Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74651
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.651, "Fisco de la provincia de Buenos Aires c. Brighton SRL y ots. s/ Apremio provincial. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Violini, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado Franklin Guillermo Williams al Título Ejecutivo n° 514.346; declarar el decaimiento del derecho a oponer excepciones por parte de los ejecutados empresa Brighton S.R.L. y el señor Carlos Alberto Piedras (arts. 7, ley 13.406 y 155, CPCC) e imponer las costas del proceso a la parte vencida.
Comenzó explicando que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires promovió ejecución por vía de apremio contra la empresa Brighton S.R.L. y los señores Carlos Alberto Piedras y Franklin Guillermo Williams, por la suma de un millón setenta y cuatro mil ciento cinco pesos con un centavo ($1.074.105,01), correspondiente a obligaciones fiscales impagas del impuesto a los ingresos brutos.
Frente a ello, agregó, el señor Franklin Guillermo Williams opuso excepción de prescripción solicitando el rechazo de la ejecución con costas.
Al respecto sostuvo que, en virtud de la época de nacimiento de la obligación, se aplica a la presente causa la legislación de fondo vigente al momento del hecho, toda vez que se trata de hechos consumados bajo el amparo de esa norma (Cód. Civil, ley 340 y modif.).
Señaló que el régimen aplicable es el de la fecha de la obligación y el plazo quinquenal es el establecido por el art. 118 del Código Fiscal (t.o. 1999) -actual art. 157 del mismo Código (t.o. 2011)-, que rige en el supuesto de autos y coincide con el previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, en tanto el tributo reclamado constituye una obligación periódica, de las previstas en este precepto.
Precisó que el plazo de las acciones de la Provincia para determinar y exigir el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es de carácter anual, conforme surge de los arts. 168 y 169 del Código Fiscal (t.o. 1999) actuales 209 y 210 del mismo Código (t.o. 2011), y el plazo de prescripción debe computarse a partir del vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas (art. 120, Cód. Fiscal, t.o. 1999, actual 159, t.o. 2011). De modo que en el período fiscal 1997, el cómputo debe efectuarse desde el 1 de enero de 1999.
En tal sentido, observó que la acción encaminada a obtener el pago de la deuda por Ingresos Brutos reclamada mediante el Título Ejecutivo n° 514.346 no fue intentada en tiempo útil, en tanto el período reclamado (1 al 11 del año 1997), no habiendo mediado causales interruptivas o suspensivas, prescribió el día 31 de diciembre de 2004, es decir, con antelación a la demanda ejecutiva, promovida el día 17 de marzo de 2011, una vez transcurrido el plazo de cinco (5) años (cita fs. 9/11).
Agregó que lo mismo ocurre con relación a la multa aplicada (Resolución de Cierre del Procedimiento Determinativo n° 749 del Director de Auditoría Especial -decreto 348/00, de fecha 27-XII-2001), que prescribió el día 27 de diciembre de 2006, también con anterioridad a la interposición de la demanda.
Por dichas razones resolvió hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta al referido título ejecutivo, situación que alcanza a los ejecutados empresa Brighton S.R.L. y el señor Carlos Alberto Piedras, de acuerdo a lo normado por los arts. 688 del Código Civil, actual 822 y 2.549 de la ley 26.994.
Aclaró por último que distinta es la situación de los ejecutados empresa Brighton S.R.L. y el señor Carlos Alberto Piedras, que no han opuesto excepciones legítimas dentro del término legal (art. 5, ley 13.406), por lo que declaró el decaimiento de su derecho a oponer excepciones.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto fue materia de agravio.
Para resolver de ese modo explicó que en las presentes actuaciones corresponde aplicar las normas del Código Civil (ley 340), vigente al tiempo del nacimiento de las obligaciones fiscales ejecutadas en autos (art. 3, texto según ley 17.711, Cód. Civil cit.; conc. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994). Agregó, a mayor abundamiento, que de encontrarse en curso el plazo de prescripción bajo dicho régimen legal, la solución no se vería modificada, toda vez que el nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994), expresamente contempla esa situación y dispone la aplicación de la ley anterior (cfr. arts. 2.537, 2.532 y concs., ley 26.994).
En ese orden de ideas, sostuvo que la interpretación que propone la parte actora recurrente no puede prosperar, pues es claro que el modo de computarse la prescripción incide decisivamente en el plazo respectivo (arts. 4.027 inc. 3 y 3.956, Cód. Civil, ley 340), al punto que el criterio así plasmado no se compadece con dichas disposiciones del derecho de fondo, cuando la hermenéutica que mejor se aviene a ellas es la que inicia el cómputo del plazo en forma inmediata al vencimiento del período fiscal anual.
Sentado ello, y de acuerdo al carácter anual del tributo que ofrece el caso (conf. arts. 182, 187, sigs. y concs., Cód. Fiscal, t.o. 2011), se autoriza una exégesis que, en aplicación del art. 3.956 del Código Civil, remita al primer día posterior al vencimiento de ese lapso calendario como inicio de su cómputo.
Así, el período fiscal ejecutado, correspondiente al año 1997, comenzó a prescribir el 1 de enero de 1998 y expira cinco años después (1 de enero de 2003), siempre y cuando no existan causales de suspensión que modifiquen su curso.
