Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39285 2022
Expte. Nº 39285 .-
Autos:"FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A. Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.cc
Estos autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. C/FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A. Y OTROS S/APREMIO", expediente Nº 39285, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 29/10/2020 se presenta el Dr. Gabriel Leonardo Cotognini, en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra la firma "Frigorífico y Matadero Chivilcoy S.A", y contra los Sres. Hermenegildo Vazquez Estevez y Leandro Santiago Vazquez, por la suma de pesos CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 20/100 ($5.059.504,20). El título que trae aparejada la ejecución resulta ser la liquidación de deuda por impuesto a los Ingresos Brutos allegado digitalmente con la demanda.
2. Que citados los accionados, se presentan con fecha 04/06/2021 en tres presentaciones diferentes, oponiendo excepciones de prescripción e inhabilidad de título, e impugnando la solidaridad atribuida a Hermenegildo Vazquez Estevez y Leandro Santiago Vazquez.-
En cuanto a la excepción de prescripción, la oponen respecto a las obligaciones fiscales y a los intereses reclamados en autos.
Destacan que a tenor de la doctrina legal del Alto Tribunal Federal en la causa Filcrosa (Fallo 326:3899, CSJN, del 30/09/03), consolidada en pronunciamientos posteriores (los cuales citan), no resulta ya controvertido que las disposiciones locales relativas a la prescripción en materia de tributos ceden frente a las contenidas en el Código Civil.-
Afirman que para resolver la excepción planteada, debe estarse a la luz de lo dispuesto en las normas del Código Civil que regulan el instituto de la prescripción vigentes al tiempo de nacimiento de las obligaciones fiscales en cuestión, y determinar a su vez la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal que se aparten de las directrices que emanan del Código Civil, en orden a la regla de jerarquía normativa de rango constitucional que emana del art. 31 de la Constitución Nacional.
Y en esa faena, aducen que en el Código Fiscal bonaerense (ley 10.397) se encuentran diversas disposiciones que si bien contienen un plazo de prescripción de cinco años, contemplan modalidades particulares sobre la forma de efectuar su cómputo, que indirectamente implican ampliar el mismo y, por lo tanto, desconocer las pautas referenciadas.
Citan los arts. 3956 del Código Civil, y 133 del Código Fiscal (t.o. 2004 actual art. 159) e indican que contrapuestas ambas normas, queda a la vista que el legislador provincial amplió indebidamente el plazo prescriptivo de cada ejercicio fiscal al menos en un año.
Plantean la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal por apartarse de lo reglado en el art. 3956 del Código Civil (cfr. arts. 31 y 75 inc. 12 de la Const. Nac.), y su inaplicabilidad en autos.-
Refieren que, para el caso en que se pretenda hacer valer alguna causal suspensiva de la prescripción, que por imperio de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa "Filcrosa S.A." (Fallo 326:3899), entre otras, corresponde aplicar el art. 3986 del Código Civil.-
Señalan que si bien el art. 161 inciso a) del Código Fiscal - art. 135 inc. a) Cód. Fiscal 2004- prevé -al igual que la ley de fondo- el plazo de suspensión de un año desde la intimación administrativa de pago -notificación de la resolución determinativa que intime el pago-, sin embargo, en contradicción de la ley civil, establece que cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación o recurso de reconsideración ante el director provincial de Rentas, la suspensión se prolongará hasta noventa (90) días después de notificada la sentencia., apartándose -según entienden-, de la circunstancia suspensiva allí prevista y excediendo el término de suspensión previsto por el art. 3986, 2do. párrafo del Código Civil.
Asimismo, con sustento en lo dispuesto en los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Const. Nacional, solicitan se declare también la inconstitucionalidad del artículo 161 inciso a) del Código Fiscal (art. 135 inciso a) -t.o. 2004- ) y de cualquier otra causal suspensiva del curso de la prescripción prevista en el ordenamiento fiscal local que se aparte del Código de fondo, debiendo regirse la cuestión sobre la base de lo dispuesto en el art. 3986, segundo párrafo, del Código Civil.
