Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75813
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.813, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ La Guarda Muebles S.A. y ot. s/ Apremio provincial. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Maidana, Mancini, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado, confirmó la prescripción de la acción que fuera declarada en primera instancia respecto del período 2007, y revocó la prescripción dispuesta en relación al año 2008, ordenando su reliquidación.
Asimismo, rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por la empresa demandada y el responsable solidario -señor Goldberg y Cannata-, y desestimó por mayoría la falta de legitimación pasiva deducida por el nombrado, con costas a la demandada vencida (v. fs. 386/395 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, ambas partes dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 24-IX-2018 y 22-IX-2018, respectivamente), los que fueron concedidos a fs. 406 y vta. y 403/404 vta.
A su turno este Tribunal declaró mal concedido, el recurso interpuesto por el codemandado Goldberg y Cannata en relación a la falta de legitimación pasiva alegada y llamó autos para resolver los recursos de inaplicabilidad de ley del Fisco actor y de la empresa demandada (v. fs. 408/409).
Agregada la memoria presentada por la demandada (v. fs. 412) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró prescripta la acción con relación al año 2007 y revocó la declarada respecto de 2008 ordenando se liquide nuevamente la deuda correspondiente a este último período.
Asimismo, rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por la empresa y por el responsable solidario, desestimando, por mayoría, la falta de legitimación pasiva articulada por este último.
I.1. Para así decidir, el doctor Spacarotel, aclaró que abordaría la materia enjuiciada tomando en consideración el cambio verificado a partir de la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, donde la Corte nacional se pronunció a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el Código Civil entonces vigente (art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.).
Entendió que la fijación del impuesto sobre los ingresos brutos y su carácter anual determinan que el plazo prescriptivo quinquenal deba computarse desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren los tributos omitidos y tras advertir que mediante el título base de la ejecución se reclaman los períodos 01 a 12 de 2007, indicó que el término prescriptivo había comenzado a correr el 1 de enero de 2008.
Agregó que la disposición determinativa y sancionatoria 3.889 fue dictada el 18 de noviembre de 2013 y notificada el 19 de diciembre de 2013, esto es, con posterioridad al momento en que había expirado el plazo pertinente y, en consecuencia, respecto de ese período la disposición careció de efectos suspensivos al haber vencido el plazo en cuestión en enero de ese mismo año.
Concluyó así que la demanda judicial, interpuesta el 10 de diciembre de 2015, fue extemporánea, motivo por el cual reputó acertado el razonamiento desarrollado por el señor juez de grado en cuanto tuvo por operada la prescripción alegada.
Distinto temperamento adoptó respecto al período 2008, pues consideró que la disposición 3.889 resultó idónea a los fines de suspender por un año el término de exigibilidad (art. 3.986, Cód. Civ., ley 340) y así habilitar la dispensa del art. 3.980 del mismo cuerpo legal.
De tal manera, sostuvo que para conocer el momento en que operó el cese del impedimento a los fines de dar inicio al cómputo del término de tres meses, previsto en el art. 3.980 del Código Civil (t.a.), debía tenerse en cuenta la fecha en que la Fiscalía de Estado fue notificada de la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 18 de agosto de 2015, el día 5 de octubre de 2015, conforme surge del expediente administrativo 2.360-0098605/09.
Sobre esa base señaló que al momento de interponerse la demanda el 10 de diciembre de 2015, el plazo otorgado por el art. 3.980 del Código Civil (t.a.), para la dispensa de la prescripción operada no había expirado.
Por todo lo expuesto, concluyó en que correspondía confirmar la prescripción por el período 2007 y revocar tal parecer respecto del 2008, ordenando una nueva liquidación.
I.2. A su turno, la doctora Milanta adhirió al voto del doctor Spacarotel, de conformidad con lo expuesto en los precedentes que citó acerca del inicio del cómputo de la prescripción.
I.3. Ahora bien, en relación a la excepción de inhabilidad de título opuesta tanto por la firma demandada como por el responsable solidario, con el argumento de que la exigibilidad del crédito fiscal se hallaba extinguida por prescripción, el voto del doctor Spacarotel que hizo mayoría, sostuvo que el planteo no prosperaba, en la medida que el art. 9 inc. "c" de la ley 13.046 circunscribe esta defensa al supuesto en que el título carezca de las formas extrínsecas que debe contener, e igual temperamento adoptó respecto a la defensa de falta de legitimación pasiva del deudor solidario, con fundamento en la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal que predica.
Ponderó que el excepcionante, se dirige a cuestionar la fuente misma de la obligación, al cálculo de lo adeudado, circunstancia que en el marco restrictivo del apremio no es posible analizar, con fundamento en la presunción de legitimidad que acompaña a los títulos ejecutivos debido a la necesidad de que el Fisco perciba sin dilaciones las sumas que se le adeudan, sin perjuicio de que puedan hacerse valer tales defensas en un posterior juicio ordinario. Añadió que en este proceso solo puede tener andamiaje la excepción de inhabilidad de título cuando este carece de los requisitos extrínsecos que exige la ley, como la fecha, firma del funcionario, indicación del tributo, entre otros, de acuerdo al art. 9 inc. "c" de la ley 13.406.
