Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74952
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.952, "ARBA c/ Toledo, Alejandra y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Carral, Maidana, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia en cuanto declaró prescripta la deuda reclamada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos y multa (v. fs. 178/188).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (presentación electrónica de fecha 14-VIII-2017), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 212).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 215) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia en cuanto declaró prescripta la deuda reclamada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos y multa.
Para así decidir, desestimó ante todo la crítica de la actora según la cual el fallo de grado transgrede el principio procesal de congruencia. Consideró que los demandados articularon oportunamente la excepción de prescripción y que, en virtud del principio iura novit curia , incumbía al juez el poder-deber de subsumir los hechos invocados en las normas llamadas a regir el caso, aun cuando en tal faena modificase los fundamentos jurídicos alegados.
Seguidamente, recordó el criterio adoptado por la Corte Suprema en la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899) y sus derivadas, de acuerdo con el cual es el Estado nacional quien cuenta con la potestad de regular los plazos de prescripción de las obligaciones, el modo de computarlos y sus causales de suspensión e interrupción, entre otros aspectos, por así desprenderse del art. 75 inc. 12 de la Constitución. Puntualizó que, a tenor del art. 31 de esta última, las provincias deben adecuar sus regulaciones a las pautas sobre la materia establecidas en el Código Civil, ya que -de lo contrario- resultan inválidas. Añadió que esta Suprema Corte propició tal temperamento a partir de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007.
A la luz de lo decidido por la Corte nacional en el caso "Rodríguez Pereyra" (CSJN Fallos: 326:1204), entendió que, aun cuando los accionados no hubiesen cuestionado la constitucionalidad de las normas sobre prescripción del Código Fiscal, tal circunstancia no obstaría a declarar su invalidez en la especie.
Sentado lo anterior, analizó el mérito de la defensa de prescripción deducida. Tanto para los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos como para la multa reclamada, declaró aplicable el plazo quinquenal establecido por el art. 157 del Código Fiscal (t.o. 2011). Sin embargo, juzgó inconstitucional el art. 159 de este cuerpo legal en lo atinente a la deuda impositiva, por entender que tal precepto extiende indebidamente el momento de inicio del cómputo fijado por el art. 3.956 del Código Civil (ley 340), con arreglo al cual debe estarse a la fecha en que cada uno de los anticipos resultó exigible.
Con relación al dies a quo del plazo correspondiente a la multa, interpretó que el citado art. 159 del Código Fiscal, en tanto remite al día 1 de enero siguiente al año en que tuvo lugar la infracción sancionada, no entra en conflicto con la normativa de fondo, por no provocar un indebido alongamiento del término en cuestión. Cotejó en tal sentido que, de acuerdo con lo normado por el art. 3.956 del Código Civil, debería tomarse una fecha posterior, a saber, aquella en que adquiriese firmeza la resolución que impuso la sanción.
Agregó que, si bien el art. 160 del Código Fiscal prevé la interrupción del término indicado por la comisión de nuevas infracciones, en autos la omisión de pago del más reciente de los anticipos exigidos (12/98) se configuró el día 19 de enero de 1999, esto es, con anterioridad a que la multa deviniese exigible.
Observó que el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal coincide con la segunda parte del art. 3.986 del Código Civil en cuanto suspende por un año la prescripción a partir de la intimación administrativa de pago, pero que termina alongando indebidamente dicho término en los casos en que media recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación, en clara contradicción con la ley jerárquicamente superior, motivo por el cual declaró su inconstitucionalidad en ese tramo.
Sobre la base de dichos lineamientos, calculó que el plazo quinquenal de prescripción del último anticipo reclamado (12/98) comenzó a correr el día 19 de enero de 1999 y que, aun cuando la notificación de la resolución determinativa 410/01 importó su suspensión durante un año a partir del día 12 de diciembre de 2001, el término había vencido con holgura el día 20 de septiembre de 2011, fecha en que se interpuso la demanda que dio origen a este proceso.
Descartó que la aplicación del art. 3.980 del Código Civil autorice en la especie a dispensar la prescripción cumplida, debido a que el Fisco no cumplió con una de las condiciones previstas para ello, en tanto no promovió su acción judicial dentro de los tres meses posteriores al cese del impedimento al que se enfrentaba, acaecido recién con la notificación de la resolución 1.543/11, dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación.
Por idénticos razonamientos declaró la prescripción tanto de los anticipos impositivos previos como de la multa impuesta (más allá de que en este último caso la extensión de la suspensión superior a un año, considerada inválida, se encuentra prevista en el art. 161 inc. "b" del Cód. Fiscal).
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y 5, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional. Alega asimismo violación del principio de congruencia, con sustento en lo normado por los arts. 163 y 364 del Código Procesal Civil y Comercial.
Concretamente, critica la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, practicada por la Cámara interviniente. Asegura que la señora Alejandra Toledo se limitó a requerir la declaración de inconstitucionalidad de las normas de las que se desprende su responsabilidad solidaria con la firma Supermercados Toledo, mientras que el señor Baldomero Manuel Jiménez opuso la prescripción liberatoria del crédito perseguido, mas sobre la base de la normativa concursal, sin hacer alusión alguna al sistema del Código Civil.
