Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74897
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.897, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Servicio de Nefrología y Diálisis y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Carral, Budiño , Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata modificó la sentencia dictada por el juez de primera instancia, haciendo lugar a la defensa de prescripción opuesta con relación a los períodos 1 a 12 de 1996, 1 a 12 de 1997 y 1 a 2 de 1998 del impuesto sobre los ingresos brutos y mandando a llevar adelante la ejecución por los restantes conceptos reclamados en autos (v. fs. 836/863).
Disconformes con dicho pronunciamiento, tanto el codemandado Eduardo Raúl Coste (v. fs. 868/887) como la Fiscalía de Estado (v. fs. 889/909) interpusieron recursos de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 981/982).
Declarado mal concedido con posterioridad el recurso interpuesto por el codemandado Eduardo Raúl Coste en razón de no superarse el monto exigido a tal fin, llamados los autos para decidir el remedio deducido por la Fiscalía de Estado (v. fs. 989/990) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que al recurso de la parte interesa, la Cámara interviniente modificó la sentencia dictada por el juez de primera instancia, aunque confirmando la procedencia de la defensa de prescripción opuesta con relación a los períodos 1 a 12 de 1996 y 1 a 12 de 1997. Extendió asimismo tal declaración a los períodos 1 a 2 de 1998, que en su cómputo el a quo había dejado fuera de la declaración.
Para así decidir, descartó ante todo la alegada improcedencia del análisis sobre la validez constitucional de ciertas normas del Código Fiscal, basada en las limitaciones que impondría el proceso de ejecución.
Invocó en tal sentido precedentes propios de acuerdo con los cuales la invalidación constitucional de un precepto queda habilitada en el marco procesal del juicio de apremio cuando resulta susceptible de resolverse con las constancias del expediente o sin necesidad de mayores despliegues probatorios y cuando la legislación reputada ilegítima está llamada a regir el caso.
Sostuvo que la prescripción se encuentra contemplada entre las defensas habilitadas por el legislador bonaerense en el apremio y que la constitucionalidad de las disposiciones que regulan dicho instituto constituye una cuestión puramente jurídica, que puede ser abordada en la especie.
Seguidamente, recordó el criterio adoptado por la Corte Suprema en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) y sus derivadas, de acuerdo con el cual es el Congreso quien cuenta con la potestad de regular los plazos de prescripción de las obligaciones, el modo de computarlos y sus causales de suspensión e interrupción, entre otros aspectos, por así desprenderse del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Puntualizó que, a tenor del art. 31 de esta última, las provincias deben adecuar sus regulaciones a las pautas sobre la materia establecidas en el Código Civil, ya que -de lo contrario- resultan inválidas. Añadió que esta Suprema Corte propició tal temperamento a partir de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007.
Negó que la doctrina señalada pueda quedar desbaratada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en el entendimiento de que dicho cuerpo normativo no está llamado a regir la relación jurídica abordada en este juicio, que -por el contrario- nació, se desarrolló y extinguió al amparo de la legislación civil anterior.
Rechazó la tesis de que el inicio del cómputo del término prescriptivo reglado por el primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal resulta compatible con lo normado por el art. 3.956 del Código Civil. Tras confrontar ambos preceptos, concluyó que, por medio de aquel, el legislador provincial amplió indebidamente dicho plazo al menos en un año, si se considera que las declaraciones juradas anuales del impuesto sobre los ingresos brutos se realizan durante el año calendario siguiente al del ejercicio gravado.
Añadió que, en el caso, la obligación de ingreso de los anticipos mensuales adeudados no fue respetada por la firma contribuyente, motivo por el cual el plazo de prescripción debería contarse desde los respectivos vencimientos, manteniéndose la declaración de inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal practicada en la instancia anterior.
