Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75909
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.909, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Medical Glass S.A. s/ apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó la decisión del juez de primera instancia que -a su turno- rechazó el planteo de nulidad de la notificación de la demanda cursada al responsable solidario y, como consecuencia de ello, declaró extemporáneas las excepciones de inhabilidad de título, falta de legitimación pasiva y el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 24 del Código Fiscal, mandando llevar adelante la ejecución y dictando sentencia de trance y remate contra los demandados Medical Glass S.A., Fernando Daniel García y Hugo Ricardo Darman, hasta que hagan íntegro pago del capital reclamado (v. fs. 234/241).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el señor Hugo Ricardo Darman interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 243/252), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 265/266).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 269) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Matanza, en lo que aquí interesa, rechazó el planteo de nulidad de la notificación de la demanda efectuado por el responsable solidario Hugo Ricardo Darman y, por tal motivo, consideró extemporánea la oposición de excepciones previas por él efectuadas. Seguidamente rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 24 del Código Fiscal y, en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución, dictando la pertinente sentencia de trance y remate.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, tras desestimar la impugnación deducida por el señor Hugo Ricardo Darman, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fuera materia de agravio.
Para así decidir, tuvo en cuenta que la diligencia de notificación de la intimación de pago al señor Hugo Ricardo Darman se realizó fijándose el mandamiento en la puerta por estar ordenada al domicilio "constituido", de conformidad a lo normado por el art. 29 del Código Fiscal.
Aclaró que la nulidad articulada respecto de esa diligencia carece de tratamiento procesal específico en la ley 13.406, razón por la cual, siendo que el juicio de apremio es una especie particular dentro del género de los procesos de ejecución que por su naturaleza resulta compatible con el juicio ejecutivo, corresponde recurrir a los fines de su consideración a las normas que para este tipo de procesos regula el Código Procesal Civil y Comercial, por conducto de lo normado por el art. 25 de la ley 13.406.
En tal sentido consideró de aplicación al caso la normativa prevista por el art. 543 del Código Procesal Civil y Comercial, que contempla el supuesto de la nulidad de la ejecución cuando no se hubiere hecho legalmente la intimación de pago, siendo de aplicación no solo cuando se peticiona la nulidad dentro del plazo para oponer excepciones, sino también cuando se la formula con posterioridad, para la hipótesis de que hubiera conocido o estado en condiciones de conocer el vicio que afectara a la intimación de pago, en un momento ulterior (art. 170, CPCC).
Bajo tales parámetros y siendo la intimación de pago el acto introductorio a la defensa en juicio de la demandada, el pilar de su eventual actuación en el proceso y uno de los trámites irrenunciables (art. 541, CPCC), estimó que la nulidad podía ser recabada a condición de que el interesado cumplimente con los recaudos que, alternativamente, impone el art. 543 inc. 1 del Código procesal, esto es: depositar la suma fijada en el mandamiento o, en su caso, y a fin de obviar el mentado depósito, oponer excepciones que tiendan a desvirtuar la procedencia del cobro intentado.
Afirmó que, siguiendo el lineamento de las nulidades procesales (art. 169 y sigs., CPCC) y por la circunstancia de que la nulidad por la nulidad misma no tiene acogida en derecho, es que se requiere la determinación del perjuicio (conf. art. 172, CPCC). Advirtió que esa previsión no hace referencia a un perjuicio genérico sino a uno concreto, que se debe expresar en todos sus rasgos y pormenores al deducir la nulidad, no siendo la normativa del inc. 1 del art. 543 cuando exige la oposición de excepciones en el mismo acto de promover el incidente, otra cosa que la aplicación de ese principio al caso puntual del pedido de nulidad en un proceso ejecutivo.
En cuanto a la oportunidad para deducir dicho planteo de nulidad, recordó que el art. 170 del Código Procesal Civil y Comercial establece que este debe ser opuesto dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto.
En tales condiciones, estimó que -tal como lo pusiera de resalto el juez a quo -, mientras que el mandamiento en cuestión fue diligenciado con fecha 16 de diciembre de 2014 (cfr. informe del oficial notificador de fs. 64 vta.), el demandado efectuó su planteo de nulidad recién el 8 de junio de 2015 (fs. 86 vta.), sin siquiera explicar la fecha -y el modo- en que tomó conocimiento de la diligencia que cuestiona a los fines de verificar la temporaneidad del planteo (cfr. arts. 170, CPCC y 25, 13.406). En dicho marco, no obstante la expresión del perjuicio sufrido mediante la oposición de las defensas pertinentes, señaló que la falta de explicitación de las circunstancias de tiempo y modo en que el codemandado conoció la diligencia cuya nulidad pretende, resulta suficiente para sellar la suerte negativa del planteo incoado, tornándolo inadmisible.
Finalmente, agregó que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, que prescribe que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción, conforme lo dispuesto por esta Suprema Corte en la causa C. 120.297, "Salinas Zamorano", resolución de 23-V-2017, carga que en la especie fue incumplida.
