de los asientos del Registro de la Propiedad Inmueble, hubiera advertido la existencia de un "limite al dominio" toda vez que la constitución del derecho real de usufructo en cabeza de la Sra. Norma Irene Lombardini y Roberto Egidio Villa, se encuentra inscripto desde el 07/02/2006.
En acápite por separado ofrece prueba y peticiona.
3. Que mediante resolución de fecha 23/11/2018, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del C.F, siguiendo igual suerte el pedido al levantamiento de embargo sobre los activos financieros del accionado.-
4. Que encontrándose dispuesta la apertura a prueba de las actuaciones, en fecha 20/02/2019, la accionada solicita la apertura de una cuenta judicial, a los fines de proceder al depósito de la suma reclamada en autos, y conforme ello, solicita nuevamente se levante el embargo general de fondos y valores.
Que conferido el traslado de ley al fisco accionante, dicho fue planteo fue rechazado mediante resolución de fecha 11/06/2019.-
5. Que con fecha 02/12/2019, en atención al estado del tramite, se llama autos para sentencia y;
1. Que trátase la presente ejecución del reclamo por parte del Fisco Provincial por el cobro de la deuda correspondiente al impuesto a los Ingresos Brutos, que conforme el título ejecutivo N° 1034864, involucra los períodos 1 a 12 de 2016 y 01 a 08 de 2017, frente al cual el accionado planteó excepción de inhabilidad de título y nulidad de la ejecución.-
Que al respecto cabe destacar, que más allá de la forma en que el accionado plantea sus defensas, lo cierto es que el argumento esencial de ambas refiere a su falta de calidad de sujeto pasivo, en tanto nunca tomó conocimiento que el organismo aqui acccionante, había determinado su condición de contribuyente del impuesto a los ingresos brutos tan solo por resultar nudo propietario de un inmueble rural.-
2. Que resulta doctrina pacíficamente aceptada que la excepción de inhabilidad de título solo puede ser fundada en las formas extrínsecas del instrumento ejecutado, relativas a su encuadre en la enumeración legal, a la liquidez y exigibilidad de la deuda, y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación sustancial y procesal (Cfr. Falcón, Enrique M. -con cita H. Alsina y Podetti- en Procesos de Ejecución, Tº II, Pág.252, Rubinzal-Culzoni Editores), quedando excluído del examen judicial la causa de la obligación, en cuyo ámbito se incluye lo relativo a la determinación de la deuda (cfr. doc. SCBA Ac. 52544 del 7/2/95 y Ac. 72785 del 13/3/02).-
Asimismo, esta restricción ha sido acogida por las normas relativas al apremio fiscal, en la especie, el art. 9 de la ley 13.406 expresamente, ha dispuesto: "Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son las siguientes: a) ... c) Inhabilidad del título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa. Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado...".
Sin desmedro de lo cual, reiterada doctrina y jurisprudencia son contestes en sostener que, en el proceso de ejecución, tal rigorismo formal cede cuando -de las propias constancias de la causa- se desprende en forma manifiesta y sin que requiera de mayores demostraciones, que la deuda cuyo cobro se pretende, es inexistente.
En ese sentido, ha dicho nuestro Máximo Tribunal " ...que si bien el art. 9 inc. "c" de la ley 13.406 dispone que la excepción de inhabilidad de título ejecutivo debe fundarse únicamente en los aspectos relacionados con las formas extrínsecas y que los jueces no pueden admitir -en esta clase de procesos- controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa, ello es así en tanto no se consienta una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta. Pues lo contrario importaría priorizar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales" (SCBA Ac. 71822 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ JUST SAICIF s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" Sent. 08/04/2015.
Es indudable entonces, que la inhabilidad de un título puede provenir, no sólo de aspectos externos o formales, sino también de vicios vinculados con la existencia, determinación, y liquidación de la deuda, los que deben surgir sin necesidad de mayores demostraciones; deben revelarse manifiestos.
3. Examinadas las actuaciones administrativas requeridas a Arba -exp. adm. N° 2360-2360-0085959/2018-, a fs. 1 obra una constancia que refiere: "emisión de títulos ejecutivos, observaciones a tener en cuenta", de la que se lee mas abajo "no registra exptes. y/o trámites relacionados con la clave ingresada".
A fs. 2 a 8 obra un aviso de deudas por Ingresos Brutos, identificando como titular a la Sra. María Fernanda Villa y que arroja un total adeudado de $ 83.062,60.-
A fs. 11 y 12, se encuentran agregadas constancias de inscripciones en AFIP.
A fs. 13/14, se halla agregada un intimación al pago de la deuda que detalla en el anexo II, por un total de $ 65.615,40. Al pie del documento firma (no ológrafa): Alfredo Rizzo, Gerente General de Cobranzas y Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro.
A fs. 15 obra una constancia de materialidad de notificación -N° 66591- donde se lee: "domicilio fiscal electrónico".
Por ultimo luce a fs. 16 una copia del titulo ejecutivo base de la presente ejecución (T.E: 1034864).