De allí extrae que el tratamiento de la validez constitucional realizado por el tribunal a quo afectó el principio de congruencia, el debido proceso y su derecho de defensa. Sostiene que una declaración de ese tipo solo debe quedar reservada para supuestos excepcionales relacionados con derechos indisponibles e irrenunciables, lo que no se verifica en autos. En abono de sus dichos, cita lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mansilla, Carlos Eugenio c/ Fortbenton Co. Laboratorios S.A. y otros s/ Despido", sentencia de 6-III-2014. También invoca lo dispuesto por el art. 3.965 del entonces vigente Código Civil. Con cita de lo resuelto por esta Corte en las causas L. 116.946, "De la Torre", sentencia de 5-III-2014 y C. 93.745, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Obra Social del Personal Marítimo", sentencia de 3-X-2012, cuestiona la aplicación al caso del principio iura novit curia .
Sin perjuicio de lo anterior, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal por considerarla errada. Interpreta que dicho pronunciamiento no tuvo en cuenta el carácter de ejercicio del impuesto sobre los ingresos brutos, en virtud del cual el tributo propiamente dicho se debe una vez determinado mediante la declaración jurada anual (más allá de la obligación de pagar anticipos). Sostiene que este hecho jurídico marca el punto de partida para establecer la exigibilidad del pago y que es necesario que la ley fije parámetros uniformes para determinar el inicio del plazo prescriptivo por tratarse de "obligaciones de masa". Añade que -en su criterio- no hay colisión entre la forma en que el Código Fiscal regula el inicio del cómputo del plazo de prescripción y el art. 3.956 del Código Civil. Argumenta asimismo que el art. 57 de la ley nacional 11.683 regula el tópico de manera coincidente.
Más adelante añade que el art. 161 del Código Fiscal -a cuya declaración de inconstitucionalidad también se opone- reconoce la suspensión del plazo de prescripción durante el trámite de los recursos deducidos ante el Tribunal Fiscal de Apelación y que dicho efecto opera respecto de los deudores solidarios, si los hubiere. Indica que en la especie la resolución determinativa no fue impugnada por los aquí demandados, pero sí por Supermercados Toledo S.A. y por el señor Abel Toledo. De allí extrae que la suspensión en cuestión alcanzó a todos los sujetos involucrados. Señala que el límite temporal de esta no se encuentra dado por la fecha de notificación de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, sino que -de acuerdo con el citado art. 161 del Código Fiscal- se verifica recién noventa días después de que la autoridad de aplicación recibe nuevamente las actuaciones.
Si bien afirma no desconocer los precedentes jurisprudenciales en sentido inverso, reivindica las potestades legislativas de la Provincia de Buenos Aires para reglar lo atinente al plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. En su apoyo, cita lo resuelto por esta Corte en las causas Ac. 81.520, "El Rincón de Torres", sentencia de 5-XI-2003 y C. 99.854, "Fisco c/ Haras San Pablo Club de Campo", sentencia de 7-X-2009 y por el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en "Sociedad Italiana de Beneficencia", sentencia de 17-XI-2003.
En particular, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899), debido a las implicancias de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial, que -en su visión- demuestran que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Plantea además que aquella conlleva la facultad de establecer el modo de computar los términos y sus causales de suspensión e interrupción.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Este Tribunal ha advertido que el principio iuria novit curia tiene aplicación en materia de prescripción, siempre que dicha defensa haya sido oportunamente argüida por las partes (doctr. art. 3.964, Cód. Civ.), desde que es el sentenciante quien tiene el poder-deber y a quien le incumbe determinar la norma que rige en el caso (conf. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC), aun cuando difiera de la alegada por las partes. Ello no implica, de modo alguno, suplir oficiosamente la prescripción, lo que está vedado por el citado art. 3.964 del Código Civil, sino, por el contrario, establecer el plazo atingente en razón del deber irrenunciable de calificar jurídicamente las pretensiones deducidas en el proceso "según correspondiere por ley" (conf. art. 163 inc. 6, CPCC; causa C. 96.165, "Pascual", sent. de 17-VI-2009).
Nótese que, en uno de los casos invocados aquí por la propia recurrente, la Cámara interviniente -a partir de los fundamentos de orden constitucional vertidos por la Corte nacional en la causa "Filcrosa"- había interpretado que las provincias carecen de competencia para regular la prescripción de sus obligaciones locales, encuadrando la controversia en el art. 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil, en lugar del art. 119 del Código Fiscal, invocado por la demandada. Pues bien, allí esta Suprema Corte sostuvo que la aplicación oficiosa del plazo quinquenal establecido por la citada norma de fondo no alteraba las bases fácticas de la controversia, la causa de la pretensión ni el concreto petitum (objeto) de la defensa de prescripción interpuesta (conf. causa C. 93.745, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Obra Social del Personal Marítimo", sent. de 3-X-2012).
