Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 41204 2022
Expte. Nº 41204.-
Autos: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ITHURRART NESTOR JOSE S/ APREMIO PROVINCIAL.-
Mercedes, en el día de su firma digital .CS
Estos autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ITHURRART NESTOR JOSE S/ APREMIO PROVINCIAL" , expediente Nº 41204, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que en fecha 12/04/2022 se presenta la Dra. Noelia Marina Ponce de Leon en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra Nestor José Ithurrart, por la suma de $806.074,5. Los títulos que traen aparejada la ejecución resulta ser las liquidaciones de deuda por impuesto inmobiliario complementario agregados con el escrito inicial.-
2. Que citado a oponer excepciones, se presenta en fecha 29/04/2022 el Dr. Gustavo Rodolfo Benalal en representación del demandado, oponiendo excepción de inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda por inconstitucionalidad..-
3. Como sustento de su defensa, el accionado expone que el fisco provincial pretende ejecutar una deuda inexistente, correspondiente al Impuesto Inmobiliario Complementario por los periodos 2017 a 2021 y que por ello se plantea excepción de inhabilidad de título por inexistencia manifiesta de deuda, por la inconstitucionalidad de los arts. 13, 15, 114 y 115 de la ley 14.394, así como las normas accesorias a ellas, previstas en las leyes impositivas de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 por resultar violatorias de los artículos 31 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional.
En igual sentido, afirma que el dictado de la Ley Provincial 14.394 que crea el Impuesto Inmobiliario Complementario está en contradicción con el Régimen Federal de Coparticipación Impositiva y violenta garantías constitucionales como la Reserva de Ley, Defensa en Juicio y la Garantía de Igualdad.-
Lo expuesto lo motiva a aseverar que mediante la Ley 14.394 del año 2012, se reformó el art. 169 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y se creó el Impuesto Inmobiliario Complementario. La designación de "complemento" no debería indicar un nuevo gravamen. Sin embargo, más allá del nombre jurídico, el art. 169 contiene dos tributos esencialmente diferentes.
Asimismo manifiesta que el básico, es un impuesto real que incide objetivamente sobre parcelas de forma indivisible, independientemente de la participación en la propiedad, posesión, usufructuario o de los aspectos personales del sujeto pasivo y que en contraste en el complementario, se observa un impuesto de naturaleza personal que incide sobre conjuntos de parcelas inmobiliarias, tomando a las mismas de forma divisible o según la participación que tenga el sujeto pasivo. Esta circunstancia implica que, el contribuyente pasa a tener un rol indispensable para conformar el hecho imponible, atento que dependiendo de la cantidad y calidad de inmuebles que posea, este va estar alcanzado por el gravamen complementario.
En efecto, señala que, la provincia de Buenos Aires al legislar el impuesto inmobiliario complementario instaura un tributo del tipo personal, que tiene como hecho imponible el patrimonio inmobiliario de los sujetos pasivos, modificando de esta manera la naturaleza jurídica del impuesto inmobiliario tradicional que es del tipo real. El poder legislativo de la provincia de Buenos Aires con este accionar va en contra del principio constitucional de reserva de ley, al crear un nuevo tributo que no contempla los preceptos esenciales de la obligación tributaria, legislando el impuesto inmobiliario complementario como una extensión del básico, pero que en realidad, genera de manera encubierta un nuevo gravamen.
Agrega que, en nuestro sistema legal toda obligación tributaria debe ser generada en su totalidad por el poder legislativo y que cualquier perturbación o violación de este principio torna inválido el tributo, de tal modo, el poder legislativo provincial genera de forma oculta e incompleta un nuevo gravamen al establecerlo como una mera extensión del Impuesto Inmobiliario Básico, siendo dicha acción por sí sola una violación al principio de reserva de ley, atento que el poder legislativo tiene la obligación por mandato constitucional de generar un tributo de forma integral, es decir con todos los elementos de la relación tributaria establecidos claramente en la norma, con el objeto que los contribuyentes conozcan claramente los alcances del gravamen.
Señala que, ejecutar el impuesto complementario como si fuera el básico, afecta las garantías de defensa del contribuyente. El contribuyente no cuenta con un ámbito de defensa eficaz para atender las pretensiones del fisco que se sustentan en información limitada e insuficiente.
