Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76103
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.103, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Pluma Blanca SRL s/ Apremio Provincial. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño, Maidana, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata admitió el recurso interpuesto por la ejecutada y, en consecuencia, rechazó el juicio de apremio promovido (v. fs. 115/120 vta.).
La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-III-2019).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 130) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata acogió el recurso interpuesto por la demandada y -en consecuencia- hizo lugar a la excepción de prescripción de la acción, rechazando la pretensión ejecutiva de la actora.
Para así resolver, recordó el cambio jurisprudencial verificado a partir de la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, donde la Corte nacional se pronunció a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el Código Civil entonces vigente (art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.), por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Añadió que ulteriores pronunciamientos enmarcados en esa línea supusieron un nuevo giro en la cuestión debatida, que no se limita a la extensión del plazo respectivo, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción, incluidos los supuestos de suspensión e interrupción.
No obstante, precisó que la fijación del tributo y su carácter anual configuran una prerrogativa inherente a la órbita local, pues versan sobre la estructuración y definición del propio tributo. Expresó que la obligación jurídica en tratamiento es anual, por lo que el plazo de cinco años debe computarse desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren los tributos omitidos; y que el contribuyente efectúa el pago de los anticipos a lo largo de un período anual, circunstancia que permite a la Administración conocer la tributación correspondiente.
Concluyó que la deuda por el impuesto en cuestión estaba prescripta al momento de iniciarse la acción de cobro, teniendo en cuenta a tal fin: a) que el período objeto de disputa es el correspondiente al año 2008; b) que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2009; c) que la disposición delegada 52/11 fue notificada los días 25 de enero y 3 y 16 de febrero de 2011; d) que la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación fue notificada al Fiscal de Estado el 6 de noviembre de 2014; y e) que la pretensión ejecutiva fue deducida el 30 de marzo de 2015 (conf. art. 159 y concs., Cód. Fiscal).
Puntualizó que no modificaba lo expuesto la consideración de lo regulado por el art. 3.986 del anterior Código Civil, que permitía suspender el curso de la prescripción liberatoria, por una sola vez, luego de efectuada fehacientemente la interpelación administrativa.
Atento el modo en que resolvió lo atinente a la excepción de prescripción, reputó inoficioso el tratamiento de los agravios restantes.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159, 161, 187, 182, 209 y 210 del Código Fiscal; 5, 17, 18, 31, 75 inc. 12, 121, 122 y concordantes de la Constitución nacional; de la disposición normativa serie "A" n° 133/08; y de determinados preceptos del Código Civil (ley 340) y del Código Civil y Comercial (ley 26.994) en materia de prescripción de las obligaciones.
Asimismo, acusa absurdo en la valoración de los hechos y violación del principio de congruencia.
II.1. En primer lugar, critica -según lo plantea- que la Cámara haya aplicado la primera parte del primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal, prescindiendo sin justificación alguna de la segunda, que regiría el caso.
Aduce en esa línea que el impuesto sobre los ingresos brutos es un gravamen cuya determinación se produce sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, sin perjuicio de lo reglado con respecto a sus anticipos mensuales (conf. arts. 187, 209 y 210, Cód. Fiscal).
II.2. Seguidamente, advierte que el calendario de vencimientos para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente al período 2008, fue aprobado por medio de la disposición normativa serie "A" n° 133/08, donde se estableció a tal fin el 31 de marzo de 2009.
De allí desprende que resulta absurdo fijar el comienzo del plazo de prescripción el día 1 de enero de 2009, fecha en la que -según lo indica- el tributo no era todavía exigible.
Agrega que la decisión de la Cámara sobre esta cuestión vulnera el art. 2.554 del Código Civil y Comercial, de acuerdo con el cual "[e]l transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible".
En similar línea, más adelante precisa que, al establecer el comienzo de la prescripción de las acciones personales, el art. 3.956 del Código Civil y Comercial se refiere a "la fecha del título de la obligación".
