Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 30244
Expte. Nº 30244.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CURVA SILVIA ELENA S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Junio de 2020.-cc
Estos autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CURVA SILVIA ELENA S/ APREMIO PROVINCIAL", expediente Nº 30.244 que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que con fecha 14/03/2018 se presenta la Dra. Claudia Inés Cruz en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra la Sra. Silvia Elena Curva, por la suma de Pesos OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 ($89.922,60) Los títulos que traen aparejada la ejecución resultan ser las liquidaciones de deuda por impuesto a los ingresos brutos allegadas digitalmente con la demanda.-
II. Que citada a oponer excepciones, el 28/03/2018 se presenta el Dr. Alberto C. Salaverry, letrado apoderado de la demandada y opone excepción de inhabilidad de título.-
En primer término relata los extremos fácticos que dan sustento a su defensa.-
Manifiesta que obtuvo una habilitación en el Municipio de San Andrés de Giles, de tipo comercial, otorgada bajo el Nº 51.883, el dia 26 de diciembre de 1995.
Agrega que en el año 2002, decidió dedicarse a la actividad docente y dice que unos meses antes al cambio de actividad, se había presentado a dar de baja la actividad comercial en la Municipalidad de San Andrés de Giles.
Afirma que esta circunstancia se refleja en el acto administrativo, Resolución Nº 526 del año 2002, de fecha 01 de octubre de 2002, que hace lugar a la petición, con efecto retroactivo al día 31 de agosto del mismo año.
Atento que el local comercial se hallaba desocupado, dice que resolvió arrendarlo a los Sres. Carlos Belo y Osvaldo Piasentini, quienes habilitaron a su vez la actividad comercial con fecha 15 de octubre de 2002, bajo el Nº 52.438, mediante Resolución Nº 553 del referido año, en el mismo local de su propiedad.
Reconoce que su mandante omitió adoptar la misma actitud con relación a su inscripción en ARBA y en AFIP.
Aduna que en el año 2014, advertida la falencia, se presentó en ambas entidades exponiendo la situación.
Manifiesta que en ARBA le informaron que para dar la baja en forma retroactiva su actividad, debía munirse primero de la misma documentación en la oficina de AFIP.
Expresa que así lo hizo, y que acompaña nota presentada con fecha 3/10/2014, donde obra el sello de recepción de ARBA (Delegación Mercedes).
Señala que, dada la recepción de este juicio, concurrió a ARBA, donde le fue comunicado que dicha presentación no tenía movimiento, ni se había formado expediente para el tratamiento de la cuestión.
En cuanto a la alegada inhabilidad del título, cita el art 9 inc. c de la Ley 13.406 que regula el procedimiento de apremio.
Expresa que plantea la excepción, en la medida que desde el título ejecutivo surge que fue expedido conforme el art. 104 del Código Fiscal de la Pcia. de Bs.As.
Arguye que de la propia mención contenida en el cartular, surge la falencia que hace a la inhabilidad del título que constituye la base de la presente ejecución.
Transcribe los artículos 104 y 42 del Código Fiscal, e indica que en este proceso de formación del título, se exige taxativamente que sea realizado sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente.
En tal sentido, afirma que su mandante, nunca presentó esa documentación a ARBA desde su inscripción hasta el final del año 2015, circunstancia que entiende, torna inhábil e improcedente el título ejecutivo base de la ejecución.-
A fin de sustentar la procedencia de la excepción, evoca que extendida jurisprudencia de nuestros Tribunales aceptan soslayar la limitación establecida en la mentada legislación, con relación a que la defensa intentada por ésta vía, deba circunscribirse al análisis referido a las formas extrínsecas del título en ejecución.
Sostiene que se ha determinado que la regla que limita el examen del título ejecutivo a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de admitir una condena cuándo falta alguno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva, cómo es la defectuosa creación del propio título que encabeza la ejecución.
Entiende que sostener lo contrario, implicaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales.
Refiere que el certificado de deuda, es título ejecutivo hábil cuando reúne los requisitos extrínsecos que lo habilitan como tal.
Aduna que posee fuerza ejecutiva cuando se basta a sí mismo y se encuentra oportunamente integrado, puesto que al fin de formarlo lo ha precedido un procedimiento administrativo del cual es su culminación, y en donde surge en forma concreta la existencia de la suma reclamada.
Estima que en este caso en particular esos requisitos no se cumplen.
Evoca que la importancia del análisis de este elemento (que da sustento al reclamo dado que para bastarse a sí mismo, el contribuyente al no haber presentado Declaraciones Juradas para el pago del impuesto, debe conocer si se trata de una conclusión numérica antojadiza o de una determinación concreta en base a tal declaración de actividad comercial) es lo que demarca en el caso, la configuración de la excepción que se interpone en relación a la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales.
