Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 26605
Estos autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SAJONA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA Y MANDATARIA S/ APREMIO PROVINCIAL " Expte. Nº 26605, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y;
I. Que con fecha 15/09/2021 se ha dictado sentencia de trance y remate mandando llevar adelante la presente ejecución contra SAJONA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA Y MANDATARIA.-
II. Que el 29/06/2022 se presenta el accionado y plantea la nulidad de la notificación de la demanda por violación del debido proceso y defensa en juicio, oponiendo subsidiariamente las defensas que le asisten.
Al efecto relata que, su mandante efectivamente tiene domicilio social y fiscal en Av. Diagonal Norte 2363, La Reja, Moreno, Pcia de Buenos Aires y que si bien es cierto que coincide dicha dirección con la Ruta 25, km 10.500. -no se trata de un "Supermercado Chino" ya que dicho supermercado se encuentra del lado de la numeración par de la Av. Diagonal Norte.
Aclara que, el "Supermercado Chino" en el cual pretendió la actora, notificar a su mandante se encuentra enfrente, cruzando la ruta, de las oficinas de SAJONA SA.
Asimismo, resalta que, la persona en la cual se practicó la notificación es totalmente ajena a SAJONA SAFyM y que si bien ésta manifestó conocerla, lo cierto es que por su nombre y DNI se trata de una persona extranjera que pudo no haber comprendido lo que se le manifestaba.
Indica que, resulta claro que su mandante, no fue notificado correctamente y es por ello que la nulidad planteada debe tener acogida favorable.
Manifiesta que su parte, tomó conocimiento de las presentes actuaciones el día 23 de junio de 2022, al consultar la base de juicios a efectos de presentar su balance anual y que antes de ello no tuvo conocimiento del mismo, por lo que el escrito es presentado dentro de los cinco días de tener conocimiento del mismo.
III. Que corrido el traslado de la nulidad interpuesta, el Fisco de la Pcia. de Bs. As. no se presentó a contestarlo.-
IV. Que en este estado de las actuaciones se procede a resolver el incidente de nulidad impetrado.
I. Que tratándose la presente ejecución de un proceso especial de apremio, deberán ser aplicadas las disposiciones específicamente previstas para el caso por la Ley 13.406 y ante aquello no previsto, deviene supletoriamente aplicable la normativa del Código Procesal Civil y Comercial (art. 25 de la Ley 13.406).
Sentado ello, corresponde dilucidar entonces, si las razones expuestas por el accionado en su descargo, tienen la incidencia suficiente para hacer lugar a la nulidad solicitada.
Que es pacíficamente aceptado en la doctrina y la jurisprudencia, que éste incidente de nulidad debe deducirse ante el juez a quo para cuestionar la validez del procedimiento seguido con violación de las formalidades legales, aún cuando entre los actos procesales que deban anularse, por implicancia se encuentren resoluciones judiciales perfectamente regulares (Conf. Curso de actualización de derecho procesal, Cosa juzgada- Revisión - Nulidades, pág. 138, Ed. Rubinzal Culzoni).
Que no obsta a la promoción del incidente, que en la causa se hubiera pronunciado ya la sentencia definitiva. Así lo definió la Suprema Corte Provincial, al expresar que "la reparación de la violación de las reglas de procedimiento debe buscarse mediante la deducción de un incidente de nulidad en la instancia en que el vicio se produjo; sin que obste el hecho de que ya hubiere recaído pronunciamiento" (v. SCBA Ac. 8921 "Garbalena" AyS Tº 1965-II-259; v. también: CC0002 AZ 50251 RSD-206-7 S 17-12-2007, "García, Rubén Oscar c/ Fuentes, Gabriel H. s/ Cobro Ejecutivo").
De este modo y, siendo que la nulidad planteada adolece de tratamiento procesal específico en la ley 13.406, como así también -tal se viera- que el juicio de apremio es una especie particular dentro del género de los procesos de ejecución que -por su naturaleza- resulta compatible con el juicio ejecutivo, corresponde recurrir, a los fines de su consideración y en primer lugar, a las normas que para este tipo de procesos regula la legislación ritual civil y comercial (Libro III, Título II, arts. 518 y sigtes.), por conducto del nominado art. 25 de la ley 13.406 y -además- en atención a su vinculación a través del principio de especialidad (cfr. doct. Cám.Apel.Cont.Adm. MDP, causa P-288-DO1 "Von Humefeld", sent. del 12-II-2009).
