Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 37977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al planteo articulado, declarando en su consecuencia, la nulidad de los mandamientos de intimación de pago y embargo allegados en archivo adjunto con fecha 05/02/2020, de la sentencia de trance y remate de fecha 13/02/2020 y de los demás actos que resulten su consecuencia o alcanzados por los efectos de la nulidad.-
2Imponer las costas de la incidencia al fisco accionante, por su calidad de parte vencida (art. 51 inc. 2, ap. "A" del CPCC)
3Firme o consentida que se encuentre continuaran los autos conforme su estado.-
Estos autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PARQUE PAMPA S.A. Y OTRO/A S/ APREMIO PROVINCIAL", expediente Nº 37.977, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y;
I. Que con fecha 13/02/2020 se ha dictado sentencia de trance y remate mandando llevar adelante la presente ejecución contra PARQUE PAMPA S.A. y MARIO ESTEBAN REMONDINO.
II. Que con fecha 08/09/2020 (v. escrito de fecha 16/09/2020) se presentan los accionados y plantean la nulidad de las diligencias de intimación de pago.
Manifiestan que en el hipotético e improbable caso de que no se haga lugar a la nulidad, les generará un grave perjuicio privándolos de ejercer su derecho de defensa y demostrar que, previo a la expedición de la boleta de deuda, Parque Pampa S.A., había arribado a un acuerdo de pago.-
Como sustento del planteo efectuado refieren que Parque Pampa S.A. posee su planta productora dentro del denominado Parque Industrial del Oeste, sito en Darwin Passaponti 6002 (intersección de las rutas 24 y 25) de Moreno.-
Que dicho complejo industrial por cuestiones de seguridad, posee solo una vía de ingreso que se encuentra custodiada y administrada por la Asociación de Propietarios del Parque Industrial del Oeste y tiene frente a la calle Darwin Passaponti 6002.
Adunan que dicha vía de ingreso se encuentra custodiada por personal de seguridad del referido parque industrial quienes prestan tareas de forma continua e ininterrumpida los 365 días del año.-
Que en función de ello, indican que lo relacionado en los mandamientos de intimación de pago resulta completamente inverosímil, que habiéndose apersonado en el domicilio donde se refirió haberse constituido, este "no respondiendo nadie a mis reiterados llamados" procedió a fijar el mandamiento en la puerta de acceso al domicilio.
Afirman que la irregular forma en que el Oficial Ad Hoc incumplió su cometido, los privó del ejercicio de su derecho de defensa con la consecuente afectación al derecho de propiedad.
Por otro lado, hacen hincapié además que del informe de lo actuado en el supuesto acto de diligencia de intimación de pago, luce un evidente error material que pone en duda la seriedad de lo actuado y que determina su nulidad.
Arguyen que en dicha oportunidad se dejó constancia que la diligencia había tenido lugar el día 10 de diciembre de 2020, lo cual lució materialmente imposible, de considerarse que en teoría dicha diligencia habría tenido lugar al menos durante el año 2019.
Por ello, entienden que los mandamientos agregados en autos no cumplen con el requisito mínimo relativo a la precisión, en cuanto a la oportunidad en la cual la intimación de pago habría tenido lugar.
Asimismo, postulan a su vez, que resulta nula la diligencia que se pretendió practicar con relación al Sr. Remondino.
En tal sentido, señalan que conforme surge del título de deuda base de las presentes, el domicilio fiscal del co-ejecutado resulta ser Ruta 25 Km 7,5 de la Localidad de Francisco Alvarez, Pcia. de Buenos Aires.
Dicen al respecto, que la intimación cursada a un domicilio distinto al fiscal ha importado en el caso un proceder nulo, violatorio de las previsiones del Código Fiscal y ha importado en la práctica una injusta privación al derecho de defensa del Sr. Remondino.
Citan jurisprudencia, interponen excepciones, ofrecen prueba y peticionan.-
III. Que con fecha 05/10/2020 se corre traslado de la nulidad interpuesta y documentación acompañada.-
IV. Que con fecha 14/10/2020 la apoderada de la parte actora contesta el traslado conferido.-
Cita el artículo 32 del Cód. Fiscal (t.o 2011) y refiere que cuestiones vinculadas al domicilio fiscal (como son las pautas para su elección, el modo de constitución, los efectos de las notificaciones que allí se realicen, las consecuencias de la inexistencia del lugar, de la falta de comunicación de su cambio, el modo de comunicar el cambio, la subsistencia del mismo, etc.) se encuentran reguladas tanto en la norma referida (art. 32 del C.Fiscal -t.o.2011-) como en la reglamentación que ha ido dictando la autoridad de aplicación.
