Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76162
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.162, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ La Guarda Muebles S.A y Ot. s/ Apremio provincial. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Soria , Torres , Maidana , Carral , Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -previa declaración de inconstitucionalidad de los actuales arts. 159 y 161 inc. "b" del Código Fiscal- hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, rechazando la ejecución de la deuda instrumentada en el título base del apremio impulsado, con costas a la actora vencida (v. fs. 425/443 y 512/518).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-XI-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 524/525).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 529), presentado el memorial de la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 25-IV-2019) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hiciera lugar a la excepción de prescripción opuesta por las ejecutadas, tras declarar la inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 inc. "b" del Código Fiscal -texto ordenado 2004-, actuales arts. 159 y 161 inc. "b" -texto ordenado 2011- y, en consecuencia, rechazara la ejecución de deuda del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la multa por omisión instrumentadas en el título base del apremio promovido, con costas a la actora vencida.
I.2. Para así decidir, recordó el cambio operado a partir de la causa "Filcrosa", en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el Código Civil entonces vigente (art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.).
Añadió que ulteriores pronunciamientos enmarcados en esa línea determinaron que lo allí decidido se proyectara a todo el sistema de prescripción, incluidos los supuestos de suspensión e interrupción.
No obstante, entendió que la fijación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y su carácter anual configuran una prerrogativa inherente a la órbita local, pues versan sobre la estructuración y definición del propio tributo.
Consideró injustificable tomar como momento para el inicio del cómputo del plazo de prescripción la fecha de presentación de la declaración jurada, más allá de su incidencia en otros aspectos.
Se refirió al carácter anual de la obligación tributaria discutida en autos, expresó que el plazo prescriptivo quinquenal debe computarse desde el día 1 de enero siguiente al año al cual se refieren los pagos omitidos.
Sostuvo que lo contrario importaría alongar los plazos involucrados, en contraposición a la normativa de fondo (arts. 3.956 y 4.027 inc. 3, Cód. Civ. -ley 340-) y en detrimento del contribuyente, supliendo el déficit de la Administración en instrumentar las potestades con que cuenta en todo momento (independientemente de la presentación o no de la declaración jurada).
Advirtió que dado que en el título base de la ejecución se reclama el año 2010 (posiciones 1 a 8), que notificada a los demandados el día 6 de diciembre de 2016 y que el término prescriptivo correspondiente comenzó a correr el día 1 de enero de 2011 la pretensión ejecutiva planteada el día 6 de julio de 2017 fue interpuesta de manera extemporánea. Aclaró que la disposición determinativa y sancionatoria n° 6.441/16 dictada y notificada en el año 2016, no tuvo efectos suspensivos ya que había expirado el plazo de prescripción en el mes de enero del mismo año.
En consecuencia, puso de relieve que resultó acertado el razonamiento desarrollado por el señor juez de primera instancia en cuanto tuvo por operada la prescripción alegada por los ejecutados.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de distintas normas del Código Civil (ley 340) y del Código Civil y Comercial (ley 26.994), referidas a la prescripción de las obligaciones; de la disposición normativa serie "A" n° 47/06; y de los arts. 159, 182, 187, 209 y 210 del Código Fiscal y 5, 17, 18, 31, 75 inc. 12, 121, 122 y concordantes de la Constitución nacional. Acusa asimismo absurdo en la interpretación de los hechos.
En primer lugar, critica que la Cámara interviniente haya prescindido de lo dispuesto por el art. 159, primer párrafo, segunda parte del Código Fiscal, norma que establece que, para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, los términos de prescripción comienzan a correr desde el día 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales de presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Destaca que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos encuadra en el precepto citado, motivo por el cual la obligación discutida tendría como fecha de vencimiento la fijada por la Administración, no así el último día del año calendario del pertinente ejercicio fiscal.
Advierte que, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 209 y 210 del Código Fiscal, el período de devengamiento de ese impuesto es anual, sin perjuicio del ingreso de anticipos mensuales en las fechas establecidas por la autoridad de aplicación provincial para los contribuyentes bonaerenses "puros", tales como la sociedad demandada. Añade que, junto con el pago del último anticipo del año, debe presentarse una declaración jurada anual mediante la cual se determina el impuesto, que incluye un resumen de la totalidad de las operaciones del período.
Tacha de absurda la interpretación de los hechos practicada por el Tribunal de Alzada, en la medida en que tomó como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción un momento en que la obligación no era exigible.
Señala en tal sentido que el calendario de vencimientos correspondiente a los anticipos mensuales del año 2010 fue aprobado por la disposición normativa serie "A" n° 85/09 y que el concerniente a la declaración jurada de dicho año fue sancionado mediante la disposición normativa serie "A" n° 83/10. Del primero surgiría que el último anticipo del año 2010 venció el día 1 de enero de 2011 y, del segundo, que el plazo para la presentación de la declaración jurada anual expiró el día 28 de marzo de 2011. Recién en esta última fecha la obligación reclamada en autos se habría vuelto exigible.
Con cita del art. 159 del Código Fiscal, concluye que el plazo de prescripción del caso comenzó a correr el día 1 de enero de 2012 y no en el momento determinado por la Cámara.
Agrega que la decisión impugnada vulnera el art. 2.554 del Código Civil y Comercial, conforme al cual "...el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible".
Aduce que el tribunal actuante no podía prescindir de cuanto surge del Código Fiscal y las disposiciones normativas citadas, que -a su entender- debieron haberse considerado más allá incluso de lo alegado por las partes. En abono de esta posición, invoca los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, a la vez que jurisprudencia sobre el principio iura novit curia .
