Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74112
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.112, "ARBA c/ Mar Yi S.A y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Carral, Kohan, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y -en consecuencia- declaró prescripta la deuda reclamada en concepto de percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente a los períodos 7 a 12 de 2002 y 1 a 3 de 2003 (v. fs. 173/188).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 191/209), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 210/211).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 219), presentado el memorial de la actora (v. fs. 224/227) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Tribunal de Alzada revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y -en consecuencia- declaró prescripta la deuda reclamada en concepto de percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente a los períodos 7 a 12 de 2002 y 1 a 3 de 2003.
Para así decidir, recordó -en lo que al recurso interesa- que en la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899) y otras sentencias posteriores, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que, en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, es potestad del legislador nacional regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y -en consecuencia- sus modos de extinción, sin que las jurisdicciones locales puedan dictar reglas incompatibles con las consagradas en los códigos de fondo.
Agregó que esta Suprema Corte adoptó el mismo criterio en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, y que, en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fadra", sentencia de 14-VII-2010, explicitó que los argumentos vertidos comprendían todo lo relativo al instituto de la prescripción.
Tras confrontar lo dispuesto por los arts. 3.956 del Código Civil (ley 340) y 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), advirtió que, a través de la fijación del punto de inicio del cómputo, el legislador provincial amplió indebidamente el plazo de prescripción de cada ejercicio fiscal al menos en un año. De allí extrajo que correspondía declarar inconstitucional el citado precepto local.
A una conclusión análoga arribó con respecto a lo establecido por el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), de acuerdo con el cual la suspensión del plazo de prescripción, que con arreglo al art. 3.986 del Código Civil debe extenderse por el lapso de un año, se prolonga al menos noventa días cuando se interpone recurso administrativo ante el Tribunal Fiscal de Apelación.
Asimismo, descartó los agravios del Fisco según los cuales la demandada prescindió en su oportunidad de cuestionar la constitucionalidad del citado art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011). Consideró que sí existió una alegación suficiente en tal sentido y, para más, invocó jurisprudencia atinente al control de constitucionalidad de oficio y al principio iura novit curia .
Sin perjuicio de lo anterior, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 160 del Código Fiscal (t.o. 2011), realizado por la demandada, en la inteligencia de que las causales de interrupción allí contempladas no resultaban gravitantes para la solución del litigio.
Señaló que tanto el art. 157 del Código Fiscal (t.o. 2011) como el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil establecen un plazo de prescripción quinquenal que resulta aplicable a las obligaciones fiscales en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los períodos 7 a 12 de 2002 y 1 a 3 de 2003, perseguidos en autos.
En cuanto a la posibilidad de asignar a ciertas actuaciones administrativas el efecto interruptivo de la prescripción previsto por el art. 3.986, primer párrafo del Código Civil, citó precedentes de esta Corte que exigen evidenciar a tal fin una actividad, diligencia o petición judicial, sin que -a su entender- alcance con la mera tramitación de un procedimiento administrativo encaminado a elucidar la existencia y cuantía de un crédito tributario como el reclamado.
Sobre la base de lo indicado, practicó el cómputo del plazo de prescripción quinquenal correspondiente al más reciente de los períodos discutidos, en la inteligencia de que la determinación que se alcanzara debería necesariamente proyectarse a los restantes.
Sostuvo que el período 3/2003 se tornó exigible el día 14 de abril de 2003 -fecha de vencimiento indicada en el título ejecutado- y que el término prescriptivo iniciado entonces se vio suspendido por un año a partir del día 21 de mayo de 2007 -fecha de notificación de la resolución determinativa-. Concluyó que el plazo venció el día 14 de abril de 2009, sin que incida en lo expuesto la demanda judicial promovida con fecha 22 de septiembre de 2011.
Negó que fuera posible dispensar al Fisco de la prescripción cumplida, en los términos del art. 3.980 del Código Civil, porque esta norma exige instar la acción dentro de los tres meses siguientes a la desaparición del obstáculo en cuestión, situación esta última que consideró acaecida el día 26 de mayo de 2011 (día en que se notificó el acto que declaró la caducidad de la instancia recursiva ejercida en sede administrativa).
