Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73958
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.958, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mar Yi S.A. y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres , Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2004) e hizo lugar parcialmente a la defensa de prescripción articulada (v. fs. 175/184 y 236/249).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 252/267), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 268).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 277), presentado el memorial de la actora (v. fs. 283) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia la violación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal y -como corolario de ello- de los arts. 3.980 y 3.986 segundo párrafo del Código Civil; 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial y 121 de la Constitución nacional. Alega asimismo arbitrariedad, absurdo y falta de aplicación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Agrega que -en su visión- la sentencia atacada violó los derechos de propiedad e igualdad, reconocidos por los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional.
Concretamente, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal. Plantea que la sanción de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial demuestra que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Precisa que -a su entender- ello conlleva la de establecer el modo de computarlos y sus causales de suspensión e interrupción. Agrega que el precedente "Filcrosa" carece -en su visión- de respaldo legal en la actualidad y que solo determinó que ciertos impuestos prescriben a los cinco años, sin expedirse respecto de la fecha en la cual comienzan a correr los términos relativos a gravámenes anuales, que -en su criterio- resultan exigibles recién en el momento en que lo indica el citado art. 159 del Código Fiscal.
Más adelante puntualiza que el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal no resulta contrario a la normativa nacional. Advierte que, según esa norma, dicho lapso se prolonga hasta noventa días después de la fecha de devolución de las actuaciones administrativas al organismo recaudador, luego de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, pero entiende que ello concuerda con lo previsto por el art. 3.980 del citado Código Civil. Estima que, en el caso, la imposibilidad de instar el cobro no cesó con la notificación de la decisión del Tribunal Fiscal practicada el día 15 de julio de 2010, en tanto la última de estas -a uno de los aquí ejecutados- se produjo el día 9 de septiembre de ese mismo año. Añade que la recepción por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) del expediente administrativo se verificó el día 16 de septiembre de 2010 (conf. fs. 658 vta., expte. adm. 2306-160.966/06) y que recién a partir de entonces pudieron confeccionarse los títulos ejecutivos necesarios. Observa que desde esas últimas fechas hasta la promoción de este apremio (20 de octubre de 2010) no transcurrieron los tres meses mentados por la norma de fondo ni los noventa días establecidos por la de carácter local. Manifiesta que la conclusión de la Cámara sobre el punto, en tanto no tuvo en cuenta la última notificación practicada, se apartó caprichosamente de las constancias de autos, configurando arbitrariedad y absurdo.
Asimismo, cuestiona que la Cámara haya negado efectos interruptivos del curso de la prescripción a la medida cautelar autónoma o anticipada requerida para resguardar el crédito tributario perseguido mediante el presente apremio. Alega que el argumento según el cual dicho proceso no perseguiría el fin de obtener el cobro de lo adeudado, tal como lo exige el art. 160 inc. 3 del Código Fiscal, contradice jurisprudencia de la Corte nacional y de otros tribunales. Afirma que con la diligencia judicial en cuestión se ha demostrado la intención de cobrar la deuda, asegurando el efectivo cumplimiento del resultado del litigio.
Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios.
II. Adelanto que el recurso prospera parcialmente.
II.1.a. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, concluyó que el inicio del cómputo correspondiente se regía por el art. 3.956 del Código Civil -norma de fondo aplicable a la materia durante los períodos discutidos- y no por el art. 133 del Código Fiscal local (t.o. 2004).
Sobre la base de lo decidido en dicho precedente, sustancialmente análogo al presente, corresponde rechazar los agravios de la Fiscalía de Estado contra la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), pues la decisión de la Cámara, en tanto ha analizado el modo de cómputo y las causales de suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias discutidas a la luz del entonces vigente Código Civil, se ajusta a la doctrina señalada.
Me permito señalar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar un criterio semejante (conf. causa "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
II.1.b. En cuanto a la posibilidad de dispensar la prescripción cumplida, en los términos de la normativa de fondo citada, recuerdo que determinar el inicio del plazo de prescripción, su interrupción o cómputo y si se dieron o no las condiciones de aplicación del art. 3.980 del Código Civil son típicas cuestiones de hecho que -en cuanto tales- se encuentran exentas de censura en esta instancia, salvo el supuesto excepcional del absurdo (conf. causas Ac. 89.574, "C., C. A.", sent. de 21-VI-2006; C. 112.228, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Transportes La Primera de José C. Paz", sent. de 8-V-2013; A. 73.197, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
A su vez, para tener por configurado ese vicio es necesario demostrar que las conclusiones cuestionadas son producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (conf. causas A. 69.937, "Energy", sent. de 3-XI-2010; A. 71.095, "Urbanizaciones Los Altos", sent. de 9-V-2012; A. 73.197, cit.; e.o.).
