Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74917
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.917, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Phillips Argentina S.A. y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Violini, Natiello .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta y rechazó la pretensión ejecutiva incoada, con costas de ambas instancias a la actora vencida (v. fs. 236/242).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. presentación electrónica de fecha 28 de abril de 2017), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 263/264).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 266) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara interviniente -por mayoría- revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta y rechazó el juicio de apremio promovido.
Para así decidir, recordó el cambio jurisprudencial verificado a partir de la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, donde la Corte nacional se pronunció a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el entonces vigente Código Civil, por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Añadió que ulteriores pronunciamientos enmarcados en esa línea supusieron un nuevo giro en la cuestión debatida, que no se limita a la extensión del plazo respectivo, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción, incluidos los supuestos de suspensión e interrupción.
Sostuvo que el término de prescripción quinquenal de obligaciones anuales como las aquí controvertidas comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.
Entendió injustificable tomar como momento de inicio del cómputo de dicho plazo la fecha de presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos brutos dispuesta por la Comisión Arbitral, más allá de la incidencia de esta medida en otros aspectos.
Advirtió que el contribuyente efectúa el pago de los anticipos a lo largo de un período anual, circunstancia que permite a la Administración conocer la tributación correspondiente.
Afirmó que un criterio distinto del adoptado importaría incorporar un recaudo que alongaría los plazos de prescripción en contraposición a la normativa de fondo (arts. 4.027 inc. 3 y 3.956, Cód. Civ. -ley 340-) y en detrimento del contribuyente, supliendo el déficit de la Administración en instrumentar las potestades con las que en todo momento cuenta, con independencia de la presentación o no de declaración jurada.
De lo anterior extrajo que el término quinquenal atinente al período fiscal 2007 -discutido en autos- debía computarse a partir del 1 de enero de 2008.
Siendo así, aquel ya había transcurrido tanto al momento del dictado de la resolución determinativa (23-IV-2013) como de su notificación (7 de mayo de 2013). Mucho más al interponerse la demanda de apremio (25 de septiembre de 2013).
Por tal motivo, concluyó que la deuda reclamada se encontraba prescripta.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad, la Fiscalía de Estado denuncia errónea interpretación del art. 3.986 del Código Civil (ley 340) y violación de los arts. 159 y 210 del Código Fiscal, así como del Convenio Multilateral y del art. 2 de la resolución 4/07, dictada por la Comisión Arbitral.
En primer lugar, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) en virtud de los principios recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), donde se sentó posición confirmando la facultad de las provincias para establecer los plazos de prescripción de sus tributos.
Señala que el art. 2.532 de dicho cuerpo legal confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en la materia. Y que, respetando esa tesis, el art. 2.560 limita su aplicación a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales.
Puntualiza que el nuevo Código no importa un conflicto de leyes en el tiempo con el anterior, ya que simplemente supone un reconocimiento de la competencia local para regular la prescripción a través de una norma específica y preexistente, sin que resulte de aplicación lo previsto por el art. 2.537 del Código Civil y Comercial (ley 26.994).
Considera que si bien el art. 2.532 de este plexo determina que las legislaciones locales podrán regular la prescripción "en cuanto al plazo de tributos", resulta innegable que con dicha expresión se abarcan todas las cuestiones atinentes a la prescripción, incluido el inicio del cómputo, la suspensión e interrupción, la dispensa, etcétera. Es decir, no solo la extensión del plazo respectivo.
Sentado lo anterior, sostiene que, a tenor de lo establecido por el art. 210 del Código Fiscal, los contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral deben presentar sus declaraciones juradas recién cuando lo indica el organismo de aplicación.
Precisa que, a través del art. 2 de la resolución general 4/07, la Comisión Arbitral estableció que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada correspondiente al período 2007 operó el 30 de junio de 2008.
De allí deriva que el plazo de prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos discutido en autos debe computarse desde el 1 de enero de 2009, ya que el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) remite en estos casos al 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Concluye que al momento de dictarse y notificarse la resolución determinativa (abril y mayo de 2013, respectivamente) no había transcurrido aún el plazo quinquenal de prescripción aplicable. Añade que dichos actos suponen una intimación administrativa de pago que, en los términos del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal, suspende la prescripción.
III. El recurso prospera.
III.1. La impugnación relativa a la errónea aplicación de las normas que rigen la prescripción de impuestos debe ser favorablemente acogida en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido del actual art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en el art. 57 de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en otros casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III.3. Consecuentemente, entiendo que corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en el art. 159 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a la firma Philips Argentina S.A. para el período fiscal 2007.
IV. Ahora bien, dado lo precedente, cobra virtualidad a través del instituto de la apelación adhesiva el planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte demandada a fs. 208, que fuera desplazado por la forma en la que resolvió el caso la Cámara interviniente (conf. mi voto en causa A. 75.566, "Maycar S.A.", sent. de 28-V-2021).
Allí se cuestionó la validez de la responsabilidad solidaria de los administradores societarios fundada en los actuales arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal (t.o. 2011), por cuya aplicación en autos se vieron llamados a responder por la deuda fiscal de la empresa contribuyente los señores Juan Antonio Larrañaga, Alejandro Luis Coliva y Javier Lozada (v. art. 6, disp. determinativa 882/13 a fs. 1.829 vta., expte. adm. 2360-115.181/09).