Así, la Cámara entendió que correspondía confirmar el rechazo del planteo de nulidad formulado y expuso que tal decisión tornaba inoficioso el tratamiento de los restantes argumentos y agravios planteados en el recurso de apelación.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el codemandado Hugo Ricardo Darman, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 243/252.
El impugnante alega que la Cámara en su sentencia aplicó erróneamente diversas normas que individualiza (arts. 32, Cód. Fiscal; 10, 11, 15 y 171, Const. prov.; 17, 18 y 31, Const. nac.). Denuncia, asimismo, que se incurrió en "la mal aplicación de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, relacionada con el 'tiempo y el modo' en que llegó a conocimiento del suscripto el acto procesal cuya invalidez se persigue", así como también alega absurdo y "arbitrariedad" en el pronunciamiento recurrido.
Plantea la invalidez de la notificación de la intimación de pago, por haber sido diligenciada en un domicilio que -según expresa- no es su domicilio fiscal (ni real, ni constituido), además refiere que hubo errores en el procedimiento. Señala que no siendo contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos (impuesto reclamado en autos) el único domicilio relevante a los fines de una notificación fehaciente sería su domicilio real, lugar que, expresa, constituye el centro de sus actividades dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Entiende que dicho error resulta una clara "mala aplicación del art. 32 del Código Fiscal", al asimilar el domicilio fiscal de la sociedad supuestamente deudora del impuesto a los ingresos brutos, con el domicilio fiscal del responsable solidario.
Agrega que, como consecuencia de ello, se vulneran asimismo los derechos y garantías de defensa en juicio, de la propiedad privada y de la tutela judicial efectiva y continua. Se queja de que el Tribunal de Alzada no tratara la excepción de inhabilidad de título opuesta, con sustento en la inconstitucionalidad del art. 24 del Código Fiscal que establece la responsabilidad solidaria e ilimitada de los integrantes de los órganos de administración de las personas jurídicas respecto de las deudas de los contribuyentes.
Sostiene, a su vez, que la sentencia tendría una fundamentación aparente, careciendo de la adecuada fundamentación legal que impone el art. 171 de la Constitución provincial, por lo que la descalifica como acto jurisdiccional válido "con base en la doctrina pretoriana del CSJN, por arbitrariedad".
Continúa relatando que el fallo en crisis ha aplicado erróneamente la doctrina legal de esta Suprema Corte en relación con el "tiempo y el modo" en que llegó a su conocimiento el acto procesal cuya invalidez se reclama. A este respecto, asegura que la citada doctrina requiere que el interesado "manifieste" el tiempo y "acredite" el modo en que ha llegado a su conocimiento el acto impugnado. Esta manifestación habría sido, en el caso, claramente demostrada en su presentación de fs. 87/93, por lo que quedaría fuera de discusión la temporaneidad del planteo y asimismo el "modo", dado que se trataría de una "confesión judicial expresa" con los mismos efectos, respecto de la toma de conocimiento.
Hace reserva del caso federal.
III. Adelanto que, en mi opinión, la impugnación deducida no prospera, atento a su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
III.1. La demandada se limita a reiterar en su impugnación afirmaciones ya esgrimidas en su recurso de apelación, insistiendo ante esta instancia extraordinaria con los mismos agravios que fueron descartados fundadamente por el tribunal que intervino previamente. Así, replica el planteo de nulidad de la notificación del mandamiento de intimación de pago atento haberse diligenciado a un domicilio que -alega- no es su domicilio fiscal, agraviándose de la interpretación y aplicación realizada por el Tribunal de Alzada de las prescripciones del art. 32 y concordantes del Código Fiscal, referidos al domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables, como así también respecto al tiempo y modo en que supuestamente tomó conocimiento la intimación de pago y embargo, cuyas explicaciones fueran consideradas por las instancias previas como insuficientes a los fines de analizar la temporaneidad del planteo.
Ahora bien, esta Corte tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia -como acontece en este caso- provoca la insuficiencia del intento revisor (causas Ac. 33.711, sent. de 11-IX-1984; C. 109.317, sent. de 19-XII-2012; C. 103.555, sent. de 22-V-2013; C. 111.236, sent. de 9-X-2013; A. 72.259, sent. de 29-VI-2016; e.o.).
El escrito con que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en este caso, no cumple con la misión que le asigna el aludido art. 279, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley. Los argumentos que en él se formulan deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada, pero, sin embargo, esa carga no ha sido cumplida (causas Ac. 79.513, sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, sent. de 2-IV-2003; A. 70.596, sent. de 24-IX-2014; e.o.).
Es que aquí el recurrente dirige su labor impugnativa reiterando ideas que han sido tratadas y rechazadas de manera fundada por las instancias previas vinculadas con la nulidad de la notificación por haber sido dirigida a un domicilio que considera no es su domicilio fiscal sino el de la empresa, circunstancia expresamente rechazada por el juez de primera instancia y confirmada por el Tribunal de Alzada con cita expresa de las disposiciones del Código Fiscal que establecen la obligatoriedad de denunciar el domicilio al inscribirse tanto el contribuyente como los responsables, siendo válidas y vinculantes las notificaciones allí realizadas, pues a ese efecto el domicilio resulta constituido. La decisión también se funda en lo normado en el art. 543 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que el recurrente argumente su errónea aplicación al caso.
