Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72453
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 72.453, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Roberto y Ulises Defelippe S.A. y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Torres, Borinsky, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata declaró la inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2004) e hizo lugar a la defensa de prescripción invocada por los coejecutados respecto de las sumas consignadas en el título de fs. 8/10 como adeudadas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, sin perjuicio de lo cual declaró procedente la ejecución en lo atinente a la multa por omisión y sus intereses (v. fs. 284/302 vta.).
Contra tal pronunciamiento, el Fisco actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 305/319 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 322/323).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 320 y 395) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los coejecutados y -en consecuencia- admitió la defensa de prescripción invocada respecto de las sumas consignadas en el título ejecutivo de fs. 8/10 como adeudadas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos. Para ello declaró la inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2004).
I.1. En primer lugar, recordó que el Fisco provincial inició la demanda de autos persiguiendo el pago de acreencias en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 1994 a 1998, más multa por omisión, contra la firma Roberto y Ulises Defelippe S.A. y las personas físicas individualizadas en el anexo al título ejecutivo.
Indicó que a fs. 60/64 la sociedad coejecutada se presentó espontáneamente y planteó la excepción de prescripción, en el entendimiento de que el plazo de cinco años dispuesto para la ejecución de dichos tributos había trascurrido con anterioridad al inicio de la acción. Señaló que dicha defensa fue fundada en la doctrina emanada del precedente "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 30-IX-2003) y en la adoptada por esta Suprema Corte de Justicia en "Cooperativa de Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (sent. de 30-V-2007), "Expreso Sud Atlántico" y "Maggi Asociados S.R.L.".
Manifestó que el juez de primera instancia rechazó la excepción sin argumentar en torno a los precedentes jurisprudenciales invocados por los codemandados y que practicó el análisis de la cuestión tomando en cuenta únicamente los textos de los arts. 133 y 135 del Código Fiscal (t.o. 2004), así como las constancias del expediente administrativo n° 2306-390213/98.
Censuró que el magistrado de grado desoyera la doctrina citada. Señaló que los codemandados no introdujeron un expreso cuestionamiento constitucional a las normas del Código Fiscal que reglamentan el instituto de la prescripción, pero que sustentaron toda su defensa en la aplicación del Código Civil, cuyas normas regulan tanto el plazo prescriptivo como el modo de computarlo.
Indicó que el debate constitucional no requería de mayores elementos probatorios, en tanto la Corte nacional se pronunció al respecto en las causas "Filcrosa", sent. de 30-IX-2003 (Fallos 326:3899); "Casa Casmma", sent. de 26-III-2009; y "Municipalidad de Resistencia c. Lubricom ", sent. de 8-IX-2009. Añadió que la solución que portan tales precedentes fue también reflejada por esta Suprema Corte de Justicia provincial en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, entre otras.
De tal modo, consideró que se encontraba habilitado el tratamiento de la impugnación constitucional que surgía del escrito recursivo (v. fs. 248 vta. y 252 vta.), fundada en la doctrina legal vigente. Puntualizó que los apelantes se refirieron a la idea de que el régimen tributario local no puede contravenir las normas de fondo, especialmente las relativas a la prescripción, poniendo así en crisis la aplicación al caso de los arts. 133 y 135 inc. "a" del Código Fiscal.
Postuló que, tanto para el Máximo Tribunal nacional como para esta Suprema Corte provincial, en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, es potestad del legislador nacional -al dictar los códigos de fondo- regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y -en consecuencia- sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos cuerpos legales.
Manifestó que, en el caso de autos, no había motivo alguno para apartarse de dicha doctrina. Sostuvo que esta resultaba de obligatorio acatamiento por los tribunales inferiores, especialmente debido a que dicha construcción jurisprudencial fue expresamente invocada por el apelante (conf. CSJN causa "Casa Casmma S.R.L.", cit.) y a que se mantenía inalterable (conf. CSJN in re "Municipalidad de Resistencia c. Lubricom S.R.L.", cit.).
I.2. Sentado lo anterior, ingresó en el análisis de la defensa intentada, a la luz de las normas del Código Civil que regulan el instituto de la prescripción.
Tras contraponer las normas de los arts. 3.956 del Código Civil y 133 del Código Fiscal, consideró evidente que el legislador provincial amplió indebidamente -a través de la fijación del punto de inicio del cómputo- el período prescriptivo de cada ejercicio fiscal al menos en un año, en tanto las declaraciones juradas anuales se realizan en el año calendario siguiente al del ejercicio gravado.
