Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79661
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.661 "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ G DE T SRL S/ APREMIO PROVINCIAL - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD"
I.1. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mercedes, en el marco de un proceso de apremio iniciado contra la firma "G de T SRL", rechazó la recusación sin expresión de causa formulada por la parte demandada, así como la inconstitucionalidad alegada respecto de los arts. 3 y 10 de la ley 13.406 y 2 del decreto ley 9.122/78 (v. resol. adj. de 6-V-2024).
Para así decidir, consideró que no resulta procedente la posibilidad de habilitar el instituto de la recusación sin causa, por cuanto se dispone de un único juzgado departamental que entiende en la materia, lo que conduce a asegurar el interés superior del servicio de justicia en pos de no perturbar el adecuado funcionamiento de la organización judicial.
Con respecto al pedido de inconstitucionalidad de las citadas normas destacó, sin perjuicio de la restricción cognoscitiva imperante en la materia, que la alegación de invalidez de un precepto requiere -por parte de quien lo invoque- una crítica clara, concreta y fundada de las normas que se reputan afectadas. Entendió que dichos requisitos no se encontraban reunidos en la especie, porque la demandada no acreditó acabadamente de qué forma, con qué alcance y cuáles derechos constitucionales resultan agraviados por las citadas normas.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la aludida decisión de grado (v. resol. adj. de 25-VI-2024).
Para así decidir, señaló que la recusación sin expresión de causa, como facultad acordada a los litigantes para provocar la separación del juez en el conocimiento de un litigio, reclama una interpretación restrictiva, tendiente a evitar un dispendio inútil de actividad jurisdiccional, ya que no tiene otro objeto que ofrecer garantías de imparcialidad en el desarrollo de la litis, al permitir que los litigantes puedan eludir la intervención del magistrado frente a la concurrencia de motivos que la ley permite silenciar.
Agregó que al encontrarse expresamente prevista la cuestión en debate en la ley de apremio provincial, sostener la constitucionalidad de la norma puesta en pugna es la solución correcta, porque la declaración de inconstitucionalidad configura la ultima ratio y resulta la postura que mejor armoniza con las características del proceso de apremio en cuestión.
Sobre esa base, entendió que la recusación sin expresión de causa, reservada para algunos tipos procedimentales y vedada para otros, no causa un gravamen a los litigantes ni afecta el acceso a la justicia. Agregó que, ante esa restricción -que no resulta aplicable únicamente a los apremios-, el litigante puede siempre recusar, exponiendo las razones en que se funda, para separar al juez que no ofrece garantías de imparcialidad.
A mayor abundamiento, destacó que el instituto de la recusación sin causa resulta inaplicable en los procesos que tramitan ante el fuero contencioso administrativo. En sustento de esta postura, invocó la doctrina de este Tribunal emergente de la causa B. 72.538, "Defensor Oficial de Responsabilidad Juvenil s/ Diligencia Preliminar-Confl. de Competencia art. 7 inc. 1°, ley 12.008", resolución de 17-IV-2013.
I.3. Frente a lo así decidido, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. escr. adj. de 28-VII-2024), el que denegado -por no hallarse configurada la violación de los presupuestos y las formalidades establecidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial- (v. resol. adj. de 19-IX-2024), motivó la presente queja (v. present. electr. de 25-IX-2024).
II.1. A respecto, corresponde señalar que las consideraciones vertidas por la Cámara para denegar el recurso extraordinario interpuesto exceden el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (doctr. causas Q. 77.896, "Gutierrez", resol. de 30-VI-2022; Q. 77.816, "Napoli", resol. de 12-VIII-2022, e.o.).
II.2. En relación a la vía interpuesta y en orden a realizar su examen de admisibilidad, es pertinente recordar que esta Corte ha sostenido, en numerosas oportunidades que, en principio, las decisiones adoptadas sobre recusaciones o excusaciones, además de no constituir sentencia definitiva en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local, no son susceptibles de ser impugnadas por ante esta instancia extraordinaria (conf. causas Q. 77.195, "D'Abrabraccio", resol. de 17-IX-2021; Q. 77.477, "Oberti", resol. de 11-IV-2022; C. 125.376, "Rigiracciolo", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.813, "B., M. G.", resol. de 14-XI-2023 y C. 127.830, "D.V.D.V.", resol. de 24-IV-2024).
II.3. Así, en el presente caso en que el Tribunal de Alzada confirmó el rechazo de la recusación sin causa planteada por la demandada en el marco de un proceso de apremio y por los fundamentos reseñados, no se observan, en atención a los argumentos traídos, motivos excepcionales que autoricen a apartarse de los criterios generales expuestos (confr. doctr. causas Q. 77.195 y Q. 77.477, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278, 292 y 296, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2024 01:49:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2024 12:25:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/12/2024 13:54:20 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2024 17:40:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2024 08:18:16 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/12/2024 08:21:19 hs. bajo el número RR-983-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia