Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 31343 2020
Expte. Nº 31343.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BENITEZ CESAR VALERIO S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Mayo de 2020.-cc
Estos autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BENITEZ CESAR VALERIO S/APREMIO PROVINCIAL", expediente Nº 13.343 que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 26/04/2018 se presenta el Dr. Alberto Alejandro Petre en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra el Sr. Cesar Valerio Benitez, por la suma de pesos cuarenta mil ochenta y nueve con veinte centavos ($40.089,20). El título que trae aparejada la ejecución resulta ser la liquidación de deuda por impuesto automotor allegada digitalmente con la demanda.-
2. Que citado a oponer excepciones, el demandado se presenta a fs. 1/15 y opone excepción de inhabilidad de título.-
Manifiesta que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, ha iniciado en su contra el presente apremio por el incumplimiento en el pago del impuesto automotor del vehículo VW CrossFox, dominio JHC-243.-
Afirma que la determinación del impuesto automotor establecida por el art. 43 de la Ley 14.983, remite a lo establecido en el art. 228 del Título III del Código Fiscal de la Pcia. de Bs.As., el cual transcribe.
Dice que con fecha 13 de abril 2015, ha vendido el vehículo generador del impuesto a la Sra. CAVALLARI, SILVANA CLAUDIA, con DNI Nº 24.462.305, domiciliada en la calle Pringles 1215, Piso 2º, Departamento "B", de la ciudad y partido de San Miguel (Adjunta Boleto de Compraventa).
Refiere que con fecha 11/04/2015, procedió a emitir el Certificado de Transferencia de Automotor (CETA), y que el 9 de octubre de 2015, efectuó la denuncia de venta, siendo así, como dejo de poseer dicho bien.-
Señala que si bien el art. 228 del Código Fiscal, establece que contribuyentes serán el "propietario de vehículo" y/o "adquirentes de los mismos que no hayan registrado la transferencia de dominio", es claro como después de la fecha de venta (13/04/2015), dejó de ser lo uno y lo otro.
Aduna que el derecho tributario provincial incorpora la figura categórica del "adquirente que no haya registrado la transferencia de dominio".
Considera que está en presencia de una disyunción excluyente que da sentido a la percepción del impuesto en base a la posesión y tenencia del bien. Y dice que, en el caso de no existir la venta que condiciona la cabeza del obligado del tributo, estaríamos frente al pago por parte del propietario.
No obstante ello, afirma que si se demuestra que dicho vehículo ha sido vendido a una persona que no ha transferido y se ha efectuado la denuncia de venta correspondiente en el Registro Automotor, cumpliendo con las normas vigentes, estamos frente al segundo caso y no al primero, porque es el mismo Estado (Nacional, Provincial o Municipal), quién dentro de sus funciones jurisdiccionales debe reunir la información necesaria a fin de determinar la titularidad del tributo sea de "propietario" o de "adquirente sin transferir" para no caer en un abuso del poder fiscal.
Agrega que con las pruebas arribadas, acredita una falta de legitimación pasiva en cuanto a la exigencia del tributo en cabeza del nuevo contribuyente: "el adquirente sin transferir".
Postula que el título por medio del cual basa su prueba el Fisco Provincial, se dá en el marco de un proceso de apremio acotado, de carácter ejecutivo y de clara operatividad, atento la real necesidad de recaudar que tiene la administración.
Aduce que ello no implica que la deuda se cobre a cualquier persona que se cruce, dado que la falta de legitimación sobre quien se reclama puede llegarnos a inducir que no importa el contribuyente sino la deuda.
Considera que se encuentra frente a un apremio con una inhabilidad de título, puesto que los períodos que el Fisco presenta su reclamo son posteriores al desprendimiento del bien, y que los períodos comprendidos en deuda, al momento de la compra, la Sra. CAVALLARI ha tomado el compromiso de abonarlos.
Aduna que la ha intimado mediante carta documento CD Nº 760366189, de fecha 23/03/2018 (antes del inicio del presente apremio), la cual transcribe.-
Niega en absoluto la deuda mediante la cual se le intenta imponer, por carecer el título de legitimación pasiva.