Advierte, que si bien por principio el análisis de la excepción de inhabilidad de título se limita a las formas extrínsecas del certificado, dicho principio cede -debiendo hacerlo con carácter estricto- cuando de las manifestaciones de autos se desprende la falencia en la determinación de la deuda.
Indica que la defensa que plantea radica en una cuestión central cual es la falencia en la misma creación del título ejecutivo, que se expresa en el mismo cartular, y se encuentra en colisión con la misma normativa que establece la forma de su creación.
Opina que no posee fuerza ejecutiva per se, ni se basta a sí mismo, en virtud de que no respeta los parámetros establecidos legalmente en el proceso de su creación.
Afirma que resolver lo contrario implicaría la aplicación lisa y llana del principio en materia tributaria del solve et repet: pagar y repetir, y ello si bien desde el punto de vista doctrinario tiene justificaciones importantes, conllevaría en el caso, a una situación de inequidad difícil de reestablecer en un juicio ordinario posterior.
Entiende, que las circunstancias relatadas en los hechos, por sí sola, es suficiente y obliga a reconocer que el procedimiento en crisis vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio y en consecuencia, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Aduna que el estado de indefensión es de tal envergadura, que sólo les quedaría la posibilidad de pagar y más tarde discutir si eventualmente pudieron o no tener razón, omitiendo el efectivo ejercicio del derecho de defensa en sede administrativa (arts. 18 CN y 15 CPBA)
Postula que la circunstancia de no haber la administración reparado en el reclamo de la Sra. Curva, afecta directamente el derecho de su parte y la coloca ahora en indefensión y desequilibrio.
Cita doctrina y jurisprudencia que hacen a su defensa.
Por otra parte, afirma que queda acreditado también, el deficiente proceder de ARBA, cuando hace caso omiso al pedido de baja retroactiva, presentado con fecha 3/10/2014, acreditando los extremos necesarios para la solicitud.
Expresa que, ante la recepción del apremio, advierte que ARBA no ha atendido la petición y siquiera ha formado un expediente para tratar la pretensión de Silvia Curva.
Por último, hace referencia a dicha documental y a la disposición Nº 3/2015 de ARBA, del 28 de enero de 2015, que establece la posibilidad de dar de baja en forma retroactiva cuando se dan circunstancias como la dilatada falta de presentación de DDJJ por el contribuyente, o éste lo solicitara conforme el art. 3º, primer párrafo, de la resolución.
III. Que con fecha 29/05/2019, la apoderada fiscal contesta la excepción planteada y solicita su rechazo.
Señala que la parte demandada opuso excepción de inhabilidad de título argumentando que cesó como contribuyente del impuesto a los ingresos brutos, y que dio de baja su inscripción ante el Municipio de San Andrés de Giles, y que en la contestación de demanda, punto IV manifiestó literalmente que: "..lamentablemente debe reconocer mi mandante, que omitió adoptar la misma actitud con relación a su inscripción en ARBA ."
Describe pormenorizadamente los cartulares y afirma que cumplen con todas las formalidades de ley y son hábiles.
Desconoce -por no constarle su autenticidad- la existencia, validez y oponibilidad al Fisco de la totalidad de la prueba documental incorporada por la demandada, en la medida que no revista carácter de instrumento público o que no fuere objeto de expreso reconocimiento de su parte.
Cita el marco legal, doctrina y jurisprudencia que hacen a su conteste.
Arguye que la parte demandada intenta fundar su defensa en cuestiones que implican inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el artículo 9 de la Ley 13.406.
Entiende que acceder a analizar la excepción en la forma planteada, exige incursionar en los trámites previos a la confección del título y con ello en la causa de la obligación, materia vedada en estos procesos.
Afirma que el título que se está ejecutando, es plenamente válido y hábil para justificar la admisión de la acción y la continuación de la presente ejecución, pues cumple con todas las exigencias que establece el artículo 167 del Código Fiscal, citando el art. 44.-
Arguye que la excepción en traslado excede el carácter taxativo que reviste el artículo 9 de la ley 13406, que prevé que la excepción de inhabilidad del título ejecutivo deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas del mismo.
Dice que en el título en cuestión está claramente indicado el concepto reclamado, descripta la deuda pretendida, consignado el capital original, el monto de los intereses correspondientes, y el importe total en ejecución.
Todo ello, procesado y liquidado mediante sistemas de computación autorizados, y suscripto por funcionario competente.
Agrega que al ser legítimo y autosuficiente no puede admitirse su descalificación so pretexto de los cuestionamientos de la parte demandada que conducen, en rigor, a cuestionar la causa o sustancia de la obligación fiscal.