I.4. Así, con argumentos similares rechazó la excepción de inhabilidad de título por la inconstitucionalidad de los arts. 86, 87 y 95 del Código Fiscal (actuales 96 y 104), indicando que el examen se limitaba a la bondad extrínseca del título por la naturaleza sumarísima del proceso y reiterando, además, que el recurrente puede iniciar una acción posterior a través de un juicio ordinario y eventualmente repetir lo abonado. Y agregó que el tema constitucional, excepcionalmente es admitido en casos donde puede resolverse con las constancias del expediente y sin mayor despliegue probatorio.
I.5. Finalmente, la mayoría rechaza también la falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado Goldberg y Cannata y la oposición articulada con fundamento en la inconstitucionalidad de los arts. 86, 87 y 95 del Código Fiscal (actuales 96 y 104), desde que ambas variables exigen debatir un conjunto de circunstancias relacionadas con las causales del crédito, extrañas al proceso de ejecución, donde solo se analizan las formalidades extrínsecas del título ejecutivo.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159, 161, 182, 209 y 210 del Código Fiscal; 2.554 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), anterior 3.986 del Código Civil (ley 340), referidos a la prescripción de las obligaciones; de la disposición normativa serie "A" n° 47/2006; y de los arts. 5, 17, 18, 31, 75 inc. 12, 121, 122 y concordantes de la Constitución nacional. Acusa, asimismo, absurdo en la interpretación de los hechos.
En primer lugar, critica que la Cámara interviniente haya prescindido de lo dispuesto por el art. 159 primer párrafo, segunda parte del Código Fiscal, norma que establece que, para las obligaciones que se determinan sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, los términos de prescripción comienzan a correr desde el 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales de presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Destaca que el impuesto sobre los ingresos brutos encuadra en el precepto citado, motivo por el cual la obligación discutida tendría como fecha de vencimiento la fijada por la Administración, no así el último día del año calendario del pertinente ejercicio fiscal.
Advierte que, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 209 y 210 del Código Fiscal, el período del impuesto sobre los ingresos brutos es anual, sin perjuicio del ingreso de anticipos mensuales en las fechas establecidas por la autoridad de aplicación provincial para los contribuyentes bonaerenses "puros", tales como la sociedad demandada. Añade que, junto con el pago del último anticipo del año, debe presentarse una declaración jurada anual mediante la cual se determina el impuesto, que incluye un resumen de la totalidad de las operaciones del período.
Tacha de absurda la interpretación de los hechos practicada por el Tribunal de Alzada, en la medida en que tomó como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción un momento en que la obligación no era exigible.
Señala en tal sentido que el calendario de vencimientos correspondiente al período 2007 fue aprobado por la disposición normativa serie "A" n° 47/2006 que estableció como fecha para el vencimiento de la declaración jurada anual el 26 de marzo de 2008, por lo que sostiene, es absurdo fijar el comienzo del cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2008.
Con cita del art. 159 del Código Fiscal, concluye que el plazo de prescripción del caso comenzó a correr el 1 de enero de 2009 y, no en el momento determinado por la Cámara.
Agrega que la decisión impugnada vulnera el art. 2.554 del Código Civil y Comercial, conforme al cual "el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible".
Aduce que el tribunal actuante no podía prescindir de cuanto surge del Código Fiscal y normativa citada, que -a su entender- debió haberse considerado más allá incluso de lo alegado por las partes. En abono de esta posición, invoca los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y, jurisprudencia sobre el principio iura novit curia .
Tras reproducir doctrina sobre el vicio de absurdo, cuestiona en particular que la sentencia atacada haya reconocido encontrarse ante un impuesto anual, mas decidido el caso sin brindarle el tratamiento que tales tipos de tributos tienen a los fines del cómputo de la prescripción.
Con posterioridad, alude a la causa "Fisco c/ Ullate", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1 de noviembre de 2011. Indica que, en ese precedente, el impuesto discutido era mensual y no anual como el de autos, por lo que descarta la analogía entre ambas controversias.
A su vez, destaca que, al regular el comienzo de la prescripción de las acciones personales, el art. 3.956 del Código Civil se refiere a "la fecha del título de la obligación", sin precisar qué debe entenderse por dicho concepto. Interpreta que tal disposición ha sido mal aplicada en autos, ya que -en su visión- no existe ningún desplazamiento temporal entre la fecha del título de la obligación y el inicio del plazo de prescripción aplicable.
Manifiesta que el hecho de que el título de la obligación defina el inicio del término prescriptivo no justifica por sí mismo que la Provincia, al legislar en materia impositiva, tenga que estructurar los gravámenes y definir cuándo y cómo se perfecciona aquel, de modo que el contribuyente quede desobligado lo antes posible.
