Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74299
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.299, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Transportadora de Gas del Sur y otros s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Violini, Carral, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de prescripción deducida por la demandada (v. fs. 218/224).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. fs. 230/247), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 255/256).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 264) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de prescripción deducida por la demandada.
Para así decidir, aclaró ante todo que -a su entender- el nuevo régimen de derecho común plasmado en el Código Civil y Comercial (ley 26.994) carecía de incidencia en autos. Consideró aplicables las disposiciones del Código Civil (ley 340), vigentes a la época del nacimiento de las obligaciones fiscales reclamadas, debido a lo dispuesto por los arts. 3 de este último cuerpo legal; 7 y 2.537 del citado en primer término.
Coincidió con la jueza de grado en cuanto a que la prescripción de las obligaciones fiscales provinciales debe subsumirse en las normas de fondo, quedando desplazadas las de carácter local que conduzcan a soluciones diferentes de las propiciadas por aquellas.
Advirtió que, de acuerdo con lo establecido por el art. 3.956 del Código Civil, la prescripción comienza a correr desde la fecha del título de la obligación, mientras que el primer párrafo del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004) ubica el inicio del cómputo del plazo pertinente en un momento posterior.
Entendió que este último precepto, aplicado en la especie por la Administración, vulnera reglas de superior jerarquía, en contradicción con la jurisprudencia sentada a partir del fallo "Filcrosa" de la Corte nacional.
Estimó claro que el modo de computarse la prescripción incide decisivamente en la extensión del plazo respectivo. Añadió que la interpretación que mejor se aviene con los arts. 3.956 y 4.027 inc. 3 del Código Civil es la que establece el inicio de dicho término en forma inmediata al vencimiento del período fiscal anual.
De allí extrajo que el plazo de prescripción quinquenal correspondiente al período 2006 comenzó a correr el 1 de enero de 2007 y que feneció el 1 de enero de 2012, sin que la causal suspensiva alegada por el Fisco modificara dicha conclusión, toda vez que al 10 de abril de 2013, fecha de notificación de la intimación administrativa dispuesta por la resolución determinativa y sancionatoria 626/13, el término ya se hallaba vencido.
A mayor abundamiento, observó que el juicio de apremio fue promovido recién el 4 de diciembre de 2014, es decir, con posterioridad a las contingencias descriptas.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y -como consecuencia de ello- de los arts. 1, 5, 17, 18, 31, 75 inc. 12, 121 y concordantes de la Constitución nacional y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Acusa asimismo errónea interpretación de los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial. Explica que ellos no abordan una situación anteriormente regida por disposiciones del Código Civil (ley 340), sino que, al reconocer la competencia de la legislación local para regular la prescripción de tributos, obliga a remitirse al Código Fiscal, una ley provincial preexistente. De allí extrae que no se verifica en autos un conflicto de leyes en el tiempo.
Sostiene que, a la luz de las citadas disposiciones del Código Civil y Comercial, la doctrina legal adoptada por esta Suprema Corte en consonancia con el fallo "Filcrosa" de la Corte nacional debe ser revisada y abandonada. Recuerda que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque resulten sobrevinientes.
Alega que la sanción de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial vino a poner fin a una equívoca interpretación de normas de la Constitución nacional, relativas a la autonomía de las provincias, que constituyen el pilar fundamental sobre el que se construyó el federalismo argentino. Invoca en su apoyo la posición de la señora jueza Argibay en la causa "Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom" (Fallos: 332:2108) y un fragmento del debate legislativo que antecedió al dictado de la ley 26.994.
Con cita de la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial cuente con los recursos necesarios.
Más adelante, transcribe el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011). Señala que, con arreglo a lo allí dispuesto, el plazo de prescripción de los períodos reclamados (1/2006 a 11/2006) comenzó a correr el 1 de enero de 2008, toda vez que en autos se debaten obligaciones en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, determinadas sobre la base de declaraciones juradas anuales.
Añade que mal pudo la Cámara interviniente omitir la aplicación de dicho precepto sin declararlo inconstitucional. Cita también jurisprudencia de la Corte nacional de acuerdo con la cual la aplicación del instituto de la prescripción es de carácter restrictivo y debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho.
A continuación, reproduce parte del art. 161 del Código Fiscal (t.o. 2011). Deduce que el período quinquenal correspondiente al período 2006, iniciado el 1 de enero de 2008, se vio válidamente suspendido por ciento veinte días a partir de la notificación de la resolución de inicio 4.337, producida el 4 de diciembre de 2012.
Agrega que, antes de concluido dicho lapso, más precisamente el 20 de marzo de 2013, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dictó la disposición determinativa y sancionatoria 626, que suspendió el plazo prescriptivo hasta después de agotada la vía administrativa. Manifiesta que esta causal de suspensión fue establecida en interés del contribuyente, a quien se le permite ejercer su derecho de defensa ante el Tribunal Fiscal de Apelación, sin necesidad de abonar previamente el tributo reclamado y sin que el pago pueda ser exigido tampoco por medio de apremio. Se opone a que tal situación sea utilizada en contra del Estado, derivando del tiempo transcurrido entre la determinación de la obligación y el inicio del juicio, el abandono de la acción.
Expresa que, por medio de la cláusula de los códigos, contenida en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, se le atribuye competencia al Congreso para legislar en materia de derecho común, pero puntualiza que esta pauta debe ser interpretada razonablemente, sin desconocer las facultades reservadas por las provincias ni su autonomía financiera, entre otras.