Aduna a lo expuesto que, el problema radica en que gravar de forma conjunta a los inmuebles, implica que el titular de una única propiedad no sea gravado. Lo que genera una desigualdad entre los contribuyentes, atento que factiblemente un solo inmueble puede reflejar una capacidad contributiva superior, a dos inmuebles de iguales características, pero de poco valor.
En otro apartado señala que, el Impuesto Inmobiliario Complementario, es un impuesto nuevo -personal- que se diferencia del impuesto inmobiliario -real- y por consiguiente está en pugna con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, por cuanto se encuentra alcanzado por la prohibición de la analogía prevista en la citada ley (art. 9 inciso "b" de la Ley 23.548; arts. 31 y 75 inc. 2 C.N.). Al efecto indica que, el impuesto "complementario", que grava la capacidad contributiva general -compuesta por el conjunto de los inmuebles en la provincia- desnaturaliza los tributos reales a los que acceden, ya que el hecho imponible no es de un impuesto real, sino que corresponde a un impuesto personal. Se está gravando una manifestación de la riqueza que es la posesión de la misma por una persona, a una determinada fecha. De este modo se genera una superposición con el Impuesto a los Bienes Personales, violando el límite que viene trazado desde la Ley de Coparticipación n° 23.548.-
Concluye al respecto que, el gravamen provincial -impuesto inmobiliario complementario- creado por la ley 14.394 es inconstitucional por cuanto guarda sustancial analogía con el impuesto a los bienes personales y no reviste las condiciones que pueden razonablemente atribuidas al concepto de contribución inmobiliaria previsto como excepción en el régimen (art. 9, inc. "b", ley 23.548), en una interpretación armónica con la prohibición de establecimiento de impuesto análogos a los coparticipados. Lo contrario significaría trasgredir los arts. 31 y 75, inc. 2º de la C.N.
II. En fecha 14/09/2022 la actora procede a contestar la excepción en traslado, solicitando el rechazo de la misma.
Al respecto refiere que, la parte demandada intenta fundar su defensa en cuestiones que implican inmiscuirse en el proceso de formación del documento, sin plantear defecto alguno en sus formas extrínsecas como lo requiere el artículo 9 de la Ley 13.406.
Aclara que, acceder a analizar la excepción en la forma planteada, exige incursionar en los trámites previos a la confección del título y con ello en la causa de la obligación, materia expresamente vedada en estos procesos, ajeno por naturaleza a los límites procesales del juicio de apremio y por ende, a las posibilidades defensivas de los ejecutados.
Señala que el título que se está ejecutando, es plenamente válido y hábil para justificar la admisión de la acción y la continuación de la presente ejecución pues cumple con todas las exigencias que establece el artículo 167 del Código Fiscal y que la excepción en traslado excede el carácter taxativo que reviste el artículo 9 de la ley 13406, que prevé que la excepción de inhabilidad del título ejecutivo deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas del mismo.
Precisa que, en el título en cuestión, está claramente indicado el concepto reclamado, descripta la deuda pretendida, consignado el capital original, el monto de los intereses correspondientes, y el importe total en ejecución. Todo ello procesado y liquidado mediante sistemas de computación autorizados, y suscripto por funcionario competente, por lo que es, legítimo y autosuficiente, no pudiendo admitirse su descalificación so pretexto de los cuestionamientos de la parte demandada que conducen a cuestionar la causa o sustancia de la obligación fiscal, lo cual no resulta viable en el marco del proceso de apremio.
Concluye en que, todo planteo que no refiera a la formalidad del título reconduce a un análisis de fondo, que está impedido en el proceso de ejecución (máxime si no fue planteado en la sede pertinente), por lo que la defensa que se responde, no pone en tela de juicio la validez formal del título, sino que tiende a cuestionar su causa y a lograr, por ese medio, el examen del alcance subjetivo y objetivo de la relación tributaria que motiva el reclamo de la autoridad. Por esta razón debe ser rechazada íntegramente con costas.
III. Que en fecha 19/09/2022, en atención al estado del tramite, se llama autos para sentencia y;
1. Que habiendo sido reseñados los antecedentes del caso, corresponde dar tratamiento a la excepción de inhabilidad de título -por inexistencia de la deuda- articulada por la accionada, la cual se sustenta en el cuestionamiento de la constitucionalidad de los art. arts. 13, 15, 114 y 115 de la ley 14.394.-
Que el demandado, ha dejado planteada la inhabilidad del título que se pretende ejecutar, fundando su reclamo en cuestiones que adelanto, exceden el acotado marco cognoscitivo del proceso de apremio.