Agregó que no otra conclusión podría extraerse si idéntica contraposición se efectuara respecto del precepto fiscal que regula el pago de anticipos con la normativa civil. En esa dirección, apuntó que cada anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos -mensual o bimestral, de acuerdo a la categoría del contribuyente- es exigible individualmente al mes siguiente de su vencimiento (conf. art. 183, Cód. Fiscal, t.o. 2004), por lo que el cómputo de la prescripción de cada uno de ellos debe comenzar a regir a partir del momento de su exigibilidad (conf. art. 3.956, Cód. Civ.).
Sin dejar de tener presente que la invalidación constitucional de una norma resulta ser la ultima ratio del orden jurídico, sostuvo que ella se imponía en la especie respecto del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), ya que la norma importaba un apartamiento palmario de lo reglado por el art. 3.956 del Código Civil (arg. art. 31, Const. nac.).
Concluyó que, al momento de la interposición de la demanda (promovida el 27-X-2008), el período fiscal 08/1998 (último que consta en el título ejecutivo de fs. 8/10) no resultaba exigible, habida cuenta del plazo de prescripción de cinco años (conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.), contado desde la fecha en que la obligación tributaria reclamada se tornó exigible.
Advirtió que el art. 3.986 del Código Civil establece que la interrupción de la prescripción se producirá con la interposición de la demanda judicial, mientras que la suspensión acaecerá -una única vez y por el término de un año o el menor lapso que pudiera corresponderle a la acción- cuando se constituya en mora al deudor en forma auténtica.
Sin embargo, adujo que, en autos, no existieron actos que permitan tener por interrumpida la prescripción, toda vez que el crédito fiscal bajo análisis (08/1998) fue reclamado judicialmente con la interposición de la demanda, cuando ya habían transcurrido los cinco años del plazo prescriptivo.
En cuanto a la suspensión de dicho término, indicó que acaeció con la notificación de la resolución de determinación de deuda 2.571/00 (obrante a fs. 619/624 y 698/715, expte. adm. n° 2306-390213/98), en tanto ella importó una intimación administrativa de pago.
Expuso que el art. 135 del Código Fiscal establece -al igual que la ley fondal- un plazo de suspensión de un año desde la intimación administrativa de pago, pero que lo alonga cuando media recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación (circunstancia que se verifica en el caso a tenor de las constancias de fs. 716/718 del expediente administrativo) o recurso de reconsideración ante el Director Provincial de Rentas (hecho que también acontece en esta litis, según el documento de fs. 728/736), hasta noventa días desde la notificación de la resolución de tales remedios administrativos, lo que excede lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 3.986 del Código Civil, en clara contradicción con una ley jerárquicamente superior (arg. art. 31, Const. nac.).
Interpretó así que el art. 135 del Código Fiscal debía reputarse inconstitucional en lo atinente al alongamiento allí reglado (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.) y -en consecuencia- inaplicable en la especie.
Seguidamente, practicó el cómputo del plazo de prescripción del período 08/1998 (último reclamado en el título base de la acción): precisó que este se tornó exigible en el mes de setiembre de 1998; que habían transcurrido ya dos años y tres meses cuando -con fecha 18 y 22 de diciembre de 2000- se notificó a los aquí accionados la resolución determinativa 2.570/00, suspendiéndose así por un año el curso del término en cuestión (conf. art. 3.986, segundo párr., Cód. Civil); y que este se reanudó los días 18 y 22 de diciembre de 2001, restando -en principio- dos años y nueve meses para promover la demanda. Es decir que la acción prescribía prima facie el 1 de setiembre de 2004 para los distintos contribuyentes, conforme el plazo quinquenal previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Empero, señaló que la resolución 2.570/00 fue impugnada ante el Tribunal Fiscal de Apelación y ante la máxima autoridad del ente recaudador, restándole firmeza a la determinación tributaria e impidiendo el inicio del juicio de apremio (conf. arts. 106, Cód. Fiscal -t.o. 2004- y 9 inc. "g", ley 13.406), habiendo vencido durante el trámite de una de tales impugnaciones, el término de prescripción (cfr. v. resolución del Director Ejecutivo de ARBA 52/08, fs. 855/859, expte. adm., dictada el 1-II-2008 y notificada el 29-II-2008 y 8-III-2008 a los distintos interesados, conforme documentos de fs. 871/881).
