Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72864
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.864, "Fisco de la Prov. de Buenos Aires c/ María Mater S.A. y ot. U.T.E. y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Borinsky, Budiño, Carral, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia de grado únicamente en cuanto había rechazado la prescripción de las obligaciones en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes al período 2000; luego de desestimar los agravios restantes, mandó llevar adelante la ejecución contra el contribuyente y los declarados como responsables solidarios solo con relación al monto reclamado por el año 2001 (v. fs. 352/357).
Disconformes con dicho pronunciamiento, tanto la parte actora como los codemandados Luis Osvaldo Corti y Luis Adolfo Alberton interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 363/367 y 372/378), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 369/370, 382/383 y 388).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 397), glosado el memorial presentado por la Fiscalía de Estado (v. fs. 404/408) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los codemandados, señores Luis Osvaldo Corti y Luis Adolfo Alberton?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 3 y 161 del Código Fiscal y 3.980, 3.983 y 3.986 del por entonces vigente Código Civil.
Critica que, al realizar el cómputo del plazo de prescripción de la deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, la Cámara interviniente se basara en lo dispuesto por el art. 3.986 segundo párrafo del mencionado Código Civil, sin tener en cuenta lo normado por el art. 161 del Código Fiscal.
Precisa que, aun considerando -como lo hizo el a quo - que el término correspondiente al período 2000 se inició el día 1 de enero de 2001, hasta su suspensión -producida con la notificación de la resolución determinativa que intimó al pago- solo había transcurrido un año, once meses y diecisiete días. Sostiene que, por imperio del citado art. 161 del Código Fiscal, dicho plazo no debió reanudarse al cabo de un año, como lo entendió la sentencia atacada, sino recién noventa días después del día 12 de diciembre de 2005, fecha de notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación. Concluye que, ya sea que dicho lapso se calcule en días hábiles o corridos, al momento de iniciarse este juicio de apremio, aún restaban años para que operara la prescripción.
Invoca en su favor lo reglado por el art. 167 de la ley nacional 11.683 y jurisprudencia de esta Corte sobre la duración de actos interruptivos de la prescripción en instancia administrativa.
II. En mi opinión, el recurso prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.), norma que delimita el alcance y extensión de una causal de suspensión de los plazos de prescripción de obligaciones tributarias, que se verifica con "...la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados...".
En efecto, se trata de un aspecto complementario de los términos discutidos, previsto y regulado en las disposiciones de esta provincia, que por lo expuesto no debe entenderse alcanzado por el art. 3.986 segundo párrafo del hoy derogado Código Civil, como en la especie lo ha entendido el tribunal actuante.
Cabe asimismo observar que la legislación nacional ha previsto para los tributos correspondientes a ese ámbito estatal un sistema similar al local (cfr. arts. 161 inc. "a", Cód. Fiscal, t.o. 2011 y 65 inc. "a", ley 11.683), lo que sin dudas abona la solución normativa propiciada en esta órbita (conf. mi voto en causas A. 73.347, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020; A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021 y A. 75.566, "Maycar", sent. de 28-V-2021).
III. Por los fundamentos vertidos, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y disponer que se efectúe un nuevo cálculo de la prescripción planteada, según lo indicado en el presente voto (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas de todas las instancias deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 in fine y arg. 274, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ309/2020/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ2620/2019/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, reiterando mi acompañamiento al voto de la doctora Kogan, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación con la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos para el período fiscal que es objeto de controversia (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Me aparto de la solución dada al caso por los colegas que me anteceden en el orden de votación, por cuanto considero que, en el particular, el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado no puede prosperar. Veamos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en el caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por la Fiscalía de Estado referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
II. Por lo expuesto, considero que debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco, en tanto persigue la aplicación de las normas del Código Fiscal, con costas (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Borinsky y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
El señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, los señores Luis Osvaldo Corti y Luis Adolfo Alberton, en su carácter de codemandados, denuncian violación de la doctrina legal de esta Corte sobre excepción de inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de deuda y en materia de prescripción.
