Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75539
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.539, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Surtigas S.A. y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud, Violini, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada (v. fs. 106/109).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 130/131).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 133), presentado el memorial de la demandada (v. presentación electrónica de fecha 30-X-2018) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada.
Para así decidir, consideró aplicables en la especie las disposiciones del Código Civil (ley 340) que componen el régimen de la prescripción liberatoria (en todos sus aspectos: plazo, inicio del cómputo, causales de suspensión e interrupción, etc.). Ponderó a tal fin que los sucesos de autos se consumaron bajo el amparo de dicho cuerpo legal, sin perjuicio de la posterior entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994).
Sostuvo que debían quedar desplazadas las normas locales, por tratarse de una materia de fondo, ligada al derecho de propiedad y regulada por el Congreso en los términos del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Interpretó que, de acuerdo con los arts. 3.956 y 4.027 inc. 3 del Código Civil, el plazo de prescripción de obligaciones de vencimiento anual como el impuesto sobre los ingresos brutos es quinquenal y que comienza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al período en cuestión.
De allí extrajo que el cómputo relativo al más reciente de los períodos reclamados (2003) se inició el 1 de enero de 2004 y que hubiera expirado el 1 de enero de 2010 (sic), de no haber sido por la resolución determinativa y sumarial 662/06.
Puntualizó que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3.986 del Código Civil, esta última suspendió dicho término por un año. Agregó que ella habilita la aplicación de la dispensa de la prescripción prevista por el art. 3.980 del Código Civil, pero que al 2 de septiembre de 2011 (fecha de inicio de este proceso) ya había transcurrido el lapso de tres meses desde el cese del impedimento que como máximo otorga el precepto citado. Tal plazo de gracia fue calculado por la mayoría del tribunal desde la notificación a la Fiscalía de Estado de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto, practicada el 3 de mayo de 2011.
Por los fundamentos expuestos, la Cámara concluyó que las obligaciones relacionadas con todos los períodos reclamados (septiembre de 2001 a mayo de 2003) se hallaban prescriptas.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal; 5, 17, 18, 31, 75 inc. 12 y concordantes de la Constitución nacional; 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Acusa asimismo errónea interpretación de los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial. Explica que ellos no abordan una situación anteriormente regida por disposiciones del Código Civil (ley 340), sino que, al reconocer la competencia de la legislación local para regular la prescripción de tributos, obliga a remitirse al Código Fiscal, una ley provincial preexistente. De allí extrae que no se verifica en autos un conflicto de leyes en el tiempo.
Sostiene que, a la luz de las citadas disposiciones del Código Civil y Comercial, la doctrina legal adoptada por esta Suprema Corte en consonancia con el fallo "Filcrosa" de la Corte nacional debe ser revisada y abandonada.
Alega que la sanción de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial vino a poner fin a una equívoca interpretación de normas de la Constitución nacional, relativas a la autonomía de las provincias, que constituyen el pilar fundamental sobre el que se construyó el federalismo argentino. Invoca en su apoyo la posición de la jueza Argibay en la causa "Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom" (Fallos: 332:2108) y un fragmento del debate legislativo que antecedió al dictado de la ley 26.994.
Con cita de la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial cuente con los recursos necesarios.
Más adelante, transcribe el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011). Señala que, con arreglo a lo allí dispuesto, el plazo de prescripción del período reclamado más antiguo (2001) comenzó a correr el 1 de enero de 2003, toda vez que en autos se debaten obligaciones en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, determinadas sobre la base de declaraciones juradas anuales.
Añade que mal pudo la Cámara interviniente omitir la aplicación de dicho precepto sin declararlo inconstitucional. Cita también jurisprudencia de la Corte nacional de acuerdo con la cual la aplicación del instituto de la prescripción es de carácter restrictivo y debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho.
A continuación, reproduce parte del art. 161 del Código Fiscal (t.o. 2011). Deduce que el plazo quinquenal correspondiente al período 2001, iniciado el 1 de enero de 2003, se vio válidamente suspendido desde el 3 de octubre de 2006 (fecha de notificación de la resolución determinativa y sancionatoria) hasta noventa días hábiles después del 20 de mayo de 2011 (fecha de notificación de la resolución del recurso de reconsideración).
Manifiesta que tal causal de suspensión fue establecida en interés del contribuyente, a quien se le permite ejercer su derecho de defensa ante el Tribunal Fiscal de Apelación o ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), sin necesidad de abonar previamente el tributo reclamado y sin que el pago pueda ser exigido tampoco por medio de apremio. Se opone a que tal situación sea utilizada en contra del Estado, derivando del tiempo transcurrido entre la determinación de la obligación y el inicio del juicio, el abandono de la acción.
Expresa que, por medio de la cláusula de los códigos, contenida en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, se le atribuye competencia al Congreso para legislar en materia de derecho común, pero puntualiza que esta pauta debe ser interpretada razonablemente, sin desconocer las facultades reservadas por las provincias ni su autonomía financiera, entre otras.
En abono de su tesis, cita las causas C. 99.854, "Haras San Pablo Club de Campo", sentenciada por esta Suprema Corte el 7-X-2009; "Sociedad Italiana de Beneficencia" y "Fornaguera Sempe", falladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el 17-XI-2003 y el 23-X-2015, respectivamente.
III. En mi opinión, el recurso prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Con relación a este último precepto, baste simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en la citada causa A. 71.388 a concluir que el Código Civil (ley 340) no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local, conducen a adoptar idéntica decisión respecto de la causal de suspensión alegada, por cuanto también esta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado actualmente en el art. 161 del Código Fiscal, que guarda similitud con el art. 65 de la ley nacional 11.683 (conf. mi voto en causas A. 73.347, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020 y A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, reiterando mi acompañamiento al voto de la ponente, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los preceptos relevantes del Código Fiscal, se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación con la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a la contribuyente para los períodos fiscales que son objeto de controversia (art. 289, CPCC).
IV. Para concluir, no obstante que en el asunto evidentemente subyace lo atingente al régimen de responsabilidad solidaria consagrado en los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011), aspecto sobre cuya invalidez constitucional me he expedido antes de ahora (v. por todas, mi voto en causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sent. de 23-II-2021), lo concreto es que en la especie no ha habido un planteo útil en tal sentido. Por lo que siendo así, dada la naturaleza disponible de los derechos involucrados y a fin de preservar la congruencia y el contradictorio (conf. mi voto en causas A. 73.474, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Necotrans S.A.", sent. de 25-II-2021 y A. 70.476, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mareque", sent. de 28-VIII-2021), cualquier precisión o declaración en tal sentido -como sostuve en un precedente análogo- deviene enteramente inoficiosa (conf. mi voto en causa A. 72.453, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Roberto y Ulises Defelippe S.A.", sent. de 30-VIII-2021).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Discrepo con los colegas que me preceden en el orden de votación, pues en mi opinión el recurso no puede prosperar.
I. Recientemente, el Máximo Tribunal de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250; entre otros, haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en la especie- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara en cuanto declaró aplicable al caso las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- en lugar de lo dispuesto por el Código Fiscal local.
II. En virtud de los fundamentos brindados, corresponde desestimar el recurso de inaplicabilidad deducido, con costas a la vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de exponer en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos señalamientos han sido sustentados en la doctrina de la causa "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (Fallos: 342:1903).
II. En virtud de los fundamentos brindados, corresponde desestimar el recurso de inaplicabilidad deducido, con costas a la vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Violini y Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.