Al respecto, resulta doctrina pacíficamente aceptada, que la excepción de inhabilidad de título, sólo puede ser fundada en las formas extrínsecas del instrumento ejecutado, relativas a su encuadre en la enumeración legal, a la liquidez y exigibilidad de la deuda, y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación sustancial y procesal (Cfr. Falcón, Enrique M. -con cita H. Alsina y Podetti- en Procesos de Ejecución, Tº II, Pág.252, Rubinzal-Culzoni Editores), quedando excluído del examen judicial la causa de la obligación, en cuyo ámbito se incluye lo relativo a la determinación de la deuda (cfr. doc. SCBA Ac. 52544 del 7/2/95 y Ac. 72785 del 13/3/02).
Asimismo, esta restricción ha sido acogida por las normas relativas al apremio fiscal, en la especie, el art. 9 de la ley 13.406 expresamente ha dispuesto: "Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son las siguientes: a) ... c) Inhabilidad del título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa. Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado...".
En forma concordante, el art. 167 del Cód. Fiscal (t.o. Res. M.E. 39/11) dispone: "Las liquidaciones y/o determinaciones administrativas expedidas por la Autoridad de Aplicación, conforme la autorización del artículo 42 por medio de sistemas de computación, constituirán título suficiente a los efectos de la notificación, intimación y apremio, sin que se exijan los recaudos del artículo 114.- Las formas extrínsecas a las que se refiere el inciso b) del Artículo 6º de la Ley 9122, son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, la indicación de lugar y fecha de creación y el monto total del crédito".
2. La mencionada limitación al planteo de controversias sobre el origen del crédito, encuentra fundamento en la presunción de legitimidad que, por virtud de su origen y naturaleza, acompaña a los respectivos títulos ejecutivos y obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan (cfr. doc. SCBA, AC 72785, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Gutiérrez, Jorge Constancio s/ Apremio", sent. del 13-3-2002; SCBA, Ac 90299 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cabanas, Raúl Alberto s/ Apremio" sent. del 24-5-2006).
Ahora bien, debo recordar liminarmente que, el ordenamiento jurídico no sólo excluye, en principio, la posibilidad de cuestionar la causa de la obligación en el proceso de ejecución fiscal (conf. art. 9 inc. c. de la ley 13406), sino que prevé expresamente diferentes carriles a los efectos de debatirla, donde el justiciable puede efectuar los planteos que hacen a su derecho.
Siguiendo tal directriz, he de señalar, que la ejecución fiscal no admite la discusión relativa al procedimiento administrativo antecedente o al acierto de la determinación tributaria así como cualquier otro extremo concerniente a la creación del título, pues todos esos aspectos remiten al origen del crédito ejecutado" (SCBA, Ac. 90299 S 24-5-2006, entre otros).
Mas aun, se ha dicho reiteradamente, respecto del proceso de ejecución fiscal, que "....estamos en presencia de un proceso sumario propiamente dicho, en el sentido técnico del término, con fuertes limitaciones en el conocimiento y en donde sólo determinadas circunstancias permiten acotado debate. En particular, deviene inadmisible la discusión sobre el procedimiento administrativo antecedente, el mérito del acto administrativo, el acierto o desacierto de la determinación fiscal y toda otra oposición relativa a la creación del título, aspectos que el legislador ha definido como "controversias sobre el origen del crédito ejecutado" (art. 6, última parte).... esta Corte tiene resuelto que la restricción relativa a las controversias sobre el origen del crédito ejecutado se funda en la presunción de legitimidad que, por virtud de su origen y naturaleza, acompaña a los títulos ejecutivos, y obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan, destinadas a fines de utilidad general" (SCBA Ac 90299 supra cit. y CCASM expte. Nº 668/06, del 10/8/06, Nº 979/07, del 22/8/07, entre muchas otras).
3. Bajo tales lineamientos, corresponde analizar si los extremos vertidos por el accionado tienen andamiaje suficiente para enervar la fuerza ejecutiva de los títulos que por impuesto inmobiliario complementario se ejecutan.
En tal sentido, el apremiado pretende cuestionar la legitimidad e idoneidad de los instrumentos cartulares base de la presente acción, fundado en que no puede ser sujeto pasivo de una doble tributación, por cuanto ello atenta contra el principio constitucional de la garantía de igualdad y por entender que se encuentra en pugna con la ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Tal extremo, no merece tratamiento favorable, en tanto se advierte que el demandado no ha desplegado actividad probatoria que -siquiera indiciariamente- habilite a presumir la veracidad de sus dichos.
