Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 36462 2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al planteo articulado, declarando en su consecuencia, la nulidad del mandamiento de intimación de pago y embargo allegado en archivo adjunto con fecha 10/03/2020, de la sentencia de trance y remate de fecha 16/03/2020 y de los demás actos que resulten su consecuencia o alcanzados por los efectos de la nulidad.-
2Imponer las costas de la incidencia al fisco accionante, por su calidad de parte vencida (art. 51 inc. 1 CPCA; art.69 CPCC).-
3Firme o consentida que se encuentre continuaran los autos conforme su estado.-
Expte. Nº 36.462.-
Autos: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ YAN PIAOXIANG S/ APREMIO PROVINCIAL".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-cc
Estos autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ YAN PIAOXIANG S/ APREMIO PROVINCIAL" Expte. Nº 36.462, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y;
I. Que con fecha 16/03/2020 se ha dictado sentencia de trance y remate mandando llevar adelante la presente ejecución contra YAN PIAOXIANG.-
II. Que el 26/05/2020 se presenta el accionado y plantea la nulidad de la notificación de la demanda por violación del debido proceso y defensa en juicio, oponiendo subsidiariamente las defensas que le asisten.
Relata los antecedentes fácticos relacionadas con el planteo que efectúa, cita doctrina y jurisprudencia.
Manifiesta que la ARBA denuncia como su domicilio el sito en calle Marcelino Soule 9550, Moreno, Pcia. de Bs.As.
Refiere que tal dirección es errónea y que desconoce de su existencia, ya que su domicilio es el sito en calle Marcelino Soule 955, Moreno, Pcia. de Bs.As.
Aduna que la actora erró en la carga correcta del domicilio donde se afinca.
Afirma que la irregularidad de la notificación resulta evidente, toda vez que de la simple lectura del informe se observa que el oficial notificador (ad hoc) se constituyó en el domicilio sito en calle Marcelino Soule 9550 (domicilio que -según indica- no existe), y no respondiendo nadie a sus llamados procedió a fijar el mandamiento con copias en la puerta de acceso al domicilio (extremo -que también indica- de imposible cumplimiento).
Indica que resulta de suma importancia que el actor como medida preliminar a la interposición de demanda tome los recaudos correspondientes a fin de conocer el domicilio legal de quien pretende demandar.
Refiere que el accionante no puede reemplazar el domicilio legal, por cual otro domicilio que tuviera conocimiento de la parte demandada.
En función de ello, arguye que la notificación del traslado de demanda es sin duda la más importante de todas las que se practican en el proceso, al constituir el primer acto de anoticiamiento de su existencia, entendiendo que a los efectos de apreciar el cumplimiento de los recaudos legales requeridos para la notificación, hay que proceder con criterio estricto y en caso de dudas, hay que atenerse a la solución que evite vulnerar sus derechos de origen constitucional.
Como colorario, dice que ha tomado conocimiento de una acción en su contra, que ha tenido acceso al expediente electrónico del cual surge el texto de la demanda (trascrito), pero que no se encuentra digitalizada la documental que avala la pretensión, lo que genera una desprotección mayúscula y produce una desventaja evidente, infiriendo por ello, que todas las garantías que hacen a su defensa se ven anuladas sin justificación alguna.-
Menciona que tomó conocimiento de la existencia de las presentes actuaciones por medio de la compulsa electrónica de la mesa virtual y que atento lo resuelto el 16/03/2020, su presentación es realizada en término.-
Postula que la pretensa notificación al domicilio denunciado es absurda y agraviante al sentido común, habida cuenta de que no sólo no se condice con la numeración exacta de su domicilio, sino que tampoco tiene conocimiento de la existencia de esa numeración en dicha arteria.-
Cita jurisprudencia, ofrece prueba, opone excepción y peticiona.-
III. Que corrido el traslado de la nulidad interpuesta, el apoderado de la parte actora lo contesta con fecha 10/06/2020.-
Alega que la demandada parte de una premisa totalmente errónea, al consignar que ARBA denuncia en el título ejecutivo el domicilio ubicado en la calle Marcelino Soule 9550 de Moreno, pues indica que el domicilio fiscal es denunciado y constituido por el contribuyente.-
Cita el artículo 32 del Cód. Fiscal (t.o 2011) y refiere que cuestiones vinculadas al domicilio fiscal (como son las pautas para su elección, el modo de constitución, los efectos de las notificaciones que allí se realicen, las consecuencias de la inexistencia del lugar, de la falta de comunicación de su cambio, el modo de comunicar el cambio, la subsistencia del mismo, etc.) se encuentran reguladas tanto en la norma referida (art. 32 del C.Fiscal -t.o.2011-) como en la reglamentación que ha ido dictando la autoridad de aplicación.