De allí que las críticas de la impugnante, según las cuales la imposibilidad del Fisco para instar el cobro -que autorizaría la aplicación de lo previsto por el art. 3.980 del Código Civil- no habría cesado con la notificación practicada el día 15 de julio de 2010, como lo entendió la Cámara, sino después, no puedan ser favorablemente acogidas.
II.2. En otro orden, la crítica basada en la presunta obstaculización de los mecanismos para la percepción de la renta pública evidencia insuficiencia, pues no ha sido fundada en violación ni errónea aplicación de norma ni doctrina legal alguna sino exclusivamente en los votos de la minoría en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-IV-2006, que por otra parte fueron dictados en el marco de una discusión diferente de la de autos, relacionada con el otorgamiento de una medida cautelar en materia tributaria.
II.3. Ahora bien, en lo atinente a la existencia de una causal de interrupción de la prescripción, dada por la articulación de una medida cautelar autónoma o anticipada en resguardo del crédito perseguido en autos, estimo que le asiste razón a la recurrente.
En efecto, ya sea que la cuestión se encuadre en el art. 3.986 del por entonces vigente Código Civil o en el art. 160 inc. 3 del Código Fiscal (t.o. 2011; conc. t.o. 2004), la solución a adoptar no varía.
En su primer párrafo, la primera norma recién citada establece: "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio".
La doctrina en torno a dicho precepto tiene un alcance amplio, puesto que de ella se extrae que para interrumpir el curso de la prescripción basta una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono del derecho por parte del interesado y esta última puede exteriorizarse tanto mediante una demanda como por cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder (conf., e.o., causa C. 92.457, "Frid, Elías c/ Multicanal", sent. de 22-VIII-2007, donde de hecho se discutían los efectos interruptivos de la prescripción de ciertas medidas cautelares).
De allí que lo exigido, a fin de que se produzca la interrupción, sea evidenciar una actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho, ya que, más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando concreta su propósito de ejercerlo mediante una petición judicial (conf. causas Ac. 52.196, "Belagarde", sent. de 26-VII-1994; C. 94.324, "Robert, Hugo y ots. c/ 'Laguna La Tosca'", sent. de 27-II-2008; e.o.).
A la luz de estos conceptos, la capacidad de la solicitud de medida cautelar invocada para interrumpir la prescripción no cumplida previamente en la especie resulta innegable.
Conforme se adelantara y pese a lo argumentado en sentido contrario por la Cámara, a la misma conclusión conduce el art. 160 inc. 3 del Código Fiscal (t.o. 2011), norma aplicada en la sentencia atacada por los fundamentos allí brindados (más allá del encuadre de otros aspectos complementarios de los plazos prescriptivos discutidos en lo previsto por el entonces vigente Código Civil).
En su parte pertinente, el mentado precepto local dispone que "...[l]a prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá: [...] c) Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación debidamente notificada, o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida por el contribuyente o, en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado" (el destacado me pertenece).
De lo expuesto se desprende que la medida cautelar solicitada por el Fisco antes de agotada la vía administrativa, con el objeto de resguardar el crédito perseguido mediante el presente litigio, para evitar que el cumplimiento se torne ilusorio y poder cobrar en su momento lo adeudado, constituye una eficaz causal de interrupción de la prescripción no cumplida con anterioridad, en los términos de la disposición transcripta, por encuadrar en su última parte.
No alteran lo señalado las consideraciones en el sentido de que dicha medida cautelar autónoma o anticipada no perseguiría "...el estricto fin de obtener el 'cobro' de lo adeudado...", sino "...efectos de mero resguardo..." (v. pronunciamiento impugnado, fs. 244), pues, en definitiva, aquella se dirige a hacer posible el cobro mentado. En el tratamiento de esta temática tampoco puede perderse de vista que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y en consecuencia ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (conf. causas Ac. 75.702, "Mehres", sent. de 25-X-2000; Ac. 79.932, "Nieto" sent. de 3-X-2001; Ac. 79.698, "Nova Cosméticas", sent. de 23-IV-2003 y C. 94.324, cit.).
Nótese que a fs. 625/632 del expediente administrativo 2306-160.966/06 obra la resolución 2.768/08, mediante la cual el señor Gerente de Cobranzas Judiciales de ARBA dispuso, a fin de preservar el cobro de la suma determinada a través de la resolución 2.215/07, plasmada luego en los títulos ejecutivos de autos, "...[s]olicitar al Sr. Fiscal de Estado, ordene las medidas necesarias a fin de que se concrete la ampliación de las medidas cautelares solicitadas mediante Resolución N° 1.047/07...".