Indicó que dichas circunstancias le exigían ponderar si el art. 3.980 del Código Civil (que autoriza al juez a liberar al acreedor de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento para ejercer la acción) resultaba aplicable en la especie. Entendió que la respuesta era negativa, por cuanto, para que ocurriera tal liberación, el derecho -en el caso al cobro del crédito fiscal- debería haberse hecho valer dentro de los tres meses de cesado el impedimento, circunstancia que estimó no verificada en autos tras constatar las fechas de resolución del recurso de reconsideración (1-II-2008) y de la demanda judicial (27-X-2008).
De todo lo expuesto extrajo que el último período fiscal reclamado en autos se encontraba prescripto y -por ende- que los anteriores debían correr igual suerte, al no advertirse circunstancias diferentes que autorizaran a apartarse del razonamiento efectuado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco denuncia errónea aplicación de los arts. 266 in fine y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y 1, 5, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional. Acusa también violación de la doctrina legal de esta Corte respecto de la regla de congruencia.
II.1. En primer lugar, destaca que la demandada no planteó la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal, si bien fundó su expresión de agravios en los fallos "Filcrosa" -de la Corte nacional- y "Cooperativa Provisión de Almaceneros Minoristas de Punta Alta" -de este Tribunal-.
Advierte que de la jurisprudencia citada podría surgir la necesidad de la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas, pero que ello no fue peticionado en forma expresa, razón por la cual considera que la solución del Tribunal de Alzada decide sobre una cuestión que no fue sometida a su conocimiento.
Indica que declarar la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal es un presupuesto indispensable para hacer lugar a la defensa de prescripción de la acción ejercida y que, si esa solicitud no fue introducida en autos, necesariamente debería llevarse adelante la ejecución correspondiente.
Sostiene, asimismo, que se la privó de ejercer su derecho de defensa (conf. art. 18, Const. nac.) al no permitírsele realizar una adecuada oposición a la inconstitucionalidad de las normas, impidiéndole alegar y probar lo que por derecho le correspondía esgrimir en relación con esa específica circunstancia.
II.2. Denuncia que se violaron los arts. 266 in fine y 272 del Código Procesal Civil y Comercial, que limitan la revisión de la Cámara exclusivamente a las cuestiones sometidas a la decisión del juez de primera instancia, que hubieran sido materia de agravio.
Alega que el Tribunal de Alzada introdujo en el debate una discusión, modificando así el contenido de la oposición que realizó la demandada, ratificada en la expresión de agravios.
Señala que la doctrina legal de esta Suprema Corte establece que "los tribunales de apelación reconocen un doble límite, el que surge de la traba de la litis y el marco de los cuestionamientos que antes ellos se exponen" (cita en tal sentido la causa Ac. 67.142).
Manifiesta que el propio Tribunal de Alzada sostuvo en otros precedentes que ni ex officio ni a pedido de parte la impugnación constitucional es susceptible de ser interpuesta en el reducido y restringido marco de una ejecución fiscal.
II.3. Predica que tampoco es aplicable el caso "Aubert" (citado como precedente en la sentencia recurrida), en tanto las circunstancias procesales son esencialmente disímiles a las de autos, en tanto allí el actor planteó el tema de la inconstitucionalidad, quedando la judicatura planamente habilitada para resolverlo.
II.4. Indica que la decisión recurrida obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo así las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de estas obligaciones e impidiendo al Fisco contar con los recursos suficientes para el adecuado cumplimento de las políticas públicas.
II.5. Enuncia que con fecha 13 de diciembre de 2000 se dictó la resolución 2.571; que esta fue recurrida por la demandada; que ARBA acogió parcialmente la presentación mediante la resolución 52/08; y que notificó de ello a la demandada con fecha 29 de febrero de 2008, lo que dio lugar a la emisión del título ejecutivo n° 367.628.
Aduce que, por imperio de los art. 118 y 133 del Código Fiscal, el período fiscal 1994 comenzó a correr el 1 de enero de 1996, dado que la obligación de presentar la declaración jurada anual de ese ejercicio vencía en 1995; y que hubiera prescripto en enero de 2001.
