Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75572
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.572, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Jiménez, Baldomero Manuel y ots. s/ Apremio provincial. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso interpuesto por el coejecutado Luis Carlos Cardinali y confirmó la sentencia de primera instancia.
Disconforme con ese pronunciamiento, el codemandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, agregados los memoriales y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata dictó sentencia en el presente juicio de apremio.
Dispuso rechazar las excepciones de inhabilidad de título y prescripción opuestas por los codemandados y, consecuentemente, mandó a llevar adelante la ejecución promovida por el Fisco contra Baldomero Manuel Jiménez, Alejandra Toledo y Luis Carlos Cardinali, hasta tanto efectúen el íntegro pago del capital reclamado en el título ejecutivo n° 498.201, con más los intereses previstos en el Código Fiscal, los gastos y las costas. Aquel refiere a los períodos 1/2001 a 12/2001; 1/2002 a 12/2002 y 1/2003 del impuesto sobre los ingresos brutos, además de multa por omisión (v. fs. 7/8).
I.2. Para resolver de ese modo, destacó que, tras la traba de la inhibición general de bienes y el embargo preventivo, se presentó el señor Luis Carlos Cardinali por derecho propio. Y que inmediatamente planteó la inconstitucionalidad del sistema de responsabilidad solidaria consagrado en los arts. 18, 21, 55 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2004). Lo anterior, en la inteligencia de que exorbitaban el régimen consagrado en los arts. 59 y 274 de la Ley General de Sociedades n° 19.550 (arg. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Dejó sentado que, supletoriamente, opuso la excepción de inhabilidad de título fundada en la extinción de la acción, por haber operado la prescripción liberatoria del crédito conforme la normativa concursal (conf. arts. 55 y 56, LCQ). Ello, al decir que no se había insinuado tempestivamente el título ejecutivo correspondiente en el concurso preventivo de Supermercados Toledo S.A.
Remarcó también que, en forma subsidiaria y vinculado a la misma defensa, adujo que se encontraba cumplimentada la causal de eximición de responsabilidad admitida por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Agregó que a fs. 252, en virtud del desistimiento formulado por la representación fiscal a fs. 197, se declaró extinguido el proceso respecto de los señores Sebastián y Bernabé Toledo.
Expuso que más adelante se presentaron el señor Baldomero Manuel Jiménez y la señora Alejandra Toledo, haciendo el mismo planteo de inconstitucionalidad respecto del sistema de responsabilidad tributaria consagrado en el Código Fiscal. Al mismo tiempo que opusieron, en forma accesoria, las excepciones de inhabilidad de título por inexistencia de la deuda, así como también la de prescripción con fundamento en la falta de acción.
Aclaró que, si bien los codemandados formularon presentaciones por separado, se sustentaban en similares argumentos defensivos, razón por la cual decidió efectuar un tratamiento unificado.
I.3. En primer término señaló que la defensa de inhabilidad de título, en el acotado ámbito del juicio de apremio, únicamente podía referirse a las formas extrínsecas que determina el art. 9 inc. "c" de la ley 13.406 ( i.e. , identificación del legitimado pasivo, firma del funcionario autorizado, identificación del lugar y fecha de creación, existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y señalamiento del tributo adeudado), extremos que reputó perfectamente explicitados en el instrumento base de la ejecución.
Independientemente de lo expuesto, admitió que ese estricto marco procedimental no podía obturar el tratamiento de una defensa fundada en la inexistencia de deuda, pues de lo contrario se priorizaría un excesivo rigor formal en grave desmedro de garantías constitucionales.
Observó al respecto que los codemandados sustentaron aquello en la inconstitucionalidad de los artículos del Código Fiscal que establecen su responsabilidad solidaria por las deudas de la sociedad contribuyente, debiéndose estar únicamente a las normas de la Ley General de Sociedades que en ese aspecto exigen la constatación de un elemento subjetivo por parte de los administradores o representantes legales, a título de culpa o dolo.
Insistió que si bien el proceso de apremio importaba una seria limitación para el debate de cuestiones ajenas a su núcleo estructural -el cobro de un tributo en forma expedita-, ello en modo alguno podía importar la negación de la supremacía constitucional.
