Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 15317 2020
Expte. Nº 15317.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TRANSPORTE CEPEDA S.A. Y OTROS S/APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, de Febrero de 2020.-NG
Estos autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TRANSPORTE CEPEDA S.A. Y OTROS S/APREMIO PROVINCIAL", expediente Nº 15317, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 13/07/2012, se presenta el apoderado del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra TRANSPORTE CEPEDA S.A, SUSANA ALICIA SCHENONE y JOSE LUIS CEPEDA, por la suma de $142.832,44. Los títulos que trae aparejada la ejecución corresponden a la liquidación de deuda por impuesto a los Ingresos Brutos -títulos ejecutivos N° 552072 y 552066- (períodos 06/12 de 2001; 01, 03, 04 de 2002; 1 a 6 de 2003; 09, 10 y 11 de 2004 y 01 a 06 de 2005; con más las multas por omisión).-
2. Que citados los demandados, con fecha 07/06/2019, se presentan y oponen al planteo del Fisco, excepción de prescripción, excepción de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva.-
Asimismo, plantean la inconstitucionalidad del arts. 133 y 135 (actuales arts. 159 y 161) del Código Fiscal.-
3. Formulan su defensa de prescripción en relación a la totalidad de los períodos fiscales reclamados en los títulos ejecutivos N° 552066 y 552072, así como las sumas debidas en concepto de intereses.-
Como fundamento de su planteo citan jurisprudencia del Alto Tribunal Federal, entre ellos la causa "Filcrosa", y refieren que es el Estado Nacional quien ostenta la potestad de regular lo concerniente al vínculo obligacional entre acreedores y deudores, siendo la fijación del plazo de prescripción de las obligaciones, el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción -entre otros aspectos- facetas diversas de aquella misma facultad, por lo que conforme la regla de la jerarquía normativa establecida en el art. 31 CN, los estados provinciales deben adecuar su regulación a las pautas establecidas en el Código Civil vigente durante los períodos de las obligaciones fiscales discutidas en autos.-
En virtud de ello refieren, que para resolver la excepción planteada ha de estarse a lo dispuesto en las normas del Código Civil que regulan el instituto de la prescripción, y establecer en su consecuencia, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las normas del Código Fiscal que se aparten de las directrices que emanan del Código Civil.-
Transcriben los arts. 3956 del Código Civil y el art. 133 del Código Fiscal (actual art. 159) y concluyen que contrapuestas ambas normas, queda a la vista que el legislador provincial amplió indebidamente -a través de la fijación del punto de inicio del cómputo- el plazo prescriptivo de cada ejercicio fiscal al menos en un año.-
Por otra parte, mencionan que para el caso que se pretenda hacer valer alguna causal de suspensión de la prescripción, explican que de conformidad con la jurisprudencia sentada por el nombrado fallo "Filcrosa S-A", corresponde aplicar el art. 3986 del Código Civil, que establece que la prescripción liberatoria se suspende por una sola vez por la constitución en mora del deudor y tienen efecto durante un año.-
4. En lo que atañe a la excepción de inhabilidad de título, refieren que título es inhábil por cuanto el fisco no se encontraba posibilitado para exigir el importe de los supuestos créditos reclamados en su favor, sin antes haber dado tratamiento y resolución en sede administrativa a la impugnación deducida por su parte contra el acto administrativo compensatorio dictado por la Agencia Fiscal.-
Entienden al respecto, que tal impugnación implicó la suspensión de la ejecución a los fines de salvaguardar la debida defensa de los derechos que art. 15 de la Constitución Provincial.-
5. En acápite por separado, plantean subsidiariamente la falta de legitimación pasiva, formulando la inconstitucionalidad de los arts. 18 y 21 del Código Fiscal (actuales arts. 21 y 24 t.o según Res. 39/2011) en cuanto extienden la responsabilidad del pago impuesto a los integrantes del órgano de administración de la sociedad, ello por alterar normas que corresponde regular en forma exclusiva al Estado Nacional y prescindir de considerar la teoría organicista receptada por la Ley de Sociedades, en virtud de la cual los representantes de la sociedad -como regla general- no responden ante terceros por los actos que realicen en calidad de tales.-
Citan jurisprudencia relativa al caso.