Por otro lado, para el caso que la prescripción opuesta pretenda resolverse sobre la base de la aplicación retroactiva de las normas del nuevo Código Civil (art. 2532), dicen que la habilitación para la legislación local ha quedado circunscripta a lo atinente a fijar el plazo de prescripción, no pudiendo extenderse a la forma de determinar su cómputo o a las causales suspensivas o interruptivas del curso de la acción, quedando incólume la doctrina legal del Alto Tribunal Federal en la causa Filcrosa (Fallo 326:3899, CSJN, del 30/09/03), consolidada en pronunciamientos posteriores que citan.-
Adunan que la aplicación del nuevo texto del Código Civil a las obligaciones fiscales discutidas en autos -anteriores a la sanción- vulneraría principios constitucionales fundamentales a la vez, que violentaría lo dispuesto en el art. 2537.-
En subsidio, para el caso que se pretenda resolver la prescripción otorgando prevalencia a la legislación del Código Fiscal, manifiestan que debe tenerse presente que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se liquida e ingresa mediante anticipos mensuales, por lo que el cómputo del plazo de prescripción debe contarse a partir de la fecha de presentación de las declaraciones juradas correspondientes a cada uno de los anticipos involucrados. Citan art. 212 del cuerpo legal fiscal local.-
En otro acápite, en cuanto a la excepción de inhabilidad de título, refieren que la deuda es inexistente por cuanto la firma se encuentra exenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos reclamados.-
Argumentan que la distribución de potestades tributarias a distintos niveles de gobierno que realiza la Const. Nacional, ha dado lugar a la presencia del llamado "Federalismo de Concertación", mediante los llamados regímenes "de Coparticipación" generales o especiales, que explican.
Adunan que la vigente Ley 23.548 constituye, al igual que su antecesora 20.221, el régimen troncal de Coparticipación Federal, el cual ha sido objeto de múltiples modificaciones.-
Entre los diversos regímenes especiales que han modificado ese canal troncal, mencionan al "Pacto Fiscal I" y al "Pacto Fiscal II", los cuales explican y citan normas aplicables.-
Destacan que en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el "Pacto Fiscal II", la Pcia de Bs.As sancionó la Ley 11.490 (Ley Impositiva para el año 1.994), que dispuso la exención del impuesto a los ingresos brutos al ejercicio de determinadas actividades industriales (art.39), entre ellas, las comprendidas en los códigos 3100001, actividad Frigoríficos; código 310002, actividad Frigoríficos en lo que respecta al abastecimiento de carnes.-
Agregan que en el año 1995, el art. 1º de la ley 11.518, al establecer las exenciones al impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo las condiciones indicadas en el art. 2º, liberó del pago del mismo desde el 1 de julio de 1994, con relación al ejercicio de las siguientes actividades (entre otras). Código 310013 Actividad mataderos y Código 310014 Actividad. Preparación y conservación de carnes.-
Indican que las sucesivas leyes impositivas, por los ejercicios posteriores mantuvieron esa excepción, mediante la prórroga por el respectivo ejercicio de la expresa exención establecida en el artículo 1º de la ley 11.518.
Dicen que el "Pacto Fiscal II" contempló ininterrumpidamente desde el año 1994 la exención del impuesto a los ingresos brutos para la actividad de Frigorífico, realizada por la firma demandada, habiéndose dictado el acto administrativo de reconocimiento del beneficio.-
Sin embargo, expresan que la Pcia. de Bs.As., introduciendo modificaciones al régimen tributario vigente sancionó la Ley 13.003 (B.O. 15-I-2.003) -Ley impositiva ejercicio fiscal 2.003.-
Adunan que esta norma dispone la suspensión de la exención del pago del tributo mencionado para ciertas actividades (entre las que se encuentra la que desarrolla la actora: industria frigorífica, preparación y conservación de carnes). Cita arts. 32 y 35 de la citada norma.-
Refieren que idéntico temperamento legal siguió, para el ejercicio fiscal 2009, el dictado de la Ley Impositiva Nº 13.930 (art. 12 y cctes).-
Entienden que la vigencia y aplicación del pacto fiscal no puede verse comprometida o enervada por lo dispuesto en la Ley 13.003 y 12 de la Ley 13.930, normas que sirvieron de sustento al título ejecutivo traído y al acto administrativo que lo precedió (Resolución 6587).-
Aducen que como consecuencia de ese federalismo de concertación, se produce la creación de normas convencionales que integran un nuevo status normativo superior al provincial, que se ha reconocido como derecho intrafederal.-
Indican que la validez de los convenios está prevista, desde el punto de vista constitucional, por los arts. 121 y cctes. de la Carta Magna.-
Manifiestan que el Pacto Fiscal II, fue ratificado por la provincia mediante la Ley Nº 11.463, y a partir de entonces se incorporó al derecho al derecho público interno local, con rango normativo específico dentro del derecho federal.-
Reiteran que en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el "Pacto Fiscal II", la Pcia. de Bs As sancionó la Ley 11.490 (B.O. 7-I-94) y 11.518 (B.O. 14-IV-94) en virtud de las cuales dispuso la exención de pago del impuesto a los ingresos brutos para la actividad desempeñada por la actora.-
Dicen que el Pacto Fiscal II sigue vigente en todas sus partes para las provincias que lo han rubricado y así, ha sido incorporado a su legislación local.