Arguye que el art. 48 de la ley 12.397 estableció la novación de todas las deudas no prescriptas al 31 de diciembre de 1999, comenzando para ellas un nuevo plazo quinquenal a partir del 1 de enero de 2000, por lo que los períodos reclamados hubieran prescripto el 1 de enero de 2005.
Afirma que, por aplicación del art. 135 del Código Fiscal, el cómputo del plazo de prescripción estuvo suspendido hasta noventa días de notificada la resolución 52/08, lo que sucedió el 29 de febrero de 2008.
Agrega que al momento de configurarse la causal suspensiva (18-XII-2000) restaban cuatro años para que operara la prescripción de las acciones y que el término se reanudó recién el 29 de febrero de 2008, sin que pueda estimarse configurada la prescripción antes del 27 de octubre de 2008, día de inicio de este apremio.
II.6. Reprocha que la sentencia de Cámara contraponga dos normas de diferentes ámbitos de aplicación, a saber, las del Código Civil frente a las del Código Fiscal.
Estima que no existe incompatibilidad entre ellas porque ambos cuerpos normativos establecen idéntico plazo de prescripción quinquenal y que la regulación de su dies a quo , suspensión o interrupción constituye una estricta adecuación a la rama tributaria.
Pregona que la antinomia no se produce por una contradicción expresa entre ambas normas, sino por una interpretación jurisdiccional del alcance y complementos del instituto de la prescripción en el caso del Código Fiscal, que establece particularidades y características propias de la rama jurídica de que se ocupa.
Señala la posterioridad y la especialidad del Código Fiscal en la materia, cuerpo normativo que considera de aplicación exclusiva al caso bajo examen.
III. Adelanto que el recurso no prospera.
III.1. En sustancia, los agravios del Fisco recurrente pueden concentrarse en dos tópicos: i) la violación de los arts. 266 in fine y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal de esta Suprema Corte relativa a la regla de la congruencia (conf. Ac. 67.142, "Farjat", sent. de 5-VII-2000 y Ac. 83.006 "Tarca", sent. de 24-III-2004); y ii) la supuesta incompatibilidad entre las normas del Código Civil y del Código Fiscal de la Provincia sostenida por la Cámara, que la conducen a aplicar las primeras desplazando la regulación prevista en el Código Fiscal (conf. arts. 1, 5, 17, 18 y 31, Const. nac.).
III.1.a. En cuanto al primer punto cabe señalar que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, ya al tiempo de interponer la excepción de prescripción, los coejecutados invocaron el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional (Fallos: 326:3899), señalando que allí:
"...se resolvió la inconstitucionalidad de toda norma local que contradiga la regulación del código civil en lo referente al plazo quinquenal de prescripción, no pudiendo la norma municipal o provincial violar los arts. 31, 75 inc. 12 y concs. de la Constitución Nacional, debiendo los plazos contarse desde la fecha de vencimiento de cada obligación y sólo las causales de suspensión o interrupción que consagran los arts. 3966 y siguientes y 3984 y siguientes del Código Civil son aplicables por sobre toda disposición local en contrario".
Seguidamente expusieron:
"En este sentido agrega la Corte Suprema en Fallos 173:231, 182:360; 187:216; 189:256; 244:39; 277:373 entre otros, que las actuaciones administrativas NO SUSPENDEN NI INTERRUMPEN LA PRESCRIPCION Y ELLO AUNQUE SE TRATE DE LAS QUE DEBIERON PRECEDER A LA DEMANDA JUDICIAL. Es opinión unánime en derecho que una ley local no puede derogar las leyes sustantivas dictadas por el Congreso porque importa un avance sobre las facultades exclusivas de la Nación contrario al art. 67 inc. 11 hoy 75 inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos 183:143; 193:231; 202:516; y posteriores) y que las legislaciones provinciales que tratan sobre la prescripción en forma contraria al Código Civil son inválidas, pues las provincias carecen de facultades para legislar apartándose de la legislación de fondo, aun cuando se refieran a materias de derecho público local (Fallos 175:300; 203:274; 320:1344 citados por la Corte en el fallo Filcrosa SA...)" (fs. 61 vta./62).
Rechazada la excepción en primera instancia (v. fs. 238/244), al interponer el recurso de apelación, los coejecutados insistieron, en sustancia, con la argumentación desplegada y la transcripción antecedente (v. fs. 247 vta./248 vta.).
Al resolver el recurso, el Tribunal de Alzada puso de relieve que el sentenciante de grado rechazó la excepción de p
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