Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72756
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.756, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Merco Trans S.A. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmó la sentencia de grado que declaró la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y admitió la excepción de prescripción respecto de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos 12 de 1995; 01 a 03, 05 a 07, 11 y 12 de 1996; 05 y 07 de 1997 y 02 a 07 de 1998. Impuso las costas a la actora en su calidad de vencida (v. fs. 202/214).
Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/239 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 240/241).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 249 y 267) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmó la sentencia de grado que declaró la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y admitió la excepción de prescripción de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos 12 de 1995; 01 a 03, 05 a 07, 11 y 12 de 1996; 05 y 07 de 1997 y 02 a 07 de 1998.
I.1.a. Para así decidir, consideró que encontrándose contemplada la prescripción entre las defensas habilitadas por el legislador bonaerense en el apremio (conf. art. 9 inc. "e", ley 13.406) e importando el análisis de la constitucionalidad de las normas que regulan dicho instituto una cuestión puramente jurídica -susceptible de ser resuelta sin necesidad de una actividad probatoria superior a aquella habilitada en el acotado ámbito cognitivo del proceso ejecutivo-, podía ser abordada, dicha cuestión, en la especie.
I.1.b. Respecto al agravio por el que el Fisco sostuvo que el término para requerir judicialmente el pago de dichas obligaciones constituiría un tópico cuya regulación resultaría competencia exclusiva del legislador bonaerense, rememoró que en el antecedente jurisprudencial del Superior Tribunal federal in re "Filcrosa", se reconoció que en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional es potestad del legislador nacional -facultado a dictar los códigos de fondo- regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y -en consecuencia- sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos códigos.
Agregó que tal criterio había sido ratificado por la Corte nacional al dictar sentencia en la causas C.2.374.L.XLII "Casa Casmma S.R.L. s. Concurso Preventivo s. Incidente de Verificación Tardía (promovido por la Municipalidad de La Matanza) s. Recurso de Hecho" (Fallos: 332:616); M.377.XXXVII "Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom S.R.L. s/ejecución fiscal" (Fallos: 332:2108) y B.879.XXXVI "Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa" (Fallos: 332:2250), pronunciamientos en los cuales fueron reiterados los fundamentos dados en aquel precedente.
Asimismo, sostuvo que el reseñado temperamento también fue propiciado por esta Suprema Corte en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, explicitando en el fallo dictado en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Fadra S.R.L., López Osvaldo y Locato Emilio Tomás s. Apremio", sentencia de 14-VII-2010, que los argumentos vertidos en el primero de los referenciados precedentes para sostener que resultaba potestad exclusiva del legislador nacional regular el régimen de las obligaciones alcanzaban a todo lo relativo al instituto de la prescripción.
Afirmó que era el Estado nacional quien contaba con la potestad de regular lo concerniente al vínculo obligacional entre acreedores y deudores (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.), siendo la fijación del plazo de prescripción de las obligaciones, el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción -entre otros aspectos- facetas diversas de aquella misma facultad, por lo que, conforme la regla de jerarquía normativa establecida en el art. 31 de la Constitución nacional, los estados provinciales debían adecuar su regulación a las pautas establecidas en el Código Civil.
Agregó que no habiendo sido controvertido que el art. 159 del Código Fiscal alongaba el plazo de prescripción del impuesto ejecutado al postergar el dies a quo que para su cómputo preveía el art. 3.956 del Código Civil (cuál es la fecha en que la obligación reclamada se tornó exigible judicialmente), correspondía confirmar el fallo en crisis en cuanto declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto provincial.
I.1.c. Indicó que tampoco modificaban el temperamento propiciado las manifestaciones vertidas por el Fisco en torno de la improcedencia de la invalidación oficiosa de la norma en cuestión.
Consideró que al haberse limitado a manifestar la recurrente -sin más- que el análisis oficioso de la legalidad o ilegalidad de las normas afectaba la seguridad jurídica, dejó incólume el razonamiento que sostiene la parcela en estudio de la sentencia de fs. 153/164, desde que no formuló un desarrollo lógico o jurídico dirigido a revelar cuál o cuáles serían -concretamente- las puntuales razones por las que el criterio propugnado por el a quo habría lesionado el mencionado principio jurídico. Consecuentemente, la Cámara desestimó por insuficiente la crítica en cuestión (arg. arts. 25, ley 13.406 y 260, CPCC).