Por último, refiere que la titular del impuesto automotor (patentes) que el Fisco pretende cobrar es la Sra. CAVALLARI, SILVANA CLAUDIA (DNI Nº 24.462.305) adquirente del vehículo sin transferir, y peticiona se haga lugar a la excepción de inhabilidad de título.-
3. Que con fecha 07/06/2019, el apoderado fiscal interviniente contesta la excepción planteada y solicita su rechazo.
Señala que el Sr. BENITEZ, Cesar Valerio opuso excepción de inhabilidad de título por supuesta falta de legitimación pasiva, argumentando que con fecha 13 de abril de 2015, con anterioridad a devengarse la deuda vendió a la señora CAVALLARI, Silvana Claudia el automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo Crossfox, dominio JHC243, suscribiendo en esa oportunidad el formulario 08 que entregó al comprador para que efectúe la transferencia.-
Dice que el demandado expuso que con fecha 9 de octubre de 2015, efectuó la denuncia de venta con pedido de secuestro por ante el Registro de la Propiedad Automotor, y que el mismo intenta justificar que si bien continúa siendo el titular registral del automóvil, se debe a la omisión del comprador de efectuar la transferencia, entendiendo que la obligación de pago recae exclusivamente sobre el adquirente del vehículo.
Postula que a través del presente juicio se reclama la suma de $ 40.089,20 en concepto de deuda por impuesto automotor, por los períodos 1, 2, 3, 4, 5 del año 2014; 1, 2, 3, 4, 5 del año 2015; 1, 2, 3, 4, 5, del año 2016 y 1, 2, 3, 4, 5 del año 2017, instrumentada en el título ejecutivo N° 1006511, emitido en el marco del expediente administrativo N° 2360004963120180000, y que según la disposición normativa seria "A" Nº 546/2018, cumple en forma exacta con las exigencias legales (art. 9 de la ley 13.406 y art. 167 del Código Fiscal).
Hace una descripción pormenorizada del cartular y afirma que cumple con todas las formalidades de ley y es hábil.
Cita el marco legal, doctrina y jurisprudencia que hacen a su conteste, y arguye que el juicio de apremio es un proceso abreviado con expresas restricciones de debate para las partes y rigurosa prohibición para ingresar en controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.
Agrega que la parte demandada intenta fundar su defensa en cuestiones que implican inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el artículo 9 de la Ley 13.406.
Entiende que acceder a analizar la excepción en la forma planteada, exige incursionar en los trámites previos a la confección del título y con ello en la causa de la obligación, materia expresamente vedada en estos procesos.
Afirma que el título que se está ejecutando, es plenamente válido y hábil para justificar la admisión de la acción y la continuación de la presente ejecución pues cumple con todas las exigencias que establece el artículo 167 del Código Fiscal.
Arguye que la excepción en traslado excede el carácter taxativo que reviste el artículo 9 de la ley 13.406, que prevé que la excepción de inhabilidad del título ejecutivo deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas del mismo.
Dice, que en el título en cuestión, está claramente indicado el concepto reclamado, descripta la deuda pretendida, consignado el capital original, el monto de los intereses correspondientes, y el importe total en ejecución. Todo ello procesado y liquidado mediante sistemas de computación autorizados, y suscripto por funcionario competente.
Agrega que al ser legítimo y autosuficiente no puede admitirse su descalificación so pretexto de los cuestionamientos de la parte demandada que conducen, en rigor, a cuestionar la causa o sustancia de la obligación fiscal, lo cual no resulta viable en el marco del proceso de apremio.
Manifiesta que a partir de allí, y siendo que la inhabilidad del título sólo puede referirse a sus formas extrínsecas, debe desestimarse un planteo que pretenda poner en discusión el contenido de la deuda. En efecto, todo planteo que no refiera a la formalidad del título reconduce a un análisis de fondo que está impedido en el proceso de ejecución (máxime si no fue planteado en la sede pertinente).
Aduna que es obvio concluir que la defensa que se responde no pone en tela de juicio la validez formal del título, sino que tiende a cuestionar su causa y por esta razón debe ser rechazada íntegramente con costas.
Evoca que permitir embates como el efectuado en este proceso, no arrojaría otra conclusión que la de un claro desconocimiento a la presunción de legitimidad con la que se encuentra impregnado todo acto administrativo firme y consentido.
Indica la normativa aplicable y aduna que el régimen jurídico de la propiedad automotor, se encuentra legislado por el decreto ley nacional 6582/1958 y sus modificaciones.
Expresa que la transferencia del dominio sólo produce efectos entre las partes y a partir de su inscripción en el registro de la propiedad automotor, con relación a terceros.
Cita los arts. 19, 34, 228, y 229 del Código Fiscal, y alega que ante la ausencia de inscripción registral de la transferencia denunciada, sólo puede el titular registral eximirse del pago del impuesto cumpliendo en el marco del deber de comunicación previsto en el artículo 34 inc. b Código Fiscal (t.o. 2011), acreditando la denuncia impositiva de venta que prevé el artículo 229 t.o. 2011 y en la forma establecida en sus reglamentaciones.