En cambio, descartó el planteo de la demandada orientado a obtener la declaración de prescripción de las multas exigidas, por considerar que este no fue realizado ante la instancia de grado y -consecuentemente- que resultaba fruto de una reflexión tardía, inhábil como tal para sustentar la apelación deducida.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011); 5, 16, 17, 121 y 123 de la Constitución nacional y -como consecuencia de lo anterior- errónea aplicación de los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Asimismo, cuestiona que no se hayan aplicado los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), acusa absurdo en el cómputo del plazo establecido por el art. 3.980 del citado Código Civil y alega violación del principio iura novit curia .
Luego de reseñar los fundamentos del pronunciamiento atacado, invoca los citados preceptos del Código Civil y Comercial, que -a su entender- precisan la distribución de competencias delineada por los arts. 75 inc. 12, 121 y concordantes de la Constitución nacional. Plantea que quien posee la prerrogativa de legislar sobre plazos de prescripción tiene también la potestad de establecer el modo de computarlos, así como sus causales de suspensión e interrupción. Afirma que la doctrina del caso "Filcrosa" se encuentra en la actualidad huérfana de todo apoyo legislativo, debido a que el propio Congreso nacional se ha encargado de demostrar que la facultad de regular los plazos de prescripción de tributos fue, es y será provincial.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal fue en el caso totalmente inoficiosa, ya que no modifica el resultado al que se arriba. Lo contrario advierte respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 161 inc. "a" de dicho cuerpo normativo, que cuestiona por los argumentos antes reseñados sobre el alcance de las facultades provinciales.
Agrega que la dificultad o imposibilidad de hecho prevista por el art. 3.980 del Código Civil debería considerarse superada en todo caso recién a partir de que las actuaciones administrativas se encontraron nuevamente en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para confeccionar el título ejecutivo correspondiente, con posterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación, como lo prevé el mentado art. 161 inc. "a" del Código Fiscal.
Manifiesta que la sola notificación de la decisión dictada por este último organismo, practicada el día 26 de mayo de 2011, no configuraba cese del impedimento, lo cual recién se produjo -a su entender- el día 24 de junio de dicho año. De allí extrae que la promoción de este apremio -producida el día 23 de septiembre de 2011- resultó temporánea, por haberse verificado dentro de los tres meses o noventa días desde el momento indicado. Tacha de absurda y arbitraria la interpretación contraria realizada por la Cámara.
Por último, estima que la declaración de inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal formulada por el Tribunal de Alzada vulneró el principio de congruencia, toda vez que el planteo respectivo no fue mantenido por los ejecutados en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia que lo rechazó. Alega que la inconstitucionalidad de oficio debe quedar reservada a supuestos excepcionales, relacionados con derechos indisponibles e irrenunciables, lo que no se verifica en la especie. En su apoyo, invoca el caso "Mansilla", decidido por la Corte nacional el día 6 de marzo de 2014. Cita asimismo fallos de esta Suprema Corte de acuerdo con los cuales el principio iura novit curia tiene como límite la alteración de la relación procesal.
III. Anticipo que el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, abordaré la denunciada violación del principio de congruencia en que habría incurrido la Cámara al declarar la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal que regulan la prescripción de obligaciones tributarias, fundada en el hecho de que -supuestamente- los demandados no habrían mantenido en su recurso de apelación el planteo sobre la cuestión.
Al respecto, se impone recordar que los agravios vinculados con el principio indicado, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración de absurdo en la tarea del juzgador (conf. causas A. 73.073, "Araya", sent. de 28-XI-2018; A. 75.836, "Pérez", sent. de 20-XI-2019; A. 75.372, "A., O. C.", sent. de 16-XII-2020; entre muchos otros).
En la especie, la Fiscalía de Estado no solo no denuncia ni mucho menos demuestra -como hubiera debido- la presencia de absurdo al desarrollar la crítica bajo tratamiento, sino que ni siquiera se hace cargo de los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada en sustento de su conclusión, según la cual "...los términos del memorial en estudio permiten reputar -razonablemente- que la inconstitucionalidad del art. 161 inc. 'a' del Código Fiscal -t.o. 2011- fue alegada en la presente instancia revisora" (fs. 181 vta. y 182, pto. 3.4.1., voto del doctor Riccitelli, al que adhirió su colega, el doctor Mora).