Siendo que la inhabilidad del título sólo puede referirse a sus formas extrínsecas, manifiesta que debe desestimarse un planteo que pretenda poner en discusión el contenido de la deuda.
Expresa que todo planteo que no refiera a la formalidad del título reconduce a un análisis de fondo que está impedido en el proceso de ejecución (máxime si no fue planteado en la sede pertinente).
Aduna que la defensa que se responde no pone en tela de juicio la validez formal del título, sino que tiende a cuestionar su causa.
Evoca que permitir embates como el efectuado en este proceso, no arrojaría otra conclusión que la de un claro desconocimiento a la presunción de legitimidad con la que se encuentra impregnado todo acto administrativo firme y consentido.
Reitera que la demandada intenta fundar su defensa en hechos -que también se desconocen por no constarle a su parte- que no sólo no han sido probados, sino que implican inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el art. 9 de la ley de apremio.
Resalta que la parte ejecutada no solo no aportó ninguna prueba que acredite la "supuesta" baja como contribuyente del impuesto a los ingresos brutos, sino que en el punto IV del escrito de contestación expresamente, reconoce no haber efectuado la baja de inscripción de Ingresos Brutos ante ARBA.
Agrega que la hipotética baja de la habilitación comercial en el orden municipal o el alta de otro comercio no implican per se, el cese de las actividades gravadas por el Impuesto a los Ingresos Brutos en el orden provincial.
Arguye que, sin perjuicio del análisis efectuado, se puede advertir que, en el hipotético caso en que la parte demandada hubiese tramitado su baja en el impuesto (manifestación ésta que no implica reconocimiento, sino el análisis de una mera conjetura), ello en nada obsta a que ARBA haya detectado la existencia de hechos imponibles posteriores, que por encontrarse gravados por el impuesto en cuestión, dan lugar a la determinación de deuda del contribuyente.
Postula que el Código Fiscal, en sus arts. 202, 203, 204 y 205, regula las obligaciones de los contribuyentes y responsables, indicando el modo en que debe denunciarse el inicio de las actividades gravadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como la manera de declararse el cese de la explotación en supuestos en los que no se presume legalmente la continuidad económica; a lo que debe sumarse el deber formal impuesto por el artículo 34.
Considera que, hasta tanto el contribuyente dado de alta como sujeto pasivo del impuesto no tramite ante el ente recaudador su formal baja, se encuentra sujeto a las obligaciones formales de todo contribuyente y expuesto a las consecuencias de su incumplimiento.
Afirma que, en el caso de autos, la parte ejecutada no ha logrado probar el cumplimiento de dicho recaudo.
Cita jurisprudencia y expone que tratándose la "supuesta" baja de un hecho positivo, cuya prueba corresponde exclusivamente a quien lo manifiesta, cabe rechazar el planteo esgrimido ante la inexistencia de prueba alguna al respecto, manteniéndose incólume el título ejecutivo base del apremio.
Entiende que la defensa planteada se dirige a cuestiones ajenas a los aspectos formales descriptos por el artículo 9 inciso c) de la Ley 13.406, razón por la cual debe rechazarse.
Expresa que los argumentos y la jurisprudencia expuesta sellan la suerte de la excepción impetrada, por los que corresponde su rechazo, mandando llevar adelante la ejecución, con expresa imposición de costas a la parte demandada.
IV. Que con fecha 11/05/2020 en atención al estado del trámite, se llama autos para sentencia y;
1. Cabe recordar previamente, que resulta doctrina pacíficamente aceptada, que la excepción de inhabilidad de título sólo puede ser fundada en las formas extrínsecas del instrumento ejecutado, relativas a su encuadre en la enumeración legal, a la liquidez y exigibilidad de la deuda, y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación sustancial y procesal (Cfr. Falcón, Enrique M. -con cita H. Alsina y Podetti- en Procesos de Ejecución, Tº II, Pág.252, Rubinzal-Culzoni Editores), quedando excluído del examen judicial la causa de la obligación, en cuyo ámbito se incluye lo relativo a la determinación de la deuda (cfr. doc. SCBA Ac. 52544 del 7/2/95 y Ac. 72785 del 13/3/02).-
Asimismo esta restricción ha sido acogida por las normas relativas al apremio fiscal, en la especie, el art. 9 de la ley 13.406 y en forma concordante el art.167 del Cód. Fiscal (Ley 10.397 t.o. Res. M.E. 39/11).-
En definitiva, está vedado cuestionar la determinación, el cálculo o la composición de lo adeudado, pues de esta manera se estaría incursionando en la causa de la obligación.-
Sin embargo, tal restricción cognoscitiva, debe ceder en algunos casos, especialmente cuando soslayar la defensa interpuesta por el contribuyente, podría derivar en una condena a pagar una suma de dinero, cuando resulta de forma manifiesta que el titulo resulta inhábil.-
Por ello entiendo, que en forma excepcional, pueden invocarse -prima facie- como fundamento de la excepción de inhabilidad de título, cuestiones atinentes a su formación -siempre que sea manifiesta y su constatación no requiera de mayores verificaciones- especialmente cuando de la propia prueba de la causa o por las propias manifestaciones del organismo recaudador, se advierte socavada la presunción de legitimidad de la cual goza el título ejecutivo, pues de lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales.