Agrega que la "denuncia de venta" regulada en el artículo 27 del decreto ley N° 6.582/58, t.o. 1.114/97, tiene consecuencias sólo en lo que respecta a la exoneración de responsabilidad civil del titular registral por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor.
Indica que resulta inaplicable al caso la Ley Nacional nº 25.232 (modificatoria del art. 27 del Decreto 6582/58), porque vista la normativa local antes reseñada (arts. 16, 30, 205 y 206 del Código Fiscal)- la desvinculación del titular que por sí dispone contraría los arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional (cfm. C.S.J.N. "Provincia de Entre Ríos v. Estado Nacional", del 10/6/08, JA 2008-III-33.
Entiende que es evidente que la aplicación del artículo 1° de la ley 25.232 genera la existencia de un solo obligado al pago del tributo: el adquirente que no efectuó la trasferencia de dominio.
En consecuencia, considera que el régimen fiscal local se ve claramente afectado, desde que el Código Fiscal impone el pago del tributo -solidariamente- a los propietarios de vehículos y/o a los adquirentes de los mismos que no hayan efectuado la transferencia de dominio ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (art. 205 Ley 10.397 -t.o. por resolución 120/2004 Ministerio de Economía-).
Así, menciona que se genera la confrontación entre la norma local -dictada en uso de facultades reservadas por las Provincias mediante arts. 75 inc. 12 y 121 de la Carta Magna- y la norma nacional, que dirime la C.S.J.N. en "Entre Ríos c/Estado Nacional s/Acción declarativa de Inconstitucionalidad", sentencia del 10-VI-2008.
Manifiesta que en el citado precedente, la CSJN resolvió declarar la inconstitucionalidad de la Ley 25.232 por configurar una indebida intromisión de la Nación en materias no delegadas por las Provincias (art. 75 inc.12 y 121 CN).
Dice que la materia tributaria es de carácter local y posee autonomía por lo que no resulta factible que la ley nacional sustituya al sujeto obligado al pago del tributo provincial.
Por otra parte, afirma que el propio demandado reconoce la titularidad del bien objeto del impuesto automotor que se ejecuta, y al mismo tiempo no logra acreditar, para desligarse de su obligación, el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34, 228 y 229 del C.F., t.o 2011.
Manifiesta que en autos se encuentra acreditado que el ejecutado reviste el carácter de titular registral del automotor dominio JHC243, resultando definitorio, para la suerte del planteo que -en virtud del carácter constitutivo de la inscripción registral- la transferencia dominial sólo produce efectos entre las partes y con relación a terceros -entre ellos, el ejecutante- desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (art. 1º, decreto ley 6582/58, ratificado por ley 14467, y Cám. S.M., causa nº 287/05, "Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Thermec S.R.L. s/ apremio", del 9/12/05).
Aduna que como contribuyente del tributo en cuestión -impuesto a los automotores-, y a los fines de limitar su responsabilidad tributaria, el demandado podía hacer uso de la facultad prevista en el art. 206 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, efectuando la respectiva denuncia impositiva de venta. Ello, cumpliendo con el deber formal de comunicar a la Autoridad de Aplicación, dentro de los quince (15) días de verificado, cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a hechos imponibles o modificar o extinguir los existentes (art. 30 del Código citado).
Sin embargo, no surge constancia alguna de que el demandado haya efectuado las comunicaciones precedentemente indicadas que, eventualmente, dieran sustento a la alegada excepción de falta de legitimación pasiva, por lo cual no cabe más que rechazar el recurso de apelación bajo examen (CCASM, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Stinfale Victor Alejandro s/ Apremio", expte. Nº 1.994/2.010, sentencia dictada el 22 de junio de 2010).
A todo evento, destaca que la esgrimida "denuncia de venta" realizada el día 9 de octubre de 2015, ante el Registro de la Propiedad Automotor resulta insuficiente para enervar la fuerza ejecutiva del título de autos, por cuanto sólo tiene efectos sobre la exoneración de la responsabilidad civil.
Por lo tanto, entiende que de acuerdo a lo manifestado no queda duda alguna que el demandado en su carácter de titular registral al tiempo en que se devengó la deuda, no logra acreditar a los fines de eximirse de su obligación, los requisitos indicado en el Código Fiscal y reglamentaciones pertinentes respecto la denuncia impositiva de venta, no resultando suficiente.