Bajo ese escenario, resulta aplicable en la especie, lo dispuesto por el art. 543 del C.P.C.C., debiéndose cumplimentar para habilitar la vía de defensa que la norma autoriza los requisitos que la misma establece, cuando dispone claramente que: "El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el art. 540, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución. Podrá fundarse únicamente en: 1) No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones...".-
Circunstancia ésta última, que se ha producido, por cuanto la parte apremiada ha cumplimentado con el imperativo procesal de oponer defensa, planteando la excepción de falta de legitimación pasiva.
II. En tal sentido, atendiendo al acto mismo de la intimación de pago, surge de las constancias allegadas en archivo digital adjunto de fecha 10/03/2020, que el mandamiento de intimación de pago, fue diligenciado por el apoderado Fiscal y Oficial de Justicia Ad Hoc -Santiago Bertone- con fecha 25 de agosto de 2021, a las 11:25 horas, en el domicilio fiscal del demandado sito en "Ruta 25 Km 10,5" de la localidad de Moreno, aclarando el oficial de Justicia, en el acta de notificación pertinente, que se trata de un local identificado como Supermercado; efectivizando la notificación en la persona de un empleado de dicho supermercado, quien firmó el acta y se identificó como Ma Xuemin.
III. Por otro lado y sin perjuicio del silencio guardado por la actora, analizados los términos vertidos por el incidentista, en cuanto a que su domicilio fiscal se encontraba en la vereda de enfrente al lugar en el cual se llevó a cabo la notificación, lo cierto es que, los mismos carecen de todo soporte fáctico, es decir que la demandada, no ha probado de modo alguno, la veracidad de los hechos que alega, volviéndolos irrelevantes por imposibilidad de constatación. Véase que solo acompaña una constancia de inscripción ante la Afip, de la cual se surge que el domicilio fiscal fue establecido en Av. Diagonal Norte 2363, La Reja, Moreno, Pcia de Buenos Aires; implicando, esta orfandad probatoria, la imposibilidad al suscripto de expedirse sobre la veracidad de los hechos alegados en el planteo de nulidad, sellando así la suerte del mismo.
En este sentido se dijo que, para la constatación de cuál es el domicilio fiscal de un contribuyente, la mirada del juez del apremio debe necesariamente posarse primero en la documentación que diera cuenta de un determinado domicilio fiscal del contribuyente según los registros de la entidad recaudadora, mas no en lo relativo al domicilio real del ejecutado (cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata causas P-422-MP1 "Frascona", sent. de 12-III-2009, P-2974-MP2 "Beltrán Noceti", sent. de 13-III-2012 y P-4050-BB1 "Pinotti", sent. de 21-V-20139), pero lo cierto es que, en el sub examine, no se ha arrimado ningún elemento de juicio relevante y dirimente, incumpliendo el incidentista, con aquel imperativo de su propio interés que, le impone sustentar sus dichos en prueba atendible a tal fin, estimándose como tal aquella que resulta idónea o eficaz para crear, en el caso concreto, la convicción del juez en torno a los hechos invocados.
Por lo demás, he de advertir que, ningún cuestionamiento ha sido formulado por la demandada, respecto a la falsedad o inexactitud del domicilio fiscal indicado en el título ejecutivo, del cual cabe presumir -en la medida en que no ha sido allegada prueba en contrario- que el mismo, ha sido denunciado por el propio contribuyente (art.32 y su doctrina C.Fiscal).
En consecuencia no cabe mas que, rechazar el planteo de nulidad impetrado.
POR ELLO, de conformidad con lo pedido, lo dispuesto en los artículos 171 Const. Pcial., arts. 2, 7, 24, 25 y cctes de la Ley 13.406, artículos 149, 169, 174, 540 y 543 del C.P.C.C., demás citas legales y constitucionales dadas;
2. Imponer las costas de la incidencia al demandado, por su calidad de parte vencida (art. 51 inc. 1 CPCA; art.69 CPCC).-
3. Firme o consentida que se encuentre continuaran los autos conforme su estado.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Fin de la sentencia