Se opuso a la aplicación de lo previsto por el cuarto párrafo de la disposición recién citada. Postuló en esa dirección que incumbe al Fisco la carga de demostrar que le fue imposible conocer a través de actos o hechos acaecidos en el ámbito bonaerense el desarrollo de la actividad gravada y que la configuración de este presupuesto queda ensombrecida en autos por el hecho de que la firma demandada se hallaba inscripta frente al impuesto sobre los ingresos brutos con anterioridad a los períodos reclamados.
Desechó la incidencia del denunciado acogimiento de la sociedad contribuyente a un plan de facilidades de pago, por involucrar períodos distintos de los discutidos en el caso.
Con relación a la suspensión de la prescripción, observó que la segunda parte del art. 3.986 del Código Civil la contempla en casos de constitución en mora del deudor por única vez y por el lapso máximo de un año, motivo por el cual consideró inconstitucional lo establecido por el actual art. 161 inc. "a" del Código Fiscal, en tanto alonga su extensión.
Sentado lo anterior, analizó en primer lugar la defensa de prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos en lo atinente a los períodos 1/96 a 12/96 y 1/97 a 12/97.
Advirtió que, de acuerdo con la fecha de vencimiento consignada en el título ejecutivo base de la acción impulsada, el último de dichos anticipos se volvió exigible individualmente en enero de 1998, momento a partir del cual comenzó a correr el correspondiente término prescriptivo quinquenal.
Agregó que el 27 de agosto de 2002 se dictó la resolución determinativa n° A-259 y que los días 1 y 3 de octubre del mismo año esta fue notificada a los aquí demandados, produciendo la consiguiente intimación y suspensión por un año del plazo de prescripción, en los términos del art. 3.986, segundo párrafo, del Código Civil.
Calculó que dicho plazo expiró durante enero de 2004, antes de la interposición de la presente acción, deducida recién el 29 de marzo de ese año. De allí extrajo que la deuda relativa tanto al período 12/97 como a los anteriores se encontraba prescripta.
Más adelante se expidió en torno a la situación de los anticipos reclamados por los períodos 1 y 2 de 1998. Con remisión al título ejecutivo, entendió que los términos quinquenales correspondientes comenzaron a correr -respectivamente- el 19 de febrero y el 19 de marzo de 1998. Dijo que la notificación de la resolución n° A-259 produjo la suspensión de ambos por el lapso de un año (conf. art. 3.986, Cód. Civil). Dedujo que fenecieron los días 19 de febrero y 19 de marzo de 2004, antes del inicio de la presente acción, interpuesta recién el 29 de marzo de dicho año. Concluyó así que la deuda relativa a los períodos indicados también se hallaba prescripta.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 del Código Fiscal; 5, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Luego de reseñar los antecedentes, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), en virtud de los principios recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), más allá de los demás fundamentos vertidos en apoyo de su posición.
Señala que el art. 2.532 del citado cuerpo legal confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos y que, respetando esa tesis, el art. 2.560 limita su aplicación a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales.
Puntualiza que el Código unificado no innova -ni podría hacerlo- en la distribución de competencias prevista por los arts. 75 inc. 12, 121 y concordantes de la Constitución nacional. Evalúa que tampoco se está frente a una delegación de atribuciones hacia las legislaturas provinciales, sino ante una necesaria precisión que las provincias, representadas en el Congreso por sus senadores, han introducido a las normas malinterpretadas en "Filcrosa" y "Casa Casmma", entre otros fallos.
Considera evidente que si bien el art. 2.532 del Código Civil y Comercial determina que las legislaciones locales podrán regular la prescripción en cuanto al plazo de tributos, con dicha expresión se abarcan todas sus cuestiones incidentales, incluido el inicio del cómputo, la suspensión e interrupción, la dispensa, etcétera, no solo la extensión del plazo respectivo.
Más adelante, transcribe el primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), destacando lo allí reglado en cuanto al dies a quo del plazo de prescripción de las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual. Defiende la aplicación en la especie de tal solución sobre la base del carácter anual y de ejercicio del impuesto sobre los ingresos brutos, la necesidad de que la ley establezca parámetros uniformes para determinar el inicio del plazo prescriptivo y su razonabilidad.