Pero no obstante esa franquicia, aclaró que para que semejante análisis pudiera suscitarse en el marco de la ejecución fiscal, no tenía que haber sido posible su discusión previa.
I.4. A fin de corroborar ese extremo, tuvo en cuenta que de las actuaciones administrativas arrimadas surgía que la ex Dirección Provincial de Rentas (hoy ARBA), mediante la resolución determinativa 1.022/05, ajustó diferencias a su favor por haber omitido la firma Supermercados Toledo S.A. el pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos 1/2000 a 1/2003, con más una multa por omisión conforme al art. 53 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Puso de resalto que en la mentada resolución se estableció la responsabilidad solidaria e ilimitada por el pago del gravamen y sus accesorios -entre otros- de los aquí codemandados: Baldomero Manuel Jiménez, Alejandra Toledo y Luis Carlos Cardinali.
Notó que contra dicho acto los accionados interpusieron recurso por ante el Tribunal Fiscal de Apelación (conf. art. 104, Cód. Fiscal), adhiriendo al remedio intentado por Supermercados Toledo S.A. (v. fs. 4.291, 4.293 y 4.274/4.281 del expediente administrativo 2306-386552/02). De ellos derivó la resolución 1.769/09 del mencionado organismo, rechazando los recursos interpuestos y confirmando, en todos sus términos, la resolución determinativa 1.022/05 (v. fs. 4.451/4.468 de las mencionadas actuaciones).
Resaltó que esa última había pasado en autoridad de cosa juzgada, al no haberse perseguido la anulación en sede judicial de lo decidido por el tribunal administrativo, por vía de los mecanismos expresamente previstos en el ordenamiento.
En ese contexto, consideró que a esta altura era absolutamente improcedente el cuestionamiento defensivo tendiente a librarse de responsabilidad solidaria, pues se trataría de una "manipulación jurídica" capaz de permitir la revisión tardía de actos administrativos firmes y consentidos.
I.5. Dejando eso a un costado, abordó la defensa opuesta en forma subsidiaria, rotulada también como excepción de inhabilidad de título, aunque apontocada en la prescripción de la acción para cobrarse el tributo, en razón de lo acontecido en el proceso concursal del deudor principal.
Sobre esto, volvió a recordar que de las actuaciones administrativas traídas al proceso (expte. 2306-386552/02) surgía en forma palmaria que a través de la resolución determinativa 1.022/05 -acto administrativo que, insistió, se hallaba firme-, se le atribuyó responsabilidad solidaria a los aquí ejecutados.
Sentado ello, subrayó que a fs. 4.616/4.625 de las actuaciones administrativas aparecía la insinuación del crédito efectuada por el Fisco contra Supermercados Toledo S.A., la que comprendía la totalidad de la acreencia reclamada en este juicio de apremio (v. fs. 4.623 vta., seg. párrafo de las citadas actuaciones). Dijo que lo mismo se corroboraba de la resolución de verificación de créditos fiscales dictada, con fecha 13 de noviembre de 2008, en la causa 15.684, "Supermercados Toledo S.A. s/ concurso preventivo", en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Reconoció, sin embargo, que aquella pretensión fue declarada inadmisible.
Empero, advirtió que conforme surgía del informe acompañado por la sindicatura obrante a fs. 362/363 de aquellos obrados, se desprendía que contra dicha resolución el Fisco interpuso con fechas 15 de diciembre de 2008 y 18 de diciembre de 2008 sendos incidentes de revisión (n° 118.287 y 118.299), que a la fecha del dictado de la sentencia no habían tenido resolución definitiva, lo que permitía reputar al tema de la existencia de la deuda como algo aún abierto a debate.
Como fuere, explicó que ante un eventual rechazo del incidente de revisión opuesto por el Fisco que declarase inexigible el crédito fiscal contra el deudor principal, los aquí accionados tendrían habilitada la acción de repetición para de esa forma recuperar aquellas sumas de dinero que consideren pagadas indebidamente.
Por ende, estimó que correspondía rechazar la defensa de prescripción opuesta por los accionados, en todos sus términos.
I.6. Finalmente, dijo que tampoco era atendible la restante defensa incoada por el señor Luis Carlos Cardinali, en cuanto aseguró que se encontraba cumplida la condición exculpatoria prevista en el mismo art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2004) para librarse de responsabilidad.