Por el contrario, la impugnante insinúa que la Cámara reconoció "...que los apelantes no habrían puesto en crisis en la presente instancia revisora la constitucionalidad del art. 161 inc. 'a' del Código Fiscal" (recurso de inaplicabilidad, fs. 206 vta., párr. segundo), cuando en rigor dicha expresión formaba parte de un argumento elaborado por el a quo a mayor abundamiento, para el caso de aceptarse una interpretación semejante sobre el alcance de los agravios esbozados, que en definitiva no es la que adoptó.
Lo expuesto conduce a desestimar la crítica bajo análisis.
III.2. En lo atinente a las normas que rigen la prescripción de los tributos locales y a la incidencia que en dicha materia tendría la sanción del Código Civil y Comercial (ley 26.994), he de recordar que, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento a que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
III.3. En cuanto al presunto error de juzgamiento cometido por la Cámara al rechazar la posibilidad de aplicar al caso el instituto de la dispensa de la prescripción, conviene comenzar por señalar que las cuestiones vinculadas con el cómputo de la prescripción, su interrupción o punto de arranque y si en la especie se dieron o no las condiciones de aplicación del art. 3.980 del Código Civil, son típicas cuestiones de hecho, exentas como tales de censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo (conf. causas Ac. 89.574, "C., C. A.", sent. de 21-VI-2006; C. 100.812, "Hidalgo", sent. de 2-III-2011; A. 71.417, "Peralta", sent. de 26-X-2016; e.o.).
A su vez, esta Corte tiene dicho que el vicio recién mencionado consiste en un notorio desvío de las reglas de la lógica que deriva en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o que es incompatible con las constancias objetivas de la causa (conf. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019; e.o.).
No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. causas C. 119.623, "Guevara", sent. de 25-IV-2018; A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018 y A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020).
En las condiciones descriptas, la denuncia de absurdo formulada por la recurrente no puede ser admitida. A través de sus planteos, esta cuestiona en definitiva que la Cámara haya considerado concluido el obstáculo que le impedía al Fisco ejercer su acción en la fecha en que se le notificó la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación que agotó la vía administrativa (26 de mayo de 2011), en lugar del día en que ARBA recibió las actuaciones finalmente empleadas para elaborar el título ejecutivo (24 de junio de 2011).
Más allá de los argumentos en apoyo de una u otra solución, que impactan en la determinación acerca de si el juicio de apremio (promovido el día 23 de septiembre de 2011) se inició o no dentro del plazo de tres meses establecido por el art. 3.980 del Código Civil, no puede negarse que el criterio adoptado por la Cámara interviniente resulta al menos razonable.
Tanto es así que, en la causa A. 73.347, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Acrílicos Atlas", sentencia de 16-XII-2020, la mayoría de esta Corte calculó el término de tres meses dispuesto por el citado art. 3.980 del Código Civil considerando la fecha de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación que aprobó la liquidación correspondiente y la de su notificación al organismo recaudador y al señor Fiscal de Estado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Ante todo habré de adherir al voto del doctor Torres, en el punto III.1. de su opinión.
Allí se pone de resalto la insuficiencia recursiva de la parcela del remedio donde la apelante denuncia incongruencia en la decisión de la Cámara, supuestamente, por avanzar con la declaración de inconstitucionalidad de un precepto del Código Fiscal que no habría sido puesto en entredicho por los ejecutados.
Al respecto, el a quo dejó claramente sentado que, aunque lejos de la excelencia técnica, del memorial presentado razonablemente se desprendía que el embate basado en la doctrina del precedente "Filcrosa", también se extendía al art. 161 inc. "a" de dicho ordenamiento (t.o. 2011). Siendo así, como bien señala el ponente con los argumentos allí desarrollados, el tramo de análisis no merece acogida favorable ante esta sede.
Por lo demás, de ello se sigue que el caso difiere sustancialmente del precedente de la causa A. 73.474, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Necotrans S.A.", sentencia de 25-II-2021, con lo cual no devienen aplicables aquí las observaciones que formulase en ese voto.
II.1. Pasando ahora sí a lo medular del planteo, el recurso interpuesto ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto, causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, des
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