Reproduce asimismo lo dispuesto por el cuarto párrafo del citado art. 159 del Código Fiscal. Aduce que el Fisco tuvo conocimiento de los respectivos hechos imponibles con el acta de comprobación adunada al expediente administrativo y que recién a partir de esa fecha debió computarse el curso de los plazos de prescripción.
Argumenta que tanto el reconocimiento de deuda mediante acogimiento a un régimen de facilidades de pago como el dictado y notificación de la resolución determinativa n° A-259 (que habría adquirido firmeza el 22 de noviembre de 2002) suspendieron en el caso la prescripción.
Practica finalmente un cómputo según el cual los términos involucrados se iniciaron -respectivamente- los días 1 de enero de 1998, 1999 y 2000. Añade que ellos se vieron suspendidos por la notificación y firmeza de la resolución determinativa n° A-259. Expresa que, con arreglo al art. 161 inc. "a" del Código Fiscal, dicha suspensión duró un año y debería considerarse extendida hasta noventa días después de la devolución de las actuaciones a la autoridad de aplicación. Concluye que a la fecha de inicio de estas actuaciones (29 de marzo de 2004), las deudas reclamadas no se encontraban prescriptas.
A continuación, postula que, cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso la facultad de dictar diferentes códigos, tan solo establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común, que debe respetar la regla de la autonomía de los gobiernos locales en la materia tributaria. Concretamente, afirma que esa norma no encomienda al gobierno federal la regulación exclusiva de la prescripción y sus plazos, sino que le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de derecho privado.
En abono de su tesis, cita las causas C. 99.854, "Haras San Pablo Club de Campo", sentenciada por esta Suprema Corte el 7-X-2009; "Sociedad Italiana de Beneficencia" y "Fornaguera Sempe", falladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -respectivamente- los días 17-XI-2003 y 23-X-2015.
Sobre el final de su argumentación, sostiene que, como consecuencia de la refutada inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal, la Cámara aplicó erróneamente disposiciones del Código Civil en materia de prescripción.
III. El recurso prospera.
III.1. La impugnación relativa a la violación de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) debe ser favorablemente acogida en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido del actual art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en el art. 57 de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN, Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, seg. párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en otros casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
IV. Sentado lo principal y siendo que es algo que evidentemente subyace en la controversia, no parece ocioso señalar que, si bien en precedentes muy recientes me he pronunciado en contra de la constitucionalidad de la responsabilidad solidaria regulada por el Código Fiscal (v. por todos, mi voto en causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sent. de 23-II-2021), ello ha sido así en la medida en que semejante asunto había llegado -de una forma u otra- a la instancia extraordinaria del Tribunal.
Tal cosa no acontece en la especie en tanto que el recurso de inaplicabilidad interpuesto por el codemandado Eduardo Raúl Coste -único que lo intentó- fue declarado mal concedido por no superar el monto mínimo exigido por la ley ritual (art. 278, CPPC; v. resol. de 28-II-2018), a la vez que se le denegó la concesión del recurso extraordinario federal incoado contra tal decisión (v. resol. de 21-XI-2018). A ello cabe añadir que no se verifican las condiciones que habilitan el uso del instituto de la apelación adhesiva, como tampoco el de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad (conf. mi voto en causa A. 74.469, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Koshibo S.A.", sent. de 30-XI-2021).
V. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en el art. 159, primer párrafo, del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación a la deuda discutida en esta instancia.
Las costas deben distribuirse por su orden, dado que los ejecutados pudieron creerse con derecho a oponer la excepción de prescripción (conf. arts. 25, ley 13.406; y 68 segundo párr., CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Discrepo con la solución propuesta por el colega que me precede en el orden de votación, pues en mi opinión el recurso no puede prosperar.
I. Recientemente, el Máximo Tribunal de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en la especie- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.