Por ultimo ofrecen prueba y peticionan.
3. Que con fecha 11/10/2019, el Dr. Franco Mediotte -apoderado fiscal interviniente- contesta las excepciones opuestas por los apremiados.-
Alega que la accionada ha planteado la declaración de inconstitucionalidad del art.159 (ex art. 133) del Código Fiscal y como consecuencia de ello interpone la excepción de prescripción de los periodos reclamados en autos. Asimismo, deja planteada la aplicación del caso "Filcrosa". Y que por último, deja en subsidio planteada la inhabilidad de titulo por considerar que el acto administrativo fue impugnado y no se encuentra firme".
A renglón seguido sostiene la Constitucionalidad de la norma del Código Fiscal y la consecuente improcedencia de la directa aplicación del Código Civil; como así también la inaplicabilidad de la doctrina judicial "Filcrosa" desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación.-
Aborda a lo largo de su relato la inexistencia de contradicción entre la norma del art. 157 del Código Fiscal y el art. 2560 del código civil, al respecto refiere que coincidentemente ambas normas fijan un plazo de prescripción de cinco años desde que la obligación es exigible. La norma del art. 2554 marca el inicio del cómputo de la prescripción, esto es desde el día en que la prestación es exigible. Es decir, el conteo principia desde el primer día en que la acción puede ser ejercida judicialmente para reclamar el cumplimiento de la prestación debida.
Explica que siguiendo dicho razonamiento el Estado provincial tiene la indiscutible atribución constitucional de crear la obligación fiscal, y lógicamente también tiene la facultad de determinar el momento de su exigibilidad, que no es otro que el primer día del año siguiente, y esto no violenta en nada la norma del art. 2560 del código civil y comercial.-
Asegura que el sistema fiscal establece específicamente el plazo de prescripción de la deuda proveniente de impuestos provinciales, y que las normas generales de la prescripción civil sólo serían aplicables subsidiariamente, a falta de disposiciones expresas (art.2560), desde que el Código Civil y Comercial está destinado a regir relaciones de derecho privado y no las que se originan entre el Estado y sus gobernados cuando aquél obra como poder público en ejercicio de su soberanía e imperio (conf. doct. causa Ac. 58.937, sent. del 31III1998).-
En ese sentido, manifiesta que quien tiene la facultad de crear la obligación tributaria, lógicamente también está habilitado para regular la forma de su extinción. Siendo ello así, cabe concluir que no resulta inconstitucional el art. 159 del Código Fiscal, en rigor de verdad, el art.159 del Código no establece un plazo de prescripción distinto al del código civil y comercial, sino que en función de la especialidad de la materia determina el momento a partir del cual comienza a correr el plazo en esta especifica relación tributaria.-
Cita vasta jurisprudencia relativa al caso.
Por separado plantea la inaplicabilidad del caso "Filcrosa", trayendo a colación lo dicho por la magistrada Carmen M. Argibay, en oportunidad de evaluar la aplicación de la doctrina emanada del caso "Filcrosa" a la tasa de seguridad e higiene impuesta por la Municipalidad de La Matanza (caso "Casa Casmma S.R.L." del 26 de marzo de 2009).
Refiere que el nuevo Código en su artículo 2532, confirma expresamente la competencia de las legislaciones locales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos y asegura que lo dispuesto por el nuevo Código unificado no innova -ni podría hacerlo- en la distribución de competencias prevista por los artículos 75 inc. 12, 121 y cc. de la Constitución Nacional. Sólo razones de dinámica política, sumadas a la necesidad de -en palabras de Carmen Argibay- introducir precisiones en los textos legislativos, justifican el tratamiento del tema por parte del Congreso Nacional (en los artículos 2532 y 2560) derribando así las interpretaciones judiciales derivadas del caso "Filcrosa".
Con un análisis detallado del fallo que cita, culmina asegurando que la aplicación del antecedente "Filcrosa" ha caído en abstracto, producto de la entrada en vigencia de las normas del Código Civil y Comercial, en el cual autoriza a las legislaciones locales establecer plazos distintos respecto al instituto prescriptivo liberatorio.-
En cuanto a la excepción de inhabilidad de título, explica que el juicio de apremio es un proceso abreviado con expresas restricciones de debate para las partes y rigurosa prohibición para ingresar en controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.