Con referencia a la falta de explicitación respecto al tiempo y modo en que tomó conocimiento del acto que pretende nulificar y pese a los intentos realizados tanto en el recurso de apelación como en esta instancia extraordinaria, resulta claro que estos extremos no solo no han sido suficientemente alegados sino que tampoco han sido acreditados, circunstancia que impone el rechazo del presente recurso también por esta causa y, en consecuencia, la confirmación de lo resuelto en la instancia de grado (conf. arts. 172 y 279, CPCC).
III.2. En relación con la alegación de la violación de normas constitucionales denunciada, cabe recordar que, conforme tiene decidido esta Corte, esta no resulta adecuada cuando queda subordinada -como acá- a una no probada violación de normas procesales o de derecho público local (doctr. causas A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021 y A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022).
III.3. Para finalizar y en punto al planteo de absurdo y/o arbitrariedad de la sentencia cabe recordar que, al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que las cuestiones de hecho y prueba no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido -precisamente- en el vicio lógico denunciado (conf. causas A. 69.834, "Crisconio", sent. de 9-X-2013; A. 69.843, "Aquilano", sent. de 2-XII-2015 y A. 71.029, "Álvarez Oscar A. y otros", sent. de 19-X-2016), circunstancia que no ha ocurrido en el caso.
La omisión en la demostración de la configuración de absurdo en el recurso interpuesto sella la suerte adversa al remedio intentado.
Es doctrina consolidada de este Tribunal que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba son cuestiones propias de los jueces de grado y, por regla, se hallan exentas del control por vía del recurso extraordinario salvo que se invoque y se demuestre el absurdo (conf. causa A. 70.822, "Bigi", sent. de 25-II-2015).
En el caso de autos, determinar la temporaneidad del planteo de nulidad constituye una cuestión de hecho que, salvo invocación y demostración de absurdo, no puede ser examinada en la instancia extraordinaria (cfr. doctr. causa A. 73.979, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-VIII-2018).
Por ello, dado que la Cámara consideró que el ejecutado no demostró haberse visto impedido de tomar conocimiento previamente de la intimación de pago, ni haber cumplido en su impugnación con los extremos establecidos por los arts. 543, 170 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y, en tanto dichas conclusiones no fueron debidamente revertidas por el recurrente, es que no pueden ser revisadas por esta Suprema Corte.
En efecto, los argumentos del quejoso carecen de entidad suficiente para conmover la decisión impugnada (art. 279, CPCC) por cuanto se limitan a exhibir una discrepancia con el criterio del juzgador, sin importar alegación y acreditación de la existencia de absurdo en la definición de una típica cuestión de hecho. Ello por cuanto no invoca ni logra acreditar que, con relación a la apreciación de la prueba que la Cámara considera esencial y decisiva para la resolución del tópico, haya infringido, mediante error palmario y manifiesto, las reglas y principios que instituyen los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial, ni haya incurrido en un error grave y ostensible en el raciocinio empleado al analizar y valorar las circunstancias del caso con relación al domicilio en que correspondía practicarse la notificación (conf. doctr. causa A. 71.176, "Provincia de Buenos Aires c/ Burnet", sent. de 10-IX-2014).
Finalmente, cabe descartar también la denuncia paralela de arbitrariedad promiscuamente traída junto al absurdo.
La invalidación sobre tales bases es también de carácter excepcional, además de que su planteo no puede tener por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas (CSJN Fallos: 338:623), ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133 y 717 y 339:1066; doctr. causas A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021 y A. 77.862, "L., M. y L., I.", sent. de 14-III-2023).
En consideración a lo hasta aquí expuesto, se advierte que la insuficiencia observada con relación a los planteos hasta aquí reseñados, como la falta de demostración de absurdo, llevan a mantener el rechazo de la nulidad de la notificación. Y ello impide expedirse sobre el resto de los agravios intentados, como los relacionados con las excepciones desestimadas por extemporáneas pues, para ingresar en su desarrollo, hubiera sido menester para el recurrente superar el valladar al que se hizo referencia en el punto anterior, circunstancia que no ha logrado realizar (conf. doctr. art. 279, CPCC).
III.4. Por último, con relación a la alegada violación de doctrina legal de este Tribunal, corresponde poner de relieve que solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H.E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
Sin embargo, el impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre las causas denunciadas; en rigor de verdad, ni siquiera individualiza la doctrina legal que reputa vulnerada, limitándose a la mera cita de argumentos utilizados por la Cámara interviniente. De tal modo, el planteo luce insuficiente, pues es claro que omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC; conf. doctr. causas A. 73.250, sent. de 26-X-2016; A. 73.228, sent. de 19-X-2016; A. 75.981, sent. de 18-II-2022; entre muchas otras).
Por tales motivos, y sin que ello implique abrir opinión sobre los aspectos de fondo de la problemática, corresponde también rechazar este embate atento su insuficiencia.
IV. Por lo expuesto, entiendo que procede desestimar la impugnación deducida e imponer las costas de la instancia extraordinaria a la vencida (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.