Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73695
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 73.695, "Provincia de Buenos Aires c/ Marino y cía. SACIFA y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres , Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó el fallo de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y -en consecuencia- hizo lugar a la excepción de prescripción deducida con relación al impuesto sobre los ingresos brutos reclamado, mandando llevar adelante la ejecución en lo atinente al pago de multas (v. fs. 81/89 y 120/132).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 135/148), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 149).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 154) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159, 160 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y -como corolario de ello- de los arts. 3.980 y 3.986 del Código Civil. Agrega que -en su visión- la sentencia atacada violó los arts. 16, 17 y 121 de la Constitución nacional. Alega asimismo absurdo por falta de aplicación de las reglas de apreciación de la prueba contenidas en el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
Concretamente, critica la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal, practicada por la Cámara interviniente. Señala que el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional sólo determinó que ciertos impuestos prescriben a los cinco años, sin expedirse respecto de la fecha en la cual comienzan a correr los términos relativos a gravámenes anuales, que -en su criterio- resultan exigibles recién en el momento en que lo indica el citado art. 159 del Código Fiscal. Añade que -a su entender- la sanción de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial demuestra que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Precisa que ello conlleva la de establecer el modo de computarlos y sus causales de suspensión e interrupción.
Más adelante puntualiza que -en su visión- el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal no resulta contrario a la normativa nacional. Advierte que, según éste, el lapso de suspensión de la prescripción se prolonga hasta noventa días después de la fecha de devolución de las actuaciones administrativas al organismo recaudador, luego de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, pero entiende que ello concuerda con lo previsto por el art. 3.980 del citado Código Civil. Estima que, en el caso, la imposibilidad de instar el cobro no cesó con la notificación de la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación practicada el 28 de febrero de 2013, en tanto la última de éstas -a los ahora ejecutados- se produjo el 8 de marzo de ese mismo año. Añade que la recepción por parte de ARBA del expediente administrativo se verificó el 5 de abril de 2013 (conf. fs. 1.770, expte. adm. 2306-100.231/03) y que recién a partir de entonces pudieron confeccionarse los títulos ejecutivos necesarios. Observa que desde esas últimas fechas hasta la promoción de este apremio (30 de mayo de 2013) no transcurrieron los tres meses mentados por la norma de fondo ni los noventa días establecidos por la de carácter local. Manifiesta que la conclusión de la Cámara sobre el punto, en tanto no tuvo en cuenta la última notificación practicada, se apartó caprichosamente de las constancias de autos, configurando arbitrariedad y absurdo.
En otro orden, cuestiona que la Cámara haya negado efectos interruptivos del curso de la prescripción a la medida cautelar autónoma o anticipada deducida, en los términos del art. 13 del Código Fiscal, para resguardar el crédito tributario perseguido mediante el presente apremio. Alega que el argumento según el cual dicho proceso no perseguiría el fin de obtener el cobro de lo adeudado, tal como lo exige el art. 160 inc. 3 del Código Fiscal, contradice jurisprudencia de la Corte nacional y de otros tribunales. Afirma que la medida en cuestión no es un mero resguardo, sino el ejercicio de la acción necesaria para evitar que el derecho se torne ilusorio y que con ella queda demostrada la intención de cobro.
Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios.
II. El recurso prospera.
El impugnante articula sus embates sobre dos ejes nítidamente diferenciables: i) en un primer tramo se agravia de la errónea aplicación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal y el cómputo de la prescripción efectuado en consecuencia (v. fs. 137); y ii) de otro lado (v. fs. 142 vta.) cuestiona el alcance que el pronunciamiento le otorga a la medida cautelar anticipada iniciada por el ejecutante.
II.1.a. La cuestión controvertida en primer lugar resulta análoga a la debatida en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018. Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello sostuve que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (ver punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; conc. art. 159, t.o. 2011) era sustancialmente análogo al preceptuado por la regla nacional (cfr. art. 57, ley 11.683), guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.). Esto se verifica asimismo con respecto a los arts. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y 65 inc. "a" de la ley nacional 11.683. Todo ello, sumado al resto de las consideraciones a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II.1.b. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", consid. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (consid. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, consid. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJN 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
II.2. El segundo segmento de análisis también resulta una materia ya tratada por este Tribunal. Así, en el precedente A. 73.958, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mar Yi", sentencia de la fecha, acompañé la solución propuesta por el doctor Genoud, por las consideraciones que a continuación expongo.
II.2.a. Allí sostuve que la petición discutida se encuentra íntimamente ligada al reclamo de cobro judicial de la acreencia.
Ese resguardo cautelar funciona en el caso como un instrumento que complementa a -y es complementado- con la acción ejecutiva. Esto es de la esencia de su funcionalidad; no se trata de un "mero resguardo" ajeno al reclamo articulado con el objeto de cobrar la deuda (v. sentencia de Cámara de fs. 128). Mal puede desvincularse una pretensión de la otra como si fuesen independientes, pues ambas se alinean hacia la clara finalidad de perseguir judicialmente el cobro de un crédito.
II.2.b. En otro orden de razones, y de igual modo que lo sostuve al abordar el punto anterior (v. apartado IV.3.i. del precedente "Recuperación de Créditos" cit., a cuyos fundamentos remito), referido al cómputo de la prescripción, interesa tener presente que el contenido de la ley tributaria nacional armoniza con el de su par provincial. El art. 67 de la ley 11.683 preceptúa que la prescripción se interrumpe, además del juicio de apremio, por "cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado".