Detalla los requisitos requeridos para la validez del título ejecutivo y transcribe el art. 9 de la ley 13.406.
Argumenta que la parte demandada intenta fundar su defensa en cuestiones que implican inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el artículo 9 de la Ley 13.406.
Por ultimo asegura que siendo que la inhabilidad del título sólo puede referirse a sus formas extrínsecas, debe desestimarse un planteo que pretenda poner en discusión el contenido de la deuda. En efecto, todo planteo que no refiera a la formalidad del título reconduce a un análisis de fondo que está impedido en el proceso de ejecución (máxime si no fue planteado en la sede pertinente).
Ofrece prueba y peticiona.-
4. Que en atención al estado del trámite, con fecha 10/02/2020, se llama autos para sentencia y;
I. Que el fisco accionante inicia la presente ejecución reclamando a los contribuyentes el pago de los períodos 06 a12 de 2001; 01, 03, 04 de 2002; 1 a 6 de 2003; 09, 10 y 11 de 2004 y 01 a 06 de 2005; correspondientes al impuesto a los Ingresos Brutos, y multas por omisión según se desprende de los títulos ejecutivos Nº 552072 y 552066- allegados con la demanda.-
II. Que los accionados oponen la excepción de prescripción, excepción de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva, mediante las cuales pretenden la liberación de pago de las obligaciones nacidas en los títulos mencionados.-
Asimismo, plantean la inconstitucionalidad del arts. 133 y 135 (actuales arts. 159 y 161) del Código Fiscal.-
III. En primer lugar corresponde dar tratamiento a la excepción de prescripción y teniendo en cuenta que las obligaciones fiscales resultan ser de los años 2001 a 2005, es decir en amparo de la vigencia del Código Civil hoy derogado, he de señalar que no resultan aplicables las normas contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts.7, 2537 y cctes. CCyCN).
IV. A los efectos de examinar la procedencia de la excepción opuesta, deviene necesario tener presente la doctrina sentada tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada causa "Filcrosa S.A." (Fallo 326:3899), como por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa 81.253 "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (sentencia del 30/05/2007), en cuanto reconocieron que en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la C.N., es potestad del legislador nacional regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos códigos.-
En ese sentido, se ha expresado también la Corte Provincial en las causas SCBA 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Escudero, Jorge Roberto s/ Apremio" del 14 de julio de 2010 y en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fadra S.R.L., López Osvaldo y Lobato Emilio Tomás s/ Apremio".
Así ha declarado nuestro Máximo Tribunal provincial que: "...no podía entenderse que al reservarse las provincias la facultad de determinar hechos imponibles y establecer tributos sobre esa base, se haya reservado también la potestad de regular otros aspectos que hacen a la obligación fiscal y que pertenecen a la regulación general de las obligaciones. Ello no sólo en virtud de la prelación que el art. 31 de la Constitución Nacional acuerda a las leyes nacionales en materia sustantiva (art. 75 inc. 12, Const. Nac.) sino también porque entiendo que el art. 131 del Código Fiscal sienta las bases para una discriminación incompatible con el principio de igualdad (art. 16, Const. Nac.)" (SCBA c 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Escudero, Jorge Roberto. Apremio" 14/07/2010 - Voto del Dr. Negri).-
Por su lado, el Alto Tribunal Federal, ponderó: "...que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores correspondía a la ley de fondo, estando vedado a las provincias -y a los municipios- dictar reglas incompatibles con las consagradas por los Códigos de fondo, ya que, al haber conferido a la Nación la potestad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan". (conf. a doctrina citada en fallo "Filcrosa S.A.").-
Entiendo por lo expuesto, que en materia de fijación de los plazos de prescripción de las obligaciones, como el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción, los estados provinciales -en orden a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional- deben adecuar su regulación a las pautas ya consagradas del Código Civil, en tanto y por cuanto solo el Estado Nacional es quien ostenta la facultad de regular estos aspectos que hacen a las obligaciones en general.-
Tal línea doctrinaria, ha sido reafirmada por la Corte Nacional en la que compartiendo los fundamentos dados por la Procuradora Fiscal, se remitió al Dictamen de aquella, en la que se afirma -sostenida en doctrina judicial del propio Tribunal- que "... si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que este fijo su computo" (v. CSN "Fisco de la Provincia c. Ullate, Alicia Inés- Ejecutivo - apelación - recurso directo" , sentencia del 01/11/2011, Dictamen del 16/05/2011). Subrayando, con posterioridad -en una causa análoga- que "... Parece necesario insistir aquí, una vez más, en que, como dijo esa Corte, la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho" (v. CSN "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni, Julio Heriberto s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos" sentencia 6 de diciembre de 2011; Dictamen de fecha 15 de julio de 2011).