Tras reproducir doctrina sobre el vicio de absurdo, cuestiona en particular que la sentencia atacada haya reconocido encontrarse ante un impuesto anual.
Expresa que "...si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fijo su cómputo" y destaca que, al regular el comienzo de la prescripción de las acciones personales, el art. 3.956 del Código Civil se refiere a "la fecha del título de la obligación", sin precisar qué debe entenderse por dicho concepto.
En consecuencia, insiste en que tal disposición ha sido mal aplicada en autos, y que en el presente caso se advierte que el impuesto era mensual y no anual.
Manifiesta que la exigencia jurisprudencial de condicionar la constitucionalidad de las normas que definen el inicio de término prescriptivo, teniendo en cuenta la situación que con mayor prontitud permita al contribuyente desentenderse de su obligación legal, no supera el test de racionalidad y de razonabilidad al cual se encuentran sometidas las decisiones judiciales.
Agrega que resulta imperativo reconocer efectos suspensivos del curso de la prescripción a la disposición 6.441, notificada el día 6 de diciembre de 2016 y que el correcto cómputo del plazo prescriptivo debe comenzar a correr el día 1 de enero de 2012, hasta la fecha de notificación de la resolución determinativa y es por ello que, al haberse iniciado la acción judicial el día 30 de junio de 2017 no se encontraba prescripta, sino que se hallaba vigente el año de suspensión que operó por la intimación administrativa conforme lo dispuesto por el art. 161 del Código Fiscal.
Con base en lo expuesto sostiene que la decisión confirmatoria de la Cámara carece de sustento legal, por fundarse en una interpretación arbitraria del sistema normativo que rige en la especie y en el desconocimiento inaceptable de la realidad impositiva de la cual se debe hacer mérito.
Por último, reprocha al fallo impugnado haber descartado la aplicación las disposiciones del Código Civil y Comercial (ley 26.994). Expone que la decisión adoptada con sustento en el Código Civil (ley 340) y en la doctrina de "Filcrosa", implica desconocer el sistema constitucional de reparto de competencias normativas entre Nación y provincias y quien dicta la legislación de fondo.
Señala que el Congreso de la Nación sancionó el Código Civil y Comercial como un cuerpo normativo unificado en materia de derecho privado y que no introdujo cambios normativos, sino que aclaró el sentido y alcance del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. En ese marco, considera que las disposiciones aclaratorias dictadas se retrotraen a la fecha de entrada en vigencia del precepto que se busca aclarar.
Por ello, toda vez que la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para regular no solo lo atinente a la extensión del plazo, sino a las causales de suspensión, interrupción y -en lo que al presente caso interesa- desde cuándo comienza a correr su cómputo, este debe efectuarse teniendo en cuenta lo normado por la ley local.
III. En mi opinión, el recurso prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018 señalé, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), mi convencimiento de abandonar mi postura anterior, coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer, en consecuencia, que en la materia prevalecen las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí y a los cuales me remito aquí en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.), norma que delimita el alcance y extensión de una causal de suspensión de los plazos de prescripción de obligaciones tributarias, que se verifica con "...la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados...".
Se trata de un aspecto complementario de los términos discutidos, previsto y regulado en las disposiciones de esta Provincia, que por lo expuesto no debe entenderse alcanzado por el art. 3.986 segundo párrafo del hoy derogado Código Civil, como en la especie lo ha entendido el tribunal actuante.
IV. Por los fundamentos vertidos, considero que corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y disponer que se efectúe un nuevo cálculo de la prescripción planteada, según lo indicado en el presente voto (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas de todas las instancias deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 in fine y arg. 274, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales (v.gr., el inicio del cómputo). En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
La tesis en que se basaron tales decisiones, sustentada en la doctrina de la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899), ha sido ratificada además por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
En este último caso, la mayoría del Máximo Tribunal federal concluyó que los hechos no debían ser juzgados a la luz del Código Civil y Comercial (ley 26.994), sino de conformidad con la legislación anterior (esto es, el Código Civil -ley 340-), debido a la época de la deuda tributaria reclamada, que llevaba a que el plazo de prescripción aplicable se hubiera iniciado y corrido durante la vigencia del antiguo régimen.
Sobre la base de lo decidido en dichos precedentes, sustancialmente análogos al presente, corresponde rechazar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado reclama la ponderación de las disposiciones sobre prescripción contenidas en el Código Civil y Comercial, a la vez que denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), pues la decisión de la Cámara, en tanto ha practicado el cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias discutidas a la luz del entonces vigente Código Civil, se ajusta a la doctrina señalada.
II. Por lo demás, deviene innecesario analizar las críticas concernientes al alegado absurdo en la interpretación de los hechos y a la aplicación tanto del art. 3.956 del hoy derogado Código Civil como de la resolución normativa serie "A" n° 83/10.
Es que, aun de considerar, como la propia recurrente lo sugiere, que el inicio del término aplicable debería contarse desde que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se tornó exigible y que esto sucedió el día 28 de marzo de 2011, el plazo prescriptivo quinquenal (conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.) transcurrió íntegramente antes de que operase la única causal de suspensión alegada, ya que esta se habría verificado recién con la notificación de la disposición delegada n° 6.441 de fecha 21 de noviembre de 2016, producida con fecha 6 de diciembre de 2016.
III. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
I.1. En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a juzgamiento -donde el pronunciamiento apelado, por haber sido dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1.987 y 1.997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.