2. Bajo tales premisas, es que corresponde analizar si la excepción planteada tiene entidad suficiente para desvirtuar la fuerza ejecutiva de los instrumentos cartulares que se ejecutan, en los cuales se reclama deudas por impuesto a los ingresos brutos (períodos 2012/2015).
3. Recuerdo que uno de los pilares en los cuales el contribuyente apunta la excepción, se vincula al modo en que ARBA calcula la deuda exigida en los títulos base de esta ejecución.-
Examinados los mismos, estos son los títulos N° 981854, N° 981855 y N° 983664 que involucran, Recargo exigibles de los periodos 1 a 12 de 2012, periodo 1 a 12 de 2013 y 1 a 12 2014, y finalmente periodo 1 a 7 de 2015, se advierte en el sector inferior de los mismos y en el apartado observaciones, que la deuda es reclamada conforme art. 104 inc. "C" C.F. (T.O.2011 Y MODIFIC.), en efecto textualmente expresan "DEUDA ARBANET POSTCONCURSAL RECLAMADA CONFORME ART.104 INC.C C.F. (T.O.2011 Y MODIFIC.) - DAG (en los títulos N° 981854, N° 981855) y "DEUDA ARBANET RECLAMADA CONFORME ART.104 INC.C C.F. (T.O.2011 Y MODIFIC.) - DAG (en el titulo N° 983664).-
Que la norma citada prescribe en lo pertinente: "Se podrá ejecutar por vía de apremio y sin previa intimación de pago, la deuda por gravámenes, intereses y multas no abonadas en los términos establecidos y resultantes de: [.] c) Declaración jurada.".
Que sobre tal extremo el accionado, cuestionó la legitimidad del título sosteniendo que tal como lo evidencia la propia boleta de deuda, su formación se realizó sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente.
En este sentido, manifiesta el contribuyente, que nunca presentó esa documentación a ARBA desde su inscripción hasta el final del año 2015.-
Sentado ello, la prueba producida viene a echar luz sobre tal extremo, y cobra especial relevancia la prueba informativa producida en autos de fecha 10/12/2019 donde la ARBA informa que:".se verifica la falta de presentación de declaraciones juradas anuales (arbanet) hasta el año 2015 inclusive.", circunstancia que definitivamente me permite corroborar que los hechos invocados por la apremiada al referir que ".nunca presento esa documentación a ARBA desde su inscripción hasta el final del año 2015", resultan veraz.-
De este modo, encuentro que el propio organismo recaudador, es contradictorio, pues no puede sostener con sus propias aseveraciones, la legitimidad de los títulos que hoy pretende ejecutar, toda vez que no hay certeza ni elementos que permitan verificar de qué modo se ha determinado la deuda.-
En definitiva, no es la actitud asumida por el contribuyente -deudor o no deudor- lo que hace caer la exigibilidad de los títulos, sino la propia actitud asumida por el organismo recaudador, que pone en duda esa determinación de deuda. Pues resulta claro que en todo caso, ante la afirmación de la inexistencia de declaraciones juradas, el proceso de formación de título debió ser otro (arts. 42, 46, 47, 58 y ccdts. del Cód. Fiscal).-
En ese camino, la defensa opuesta sella la suerte adversa de esta ejecución, declarando en consecuencia la inhabilidad de los títulos que se pretenden ejecutar.-
4. Sin perjuicio de juzgar que lo expuesto precedentemente resulta suficiente para echar por tierra esta ejecución, no puedo soslayar que la segunda cuestión introducida por el accionado, refuerza aún más mi convicción de que el actuar del organismo recaudador, no solo no fue legítimo, sino que también se ve perjudicado, por los principios de buena fe, con el que debe ser ejercido todo derecho (art. 9 del C.C. y Com. de la Nación).-
Sostuvo el accionado, que en el año 2014, solicitó ante ARBA Delegación Mercedes, la baja retroactiva a la fecha que expresa la resolución N° 526, de la
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