Al respecto, sostuvo que pretender en esta instancia judicial y en el contexto de un abreviado trámite de apremio ejercer una actividad defensiva que no fue realizada en la etapa propia donde necesariamente debió motorizarse ( i.e ., ante la agencia de recaudación o tras la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación), importaba nuevamente un intento de "manipulación jurídica" que merecía ser desechado sin más.
II. Contra dicho pronunciamiento, el coejecutado Luis Carlos Cardinali interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, confirmando de esa forma el pronunciamiento de primera instancia.
II.1. Para arribar a esa decisión, ante todo analizó la procedencia del requerimiento probatorio efectuado por el apelante en la pieza recursiva, mediante el cual procuraba que se oficie al juzgado donde tramitaba el proceso concursal de Supermercados Toledo S.A. con el objeto de que remita los incidentes de revisión individualizados bajo los n° 118.299 y 118.287.
Aclaró que si bien era factible -bajo determinadas condiciones- la denuncia de hechos nuevos en segunda instancia, lo cierto era que el acontecimiento invocado debía ser posterior a la sentencia de mérito o conocido después de ella, extremos que entendió no se daban en la especie.
II.2. Sentado ello, en lo medular dijo que los agravios planteados por el recurrente no lograban erosionar la sólida argumentación brindada por el magistrado de origen, respecto a la firmeza que había adquirido la resolución determinativa que, recurrida por ante el Tribunal Fiscal de Apelación que la confirmara en todos sus términos -lo que incluía su responsabilidad solidaria-, no fue luego objeto de una pretensión anulatoria por ante el órgano judicial competente, quedando de esa manera firme e imposible de seguir discutiendo en el juicio de apremio, so pretexto de su alegada incompatibilidad constitucional.
II.3. Agregó que idéntico temperamento desestimatorio cabía adoptar con relación a la supuesta inexistencia de deuda a tenor de las vicisitudes del proceso concursal al que se hizo referencia.
Sobre esto, desechó la sugerencia del quejoso según la cual recién luego de haber adquirido firmeza la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación, pudo el Fisco concurrir a verificar su crédito en el proceso falencial, puesto que esa circunstancia no constituía un obstáculo que impidiese la insinuación en el pasivo concursal del deudor principal fallido. Ello era así -dijo- por cuanto el art. 41 del Código Fiscal (t.o. 2004) consideraba título suficiente a las liquidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al efecto.
Tampoco dio curso a la crítica enderezada a exponer un yerro en la ponderación acerca de la identidad entre el título ejecutivo aquí reclamado y aquel que se presentase -tempestivamente- en el concurso preventivo, cuya divergencia podría llevar a estimar la defensa de prescripción por no haberse insinuado el crédito correcto. Sobre esto sostuvo que las alegaciones no afectaban el juicio alcanzado por el juez de grado, no siendo más que la insistencia de una postura contraria carente de respaldo probatorio, pues además su producción en segunda instancia fue descartada. A mayor seguridad, comprobó por su propia cuenta que la alegada ajenidad que se predicaba del expediente administrativo 2306-386552/02 respecto de los incidentes individualizados bajo los n° 118.287 y 118.299, no resultaba ser tal.
Para concluir, ratificó que el rechazo del incidente de revisión de crédito o su eventual acogimiento y cancelación del pasivo por el contribuyente, habilitaría al apremiado a incoar una acción de repetición a fin de recuperar aquellas sumas de dinero que estime pagadas indebidamente, mas no a oponerse a la procedencia de la acción ejecutiva intentada en su contra en virtud del carácter de responsable solidario de la deuda fiscal, sobre la cual ya no había lugar alguno para discutir.
III. Contra el pronunciamiento de la Cámara, el codemandado Luis Carlos Cardinali interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.1. Ante todo, plantea la violación de la doctrina legal respecto de la oportunidad para alegar la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria en materia de impuestos.
Sostiene que el escrito de oposición de excepciones en el apremio fue la primera ocasión que tuvo para efectuar semejante planteo respecto de los arts. 18, 21, 55 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2004), en tanto que la resolución habilitante de la ejecución proviene de un órgano administrativo, el Tribunal Fiscal de Apelación, que no resulta competente para declarar la inconstitucionalidad de las normas.