I.2.a. Respecto a lo aducido por el Fisco sobre que aun computándose la prescripción de los períodos conforme las pautas del Código Civil correspondía rechazar la excepción, estimó que no le asistía razón en cuanto a que los mentados anticipos habrían sido exigibles a partir de su determinación por la resolución administrativa A-234 (el 13-IX-2001).
Reseñó que, independientemente de la fecha en que el Fisco estableció el monto en virtud de los períodos que correspondía exigirle a la contribuyente, ellos ya eran susceptibles de ser reclamados judicialmente en forma individual a partir del mes siguiente a su vencimiento (cfr. art. 210, Cód. Fiscal, t.o. 2011; art. 183, t.o. 2004).
I.2.b. Manifestó que tampoco correspondía avalar el criterio propiciado por el apelante que estimaba aplicable al caso lo normado en el cuarto párrafo del art. 159 del Código Fiscal –texto ordenado 2011-, resultando por ende exigible la deuda desde el acta de comprobación labrada con fecha 17 de mayo de 2000.
Afirmó que incumbía al Fisco la carga de demostrar que le habría sido imposible conocer a través de actos o hechos acaecidos que en el ámbito bonaerense, que se desarrolló actividad gravada por el tributo ejecutado y que, al verse beneficiado con la postergación del dies a quo del término prescriptivo, constituía un imperativo de su propio interés acreditar que se configuraban en el caso las circunstancias fácticas que viabilizarían la aplicación de la mentada previsión legal (conf. arts. 25, ley 13.406 y 375 segundo párr., CPCC).
I.2.c. Finalmente, desestimó el planteo de interrupción de la prescripción basado en el supuesto reconocimiento del crédito fiscal que habría efectuado Merco Trans S.A. en la presentación de fecha 2 de octubre de 2000.
Para ello consideró que, lejos de consentir la existencia del impuesto peticionado, la sociedad se había limitado a explicitar que se hallaba en desacuerdo con las liquidaciones de deuda que le fueron notificadas con anterioridad al acto de inicio del procedimiento administrativo que culminó con el dictado de la resolución determinativa ejecutada.
I.3. Por las razones dadas, confirmó el fallo de grado en cuanto declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) e hizo lugar a la prescripción de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos 12 de 1995; 01 a 03, 05 a 07, 11 y 12 de 1996; 05 y 07 de 1997 y 02 a 07 de 1998.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación del derecho de propiedad, del principio de igualdad y del poder reservado de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 17, 16 y 121, Const. nac.); y errónea interpretación de la doctrina emergente de la causa "Filcrosa" de la Corte nacional. Sostiene también la constitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y por último alega la inaplicabilidad del art. 3.986 del Código Civil.
II.1. En primer lugar, se queja de la declaración de inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011).
II.1.a. Denuncia que el criterio del Tribunal de Alzada es erróneo por cuanto no considera las características propias del impuesto que se está ejecutando, específicamente su anualidad.
A dicho respecto señala que, sin perjuicio de lo establecido por el art. 182 del Código Fiscal, el impuesto sobre los ingresos brutos debe ser ingresado mediante anticipos. Sostiene que la obligación de pagar anticipos del tributo que en definitiva se adeude no obsta a que el impuesto, propiamente dicho, se deba una vez determinado mediante la declaración jurada anual.
Afirma que el art. 159 del Código Fiscal establece que para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de periodo fiscal anual, el plazo de prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Sostiene que la anualidad del impuesto determina que el cierre del ejercicio fiscal opere el 31 de diciembre, momento a partir del cual se computarán los gastos y se presentará la declaración jurada que torna exigible el impuesto, por lo que el cómputo del plazo prescriptivo siempre está dado por el inicio del ejercicio siguiente a aquel en que se tornó exigible el pago del tributo.
II.1.b. Manifiesta que lo normado por el Código Fiscal resulta ajustado al art. 3.956 del Código Civil, en tanto la exigibilidad de la obligación (como inicio del cómputo de la prescripción) es el título de la obligación. Con ello alega que la fecha del título de la obligación no puede ser otro, en materia tributaria, que la presentación de la declaración jurada.