Sostiene que el domicilio fiscal forma parte -entonces- del plexo de responsabilidades que la ley pone en cabeza del sujeto pasivo tributario en forma paralela a la obligación de ingresar el tributo.
Señala que la ley no prevé sólo un efecto determinado para las notificaciones que se realicen en el domicilio fiscal, sino también, en forma previa, la obligación de denunciar su ubicación y cualquier modificación.
En ese contexto normativo, destaca principalmente lo siguiente: (a) que el domicilio fiscal debe ser denunciado por el contribuyente; (b) que en caso de no ser denunciado, o bien ante inexistencia del denunciado o falta de comunicación de su cambio, etc., la autoridad de aplicación puede fijarlo en el lugar donde -según la información a su alcance- se asiente el mismo; (c) que cuando no fuere posible la determinación del domicilio fiscal, la autoridad de aplicación puede fijarlo -entre otros sitios- en el despacho del funcionario a cargo de la Autoridad de Aplicación; y (d) que las notificaciones -tanto administrativas como judiciales- que se realicen en el domicilio que (ya sea por constitución por parte del contribuyente o por determinación de la Autoridad de Aplicación) tenga carácter de fiscal, resultan válidas y vinculantes.
Agrega que si bien lo dicho sería suficiente para solicitar el total rechazo del planteo nulitivo en traslado, no resulta sobreabundante realizar una breve referencia de la jurisprudencia aplicable al caso (la cual cita).-
Además resalta que, si bien es cierto que la vía adecuada para un planteo como el que se le da traslado es la redargución de falsedad, también lo es que resulta evidente que el oficial notificador ha incurrido en un error al consignar la fecha en que realizó la diligencia, la cual, indudablemente no pudo realizarse en "diciembre del año 2019, sino del 2020".
V. Que con fecha 27/10/2020 atento el estado de las presentes actuaciones, pasan los autos a despacho para resolver.
I. Que tratándose la presente ejecución de un proceso especial de apremio, deberán ser aplicadas las disposiciones específicamente previstas para el caso por la Ley 13.406 y ante aquello no previsto, deviene supletoriamente aplicable la normativa del Código Procesal Civil y Comercial (art. 25 de la Ley 13.406).-
Sentado ello, corresponde dilucidar entonces, si alguna de las circunstancias alegadas por los accionados en su descargo tienen la incidencia suficiente para hacer lugar a la nulidad solicitada.-
Que es pacíficamente aceptado en la doctrina y la jurisprudencia, que éste incidente de nulidad debe deducirse ante el juez a quo para cuestionar la validez del procedimiento seguido con violación de las formalidades legales, aún cuando entre los actos procesales que deban anularse, por implicancia se encuentren resoluciones judiciales perfectamente regulares (Conf. Curso de actualización de derecho procesal, Cosa juzgada- Revisión - Nulidades, pág. 138, Ed. Rubinzal Culzoni).-
Que no obsta a la promoción del incidente, que en la causa se hubiera pronunciado ya la sentencia definitiva. Así lo definió la Suprema Corte Provincial, al expresar que "la reparación de la violación de las reglas de procedimiento debe buscarse mediante la deducción de un incidente de nulidad en la instancia en que el vicio se produjo; sin que obste el hecho de que ya hubiere recaído pronunciamiento" (v. SCBA Ac. 8921 "Garbalena" AyS Tº 1965-II-259; v. también: CC0002 AZ 50251 RSD-206-7 S 17-12-2007, "García, Rubén Oscar c/ Fuentes, Gabriel H. s/ Cobro Ejecutivo").-
De este modo, y siendo que la nulidad planteada adolece de tratamiento procesal específico en la ley 13.406, como así también -tal se viera- que el juicio de apremio es una especie particular dentro del género de los procesos de ejecución que -por su naturaleza- resulta compatible con el juicio ejecutivo, corresponde recurrir, a los fines de su consideración y en primer lugar, a las normas que para este tipo de procesos regula la legislación ritual civil y comercial (Libro III, Título II, arts. 518 y sigtes.), por conducto del nominado art. 25 de la ley 13.406 y -además- en atención a su vinculación a través del principio de especialidad (cfr. doct. CámApelCont.Adm MDP, causa P-288-DO1 "Von Humefeld", sent. del 12-II-2009).-
Bajo ese escenario, resulta aplicable en la especie, lo dispuesto por el art. 543 del C.P.C.C., debiéndose cumplimentar para habilitar la vía de defensa que la norma prevee, los requisitos que la misma establece, cuando dispone claramente que: "El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el art. 540, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución. Podrá fundarse únicamente en: 1) No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones...".-