En abono de su tesis, cita las causas C. 99.854, "Haras San Pablo Club de Campo", sentenciada por esta Suprema Corte el 7-X-2009; "Sociedad Italiana de Beneficencia" y "Fornaguera Sempe", falladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el 17-XI-2003 y el 23-X-2015, respectivamente.
Solicita finalmente que se case el pronunciamiento recurrido en cuanto declaró prescriptas las deudas perseguidas y que se haga lugar a la ejecución promovida, con costas a la demandada en todas las instancias.
III. El recurso prospera.
III.1. Al votar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018, sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto, causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido del actual art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en el art. 57 de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Conclusiones similares fueron adoptadas en otros precedentes respecto de lo dispuesto por el actual art. 161 del Código Fiscal (v. mi voto en causas A. 73.594, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder", sent. de 29-V-2019; A. 71.949, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Andreani", sent. de 23-XII-2020; A. 75.566, "Maycar", sent. de 28-V-2021; e.o.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas en las causas mencionadas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "...noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III.3. Consecuentemente, corresponde acoger el recurso de inaplicabilidad deducido y ordenar que se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción con relación a la deuda reclamada a la firma Transportadora de Gas del Sur S.A., a la luz de lo dispuesto por los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011).
IV. Ahora bien, dado lo precedente, cobra virtualidad a través del instituto de la apelación adhesiva el planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte demandada a fs. 25 vta. y siguientes del escrito de oposición de excepciones, que fuera desplazado por la forma en la que resolvieron la jueza de grado y la Cámara (conf. causas C. 102.197, "Dukart", sent. de 8-VIII-2012; A. 74.278, "Bunzel", sent. de 28-VIII-2019; A. 75.163, "Coria", sent. de 23-XII-2020; e.o.).
Allí se cuestionó la validez de la responsabilidad solidaria de los administradores societarios consagrada en los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011), por cuya aplicación en autos se vieron llamados a responder por la deuda fiscal de la empresa contribuyente los señores Joao Ferreira Bezerra de Souza, Alberto Oucinde, Jorge Casagrande, Carlos Alberto G. Seijo, Gustavo Sebastián Miramonte, Diego Alberto Guerri, Carlos Alberto de la Vega, Oscar Marano y la señora María Carolina Sigwald (v. art. 11, disp. delegada 626/13, obrante en copia a fs. 35/59).
Concretamente, las personas recién nombradas plantearon en autos que la deuda reclamada es manifiestamente inexistente a su respecto, por resultar improcedente la atribución de responsabilidad solidaria efectuada en forma objetiva, a tenor de los argumentos vertidos sobre el punto en la causa C. 110.369, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso", sentencia de 2-VII-2014.
Invocaron la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 (hoy 24) del Código Fiscal, practicada en el pronunciamiento citado con fundamento en la alegada contradicción de ese precepto con los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 y 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Puntualizaron que la citada legislación de fondo regula la responsabilidad solidaria de los directores sobre bases subjetivas, a diferencia de lo que acontece con la preceptiva provincial. Advirtieron que el Fisco actor no realizó una imputación subjetiva de responsabilidad solidaria ni tampoco analizó esta cuestión.
Destaco que el pedido fue contestado por la actora a fs. 176 vta./179, defendiendo la constitucionalidad de los preceptos provinciales cuestionados.
V. Adelanto que el planteo reseñado, preterido por la forma en la que se decidió en las instancias anteriores y que ha de recobrar interés aquí -dado mi juicio favorable a la procedencia del recurso extraordinario del Fisco-, merece acogimiento.
V.1. En su embate contra el art. 24 del Código Fiscal (t.o. 2011), la parte actora introdujo, oportunamente, un intento de extender la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema in re "Filcrosa" al caso de autos. En este supuesto, alegando la prevalencia de los arts. 59 y 274 de la Ley General de Sociedades (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.) por sobre aquellas normas provinciales que pretenden innovar en materia de responsabilidad de los administradores societarios.
Como puede apreciarse, se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de normas de derecho público local, exponiéndose una serie de agravios aptos para abordar dicha cuestión.
Así como en lo que atañe a la aplicación e interpretación de las normas federales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde antiguo que no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o de los órganos de las instancias de grado, pues le incumbe realizar la declaración correspondiente al punto debatido (CSJN Fallos: 320:1602; 323:1656; 335:168; e.o.), de manera análoga esta Suprema Corte provincial, en su calidad de Superior Tribunal de la causa, también goza de la atribución de efectuar un pronunciamiento sobre el tópico bajo controversia, incluso respecto de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas o reglamentarias implicadas, si media, en principio, oposición a ellas por parte interesada. En esta labor tampoco puede verse absolutamente constreñida por el estricto tenor de las consideraciones formuladas por los litigantes o de los motivos dados en las instancias inferiores del proceso (arg. arts. 161 inc. 1, 57 y concs., Const. prov.).
Aclarado ello, lo cual me permitirá dejar a salvo mi parecer en la causa A. 71.388, citada, en punto al alcance de la autonomía legislativa local, abordaré lo sustancial de esta cuestión replicando de aquí en adelante lo pertinente de mi voto en la causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sentencia de 23-II-2021.
V.2. El régimen de responsabilidad de los representantes legales y de los administradores de sociedades en materia de gravámenes e infracciones tributarias, en la Provincia de Buenos Aires, se estructura del siguiente modo:
A tenor de lo normado actualmente por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2011), "Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas: 1. Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un mandato legal o convencional. 2. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible".
El alcance de dicha obligación es precisado en el art. 24 del mismo cuerpo normativo (t.o. 2011), donde se prevé que "...los responsables indicados [...] responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes. Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales. [...] El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deber
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