Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75703
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (art. 289, CPCC), con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.703, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra De Santis, Damián Alejandro. Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral, Violini, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia que admitió la excepción de prescripción deducida por el demandado, Damián Alejandro De Santis y, en consecuencia, rechazó el juicio de apremio promovido (v. fs. 85/91).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 6-VIII-2018, 11:40:55 a.m. en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 98), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, admitió la excepción de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada.
Para así resolver, recordó el cambio jurisprudencial verificado a partir de la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, donde la Corte nacional se pronunció a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el Código Civil entonces vigente (art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.), por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Añadió que ulteriores pronunciamientos enmarcados en esa línea supusieron un nuevo giro en la cuestión debatida, que no se limita a la extensión del plazo respectivo, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción, incluidos los supuestos de suspensión e interrupción.
No obstante, precisó que la fijación del tributo y su carácter anual configuran una prerrogativa inherente a la órbita local, pues versan sobre la estructuración y definición del propio tributo. Expresó que la obligación jurídica en tratamiento es anual, por lo que el plazo de cinco años debe computarse desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren los tributos omitidos; y que el contribuyente efectúa el pago de los anticipos a lo largo de un período anual, circunstancia que permite a la Administración conocer la tributación correspondiente.
En función de lo expuesto, concluyó que siendo que el período omitido en disputa fue el correspondiente al año 2008, empezando a correr el plazo de prescripción el 1 de enero de 2009 y, en tanto la resolución de inicio se dictó el 10 de junio de 2014 y se notificó el 2 de julio de 2014, la acción para procurar el cobro del tributo se hallaba prescripta al momento de interponerse la pretensión ejecutiva, el 2 de febrero de 2015 (conf. arts. 159 y concs., Cód. Fiscal).
Agregó, a mayor abundamiento, que al momento del dictado de la resolución determinativa y sancionatoria la deuda reclamada ya se encontraba prescripta con relación al período que se pretende ejecutar.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia la errónea interpretación de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011).
Asimismo, denuncia que la sentencia en crisis vulnera los arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 31, 75 inc. 2, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional.
Aduce que la decisión es inmotivada e irrazonable, en virtud de haber aplicado una doctrina judicial acuñada bajo la vigencia de un Código que actualmente se encuentra derogado.
Manifiesta que teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial entró en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, el tribunal interviniente debió analizar el alcance de los arts. 2.532 y 2.560 de ese cuerpo legal y su impacto en el Código Fiscal.
Expresa que el fallo impugnado desconoce las normas constitucionales que armónicamente establecen la supremacía del derecho federal al tiempo que garantiza la autonomía provincial, frente a normas dictadas por el Congreso de la Nación.
Denuncia absurdo, toda vez que el Tribunal de Alzada invocó jurisprudencia que no se adapta a las nuevas circunstancias jurídicas de la relación sustancial de autos.
Indica que el tribunal interviniente omitió explicitar cuál es la situación consolidada bajo la vigencia del Código Civil derogado (ley 340) que impide la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial y, en consecuencia, la preeminencia de las normas locales.
Señala la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) en virtud de los principios recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), en tanto sentó posición confirmando la facultad de las provincias para establecer los plazos de prescripción de sus tributos.
Refiere que las modificaciones del Código Civil y Comercial actualmente vigente, que establece que las legislaciones locales podrán regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos y que el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local (arts. 2.532 y 2.560, Cód. Civ. y Com.); imponen una revisión del criterio imperante, toda vez que el Congreso al introducir dichas modificaciones entendió que concierne al ámbito del derecho público local legislar la prescripción en materia tributaria, sin que ello importe contrariar lo prescripto en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Propicia la revisión de la doctrina judicial toda vez que entiende que median razones de justicia suficientes para ello. Deduce que, frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, corresponde que esta Suprema Corte aplique las normas del Código Fiscal para analizar la exigibilidad del crédito, modificando el criterio sentado en el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional.
Expresa que los pronunciamientos de las instancias ordinarias se dictaron bajo la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, incurriendo sus fallos en arbitrariedad por invocar una jurisprudencia contraria a lo establecido por el legislador en los arts. 2.532 y 2.560 del citado cuerpo legal.
Alega que las disposiciones antes mencionadas pusieron fin a una equívoca interpretación de normas de la Constitución nacional relativas a la autonomía de las provincias, que constituyen el pilar fundamental sobre el que se construyó el federalismo argentino.
Invoca en su apoyo la posición de la jueza Argibay en la causa "Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom" (CSJN Fallos: 332:2108) y un fragmento del debate legislativo que antecedió al dictado de la ley 26.994.
Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-IV-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios.
Cuestiona que no se hayan aplicado en el caso las disposiciones locales en materia de prescripción, pese a que ni siquiera se las declaró inconstitucionales, como entiende que en todo caso hubiera correspondido.
Indica que, con arreglo al art. 159 del Código Fiscal, el plazo de prescripción del período reclamado (2008) comenzó a correr el 1 de enero de 2010, es decir, con posterioridad a la presentación de la declaración jurada anual mediante la cual se determina el impuesto sobre los ingresos brutos.
Invoca doctrina de la Corte nacional acerca de la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción (CSJN Fallos: 312:2352 y 316:2325; e.o.).
Luego de transcribir el art. 161 del Código Fiscal, sostiene que el pronunciamiento en crisis omitió considerar que el término de la prescripción fue válidamente suspendido desde el 2 de octubre de 20l4, por lo que no venció en el caso, toda vez que la demanda fue promovida el 2 de febrero de 2015.
Manifiesta que, por medio de la cláusula de los códigos, contenida en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, se le atribuye competencia al Congreso para legislar en materia de derecho común, pero puntualiza que esta pauta debe ser interpretada razonablemente, sin desconocer las facultades reservadas por las provincias en materia tributaria ni su autonomía financiera, entre otras.
En abono de la tesis autonomista a la que adscribe, cita las causas "Haras San Pablo Club de Campo", (causa C. 99.854, sent. 7-X-2009) y "Sociedad Italiana de Beneficencia", (TSJ CABA, sent. de 17-XII-2003).
III. El recurso no prospera.
Como he señalado en varias oportunidades en las cuales intervine, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Volskwagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019, ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que la cuestión debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde rechazar los agravios del Fisco tendientes a la aplicación de las normas del Código Fiscal en desmedro de lo normado por la legislación de fondo que resulta aplicable en la especie.
IV. Por los fundamentos expuestos corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC)
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con el criterio del colega que inicia el acuerdo, pues en mi opinión el recurso debe prosperar.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68, segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, reiterando mi acompañamiento al voto de la doctora Kogan, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos para el período fiscal que es objeto de controversia (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de señalar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos razonamientos fueron señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", los que recientemente fueron renovados por dicho Tribunal en autos "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
II. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Violini y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (art. 289, CPCC), con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:10:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.