Denuncia que los precedentes citados por el juez de primera instancia se basaron en circunstancias distintas.
Considera que la admisibilidad de este tipo de pretensiones en los procesos de apremio depende de que el tema constitucional sea susceptible de resolverse con las constancias del expediente o sin necesidad de mayores despliegues probatorios, como ocurriría en el presente caso.
III.2. Sorteado lo anterior, denuncia violación de los arts. 59 y 274 de la Ley General de Sociedades, en la inteligencia de que los arts. 18, 21, 55 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2004) exorbitan el régimen de responsabilidad solidaria fijado en aquellos dos, que en tal sentido integran el derecho de fondo que solo le compete dictar al Congreso de la Nación (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Sobre esa base, dice que lo fallado viola la doctrina legal emanada del precedente C. 110.369, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso".
En respaldo, cita la doctrina de la causa "Filcrosa" de la Corte federal, luego reflejada por esta Suprema Corte en la causa C. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos: 'Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo'".
Hace hincapié en la diferente regulación de la responsabilidad de los directores que trae el Código Fiscal, cuando se la compara con la de la Ley General de Sociedades. Afirma que en esta última tal atribución requiere la existencia de dolo o culpa, mientras que en el primero se afirma simplemente que los integrantes de los órganos de administración son solidaria e ilimitadamente responsables con los contribuyentes por el pago de los gravámenes. No requiere, así, incumplimiento de los deberes fiscales ni imputación a título subjetivo, creando de ese modo una causal automática y prácticamente objetiva de responsabilidad.
III.3. Por último, refiere a la violación de los arts. 55 y 56 de la Ley de Concursos y Quiebras n° 24.522 y 499, 1.994, 1.995 y 2.004 del por entonces vigente Código Civil.
Recuerda haber propuesto como premisa general que la prescripción concursal del crédito fiscal contra el contribuyente concursado extingue el derecho del acreedor fiscal contra los directivos de las sociedades, en su carácter de responsables por deuda ajena.
Siendo así, asevera que el título ejecutivo allí insinuado tempestivamente no coincide sustancialmente con el perseguido en estos autos, de modo tal que, al no verificarse incidentes de verificación tardía con causa en esta acreencia, el crédito reclamado está prescripto bajo la legislación concursal, con naturales proyecciones a este ámbito.
Desliza también que el Fisco nunca pudo concurrir a hacer tal cosa, hasta tanto no hubiese quedado firme la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, lo que corroboraría una suerte de divisibilidad del crédito donde una parte seguía siendo litigiosa.
Apunta una vez más a la declaración de inadmisibilidad de los créditos fiscales, aspecto que fuere recurrido por el Fisco.
IV. El recurso no prospera, dada su insuficiencia técnica (art. 279 in fine , CPCC).
IV.1.a. Para que el escrito con que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial -esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley-, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (doctr. causas A. 73.509, "Diez", sent. de 9-VIII-2017; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; A. 76.794, "Etchepare", sent. de 24-XI-2021; e.o.).
Siendo así, se ha expresado que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer el propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron desechadas y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; A. 73.111, "Caldas", sent. de 28-II-2018; A. 74.757, "Lucio", sent. de 21-XI-2018; e.o.).
IV.1.b. En la especie, el recurrente centra su labor impugnativa ya sea en la reiteración de ideas que han sido tratadas y fundadamente rechazadas por el Tribunal de Alzada, o bien en argumentaciones que transcurren en paralelo, referidas principalmente a la posibilidad de ventilar la constitucionalidad del régimen de solidaridad fiscal previsto en los arts. 18, 21, 55 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2004) a la altura del proceso de apremio iniciado en su contra.
Sobre ese tópico, el a quo tildó de "contundente" la lógica seguida por el magistrado de grado para impedir que tal cosa suceda.
Recordó que dicho juez -quien incluso flexibilizó la excepción de inhabilidad de título para incluir supuestos de inexistencia de deuda- razonó que contra la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación que confirmara la resolución determinativa por la cual se estableció su responsabilidad solidaria, no se había interpuesto la pretensión anulatoria expresamente prevista en el ordenamiento, quedando de esa manera firme y tácitamente consentido aquel acto administrativo emanado de la ex Dirección P
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.