Denuncia que la concreción del hecho imponible no implica el comienzo del plazo, por cuanto el pago del impuesto está sujeto a una disociación temporal entre la generación del hecho y la determinación de la obligación, lo que incide directamente en el curso del plazo de prescripción y es la razón por la cual se aplica a las obligaciones el plazo quinquenal del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil. Señala que este artículo se refiere especialmente a las obligaciones que son exigibles anual o periódicamente, lo que implica que son aquellas sujetas a plazos, cuyo acaecimiento marcará el inicio del cómputo del término prescriptivo.
Agrega que la ley nacional 11.683 establece la misma forma de contabilizar el plazo de prescripción en su art. 57, siendo el propio Congreso nacional el que ha legislado la cuestión en idéntica forma a la Provincia.
II.1.c. Sostiene que el art. 122 de la Constitución nacional establece que las provincias se dan sus propias instituciones locales, por lo que deben contar con los medios económicos suficientes para sustentar las erogaciones que su funcionamiento requiere.
Indica que es innegable la naturaleza pública de la materia tributaria y que limitar la fijación del plazo de prescripción constituye un grave e ilegal cercenamiento de los poderes inherentes a la Provincia, con afectación directa del sistema federal de gobierno adoptado por nuestro país.
Denuncia que ello es más grave aun cuando se pretende la aplicación de normativa que no solamente proviene de una órbita legislativa -la nacional- a la cual no se le ha delegado la potestad de regular este específico terreno, sino que, por otro lado, constituye parte del derecho privado, de naturaleza absolutamente disímil a la que regula la materia fiscal.
Cita la causa Ac. 81.520, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de Revisión en: El Rincón de Torres s/ Concurso", sentencia de 5-XI-2003, donde se estableció que si la Provincia "...tiene la facultad de crear la obligación tributaria también está habilitada para regular la forma de su extinción".
II.1.d. Respecto de la falta de delegación de la materia al Congreso nacional, señala que este último sólo puede dictar los códigos de fondo, pero sin alterar las jurisdicciones locales. Señala que ello no deja lugar a dudas respecto de los alcances de las disposiciones contenidas en la legislación común, afirmando que la jurisdicción tributaria local no se encuentra regulada por las disposiciones de los cuerpos normativos de derecho de común.
A continuación trascribe fragmentos de la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia", sentenciada por el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 17-XI-2003; y cita la causa de esta Corte C. 99.854, "Fisco c/ Haras San Pablo Club de Campo S.A.", sentencia de 7-X-2009, donde se señaló que "no existiendo dudas acerca de las facultades de la autoridad legislativa local para crear obligaciones tributarias, tampoco la deba haber respecto de la potestad para determinar su extinción".
Concluye que yerra la sentencia recurrida al sostener que el momento de la exigibilidad es al mes siguiente al que se refiere el anticipo y no el 1 de enero siguiente al vencimiento de los plazos generales para la presentación de la declaración jurada del impuesto anual.
II.2. Por otra parte, denuncia que la Cámara no atendió las causales de interrupción y suspensión del plazo de prescripción.
II.2.a. Así, respecto de la interrupción alega que los períodos fiscales ejecutados se habrían tornado exigibles recién con el dictado de la resolución administrativa que determinó su monto (resol. A-234/01, de 13-IX-2001). Señala que esta se notificó al contribuyente el 3 de octubre de 2001 y el 8 de octubre de 2002, siendo esa la última intimación previa al inicio del apremio el 30 de marzo de 2004.
II.2.b. Denuncia asimismo que, con antelación, el plazo se habría interrumpido el 17 de mayo de 2000 con el acta de comprobación labrada en dicha fecha, por la que se habría tomado conocimiento de la realización del hecho imponible generador del impuesto (conf. art. 159 párr. cuarto, Cód. Fiscal).
Apunta que conforme los términos del art. 133 del Código Fiscal, el plazo no correrá mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la autoridad de aplicación. Indica que tuvo conocimiento de los hechos imponibles recién con el acta de comprobación de mayo de 2000 y que al término debió computárselo a partir de ese momento.