Tras observar que la Cámara ha dado por cierto que dicho parámetro remitiría en autos al 1 de enero de 2009, afirma que este criterio no se sostiene, porque en ese momento la obligación aún no había vencido para el contribuyente y -por ende- la acción de cobro no se encontraba disponible para el Fisco provincial.
Como consecuencia de lo expuesto, asegura que el término prescriptivo correspondiente al período 2008 se inició el 1 de enero de 2010 (conf. art. 159, Cód. Fiscal).
Postula que la Cámara hizo una interpretación distorsionada de suma gravedad, desde que, bajo la excusa de evitar un estiramiento del plazo prescriptivo, en rigor lo acortó en perjuicio del Fisco provincial, generando un enriquecimiento sin causa en los contribuyentes.
Con cita de jurisprudencia de la Corte nacional, así como de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, puntualiza que -a su entender- la Cámara no pudo prescindir de lo dispuesto por el Código Fiscal y el anexo III de la disposición normativa serie "A" n° 133/08, con independencia de cuáles fueran las alegaciones de las partes.
Endilga al pronunciamiento atacado haberse desentendido -al resolver la prescripción- del carácter de gravamen anual reconocido por la propia Cámara.
A su vez, niega que proceda aplicar en autos el criterio sentado por la Corte nacional en la causa "Fisco c/ Ullate", sentencia de 1-XI-2011, destacando que el impuesto allí analizado era mensual (y no anual).
II.3. A continuación, acusa desconocimiento del efecto suspensivo de la disposición 52/11. En línea con ello, se agravia de la falta de aplicación del art. 161 del Código Fiscal.
Indica que, de conformidad con lo allí establecido, el término prescriptivo se vio válidamente suspendido desde la notificación de la citada disposición 52/11 hasta el 8 de febrero de 2015, fecha en la cual se cumplieron noventa días desde la notificación de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación.
Considera que la aludida causal de suspensión, relacionada con la posibilidad de interponer un recurso administrativo con efecto suspensivo ante un tribunal, ha sido establecida en interés del contribuyente, por lo que no podría ser utilizada contra el Estado que la concedió, ya que en ese supuesto nos hallaríamos frente a un abuso de derecho. Añade que durante el lapso señalado el Fisco se hallaba imposibilitado de promover la acción.
II.4. Con posterioridad, se agravia de que la Cámara haya aplicado las normas del Código Civil (ley 340), sin expresarse sobre su pedido de resolver el caso teniendo en cuenta las disposiciones del actual Código Civil y Comercial (ley 26.994).
Argumenta que no puede prescindirse de la definición hecha por el Congreso de la Nación sobre el alcance de sus competencias privativas y el reconocimiento de las provincias. Invoca en particular lo dispuesto por los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial.
Aclara que, a través de tales disposiciones, no se habría introducido un verdadero cambio normativo, sino una precisión respecto del sentido y alcance del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, que -en esos términos- resultaría aplicable a situaciones anteriores como la de autos, sin que obste a ello lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial.
Analiza que, por medio de los citados arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial, el legislador nacional no reconoció solamente la competencia del provincial para regular la extensión temporal de los plazos de prescripción de tributos locales, sino también su suspensión, interrupción y desde cuándo comienzan a correr.
Agrega que una interpretación contraria conspiraría contra la coherencia interna del nuevo Código unificado y que supondría reconocer que el Poder Legislativo nacional ha desdoblado y devuelto las competencias que las provincias le han delegado, algo ajeno a nuestro sistema constitucional.
A todo evento, solicita que se aplique en sentido inverso la lógica que guió el ya citado precedente "Ullate", concluyendo que si las provincias cuentan con facultades para regular la extensión de los plazos de prescripción de tributos (tal como surge del art. 2.560 del Código Civil y Comercial), también deben tenerla para legislar acerca de la forma de cómputo de dichos términos.
II.5. Por último, alega violación del principio de congruencia, con sustento en lo normado por los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 in fine y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución nacional.