Sostiene que el domicilio fiscal forma parte -entonces- del plexo de responsabilidades que la ley pone en cabeza del sujeto pasivo tributario en forma paralela a la obligación de ingresar el tributo.
Señala que la ley no prevé sólo un efecto determinado para las notificaciones que se realicen en el domicilio fiscal, sino también, en forma previa, la obligación de denunciar su ubicación y cualquier modificación.
En ese contexto normativo, destaca principalmente que: (a) el domicilio fiscal debe ser denunciado por el contribuyente; (b) que en caso de no ser denunciado, o bien ante inexistencia del denunciado o falta de comunicación de su cambio, etc., la autoridad de aplicación puede fijarlo en el lugar donde -según la información a su alcance- se asiente el mismo; (c) que cuando no fuere posible la determinación del domicilio fiscal, la autoridad de aplicación puede fijarlo -entre otros sitios- en el despacho del funcionario a cargo de la Autoridad de Aplicación; y (d) que las notificaciones -tanto administrativas como judiciales- que se realicen en el domicilio que (ya sea por constitución por parte del contribuyente o por determinación de la Autoridad de Aplicación) tenga carácter de fiscal, resultan válidas y vinculantes.
Arguye que resulta absurdo que la demandada pretenda negar en esta instancia la validez de la notificación realizada en su domicilio fiscal, en tanto los efectos vinculantes de la misma se encuentran previstos en una norma vigente y de indiscutible razonabilidad.
Agrega que si bien lo dicho sería suficiente para solicitar el total rechazo del planteo nulitivo en traslado, no resulta sobreabundante realizar una breve referencia de la jurisprudencia aplicable al caso (la cual cita).
Indica que resulta claro que existe un error de interpretación en cuanto a la naturaleza del domicilio fiscal y los alcances que tanto el Código Fiscal como la doctrina y jurisprudencia asignan al mismo.
Refiere que de todo el escrito en responde surge la interpretación que asigna la accionada a este domicilio, que considera como que el mismo ha sido denunciado por ARBA y que es carga de éste Organismo recaudador averiguar y tomar los recaudos al momento de conocer el domicilio fiscal de los contribuyentes.
Razonamiento que -según dice- va en contra de la naturaleza misma del domicilio fiscal que es constituido por los contribuyentes al momento de registrarse en los organismos de recaudación, tales como ARBA y AFIP.
Concluye que las circunstancias expuestas por la demandada y los argumentos vertidos para justificar su petición resultan improcedentes, por lo que solicita su rechazo.
IV. Que con fecha 12/06/2020 y 13/07/2020 se proveen las pruebas ofrecidas por las partes y el 28/05/2021 se hace lugar a la negligencia planteada respecto de una prueba ofrecida por la parte actora.
V. Que con fecha 15/06/2021 atento el estado de las presentes actuaciones, pasan los autos a despacho para resolver.
I. Que tratándose la presente ejecución de un proceso especial de apremio, deberán ser aplicadas las disposiciones específicamente previstas para el caso por la Ley 13.406 y ante aquello no previsto, deviene supletoriamente aplicable la normativa del Código Procesal Civil y Comercial (art. 25 de la Ley 13.406).