La identidad de soluciones existente entre ambas legislaciones es evidente.
II.2.c. Para más, debe destacarse un dato adicional de relevante valor interpretativo. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contiene una norma, el art. 2.654, que guarda similitud con la ley tributaria provincial en la medida que otorga eficacia interruptiva de la prescripción a cualquier presentación judicial que traduzca la voluntad del acreedor de perseguir la deuda. El citado precepto establece que "el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo". Es claro que la articulación de la medida cautelar por parte del Fisco acreedor constituye una conducta que demuestra la voluntad inequívoca de hacer efectiva la deuda.
Cierto es que los hechos que dan lugar al presente caso son anteriores a la entrada en vigencia de dicho ordenamiento, mas no puede negarse la importancia que representa ello como guía interpretativa.
III. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y reenviar los autos al tribunal de origen para que, debidamente constituido, dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los parámetros de esta sentencia.
Toda vez que puede reputarse que dada la índole de la cuestión debatida la demandada pudo razonablemente entender que la acción se encontraba prescripta, las costas del proceso deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Por los fundamentos que a continuación expondré, entiendo que el recurso debe prosperar.
I.1.a. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, concluyó que el inicio del cómputo correspondiente se regía por el art. 3.956 del Código Civil -norma de fondo aplicable a la materia durante los períodos discutidos- y no por el art. 133 del Código Fiscal local (t.o. 2004).
Sobre la base de lo decidido en dicho precedente, sustancialmente análogo al presente, corresponde rechazar los agravios de la Fiscalía de Estado contra la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), pues la decisión de la Cámara, en tanto ha analizado el modo de cómputo y las causales de suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias discutidas a la luz del entonces vigente Código Civil, se ajusta a la doctrina señalada.
Me permito señalar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar un criterio semejante (conf. "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
I.1.b. En cuanto a la posibilidad de dispensar la prescripción cumplida, en los términos de la normativa de fondo citada, recuerdo que determinar el inicio del plazo de prescripción, su interrupción o cómputo y si se dieron o no las condiciones de aplicación del art. 3.980 del Código Civil son típicas cuestiones de hecho que -en cuanto tales- se encuentran exentas de censura en esta instancia, salvo el supuesto excepcional del absurdo (conf. causas Ac. 89.574, "C., C. A.", sent. de 21-VI-2006; C. 112.228, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Transportes La Primera de José C. Paz", sent. de 8-V-2013; A. 73.197, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
A su vez, para tener por configurado ese vicio es necesario demostrar que las conclusiones cuestionadas son producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (conf. causas A. 69.937, "Energy", sent. de 3-XI-2010; A. 71.095, "Urbanizaciones Los Altos", sent. de 9-V-2012; A. 73.197, cit., e.o.).
De allí que las críticas de la impugnante, según las cuales la imposibilidad del Fisco para instar el cobro, que autorizaría la aplicación de lo previsto por el art. 3.980 del Código Civil, no habría cesado con la notificación practicada el 28 de febrero de 2013, como lo entendió la Cámara, sino después, no puedan ser favorablemente acogidas.
I.2. En otro orden, la crítica basada en la presunta obstaculización de los mecanismos para la percepción de la renta pública evidencia insuficiencia, pues no ha sido fundada en violación ni errónea aplicación de norma ni doctrina legal alguna sino exclusivamente en los votos de la minoría en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-IV-2006, que por otra parte fueron dictados en el marco de una discusión diferente de la de autos, relacionada con el otorgamiento de una medida cautelar en materia tributaria.
I.3. Ahora bien, en lo atinente a la existencia de una causal de interrupción de la prescripción, dada por la articulación de una medida cautelar autónoma o anticipada en resguardo del crédito perseguido en autos, estimo que le asiste razón a la recurrente.
En efecto, tal como lo señalara en mi voto en la causa A. 73.958, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mar Yi", sentencia de la fecha, cuyos fundamentos seguiré a continuación, ya sea que la cuestión se encuadre en el art. 3.986 del por entonces vigente Código Civil o en el art. 160 inc. 3 del Código Fiscal (t.o. 2011; conc. t.o. 2004), la solución a adoptar no varía.
En su primer párrafo, la primera norma recién citada establece: "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio".
La doctrina en torno a dicho precepto tiene un alcance amplio, puesto que de ella se extrae que para interrumpir el curso de la prescripción basta una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono del derecho por parte del interesado y esta última puede exteriorizarse tanto mediante una demanda como por cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder (conf. e.o., causa C. 92.457, "Frid, Elías c/ Multicanal", sent. de 22-VIII-2007, donde de hecho se discutían los efectos interruptivos de la prescripción de ciertas medidas cautelares).
De allí que lo exigido, a fin de que se produzca la interrupción, es evidenciar una actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho, ya que más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando concreta su propósito de ejercerlo mediante una petición judicial (conf. causas Ac. 52.196, "Belagarde", sent. de 26-VII-1994; C. 94.324, "Robert, Hugo y ots. c/ 'Laguna La Tosca'", sent. de 27-II-2008; e.o.).
A la luz de estos conceptos, la capacidad de la solicitud de medida cautelar invocada para interrumpir la prescripción no cumplida previamente en la especie, resulta innegable.
Conforme se adelantara y pese a lo argumentado en sentido contrario por el Tribunal de Alzada, a la misma conclusión cond
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