Circunstancia ésta última, que se ha producido, por cuanto la parte apremiada ha cumplimentado con el imperativo procesal de oponer defensa, planteando la excepción de inhabilidad de título y de espera.-
II. En tal sentido, atendiendo a los actos mismos de la intimación, conforme surge de las constancias allegadas en archivo digital adjunto de fecha 05/02/2020 se verifica que los mandamientos fueron diligenciados por el Oficial de Justicia Ad Hoc Federico Gamondi con fecha "10 de diciembre de 2020", a las 8:20 horas, en el domicilio fiscal de la demandada sito en Darwin Passaponti N° 6002 de la localidad de Moreno (v. títulos ejecutivos allegados digitalmente), los cuales fueron fijados en la puerta de acceso al domicilio de conformidad con lo establecido en el art. 24 de la ley 13406.-
III. De este modo, corresponde analizar el primero de los fundamentos nulificantes efectuados por los accionados, y siendo que el mismo se relaciona con cuestionamientos respecto de hechos que el oficial notificador ad hoc denunció en el acto de diligenciamiento como pasados en su presencia, lo cuales hacen plena fé hasta tanto no sean redargüidos de falsos, y no habiéndose cumplido en autos dicha circunstancia, corresponde sin más, en atención a los términos en que los reproches han sido formulados, su desestimación (art. 393 del C.P.C.C y su doctina).-
No obstante lo expuesto, distinta suerte ha de correr el segundo de los fundamentos enarbolados respecto al año consignado en las actas de diligenciamiento.-
Ello, por cuanto no sólo se verifica por los propios dichos efectuados por la accionante en su descargo al afirmar que: ".resulta evidente que el oficial notificador ha incurrido en un error al consignar la fecha en que realizó la diligencia." , sino también porque de las actas allegadas digitalmente surge como fecha de diligenciamiento el "10 de diciembre del 2020" (lo subrayado me pertenece), lo que conlleva a declarar su nulidad.
Al respecto, en la materia se ha afirmado que "No es exigible la demostración del perjuicio, pues éste surge notorio debido a que la notificación irregular impide la contestación de la demanda en término" (Notificaciones Procesales,Ed. Astrea, Alberto Luis Maurino, pag. 344) y asimismo la C.S.J.N, ha expresado que. "...el solo incumplimiento de los recaudos legales permite inferir la existencia de un perjuicio, solución que se compadece con la tutela de la garantia constitucional de la defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oido y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales" (CSJN, 20/8/97, LL, 1997-E-849).
De tal forma, el mandamiento de intimación de pago diligenciado en una fecha -claro está- que todavía no ha acontecido, opera -en juicios de ésta especie- como notificación de traslado de demanda (art. 529 C.P.C.C.).-
Así las cosas, la fecha de imposible verosimilitud indicada en el acta de notificación, siembra un estado de duda de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la diligencia se realizó, afectando de tal modo el derecho de defensa de la contraparte (art.15 Const. Pcial., art.18 Const. Nac.).-
Por ello, siendo que las intimaciones realizadas en la forma descripta han afectado la eficacia y validez de las diligencias cuestionadas, corresponde hacer lugar a la nulidad impetrada.-
Por otra parte, respecto al último de los fundamentos planteados en cuanto al domicilio en que fue notificado el codemandado Mario Esteban Remondino, en atención a como se resuelve la anterior cuestión, su tratamiento deviene inoficioso.-
POR ELLO, de conformidad con lo pedido, lo dispuesto en los artículos 171 Const. Pcial., arts. 2, 7, 24, 25 y cctes de la Ley 13.406, artículos 149, 169, 174, 540 y 543 del C.P.C.C., demás citas legales y constitucionales dadas;
1. Hacer lugar al planteo articulado, declarando en su consecuencia, la nulidad de los mandamientos de intimación de pago y embargo allegados en archivo adjunto con fecha 05/02/2020, de la sentencia de trance y remate de fecha 13/02/2020 y de los demás actos que resulten su consecuencia o alcanzados por los efectos de la nulidad.-
2. Imponer las costas de la incidencia al fisco accionante, por su calidad de parte vencida (art. 51 inc. 2, ap. "A" del CPCC)
3. Firme o consentida que se encuentre continuaran los autos conforme su estado.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Fin de la sentencia