Mas aun, imperioso es recordar que el planteo de inconstitucionalidad, resulta ser un remedio de última utilidad, pudiendo en el caso, ser revisado o replanteado en otra oportunidad, ello por cuanto, excede el marco del juicio de apremio, sin que implique suprimirle al administrado, la posibilidad de articular la cuestión en un proceso posterior.-
En tal sentido, la afectación a la amplitud de las defensas y pruebas que no pueden ser abordadas en esta ejecución, se encuentra resguardada en la viabilidad del juicio ordinario posterior -art. 551 C.P.C.C.- en el que el litigante interesado reabra la discusión sobre la base de que la razón o causa que dio fundamento a la pretensión triunfante no ha sido válidamente constituida (cfr. Falcón, Enrique M. "Comentario al Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nac.", Ed. Abeledo Perrot, TºII, pag.916) con lo que queda garantizado el derecho de las partes en toda su extensión (doc. CCA La Plata, causa "Fisco de la Pcia. Bs.As. c/ San Jorge S.A. s/ Apremio" sent. 13/10/05).
Así, cabe recordar lo expresado por nuestro más alto Tribunal al considerar en la materia que: "...La tacha de inconstitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe indicar, con precisión, de qué modo la disposición impugnada habría quebrantado los derechos, principios o garantías constitucionales cuya tutela se procura, y en caso de deficiencia argumental, ésta no puede ser suplida por el tribunal, debiéndose rechazar el planteo...." (Conf. SCBA, B 60192 S 5-4-2006 ,"Massuh S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (EPRE) s/ Demanda contencioso administrativa).-
Y mas aun, "... De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma impugnada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (doctr. causa I. 1494, "López", sent. de 23XII1997)...".-
5. Finalmente, cabe mencionar, que los títulos ejecutados cumplimentan con los datos indispensables a los que la ley sujeta su exigibilidad y validez extrínseca (identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, la indicación del lugar y fecha de la creación, el monto total del crédito y la identificación del tributo adeudado) y en consecuencia, no habiéndose verificado que los títulos ejecutivos allegados digitalmente con el escrito de demanda contengan alguno de los vicios en sus formas extrínsecas que permitan en el caso determinar su inhabilidad, corresponde rechazar la excepción articulada (art. 9 ley 13406, art 547 CPCC).-
En consecuencia de lo expresado y reuniendo los títulos ejecutivos cuyo cobro se persigue en autos, los recaudos necesarios para su validez (arts.1, 2 y cctes. de la ley 13.406; art. 167 Cód. Fiscal - t.o. Res. ME 39/11) corresponde mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado NESTOR JOSE ITHURRART haga íntegro pago al accionante, Fisco de la Provincia de Buenos Aires, del capital reclamado en Pesos OCHOCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($806.074,50). A dicho monto se le aplicarán los intereses conforme lo prescripto por el artículo 104 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (t.o Res. ME 39/11) desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, el día 12/04/2022 y hasta su efectivo pago (arts. 1, 2, 3, 9 inc. "c" y cctes. ley 13.406).-
En razón de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citados, y lo dispuesto por los arts. 2 inc. 8 y 76 bis de la ley 12.008 y sus modif.; 1, 2, 3, 9 inc. c) y cctes. de la Ley N° 13.406; art. 104, 167, 169 y cctes del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, t.o. res. M.E. 39/11, art. 551 C.P.C.C.; y demás citas legales dadas;
2. Mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado NESTOR JOSE ITHURRART haga íntegro pago al accionante FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, del capital reclamado de Pesos OCHOCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($806.074,50). A dicho monto se le aplicarán los intereses conforme lo prescripto por el artículo 104 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (t.o res. ME 39/11) desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, el día 12/05/2022 y hasta su efectivo pago. (Arts. 1, 2, 3, 9 inc."c" y cctes. ley 13.406, arts. 104,167 y ccdts. Código Fiscal de la Pcia. de Bs.As. -t.o res 39/11-; art. 549 C.P.C.C.).-
3. Imponer las costas al demandado, por su calidad de parte vencida (art. 51 inc. 1 del C.C.A. -texto ley 14.437-).-
4. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 51 Ley Nº 14.967).-
NOTIFÍQUESE
Se deja constancia que se notifica el presente a la parte actora en el d
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