Concretamente, critica que la Cámara haya tomado como pilar de su decisión la doctrina sentada por la Corte nacional en la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, luego receptada por este Tribunal provincial, que conduce a tachar de inconstitucionales distintos preceptos del Código Fiscal, pese a que -según lo plantea- la demandada no introdujo esa cuestión al oponer sus defensas.
Manifiesta que, en el sistema de doble instancia, informado por el principio dispositivo, no es correcto introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de grado.
Tras citar jurisprudencia de esta Corte y de su par nacional, concluye que el pronunciamiento atacado resulta incongruente con los términos en los cuales quedó trabada la litis.
III. Anticipo que el recurso no prospera.
III.1. Este Tribunal ha advertido que el principio iuria novit curia tiene aplicación en materia de prescripción, siempre que dicha defensa haya sido oportunamente argüida por las partes (cfr. arts. 3.964, Cód. Civ. -ley 340- y 2.552, Cód. Civ. y Com. -ley 26.994-), desde que es el sentenciante quien tiene el poder-deber y a quien le incumbe determinar la norma que rige en el caso (conf. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC), aun cuando difiera de la alegada por las partes. Esto no implica, en modo alguno, suplir oficiosamente la prescripción, sino, por el contrario, establecer el plazo atingente en razón del deber irrenunciable de calificar jurídicamente las pretensiones deducidas en el proceso "según correspondiere por ley" (conf. art. 163 inc. 6, CPCC; causa C. 96.165, "Pascual", sent. de 17-VI-2009).
Teniendo en vista dichas pautas, esta Corte tuvo oportunidad de resolver un caso en el cual la Cámara interviniente -a partir de los fundamentos de orden constitucional vertidos por la Corte nacional en la causa "Filcrosa"- había interpretado que las provincias carecen de competencia para regular la prescripción de sus obligaciones locales y encuadrado la controversia en el art. 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil, por sobre las disposiciones de carácter local o municipal. Pues bien, allí este Tribunal sostuvo que la aplicación oficiosa del plazo quinquenal establecido por la citada norma de fondo no alteraba las bases fácticas de la controversia, la causa de la pretensión ni el concreto petitum (objeto) de la defensa de prescripción interpuesta (conf. causa C. 93.745, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Obra Social del Personal Marítimo", sent. de 3-X-2012).
Tales conceptos fueron aplicados más recientemente por una mayoría de esta Corte que integré en las análogas causas A. 73.474, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Necotrans", sentencia de 25-II-2021 y A. 74.952, "ARBA c/ Toledo", sentencia de 14-XII-2022.
Sobre la base de lo señalado, no pueden tener acogida favorable los agravios -relacionados con el principio de congruencia- a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona que, al abordar la excepción de prescripción opuesta, la Cámara interviniente haya aplicado la doctrina derivada de la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899), expidiéndose así acerca de una cuestión que no habría sido introducida por la demandada.
Además de lo ya expresado al respecto, cabe señalar que, con la posterior adhesión del señor Ítalo Mostacchi, Pluma Blanca S.R.L. opuso aquí excepción de prescripción, en los términos del art. 9 inc. "e" de la ley 13.406, invocando tanto lo dispuesto por los arts. 131 y 135 del Código Fiscal como por los arts. 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Aunque los demandados no plantearon entonces expresamente la inconstitucionalidad de los preceptos del cuerpo normativo provincial atinentes a la prescripción de las obligaciones tributarias locales, ni tampoco mencionaron la jurisprudencia derivada de la causa "Filcrosa", sí acudieron a las recién citadas disposiciones de la normativa de fondo para justificar tanto la procedencia en autos de un término prescriptivo quinquenal, como la extensión por el lapso de un año de la suspensión causada por la intimación de pago (v. fs. 35/36 y 71), aspectos estos que no pueden ser desconocidos.