Como corolario de lo precedentemente expuesto, apunta que resulta imperativo reconocer efectos suspensivos del curso de la prescripción a la disposición 3.889, notificada el 19 de diciembre de 2013. Insiste con que el término en cuestión se inició el 1 de enero de 2009, motivo por el cual recién hubiera finalizado el 1 de enero de 2014.
Refiere que, en ese contexto, es imperativo reconocer el efecto suspensivo de la disposición 3.889 y, que al 19 de diciembre de 2013, fecha de notificación de la resolución determinativa, transcurrieron cuatro años, once meses y diecinueve días.
Concluye luego que el cómputo del plazo se reanudó el 11 de enero de 2016 (debido a que allí se cumplen los 90 días de recibidas por ARBA las actuaciones de parte del Tribunal Fiscal) y que al momento de interponerse la acción judicial, el 10 de diciembre de 2015, se hallaba vigente la suspensión que operó por la intimación administrativa conforme lo dispuesto por el art. 161 del Código Fiscal.
En base a lo expuesto sostiene que la decisión en contrario de la Cámara avalando el mismo criterio del juez de la instancia, carece de sustento legal, por fundarse en una interpretación arbitraria del sistema normativo que rige en la especie y en el desconocimiento inaceptable de la realidad impositiva de la cual se debe hacer mérito.
Por último, reprocha al fallo impugnado haber denegado el pedido de que se tuviesen en cuenta las disposiciones del Código Civil y Comercial (ley 26.994). Expone que aplicar el Código Civil (ley 340) por tratarse de la norma jurídica vigente al momento en que se consumaron las relaciones jurídicas del caso, con pretendido sustento en la doctrina de "Filcrosa", implica desconocer el sistema constitucional de reparto de competencias normativas entre Nación y provincias, así como también el criterio expuesto al respecto por el poder que cuenta con la atribución de dictar la legislación de fondo.
Señala que el Congreso sancionó el Código Civil y Comercial como un cuerpo normativo unificado en materia de derecho privado. En cuanto aquí concierne, sostiene que dicho plexo no introdujo cambios normativos, sino que procedió a aclarar el sentido y alcance del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Enseguida recuerda que las disposiciones dictadas para aclarar el sentido de una norma preexistente retrotraen su aplicabilidad a la fecha de entrada en vigencia del precepto que se busca aclarar.
Puntualiza que, mediante los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial, el Congreso de la Nación reconoció la competencia de las provincias para regular los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias en general. Dentro de este ámbito de atribuciones, incluye tanto lo relativo a la extensión del término prescriptivo como lo atinente a sus causales de suspensión, interrupción y al comienzo del cómputo. Asegura que esta es la conclusión que se desprende de una interpretación sistemática de la normativa involucrada y que además se corresponde con el razonamiento practicado por la Corte nacional en la ya citada causa "Ullate".
III. El recurso prospera.
Tal como surge de diversos pronunciamientos de esta Corte, ante los fundamentos oportunamente expuestos por el doctor Soria en su voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, al que en su momento adherí, he modificado mi postura en relación al régimen de la prescripción de los tributos locales y es así que considero que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo. En consecuencia -en honor a la brevedad- he de remitir a los argumentos que fueran desarrollados por mi colega en las mencionadas actuaciones.
Agrego que esas mismas razones me llevaron a adoptar idéntica decisión con respecto a las causales de suspensión y el inicio del cómputo de la prescripción, dado que constituyen un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado en las disposiciones tributarias de esta Provincia (conf. mi voto en causa A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020).
De allí que, a mi juicio, asiste razón a la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata y ordenar que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento -donde se aborden la totalidad de las cuestiones planteadas- conforme la normativa local (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Atento el modo en que propongo se resuelva esta cuestión, entiendo que las costas deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Discrepo con la distinguida colega que abre el acuerdo.
I.1. En esa dirección, tengo en cuenta que, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN causa 4.930/2015, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, el Alto Tribunal advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella se había realizado en la jurisprudencia previamente señalada.
En dicha inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya por tratarse de temas federales, donde constituye la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, considero que corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado reclama la aplicación de las disposiciones sobre distintos aspectos de la prescripción contenidas en el Código Fiscal, en lugar de las que al respecto se establecen en la normativa de fondo, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
I.2. Añado que deviene innecesario analizar las críticas concernientes al alegado absurdo en la interpretación de los hechos y a la aplicación tanto del art. 3.956 del hoy derogado Código Civil como de la disposición normativa serie "A" n° 47/2006.
Es que, aun de considerar, como la propia recurrente lo sugiere, que el inicio del término aplicable debería contarse desde que el impuesto sobre los ingresos brutos se tornó exigible y que esto sucedió el 26 de marzo de 2008, el plazo prescriptivo quinquenal (conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.) hubiera transcurrido íntegramente antes de que operase la única causal de suspensión alegada, ya que esta se habría verif
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.