En definitiva, determinado que el pacto mantiene plena vigencia desde su ratificación por la Legislatura local, señalan, que ella no puede verse comprometida o enervada por lo dispuesto en los artículos 11, 32 y 35 de la Ley 13.003, 12 de la Ley 13.930.-
Agregan que si se hubieran modificado las circunstancias fácticas que lo motivaron o hubieren surgido hechos nuevos que alteraran las bases de negociación, la Pcia. de Buenos Aires debería seguir los pasos correspondientes para justificar el apartamiento de la parte involucrada a los efectos de que pudiere operar dicha renuncia, procedimiento que no se ha instado.-
En este sentido, postula que la Corte federal al dictar sentencia recientemente -19-06-2012- en los autos "Pan American Energy LLC. Sucursal Argentina el Chubut, Provincia del Chubut y otro (Estado Nacional) S/Acción declarativa", en los que se ventilaba, el incumplimiento del denominado Pacto Fiscal II expresó, como obiter dictum, que "en tanto dicho Pacto no sea denunciado por alguna de las partes, implica el mantenimiento de la situación acordada".-
En este orden de consideraciones, entiende que no resulta discutible que la denuncia del Pacto Fiscal II por parte del gobierno provincial debe manifestarse por una ley "ad-hoc" de la legislatura local, no resultando suficiente la mera contraposición a sus términos que pueda desprenderse de la Ley Nº13.003.-
Refiere el procedimiento necesario para la denuncia de un pacto de esas características e indica que del análisis de las Leyes Nº13.003 y 13.930, surge que nada se dijo respecto a modificar el Pacto Fiscal II.-
Aduna que el Gobierno de la Pcia. de Bs.As., mediante la Ley Nº13.003 y sucesivas leyes impositivas (13.930) decidió unilateralmente suspender la exención de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que gozaba la actividad desarrollada por la parte actora, contempladas en las Leyes Nº11.490 y 11.518 -oportunamente sancionadas para dar cumplimiento al compromiso asumido al suscribir el Estado Nacional el Pacto Fiscal II), sin que mediara el procedimiento de denuncia del pacto, lo cual implicó desconocer el principio de jerarquía o supremacía normativa que coloca al derecho intrafederal por encima del derecho local, en franca violación con lo dispuesto en el art. 31 de la Const. Nacional.-
Afirman que las leyes Nº 13.003, y 13.930 no pudieron dejar sin efecto la exención de la cual gozaba la actividad industrial ejercida por la firma Frigorífico y Matadero Chivilcoy SA respecto del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la cual le fuera otorgada mediante la Ley 11.490 y 11.518 a partir del 01/07/1994, de acuerdo a lo acordado en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que la Nación y las provincias firmaron el 12 de agosto de 1993, ratificada por la Pcia de Bs.As a través de la Ley 11.463, y así debe ser dispuesto.-
En subsidio, solicitan se declare la inconstitucionalidad de los arts. 32 y 35 de la Ley 13.003 y 12 y cctes. de la Ley 13.930, por cuanto se desentienden del compromiso asumido por la Pcia. de Bs.As. en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción, y el Crecimiento y con ello, de la observancia del principio jerárquico normativo establecido por el art. 31 de la Const. Nacional, que coloca al derecho intrafederal por encima del derecho local.-
Citan doctrina y jurisprudencia, concluyendo que la firma ejecutada se encuentra exenta del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, por lo que entienden que la deuda reclamada es inexistente.