Por su parte, al contestar el traslado de las excepciones opuestas, la Fiscalía de Estado no solo identificó la aludida resolución 2.768/08 y acompañó el expediente administrativo citado, sino que, además, ofreció como prueba la causa "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Mar Yi S.A. y otros s/ Medida cautelar autónoma o anticipada", expediente V-6777, tramitada ante el mismo juzgado de primera instancia que intervino en este proceso presente. De hecho, fue en razón de la existencia de ese juicio que en la demanda de autos la actora solicitó radicación directa por conexidad, en los términos del art. 43 del reglamento aprobado mediante el Acuerdo 3397 de esta Suprema Corte (v. fs. 45/46 y 96 vta./99), lo cual le fue concedido.
A su turno, este Tribunal resolvió, para mejor proveer a la solución del caso planteado (conf. arts. 46 y 77 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC), suspender el llamamiento de autos para dictar sentencia y requerir al señor juez de grado interviniente la remisión de la causa ya referida en el párrafo anterior, que una vez recibida fue agregada por cuerda (v. fs. 287 y 288).
Del análisis de esta última se desprende que el día 15 de octubre de 2008 la señora representante fiscal acompañó en dicho proceso copia fiel de la resolución 2.768/08 y solicitó, en resguardo del crédito fiscal aquí perseguido, que se ampliasen medidas cautelares ya trabadas con anterioridad (v. fs. 22/25, causa "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Mar Yi S.A. y otros s/ Medida cautelar autónoma o anticipada", agregada por cuerda).
A tenor de cuanto ha sido manifestado, ese requerimiento, realizado con sustento en lo dispuesto por el art. 13 del Código Fiscal, interrumpió la prescripción de la deuda discutida en esta instancia, correspondiente al impuesto sobre los ingresos brutos reclamado con relación a los períodos 1/2004 a 9/2004 (v. títulos ejecutivos 507.021 y 507.107, fs. 9 y 11, respectivamente), créditos que no se habían extinguido previamente, pues los términos quinquenales aplicables recién hubieran fenecido -como mínimo- durante el año 2009.
Más allá de cuáles hayan sido los avatares de la medida cautelar solicitada, se aprecia que entre los días 15 de octubre de 2008 y 20 de octubre de 2010 (fecha de inicio del presente apremio), los plazos en cuestión no podrían haber transcurrido íntegramente aun si se los considerara reiniciados de manera inmediata.
Por otra parte, esta Corte ha expresado que la interrupción producida por la demanda se prolonga, cualquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, durante todo el proceso (conf. causas L. 81.873, "Caramelli", sent. de 7-III-2007; L. 96.966, "Nuñer de Argüello", sent. de 2-VII-2008 y C. 92.585, "Gregorini", sent. de 14-V-2008).
III. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y ordenar la remisión de estos actuados a la instancia de origen para que, con la integración que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a las conclusiones vertidas en este voto (conf. art. 289, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y arg. 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Considero que el recurso prospera.
I.1. Un renovado estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los preceptos del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me ha convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo, ello en virtud de los argumentos que se desarrollan en el voto del doctor Soria recaído en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, al que en su momento adherí y adonde corresponde remitir en honor a la brevedad.
De allí que, a mi juicio, asista razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia la violación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), agraviándose de la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas, pues son estas -y no las incluidas en el Código Civil- las que la Cámara interviniente debió aplicar al practicar el cómputo de la prescripción debatida, tanto al definir el dies a quo como la extensión de las causales de suspensión.
I.2. Asimismo, comparto la solución propiciada por el ponente, en cuanto admite el efecto interruptivo de la ampliación de la medida cautelar anticipada solicitada por el Fisco -tramitada en la causa agregada por cuerda a autos-, por lo que he de adherir a los puntos II.2. y II.3. de su voto, a excepción de las reflexiones contenidas en los párrafos segundo a sexto de este último, ya que, en mi opinión, los restantes fundamentos allí desarrollados abastecen de modo suficiente la decisión adoptada.
II. Por las consideraciones vertidas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora, revocar la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata y ordenar que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento conforme la normativa aplicable indicada en el punto I.1., computándose la causal de interrupción acaecida el día 15 de octubre de 2008, a la que se hace referencia en el punto I.2., por remisión al voto que abre el acuerdo.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En un primer tramo de análisis habré de acompañar lo expuesto por la doctora Kogan en el punto I.1. de su voto, donde ha tenido la deferencia de citar mi postura en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de
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