II.2.c. Por último, sostiene que Merco Trans S.A. habría efectuado un reconocimiento de deuda, el que surgiría de la presentación administrativa efectuada el 2 de octubre de 2000, que también interrumpiría el cómputo.
A dicho efecto señala que el 26 de septiembre de 2000 se notificaron las diferencias detectadas y que el 2 de octubre del mismo año la señora Vinagre habría manifestado "desacuerdo" pero sin desconocer ni rechazar la deuda fiscal, siendo dicha presentación asimilable al reconocimiento de deuda y por tanto interruptiva también del término de prescripción.
II.3. Señala que yerra la Cámara al contabilizar los plazos, ya que, aun aplicándose el Código Civil entonces vigente, se encontraría en término la acción entablada, por cuanto el cómputo respecto de los anticipos iniciaría el 15 o el 19 del mes siguiente a su acaecimiento.
II.3.a. Afirma con ello que el anticipo marzo de 1998 sería exigible a partir del 19 de abril de 1998.
Indica que para el momento en que se dictó la resolución determinativa de oficio (la que suspendería por 1 año la prescripción; conf. art. 3.986, Cód. Civ.), sólo habrían trascurrido 3 años, 5 meses y 10 días, contando con 1 año, 6 meses y 20 días más luego de reanudado el plazo prescriptivo el 3 de octubre de 2002.
De allí extrae que la prescripción hubiera operado el 23 de abril de 2004, habiendo sido, por tanto, oportuna la acción entablada el 30 de marzo de dicho año. Indica que tampoco estarían prescriptos los anticipos 4 a 7 de 1998.
II.3.b. Sostiene que la sentencia recurrida, aplicando las normas del Código Civil, tuvo por prescritos los anticipos de 1997 a partir del 1 de enero de 2004, pero que no habría contabilizado el año de suspensión denunciado, estando por tal motivo vigente la acción al momento de su interposición, a la luz de las normas locales.
II.3.c. Manifiesta, en el mismo orden, que respecto de los períodos más antiguos (1995 y 1996), debió el contribuyente presentar declaración jurada el 1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 1997, con lo cual el plazo liberatorio habría comenzado recién el 1 de enero de 1997 y 1 de enero de 1998 respectivamente, conforme el art. 132 del Código Fiscal.
Insiste con que el 13 de septiembre de 2001 se dictó la resolución determinativa y que se la notificó el 3 de octubre de 2001, suspendiéndose por un año su curso, según lo normado por el art. 135 inc. "a" del Código Fiscal.
Agrega que, vencido el plazo del art. 104 del Código Fiscal, sin que el contribuyente se presentara ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), quedó firme la determinación de oficio con fecha 19 de noviembre de 2001.
Alega que desde que se dictó la resolución determinativa el 13-IX-2001, el Fisco contaba con cinco años para reclamar la deuda por vía de apremio, habiéndolo iniciado el 30 de marzo de 2004, en legal tiempo y forma, sin contar la suspensión por un año más que impone el art. 135 del Código Fiscal, lo que -sostiene- le daría la posibilidad de reclamar aun en el año 2007 el periodo 12/95 (v. fs. 236 y vta.).
El mismo racconto efectúa respecto de los restantes períodos, afirmando que los de 1996 prescribirían en el año 2008.
II.4. En relación a la aplicación a la materia del Código Civil, efectúa una reseña de la doctrina anterior a las causas "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" de este Tribunal provincial, para señalar que sólo será aplicable para derechos susceptible de ser propiedad privada, conforme los términos del art. 3.951, o en forma supletoria, para lo que no esté previsto en las normas locales específicas.
Subsidiariamente denuncia que la doctrina de la Corte nacional indica el plazo prescriptivo, pero nada dice respecto a cómo debe contabilizárselo. Aduce que cuando se pretende fundar la sentencia recurrida en dicha causa, se yerra, porque nada se establece allí acerca del dies a quo , que -en su opinión- debería regirse por las normas del Código Fiscal.
Agrega que en autos "Pirolo de Capurro" y "Fisco c/ Formosa" dicho Tribunal federal consideró como inicio del curso de prescripción el 1 de enero del año siguiente al de aquel en que se produjo el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso de gravámenes.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, la cuestión se ciñe a dilucidar si res
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.