Sentado ello, corresponde dilucidar entonces, si alguna de las circunstancias alegadas por el accionado en su descargo y la prueba producida tienen la incidencia suficiente para hacer lugar a la nulidad solicitada.
Que es pacíficamente aceptado en la doctrina y la jurisprudencia, que éste incidente de nulidad debe deducirse ante el juez a quo para cuestionar la validez del procedimiento seguido con violación de las formalidades legales, aún cuando entre los actos procesales que deban anularse, por implicancia se encuentren resoluciones judiciales perfectamente regulares (Conf. Curso de actualización de derecho procesal, Cosa juzgada- Revisión - Nulidades, pág. 138, Ed. Rubinzal Culzoni).
Que no obsta a la promoción del incidente, que en la causa se hubiera pronunciado ya la sentencia definitiva. Así lo definió la Suprema Corte Provincial, al expresar que "la reparación de la violación de las reglas de procedimiento debe buscarse mediante la deducción de un incidente de nulidad en la instancia en que el vicio se produjo; sin que obste el hecho de que ya hubiere recaído pronunciamiento" (v. SCBA Ac. 8921 "Garbalena" AyS Tº 1965-II-259; v. también: CC0002 AZ 50251 RSD-206-7 S 17-12-2007, "García, Rubén Oscar c/ Fuentes, Gabriel H. s/ Cobro Ejecutivo").
De este modo, y siendo que la nulidad planteada adolece de tratamiento procesal específico en la ley 13.406, como así también -tal se viera- que el juicio de apremio es una especie particular dentro del género de los procesos de ejecución que -por su naturaleza- resulta compatible con el juicio ejecutivo, corresponde recurrir, a los fines de su consideración y en primer lugar, a las normas que para este tipo de procesos regula la legislación ritual civil y comercial (Libro III, Título II, arts. 518 y sigtes.), por conducto del nominado art. 25 de la ley 13.406 y -además- en atención a su vinculación a través del principio de especialidad (cfr. doct. Cám.Apel.Cont.Adm. MDP, causa P-288-DO1 "Von Humefeld", sent. del 12-II-2009).
Bajo ese escenario, resulta aplicable en la especie, lo dispuesto por el art. 543 del C.P.C.C., debiéndose cumplimentar para habilitar la vía de defensa que la norma autoriza los requisitos que la misma establece, cuando dispone claramente que: "El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el art. 540, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución. Podrá fundarse únicamente en: 1) No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones...".-
Circunstancia ésta última, que se ha producido, por cuanto la parte apremiada ha cumplimentado con el imperativo procesal de oponer defensa, planteando la excepción de inhabilidad de título.
II. En tal sentido, atendiendo al acto mismo de la intimación de pago conforme surge de las constancias allegadas en archivo digital adjunto de fecha 10/03/2020, se verifica que el mandamiento fue diligenciado por la Oficial de Justicia Ad Hoc Marisa Remoli con fecha 12 de diciembre de 2019, a las 10:35 horas, en el domicilio fiscal del demandado sito en "Marcelino Soule N° 9550" de la localidad de Moreno (v. título ejecutivo allegado digitalmente), el cual fue fijado en la puerta de acceso al domicilio de conformidad con lo establecido en el art. 24 de la ley 13406.
III. De este modo, analizados los términos vertidos por las partes y la prueba producida en autos puede verificarse que le asiste razón al apremiado por cuanto la intimación realizada en la forma precedentemente descripta ha sido practicada en un domicilio que no existe.
Concluyente en este sentido, resulta la contestación de la requisitoria librada al Municipio de Moreno el cual ha informado en el archivo adjunto de fecha 04/05/2021 que: "La calle Marcelino Soulé comienza en la numeración en el rango 1-399 y luego continúa con el rango 851-1299 y que la dirección M. Soulé N° 9550 es inexistente en el Partido de Moreno" (lo subrayado me pertenece).