III.2. Con relación al fondo de las cuestiones planteadas, ante todo he de recordar que, en la causa "Volskwagen de Ahorro para Fines Determinados SA", sentencia de 5-XI-2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, el Alto Tribunal advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que la cuestión debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella se había realizado en la jurisprudencia previamente señalada.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya por tratarse de temas federales, donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental, o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde rechazar los agravios del Fisco tendientes a la aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, en desmedro de lo preceptuado por la legislación de fondo, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
III.3. Sentado lo anterior, corresponde que me expida respecto de los agravios en torno al dies a quo del plazo de prescripción que han sido fundados en lo establecido tanto por el art. 3.956 del Código Civil (ley 340) como por la disposición normativa serie "A" n° 133/08, tarea en la cual he de seguir -en lo pertinente- lo ya sostenido en las causas A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sentencia de 25-II-2021; y A. 73.331, "Sauma Automotores", sentencia de 5-IV-2022.
Conforme a lo reseñado en el apartado anterior, para determinar el inicio del plazo liberatorio de las obligaciones cuestionadas en autos debe estarse a lo normado por el citado art. 3.956 del Código Civil, según el cual dicho término "...comienza a correr desde la fecha del título de la obligación".
Sin embargo, esta Corte ha descartado la interpretación estricta o literal del precepto transcripto, advirtiendo que el principio general en la materia es que el término de la prescripción comienza desde que el crédito existe y puede ser exigido, así como también que no corre contra los derechos o las acciones que no han tenido nacimiento: actio nondum nata non praescribitur (conf. causas Ac. 78.553, "Galdi", sent. de 12-II-2003; Ac. 87.447, "Chakers", sent. de 20-IV-2005; A. 73.468, "Fisco de la Prov. De Bs. As. c/ Unión Com S.R.L.", sent. de 19-IX-2018; e.o.).
En este contexto, considero que cuando el Fisco reclama específicamente la obligación no saldada de determinados anticipos o posiciones mensuales junto con los intereses que estos devengan desde su mora particular, la conclusión respecto a cuál debe ser el dies a quo del plazo prescriptivo no genera mayor margen de dudas, pues tal fecha es la del vencimiento de las particulares obligaciones que se reclaman.
Cabe señalar que el Fisco emite sus títulos de deuda, ya sea reclamando determinados anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos o, en su caso, el pago integral del impuesto -o de saldos por diferencias en lo ingresado- por determinado año calendario.
Ello así, es el propio Fisco quien diferencia si reclama los anticipos a los que el contribuyente está obligado mensualmente o si, por el contrario, cumplido el año fiscal exige directamente el pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Estos dos escenarios, en tanto responden a situaciones disímiles, tienen diferentes inicios del cómputo del plazo de prescripción.
En el caso de autos, en el que el Fisco generó un título ejecutivo por determinados anticipos o posiciones mensuales y sus respectivos intereses desde las distintas fechas de vencimiento de cada uno de aquellos (v. fs. 2), es de lógica consecuencia advertir que la acción habría nacido al cabo de cada uno de esos meses y no al culminar el año correspondiente.
En definitiva, si el término prescriptivo debe computarse desde el vencimiento de la obligación, conforme a lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos-, resulta, en el caso concreto, que el plazo en cuestión comenzó a correr el primer día hábil posterior al vencimiento de cada posición o anticipo mensual reclamado.
Por lo expuesto, corresponde desestimar las críticas relacionadas con el dies a quo de la prescripción de las obligaciones fiscales discutidas, que la recurrente ha sustentado en la anualidad del impuesto sobre los ingresos brutos y en las normas ya aludidas.
III.4. Tampoco pueden prosperar los cuestionamientos acerca de la supuesta falta de consideración de la suspensión producida por la disposición delegada 52/11.
Es menester destacar que la Cámara señaló expresamente en la sentencia atacada que la conclusión relativa a la prescripción de la deuda debatida no variaba frente a la consideración de la suspensión derivada de la interpelación administrativa, que -de acuerdo con lo previsto en el art. 3.986
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.