Por último, en cuanto a la impugnación a la solidaridad deducida por los codemandados, Leandro Santiago Vazquez y Hermenegildo Vazquez Estevez refieren:
Por un lado, el coaccionado Leandro Santiago Vazquez manifiesta respecto del acto administrativo que precedió a la emisión del título ejecutivo e imputó su responsabilidad solidaria con la deuda por la ocupación del cargo de vicepresidente, que carece de causa.-
Indica que no tuvo la representación de la firma en el período reclamado, toda vez no ha ocurrido -ni se ha invocado en el acto determinativo administrativo Disposición Nº 5646/15- el supuesto de ausencia o impedimento del Presidente, que según entiende, es requisito condicionante de validez para que pudiere haber integrado efectivamente el órgano de administración de la firma.-
Expresa que la disposición determinativa en cuanto extiende su responsabilidad solidaria -aun considerando la aplicación de las normas locales- exhibe una evidente falta de causa, y para ello, basta remitirse y ponderar las constancias del expediente administrativo N° 2360-204314/2009.-
Cita artículo 8° y 10 del Estatuto Social de la sociedad y afirma que de la lectura del mismo y de la ley fundamental para el ente, surge que él en su calidad de vicepresidente, sólo se encontraba habilitado para actuar en el caso de ausencia o impedimento del presidente, toda vez que este último tenía con exclusividad la representación legal de la sociedad con uso de la firma social.-
No ocurriendo ninguno de los supuestos previstos en el estatuto social (ausencia o impedimento -dice que nunca ejerció, ni se encontraba habilitado-), por lo que careció de toda facultad para administrar y disponer de los bienes y fondos de la sociedad, y particularmente de exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, entiende que debe eximírsele de toda responsabilidad.-
Aduna que se imputa responsabilidad solidaria sin siquiera acreditar que hubiere integrado efectivamente el órgano de administración de la firma, y sin enunciar en el acto administrativo que sirve de base al título ejecutivo -ni menos acreditar- la existencia de un comportamiento individual reprochable que justifique la extensión de responsabilidad al nombrado, hecho que afirma no puede presumirse por la mera investidura formal del cargo de vicepresidente, pretendiendo así invertir la carga probatoria.-
Por otro lado, el codemandado Hermenegildo Vazquez Estevez alega que se le imputa responsabilidad solidaria por el sólo hecho de integrar el órgano de administración de la firma, también sin enunciar en el acto administrativo que sirve de base al título ejecutivo -ni menos acreditar- la existencia de un comportamiento individual reprochable que justifique la extensión de responsabilidad al nombrado, hecho que también entiende no puede presumirse por la mera investidura formal del cargo, pretendiendo así invertir la carga probatoria.-
Asimismo, ambos plantean la inconstitucionalidad de los arts. 18 y 21 del Código Fiscal t.o. 2004 [actuales arts. 21 y 24 t.o. según Res. 39/2011] en cuanto extienden la responsabilidad del pago del impuesto a los integrantes del órgano de administración de la sociedad, por alterar normas que corresponde regular en forma exclusiva al Estado Federal y prescindir de considerar la teoría organicista receptada por la Ley de Sociedades, en virtud de la cual, los representantes de la sociedad -como regla general- no responden ante terceros por los actos que realicen en su calidad de tales.-
Dicen que la legislación federal limita la responsabilidad de las sociedades anónimas al capital social, por ello los directivos no tienen responsabilidad personal, "salvo contadísimas excepciones, todas basadas en un comportamiento individual reprochable".
Entienden que de ninguna manera puede extenderse en forma personal la responsabilidad al directivo de la empresa por el mero hecho de ocupar un cargo, debiendo el acto administrativo -fundamento del título ejecutivo- mencionar un hecho concreto que funde la decisión extensiva de la responsabilidad a los integrantes del órgano de administración, supuesto que no aconteció.-
Arguyen que la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima en los períodos aquí reclamados, debe dirimirse a partir de lo regulado en los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550.-
En suma, manifiestan que no hay responsabilidad de los directores si no puede atribuírsele un incumplimiento de origen contractual o un acto ilícito con dolo o culpa en el desempeño de su actividad.-
Destacan que tanto la doctrina como la jurisprudencia, posee un consenso general que dicha responsabilidad sólo puede estar fundada "a título represivo", esto es, como sanción de una conducta reprochable, y, como tal, no puede depender sino del hecho u omisión de cada director. Circunstancia que impide una aplicación automática o indiscriminada.-
Postulan que la legislación federal, exclusiva y específica en la materia, no permite extender la responsabilidad de la sociedad a los directivos, por el ejercicio regular de sus funciones y la única conclusión jurídica compatible con el marco normativo federal, es que la norma provincial es de aplicación sólo para las personas jurídicas que no tengan limitada la responsabilidad por la legislación nacional (v.g. sociedades colectivas).-
Manifiestan que la norma local atribuye una responsabilidad que difiere a la establecida por las normas federales (arts. 59, 157, 274 y cctes. de la Ley de Sociedades Comercial 19.550), habida cuenta que es asignada por el sólo hecho de ocupar el cargo, y al haberlo hecho vulnera tanto las normas federales como el art 31 de la Const. Nacional y las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso nacional.-
Evocan que cualquier otra interpretación choca con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, ya que implicaría conferirle a las Provincias facultades que son exclusivas de la legislación nacional.-
Por ello, solicitan se declare la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 24 del Código Fiscal en cuanto extienden la responsabilidad del pago del impuesto y de la multa a los integrantes del órgano de administración de la sociedad, por alterar normas que corresponde regular en forma exclusiva al Estado Federal y prescindir de considerar la teoría organicista
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.