V. Que uno de los planteos principales de esta controversia se dirige, como ya lo expresara, a la contradicción entre las normas integrativas del Código Fiscal, que regulan la prescripción y las normas de fondo del Código Civil.-
Al respecto, así lo ha pronunciado la Suprema Corte Provincial al decir que: "... De nada valdría afirmar enfáticamente la supremacía constitucional frente a toda norma inferior, si luego se la limita al extremo de obligar a los jueces a aplicar normas repugnantes a la Constitución Nacional, por la sola circunstancia que las partes no advirtieron tal colisión; si el juez debe acatar en primer lugar la Constitución, así debe ser en toda circunstancia; si no se discute que el magistrado está vinculado a los hechos que resultan afirmados y probados o admitidos en el litigio y no al derecho que invoquen las partes, es inexplicable que pueda elegir la norma inferior que considera adecuada al caso, pero no pueda hacer lo mismo con la norma máxima (Constitución) a la que las primeras están subordinadas y debe adecuarse so pena de descalificación (SCBA, C 79083 S 18-11-2009 "Dirección General Impositiva, s/ Incidente de revisión art. 37, en autos "Cía. Ómnibus La Unión S.R.L..Concurso preventivo"; ver también SCBA. "Zarinatto" L. 83.781, sent. del 22/12/2004).-
Precisando que "...La declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes" (SCBA, C 94663 S 18-2-2009, I.,M. c/ H.,d. s/ Reclamación de filiación, petición herencia y beneficio de litigar sin gastos" - SCBA, L 92095 S 1-9-2010 "Moyano, José Omar y otros c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca s/ Indemnización por despido" entre otros).-
Bajo tales precedentes y reiterando lo resuelto en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Silva Eduardo Manuel s/ Apremio" expte. nº 8073 con fecha 28/04/2011 de este mismo juzgado, entre otras, sólo puedo concluir que la defensa de prescripción opuesta, debe ser juzgada de acuerdo a las normas de la ley de fondo, para determinar en la especie, si existe incompatibilidad con las disposiciones del Código Fiscal que conlleven necesariamente a la declaración de inconstitucionalidad.-
VI. Desde esta óptica, es preciso señalar, que no media controversia entre las partes respecto al plazo quinquenal de prescripción (art. 157 del Código Fiscal ley 10397 t.o 2011, art. 4027 del Código Civil).-
VII. Por el contrario, se verifica tal divergencia en relación al momento en que debe comenzar a computarse aquel plazo extintivo.-
Sobre el particular el art. 3956 del Código Civil -vigente al momento de los períodos objeto de controversia-, establecía que: "La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienzan a correr desde la fecha del título de la obligación".-
En relación a esa norma, recuerdo que la doctrina había destacado, que la mención "fecha del título de la obligación" no es muy efectiva, desde antiguo se ha interpretado con un criterio amplio y la Corte ha establecido que: "El término de la prescripción comienza a correr, como resulta del art. 3956 C.C., desde que la obligación del deudor sea exigible para el acreedor; es decir desde el día en que éste pueda ejercer la acción correspondiente, pidiendo el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación" (v. Lema, Rodrigo "La prescripción de las obligaciones tributarias provinciales y municipales" Lexis Nº 0003/015325, y su cita de Fallos 193:359).-
Y en la especie el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26994) regula la cuestión, de análoga manera, cuando dispone en su art. 2554 que: "El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible".
En cambio, el actual art. 159 del C.F. (t.o 2011), prescribe: "Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen".-
Resulta claro, que en esta última norma el legislador ha tomado como punto de partida, el año siguiente (1º de enero) a la fecha de vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para presentar las declara
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.