Tales conceptos resultan aplicables al presente litigio, donde el señor Baldomero Jiménez -uno de los codemandados- opuso excepción de prescripción "...conforme la normativa concursal aplicable (arts. 55, 56 LCyQ y 499, 1994, 1995, 2004 del C. Civil)" (fs. 34 y sigs.), mientras que, en el encabezado de su propio escrito de oposición de excepciones, la señora Alejandra Toledo -también codemandada- adhirió a las defensas del primero, en defecto de lo planteado por ella (v. fs. 67).
En tanto la excepción de prescripción había sido interpuesta por las personas nombradas, no se aprecia que vulnere el principio de congruencia, en los términos de la doctrina recién aludida, la sentencia del tribunal a quo que, previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 incs. "a" y "b" del Código Fiscal, confirmó la extinción de las deudas reclamadas sobre la base de lo dispuesto en la materia por el Código Civil (cuerpo legal aplicado en virtud del criterio sentado por la Corte nacional en el caso "Filcrosa").
Ni siquiera podría aquí plantearse que la demandada se sometió expresamente a las disposiciones provinciales invocadas por la Fiscalía de Estado, ya que en rigor aquella fundó la excepción de prescripción en un cuerpo normativo diferente, dictado por el Congreso en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, como la ley 24.522.
III.1.b. En lo tocante a la señalada violación del principio de congruencia, la situación planteada en autos resulta análoga a la abordada en el precedente A. 73.474, "Fisco c/ Necotrans", sentencia de 25-II-2021, donde tuve oportunidad de añadir ciertas consideraciones, a las que remito en honor a la brevedad.
III.2. Con respecto al fondo de las cuestiones planteadas, he de recordar que, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5º) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1.a. Según se desprende del relato de los antecedentes, el Fisco provincial inició juicio de apremio contra el señor Baldomero Manuel Jiménez y la señora Alejandra Toledo en su carácter de responsables solidarios del impuesto sobre los ingresos brutos debido por Supermercados Toledo S.A., correspondiente a los anticipos 2 a 12 del período fiscal 1998, más multa por omisión e intereses aplicables.
Al plantear sus defensas, el coejecutado Jiménez opuso excepciones de inhabilidad de título y prescripción (conf. art. 9 incs. "c" y "e", ley 13.406), basadas en distintas previsiones contenidas en la Ley de Concursos y Quiebras nº 24.522.
En tal sentido, mantuvo que el señor juez que conoció en el concurso de la empresa había declarado inadmisible la deuda reclamada. Agregó asimismo que en la especie operó la "prescripción concursal" dado que, homologado el acuerdo de pago, la Provincia no se presentó a verificar su crédito dentro del plazo de dos años o, pasados estos, dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia que lo reconocía (conf. arts. 55, 56 y concs., ley 24.522).
Como fuere, dijo que habían transcurrido más de diez años desde que lo pretendidamente adeudado se tornó exigible, todo lo cual conducía igualmente a concluir que se había producido la prescripción liberatoria, ya sea tanto por aplicación del Código Fiscal como del Código Civil.
I.1.b. En lo tocante a la coejecutada Toledo, es posible entender que ella adhirió genéricamente a la presentación del señor Jiménez (v. fs. 67 y voto del señor juez Riccitelli, fs. 187 y vta.). En lo sustancial y con sostén en lo que consideró que surgía del precedente de esta Suprema Corte caratulado "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso", sentencia de 2-VII-2014 (en particular, del voto del doctor Negri), planteó la inconstitucionalidad de los actuales arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011), que consagran el régimen de responsabilidad solidaria de los administradores de las sociedades por las deudas tributarias de estas últimas, por cuanto dicha normativa prescinde de cualquier elemento subjetivo de atribución a título de culpa o dolo, apartándose injustificadamente -según sostuvo- de la legislación de fondo que regula la cuestión (arts. 59 y 274, Ley General de Sociedades nº 19.550) y, por lo tanto, violando la supremacía federal y la cláusula de los códigos (arts. 75 inc. 12 y 31, Const. nac.).
I.2. Por aplicación de las normas del Código Fiscal, el señor juez de primera instancia hizo lugar a la defensa de prescripción articulada, pues reputó que el crédito contra los codemandados estuvo expedito a partir de que la resolución determinativa 410/01 les fue notificada y adquirió firmeza. Descartó así que la instancia abierta ante el Tribunal Fiscal de Apelación únicamente por parte de la contribuyente (Supermercados Toledo S.A.) hubiera tenido virtualidad suspensiva del término para reclamar judicialmente el pago del tributo y accesorios respecto del señor Baldomero Manuel Jiménez y la señora Alejandra Toledo (conf. art. 161 inc. "a", Cód. Fiscal -t.o. 2011-). En conclusión, el Fisco había actuado tarde respecto de los responsables solidarios.
I.3. Apelada esa sentencia por este último, la Cámara de Apelación se expidió en sentido adverso a los agravios desarrollados.
Acudió al iura novit curia y a
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