Concretamente, las personas recién nombradas plantearon en autos que la deuda reclamada es manifiestamente inexistente a su respecto, por resultar improcedente la atribución de responsabilidad solidaria efectuada en forma objetiva, a tenor de los argumentos que -entienden- surgen de la causa C. 110.369, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso", sentencia de 2-VII-2014.
Pidieron la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 (hoy 24) del Código Fiscal con fundamento en la alegada contradicción de ese precepto con los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Puntualizaron que dicha legislación de fondo regula la responsabilidad solidaria de los directores sobre bases subjetivas, a diferencia de lo que acontece con la preceptiva provincial. Advirtieron, entonces, que en autos el Fisco no realizó una imputación subjetiva de responsabilidad solidaria, ni tampoco analizó esta cuestión.
Destaco que el planteo fue contestado por el Fisco actor a fs. 221/222, defendiendo la constitucionalidad de los preceptos provinciales cuestionados.
V. Adelanto que el planteo reseñado, preterido por la forma en la que se decidió en la instancia anterior y que ha de recobrar interés aquí -dado mi juicio favorable a la procedencia del recurso extraordinario del Fisco-, merece acogimiento.
V.1. En su embate contra la extensión de solidaridad fundada en los actuales arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal (t.o. 2011), la parte demandada cuestionó el carácter objetivo asignado a dicho instituto y, sobre bases constitucionales, alegó la prevalencia de los arts. 59 y 274 de la Ley General de Sociedades (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Como puede apreciarse, se ha puesto en tela de juicio de este modo la validez constitucional de normas de derecho público local, exponiéndose una serie de agravios aptos para abordar dicha cuestión.
Así como en lo que atañe a la aplicación e interpretación de las normas federales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde antiguo que no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o de los órganos de las instancias de grado, pues le incumbe realizar la declaración correspondiente al punto debatido (CSJN Fallos: 320:1602; 323:1656; 335:168; e.o.), de manera análoga esta Suprema Corte provincial, en su calidad de Superior Tribunal de la causa, también goza de la atribución de efectuar un pronunciamiento sobre el tópico bajo controversia, incluso respecto de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas o reglamentarias implicadas, si media, en principio, oposición a ellas por parte interesada. En esta labor tampoco puede verse absolutamente constreñida por el estricto tenor de las consideraciones formuladas por los litigantes o de los motivos dados en las instancias inferiores del proceso (arg. arts. 161 inc. 1, 57 y concs., Const. prov.).
Aclarado ello, lo cual me permitirá dejar a salvo mi parecer en la causa A. 71.388, citada, en punto al alcance de la autonomía legislativa local, abordaré lo sustancial de esta cuestión replicando de aquí en adelante lo pertinente de mi voto en la causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sentencia de 23-II-2021.
V.2. El régimen de responsabilidad de los representantes legales y de los administradores de sociedades en materia de gravámenes e infracciones tributarias, en la Provincia de Buenos Aires, se estructura del siguiente modo:
A tenor de lo normado actualmente por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2011), "Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas: 1. Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un mandato legal o convencional. 2. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible".
El alcance de dicha obligación es precisado en el art. 24 del mismo cuerpo normativo (t.o. 2011), donde se prevé que "...los responsables indicados [...] responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes. Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales. [...] El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo".
Por último, el art. 113 del Código citado (t.o. 2011), en su segundo párrafo, establece: "A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de este cuerpo legal, también se dará intervención en el procedimiento determinativo y, en su caso sumarial, a quienes administren o integren los órganos de administración de los contribuyentes, y demás responsables, a efectos de que puedan aportar su descargo y ofrecer las pruebas respectivas".
V.3. La opción del legislador local por un sistema de responsabilidad solidaria e ilimitada por deuda ajena, que afecta a los representantes legales y los administradores de sociedades, con ser excepcional precisamente porque desborda los límites del vínculo normal entre contribuyente y Estado, no merece necesariamente reproche de índole constitucional. Tal como lo puntualicé al votar en la causa A. 74.007, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Arias", sentencia de 11-IV-2018, dicho régimen oficia como una suerte de reaseguro extraordinario para la recaudación de la renta pública. Se trata, por otra parte, de una responsabilidad que guarda cierta similitud con la que se regula en el campo de las relaciones jurídicas entre las sociedades y sus representantes legales y administradores (arts. 59 y 274, ley 19.550). Sin embargo, semejante escrutinio no puede detenerse solo en esos dos factores.
Una sana comprensión torna necesario ponderar si, en concreto, el contenido del régimen de solidaridad desarrollado en el sistema tributario local es razonable. Y esto trata de una materia dentro de la cual se debe diferenciar entre la cuestión relativa a la autoridad competente para regular los componentes de las obligaciones tributarias provinciales (conf. mi voto en causa A. 71.388, cit.), de la posibilidad de controlar su contenido.
V.4. Una interpretación discreta del texto de los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011) impide afirmar que el sistema de responsabilidad solidaria local se sustente en la culpa o el dolo del r
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