Circunstancia que me conduce -en el presente caso- a declarar la nulidad del mandamiento en virtud que la intimación realizada de ese modo, ha afectado la eficacia y validez de la diligencia cuestionada.
En efecto, asi lo debo considerar, pues aún cuando la denuncia y constitución del domicilio fiscal resulta ser una de las responsabilidades que la ley pone en cabeza del sujeto pasivo tributario, como lo afirmara el apoderado fiscal en su defensa, cabe hacer excepción al principio de que aquel domicilio denunciado "... para todos los efectos tributarios, tiene el carácter de domicilio constituido, siendo validas y vinculantes todas las notificaciones administrativas y judiciales que allí se realicen" (cfme. art.32 C.F.), cuando se determina la inexistencia material del domicilio fiscal que surge del instrumento cartular y al propio tiempo el fisco no acredita -siquiera indiciariamente- que el indicado haya sido el domicilio que denunciara el contribuyente en su sede.
Y activa la conclusión que antecede, la propia actitud asumida en la incidencia por el fisco actor, desde el momento que ofrece la prueba dirigida a acreditar su afirmación -en cuanto a que los términos en que se indico el domicilio en el titulo ejecutivo tienen su génesis en que asi lo denuncio el contribuyente- sin embargo, arribado la litis a esta instancia, tal acreditación se revela fracasada (ver resolución del 28/05/21).
En definitiva, frente a tales circunstancias probatorias, hacer jugar sin cortapisas lo previsto en el citado art.32 del Codigo Fiscal, pone en serio riesgo el respeto de la garantía de defensa en juicio a la que debe tributar el proceso (arts.15 C.P.; art. 18 C.N.).
Al respecto, en la materia se ha afirmado que "No es exigible la demostración del perjuicio, pues éste surge notorio debido a que la notificación irregular impide la contestación de la demanda en término" (Notificaciones Procesales, Ed. Astrea, Alberto Luis Maurino, pag. 344) y asimismo la C.S.J.N, ha expresado que. "...el solo incumplimiento de los recaudos legales permite inferir la existencia de un perjuicio, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional de la defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales" (CSJN, 20/8/97, LL, 1997-E-849).
Y no esta demás recordar, que el mandamiento de intimación de pago diligenciado en un domicilio que no existe, opera -en juicios de ésta especie- como notificación de traslado de demanda (art. 529 C.P.C.C.).
Por todo lo expuesto, habiéndose diligenciado el mandamiento de intimación de pago en un domicilio inexistente, afectando el derecho de defensa del accionado (art. 15 Const. Pcial., art.18 Const. Nac.), corresponde hacer lugar al planteo articulado y declarar la nulidad del mandamiento de intimación de pago cuestionado, de la sentencia de trance y remate de fecha 16/03/2020 y de los demás actos que resulten su consecuencia o alcanzados por los efectos de la nulidad.
POR ELLO, de conformidad con lo pedido, lo dispuesto en los artículos 171 Const. Pcial., arts. 2, 7, 24, 25 y cctes de la Ley 13.406, artículos 149, 169, 174, 540 y 543 del C.P.C.C., demás citas legales y constitucionales dadas;
1. Hacer lugar al planteo articulado, declarando en su consecuencia, la nulidad del mandamiento de intimación de pago y embargo allegado en archivo adjunto con fecha 10/03/2020, de la sentencia de trance y remate de fecha 16/03/2020 y de los demás actos que resulten su consecuencia o alcanzados por los efectos de la nulidad.-
2. Imponer las costas de la incidencia al fisco accionante, por su calidad de parte vencida (art. 51 inc. 1 CPCA; art.69 CPCC).-
3. Firme o consentida que se encuentre continuaran los autos conforme su estado.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Fin de la sentencia