Que conforme se desprende del título, la deuda reclamada fue determinada de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 58 del Código Fiscal -T.O. 2011-,
4. Se agravia el accionando en este vértice por cuando refiere que nunca constituyó domicilio fiscal ante el organismo recaudador -por no revestir la calidad de contribuyente- y que por ello, la intimación dispuesta en la norma mencionada, nunca pudo ser cumplida en debida forma.-
Al respecto cabe destacar que el art. 10 de la Resolución Normativa 007/14- texto según Res. N° 55/17- ambas reglamentarias del ar. 33 del Código Fiscal- dispone "... que a partir de la entrada en vigencia de la presente, el domicilio fiscal electrónico previsto en el art. 33 del Código Fiscal, -Ley 10379 (T.O 2011) y sus modificatorias- quedará obligatoriamente constituido respecto de los siguientes sujetos: a) contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos..."
Por su parte, a los efectos de la individualización del mismo el art. 2 de la Res. Normativa N° 007/14, dispone: " Que el domicilio fiscal electrónico estará conformado por un perfil de usuario específico y único asociado a la CUIT, CUIL o CDI del contribuyente responsable, y cuya clave de acceso será su clave de identificación tributaria.-
El art. 4 expresa: "A fin de tomar conocimiento de los avisos, citaciones, intimaciones, notificaciones y comunicaciones en general, que digitalmente efectúe la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, el contribuyente o responsable deberá ingresar en la aplicación que estará disponible en la página web del organismo (www.arba.gov.ar), desde donde podrá acceder a su domicilio fiscal electrónico".
5. Visto el contenido del expediente administrativo, resulta claro que la autoridad de aplicación ha utilizado el procedimiento del art. 58 del Código Fiscal, y se ha dado inicio a la presente ejecución, sin que se verifique previo a ello, el cumplimiento de un trámite esencial que le resulta antecedente, como es la determinación de oficio previa, que imponga a la aquí demandada la calidad de contribuyente del impuesto a los ingresos brutos en orden a su condición -en forma simultánea- de contribuyente del impuesto inmobiliario rural.-
En otras palabras, la autoridad de aplicación utilizó un mecanismo de presunción de deuda -establecido en el art 58 del Código Fiscal-, habilitado para el universo de aquellos sujetos que ya revisten la condición de contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos, como es el caso de los contribuyentes que no ingresen uno o más de los anticipos fiscales liquidados por Arba o de aquellos que omitan la presentación de declaraciones juradas por uno o más anticipos, pero en modo alguno, puede utilizarse esta "liquidacion express", no ya para cuantificar anticipos adeudados, sino para -directamente- establecer la propia calidad de contribuyente de un sujeto.
Extremos estos, que aún cuando se encuentre habilitada la presunción del art. 36 del Código Fiscal, en modo alguno permite soslayar el trámite de determinación de contribuyente de la obligación fiscal previsto en los arts. 112 y sig. del Código Fiscal.-
Bajo ese escenario, resulta patente que la notificación electrónica cursada en sede administrativa, no abastece los requisitos mínimos para el debido resguardo del derecho de defensa. En orden a que su utilización ha de estar habilitada -a partir de lo que establecen las normas que lo rigen- una vez fijada la condición de sujeto pasivo del tributo de que se trate -en el caso Ingresos Brutos-, trámite previo que se encuentra fijado por los citados artículos 112 y sigs, del Código Fiscal.
La secuencia procedimental propuesta resulta inevitable para la autoridad fiscal, pues de otro modo, sorprende al contribuyente sin haber conferido las mas mínima garantía de defensa.-
Así se ha expresado la Exma. Cámara de Apelaciones de San Martín en relación al resguardo de este derecho "...no puede considerarse que el contribuyente -previo al comienzo del apremio- haya sido debidamente intimado y que pudiera hacer valer en sede administrativa su derecho de defensa y tutela efectiva en procedimientos de esa índole, frente al requerimiento fiscal de la actora (cfr. art. 15 CPBA, art. 18 CN, CSJN in re: "Astorga Bratch", entre otros, y esta Cámara in re: causas N° 2645, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Walsh, Héctor Alberto s/ Apremio Provincial", sent. del 25/08/2011; N° 3006, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Iracheta, Juan José s/ Apremio Provincial", sent. del 12/04/2012; N° 3837, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Zencich, Juan Domingo s/ Apremio Provincial", sent. del 11/11/2013, entre otras).CCASM: Autos: "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Salaberry José Javier s/ Apremio Provincial".
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 2 inc.8 y 76 bis de la ley 12.008 y sus modif.; arts. 1, 2, 3, 9 inc. "c y d" y cctes. ley 13.406; arts. arts. 36, 58, 112 y cctes. del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, texto según ley 10.397, t.o. Resolución M.E.39/11, con sus modificatorias; art. 34 inc.4, C.P.C.C.; art. 15 CPBA, art. 18 CN, y demás normas legales citadas;
1. Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título deducida y consecuentemente, rechazar la ejecución.-
2. Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 51 inc.1° CPCA).-
3. Firme o consentida que se encuentre, procédase al levantamiento de las medidas cautelares trabadas administrativamente. En idéntico orden, a fin de obtener la libre disponibilidad de los fondos depositados a plazo fijo en la cuenta de autos -tanto respecto de aquellos que resultan del embargo efectuado por la actora, como de los depositados por la demandada- líbrese el oficio respectivo al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a fin de solicitarle que los Plazos Fijos judiciales, no sean renovados a su próximo vencimiento y se
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