Con relación al primer punto, invocan la causa Ac. 51.472, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Carniceros Agrupados de Rojas", sentencia de 17-V-1994. Afirman que con respecto a ellos resulta ostensible la improcedencia de la ejecución, debido a la inexistencia de una norma que, durante los períodos objeto de determinación (2000 y 2001), permitiera extenderles responsabilidad solidaria. Señalan que recién a partir de la ley 14.044, sancionada en el año 2009, se consagró la solidaridad de las empresas que integran una unión transitoria de empresas como la del caso y que ellos ni siquiera revisten ese carácter, sino solamente el de directores de una de las sociedades anónimas que, a su vez, participaban de dicha unión. Concluyen que la inexistencia manifiesta de deuda surge -a su entender- de la imposibilidad de extender por vía analógica la ley vigente durante los períodos discutidos y aun la propia ley 14.044.
En cuanto a la prescripción, plantean que la sentencia atacada viola la doctrina de las causas C. 81.253, C. 82.121, C. 82.282, C. 84.445, C. 84.976 y C. 87.124, sentencias de 30-V-2007, en las que se concluyó que la prescripción de las acciones y poderes del Fisco debían juzgarse a la luz del por entonces vigente Código Civil. Estiman que la Cámara reconoció la aplicación de este cuerpo normativo, pero sostienen que tomó un punto de partida del plazo de prescripción ajeno a las disposiciones de aquel y por lo tanto absurdo.
Observan que, según se desprende del título base de esta ejecución, se reclaman en autos los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos 10 a 12 de 2000 y 1 a 9 de 2001. Añaden que -a su entender- el dies a quo correspondiente al último de estos se corresponde, según lo establecido por el art. 3.956 del Código Civil, con su fecha de vencimiento (22 de octubre de 2001). A partir de allí practican el cómputo pertinente, teniendo en cuenta los términos del art. 3.986 segundo párrafo del mismo cuerpo normativo, una única causal de suspensión por el plazo de un año. Concluyen que, a la fecha de inicio de este apremio, la deuda en concepto del anticipo referido -y por ende también de los anteriores- se encontraba ya prescripta.
II. En mi opinión, el recurso no prospera.
II.1. Este Tribunal tiene dicho que solo será suficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. causas A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.685, "Portela", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
De allí que corresponda rechazar en el presente la denunciada violación de la doctrina sentada en la causa Ac. 51.472, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Carniceros Agrupados de Rojas", sentencia de 17-V-1994. Es que, al margen de la concreta identificación del precedente, el escrito bajo tratamiento no cumple con los recaudos precedentemente indicados.
Para más, es cierto que, en la oportunidad referida, este Tribunal, con cita de lo resuelto en distintos pronunciamientos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 278:346; 298:626; 302:861; e.o.), sostuvo que la regla que limita el examen del título a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de los obrados, pues lo contrario importaría priorizar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales.
Sin embargo, la apreciación de dichos elementos en el caso concreto remite en lo esencial a típicas cuestiones de hecho, vinculadas con la eventual inexistencia de la deuda reclamada y su carácter (arg. causa C. 97.516, "Municipalidad de Malvinas Argentinas contra OPESSA", sent. de 12-X-2011). Como es sabido, la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas constituye una labor privativa de los jueces de la causa y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 70.932, "Guardiola", sent. de 4-V-2016; A. 71.806, "Comoli", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
De la resolución determinativa y sumarial obrante en copia certificada a fs. 230/238 se desprende que a los señores Osvaldo Luis Corti y Luis Adolfo Alberton -entre otros- se los consideró en esa oportunidad miembros del comité de dirección de la Unión Transitoria de Empresas del caso y que fue en su carácter de administradores de esta que se les endilgó solidaridad con dicha contribuyente (v. esp. fs. 230 vta., 236 vta. y 237).
No obstante, en la especie, los impugnantes alegan manifiesta inexistencia de deuda, en tanto aseguran que "...ni siquiera integraban las empresas que participaban de la Unión Transitoria denominada María Mater S.A. y otros U.T.E., sino, antes bien, solo revestían el carácter de directores de una de las Sociedades Anónimas que, a la vez, participaban de la U.T.E.". Reiteran ante esta instancia que durante los períodos impositivos que se reclaman, ninguna ley preveía la responsabilidad solidaria de dichas firmas ni la de sus administradores.
Refieren que en e
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