Agregó que en el presente caso no se encuentra controvertida la suspensión de la prescripción operada por la notificación -a la firma accionada y a los codemandados señores Williams, Vivacqua y Piedras, el día 28 de diciembre de 2001- de la intimación cursada mediante Resolución Determinativa y Sumarial n° 749/01 (cita notificaciones a fs. 938/941 y resolución de fs. 798/817, del expediente n° 2306-17348/96, que se encuentra agregado por cuerda sin acumular).
Precisó que la suspensión aludida se extendió por el término de un (1) año y por una sola vez, en razón de la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica (art. 3.986, Cód. Civ.).
Señaló entonces que los codemandados señores Vivacqua, Piedras (por su propio derecho y en representación de la empresa) y Williams, interpusieron recurso de reconsideración por ante la Autoridad de Aplicación (cita fs. 942, 960/967 y 968/985, respectivamente, de las actuaciones adm. citadas).
No obstante ello, advirtió, y aún en caso de resultar de aplicación el art. 3.980 del Código Civil, la presente acción fue promovida el día 17 de marzo de 2011 (v. fs. 11) con posterioridad al vencimiento del término de tres meses de notificada la resolución n° 389/2.010 que rechazó los recursos de reconsideración interpuestos (resolución de fecha 29-IX-2010; v. fs. 1.041/1.058, notificada al señor Williams el día 2-XI-2010; v. fs. 1.059, a la empresa y al señor Piedras el día 9-XI-2010; v. fs. 1.061, y al señor Vivacqua con fecha 9-XI-2010; v. fs. 1.062, todas del expte. adm. cit.), en virtud del plazo previsto en el art. 3.980 citado, sin que revista virtualidad alguna respecto de la prescripción ya operada a ese entonces.
Dicho ello, analizó el agravio eventual incoado, por el que se solicita la limitación de los efectos de la prescripción únicamente al codeudor que introdujo la excepción.
Sostuvo que el planteo deducido tampoco es de recibo en tanto el Fisco recurrente no fundó adecuadamente su impugnación (cfr. arts. 13 y 25, ley 13.406 y 260, CPCC).
Sin perjuicio de ello y para mayor satisfacción del apelante, señaló que en el caso de las obligaciones solidarias -como la ejecutada en autos- la extinción de estas por la prescripción de la acción, aunque haya sido opuesta por uno sólo de los deudores, beneficia a todos los demás.
III. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció que la sentencia impugnada infringió el régimen jurídico aplicable por violación de normas provinciales y errónea aplicación de normativa constitucional.
Remarcó la necesidad de revisar la doctrina sentada por la Corte Federal en el caso "Filcrosa", a la luz de la nueva normativa nacional que regula expresamente la preeminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, atento la insoslayable autonomía de estas por sobre las disposiciones del derecho común.
En lo atinente al tema que nos ocupa, expresó que el art. 2.532 del nuevo Código confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Agregó que el art. 2.560 establece que el plazo de prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.
En cuanto al alcance de la potestad provincial para regular la prescripción de sus tributos, destacó que, si el legislador ha reivindicado que las normas locales pueden regular la prescripción liberatoria en cuanto a los plazos, más aún pueden regular el modo de cómputo y las causales de suspensión e interrupción.
Sentado ello, recordó que el art. 159 del Código Fiscal regula el inicio del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de los tributos adeudados.
Apuntó que la aplicación de dicha norma impone concluir que la acción entablada por el Fisco se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio y de allí la plena exigibilidad de la deuda que compone la pretensión fiscal.
Sostuvo que, en el caso de autos, el plazo de prescripción del período reclamado -1 al 11 de 1997-, comenzó el 1 de enero de 1999. Ello así, toda vez que tratándose de una deuda generada por el impuesto a los ingresos brutos, debe ser determinada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales a año vencido (arts. 209 y 210, Cód. Fiscal).
Por último, destacó que el art. 161 del Código Fiscal determina que el plazo no sólo queda suspendido mientras se sustancia el recurso, sino que se prolonga por noventa días hábiles más. Sostuvo que dicha suspensión se establece en el puro interés del contribuyente, a quien se le permite ejercer su derecho de defensa sin estar obligado al previo pago del tributo, y sin que pueda serle exigido por vía de apremio.
Señaló que la recta interpretación de las cuestiones debatidas en autos, imponen destacar que cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional menciona los diferentes Códigos de derecho material, establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común que, interpretada racionalmente, no sólo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la Constitución nacional (siendo la legislación local la regla, en tanto la legislación nacional es la excepción) sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas.
IV. El recurso no prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Esta tesis, por lo demás, sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), ha sido reiterada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (Fallos: 342:1903), en los que ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en ese caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctrina de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, considerando 5°), conducía a concluir que debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara que -en lo medular de su decisión- declaró aplicables al caso las normas del Código Civil vigente a la época de los hechos debatidos y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Por los fundamentos expuestos, en atención al alcance de la impugnación extraordinaria formulada, se impone en la especie descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la alegada violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales, y rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como en otros precedentes análogos, habré de apartarme de la solución que aquí propicia el doctor Torres.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que, desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de l
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