Como colofón, dice que siendo que la defensa planteada no resulta admitida por la ley, que no se controvierte ningún elemento extrínseco del título ejecutivo, que no surge de las constancias de la causa una manifiesta inexistencia de deuda que amerite la flexibilización en el tratamiento de los requisitos de la defensa de inhabilidad, y porque en definitiva el demandado no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas fiscales para desligarse de su obligación, solicita se rechace la excepción, imponiendo las costas a la demandada.
4. Que con fecha 06/03/2020 en atención al estado del trámite, se llama autos para sentencia y;
1. Que el demandado ha dejado planteada la inhabilidad del título que se pretende ejecutar, fundado en la falta de legitimación pasiva.-
Al respecto resulta doctrina pacíficamente aceptada, que la excepción de inhabilidad de título sólo puede ser fundada en las formas extrínsecas del instrumento ejecutado, relativas a su encuadre en la enumeración legal, a la liquidez y exigibilidad de la deuda, y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación sustancial y procesal (Cfr. Falcón, Enrique M. -con cita H. Alsina y Podetti- en Procesos de Ejecución, Tº II, Pág.252, Rubinzal-Culzoni Editores), quedando excluído del examen judicial la causa de la obligación, en cuyo ámbito se incluye lo relativo a la determinación de la deuda (cfr. doc. SCBA Ac. 52544 del 7/2/95 y Ac. 72785 del 13/3/02). -
2. Asimismo, esta restricción ha sido acogida por las normas relativas al apremio fiscal, en la especie, el art. 9 de la ley 13.406 expresamente ha dispuesto: "Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son las siguientes: a) ... c) Inhabilidad del título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa. Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado...".-
3. En forma concordante, el art. 167 del Cód. Fiscal (t.o. Res. M.E. 39/11) dispone: "Las liquidaciones y/o determinaciones administrativas expedidas por la Autoridad de Aplicación, conforme la autorización del artículo 42 por medio de sistemas de computación, constituirán título suficiente a los efectos de la notificación, intimación y apremio, sin que se exijan los recaudos del artículo 114.- Las formas extrínsecas a las que se refiere el inciso b) del Artículo 6º de la Ley 9122, son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, la indicación de lugar y fecha de creación y el monto total del crédito".-
La mencionada limitación al planteo de controversias sobre el origen del crédito, encuentra fundamento en la presunción de legitimidad que, por virtud de su origen y naturaleza, acompaña a los respectivos títulos ejecutivos y obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan (cfr. doc. SCBA, AC 72785, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Gutiérrez, Jorge Constancio s/ Apremio", sent. del 13-3-2002; SCBA, Ac 90299 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cabanas, Raúl Alberto s/ Apremio" sent. del 24-5-2006).-
4. Resulta entonces, que dentro del marco doctrinario y legal referido precedentemente, la esgrimida "denuncia de venta" efectuada por el apremiado resulta insuficiente como defensa del derecho alegado.-
En efecto, el art. 228 dispone en su primer párrafo: "Los propietarios de vehículos automotores radicados en la Provincia y/o los adquirentes de los mismos que no hayan registrado la transferencia de dominio, pagarán anualmente el impuesto que, según los diferentes modelo-año, modelo de fabricación, tipos, categorías y/o valuaciones, se establezca en la Ley Impositiva.".-
Así el art. 229 expresa: "Los titulares de dominio podrán limitar su responsabilidad tributaria mediante Denuncia Impositiva de Venta formulada, indistintamente, ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires o ante el correspondiente Registro Seccional de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. Serán requisitos para efectuar dicha denuncia, no registrar, a la fecha de la misma, deudas referidas al gravamen y sus accesorios, haber formulado Denuncia de Venta ante dicho Registro Seccional, identificar fehacientemente -con carácter de declaración jurada- al adquirente y acompañar la documentación que a estos efectos determine la Autoridad de Aplicación. La falsedad de la declaración jurada a que se refiere el párrafo anterior y/o de los documentos que se acompañen, inhibirá la limitación de responsabilidad. En caso de error imputable al denunciante que imposibilite la notificación al nuevo responsable, la Denuncia Impositiva de Venta no tendrá efectos mientras el error no sea subsanado por el denunciante".-
A su vez, el art. 34 inc. b) t.o. 2011, del mismo cuerpo legal, pone en cabeza del contribuyente el deber formal de comunicar a la Autoridad de Aplicación, dentro de los quince días de verificado, cualquier cambio en su situación que pueda dar origen a hechos imponibles o modificar o extinguir los existentes.-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.