Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75803
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.803, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ La Guarda Muebles S.A. y Ot. s/ Apremio Provincial. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Maidana, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -previa declaración de inconstitucionalidad de los actuales arts. 159 y 161 inc. "b" del Código Fiscal- hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y rechazó la ejecución de la deuda instrumentada en el título base del apremio impulsado, con costas a la actora vencida (v. fs. 425/443 y 512/518).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-XI-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 524/525).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 529), presentado el memorial de la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 25-IV-2019) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -previa declaración de inconstitucionalidad de los actuales arts. 159 y 161 inc. "b" del Código Fiscal- hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y rechazó la ejecución de la deuda instrumentada en el título base del apremio impulsado, con costas a la actora vencida.
I.1. Para así decidir, el ponente, doctor Spacarotel, aclaró que abordaría la materia enjuiciada tomando en consideración las reglas legales y jurisprudenciales existentes al momento de suscitarse el conflicto.
Recordó el cambio verificado a partir de la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, donde la Corte nacional se pronunció a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el Código Civil entonces vigente (art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.), por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Añadió que ulteriores pronunciamientos enmarcados en esa línea supusieron un nuevo giro en la cuestión debatida, que no se limita a la extensión del plazo respectivo, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción, incluidos los supuestos de suspensión e interrupción.
No obstante, entendió que la fijación del impuesto sobre los ingresos brutos y su carácter anual configuran una prerrogativa inherente a la órbita local, pues versan sobre la estructuración y definición del propio tributo.
Consideró injustificable tomar como momento para el inicio del cómputo del plazo de prescripción la fecha de presentación de la declaración jurada dispuesta por la Comisión Arbitral, más allá de su incidencia en otros aspectos.
Reiterando el carácter anual de la obligación jurídica de autos, expresó que el plazo prescriptivo quinquenal debe computarse desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren los tributos omitidos.
Sostuvo que otra tesitura importaría incorporar un recaudo que alongaría los plazos involucrados, en contraposición a la normativa de fondo (arts. 3.956 y 4.027 inc. 3, Cód. Civ. -ley 340-) y en detrimento del contribuyente, supliendo el déficit de la Administración en instrumentar las potestades con que cuenta en todo momento (independientemente de la presentación o no de la declaración jurada).
Tras advertir que mediante el título base de la ejecución se reclaman los períodos 1 a 12 de 2006, indicó que el término prescriptivo correspondiente comenzó a correr el 1 de enero de 2007. Agregó que la disposición determinativa y sancionatoria n° 4.543/12 fue dictada y notificada en diciembre de 2012, careciendo de efectos suspensivos por haber expirado el plazo en cuestión en enero del mismo año.
Concluyó así que la demanda judicial, interpuesta el 30 de noviembre de 2015, se dedujo en tiempo inhábil, motivo por el cual reputó acertado el razonamiento desarrollado por el señor juez de grado en cuanto tuvo por operada la prescripción alegada.
I.2. A su turno, el doctor De Santis adhirió a la solución precedentemente reseñada.
Coincidió en lo sustancial con que las normas sobre prescripción del Código Fiscal quedan desplazadas por las del Código Civil (ley 340) y con que tampoco inciden en autos las disposiciones del Código Civil y Comercial (ley 26.994).
Sin perjuicio de ello, admitió la posibilidad de conjeturar acerca del aplazamiento de la fecha de inicio del lapso extintivo, que por regla general se daría con el vencimiento anual del tributo, cuando se acredite una fecha distinta de presentación de la respectiva declaración jurada anual, pero sostuvo que esto debía probarse y que tal carga había sido incumplida en el caso.
I.3. Por último, la doctora Milanta adhirió al voto del doctor Spacarotel, de conformidad con lo expuesto en los precedentes que citó acerca del inicio del cómputo de la prescripción.
Agregó que la intimación administrativa dirigida a la firma contribuyente y los presuntos responsables solidarios no tiene incidencia en la resolución de este tipo de causas cuando la prescripción ha operado con anterioridad a su notificación.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de distintas normas del Código Civil (ley 340) y del Código Civil y Comercial (ley 26.994), referidas a la prescripción de las obligaciones; de la disposición normativa serie "A" n° 47/06; y de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal y 5, 17, 18, 31, 75 inc. 12, 121, 122 y concordantes de la Constitución nacional. Acusa, asimismo, absurdo en la interpretación de los hechos.
En primer lugar, critica que la Cámara interviniente haya prescindido de lo dispuesto por el art. 159, primer párrafo, segunda parte, del Código Fiscal, norma que establece que, para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, los términos de prescripción comienzan a correr desde el 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales de presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Destaca que el impuesto sobre los ingresos brutos encuadra en el precepto citado, motivo por el cual la obligación discutida tendría como fecha de vencimiento la fijada por la Administración, no así el último día del año calendario del pertinente ejercicio fiscal.
Advierte que, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 209 y 210 del Código Fiscal, el período del impuesto sobre los ingresos brutos es anual, sin perjuicio del ingreso de anticipos mensuales en las fechas establecidas por la autoridad de aplicación provincial para los contribuyentes bonaerenses "puros", tales como la sociedad demandada. Añade que, junto con el pago del último anticipo del año, debe presentarse una declaración jurada anual mediante la cual se determina el impuesto, que incluye un resumen de la totalidad de las operaciones del período.
Tacha de absurda la interpretación de los hechos practicada por el Tribunal de Alzada, en la medida en que tomó como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción un momento en que la obligación no era exigible.
Señala en tal sentido que el calendario de vencimientos correspondiente a los anticipos mensuales de 2006 fue aprobado por la disposición normativa serie "A" n° 49/05 y que el concerniente a la declaración jurada de dicho año fue sancionado mediante la disposición normativa serie "A" n° 47/06. Del primero surgiría que el último anticipo de 2006 venció el 12 de enero de 2007 y, del segundo, que el plazo para la presentación de la declaración jurada anual expiró el 26 de marzo de 2007. Recién en esta última fecha la obligación reclamada en autos se habría vuelto exigible.
Con cita del art. 159 del Código Fiscal, concluye que el plazo de prescripción del caso comenzó a correr el 1 de enero de 2008, no en el momento determinado por la Cámara.
Agrega que la decisión impugnada vulnera el art. 2.554 del Código Civil y Comercial, conforme al cual "[e]l transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible".
Aduce que el tribunal actuante no podía prescindir de cuanto surge del Código Fiscal y las disposiciones normativas citadas, que -a su entender- debieron haberse considerado más allá incluso de lo alegado por las partes. En abono de esta posición, invoca los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, a la vez que jurisprudencia sobre el principio iura novit curia .
Tras reproducir doctrina sobre el vicio de absurdo, cuestiona en particular que la sentencia atacada haya reconocido encontrarse ante un impuesto anual, mas decidido el caso sin brindarle el tratamiento que tales tipos de tributos tienen a los fines del cómputo de la prescripción.
Con posterioridad, alude a la causa "Fisco c/ Ullate", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1 de noviembre de 2011. Indica que, en ese precedente, el impuesto discutido era mensual y no anual como el de autos, por lo que descarta la analogía entre ambas controversias.
A su vez, observa que, al regular el comienzo de la prescripción de las acciones personales, el art. 3.956 del Código Civil se refiere a "la fecha del título de la obligación", sin precisar qué debe entenderse por dicho concepto. Interpreta que tal disposición ha sido mal aplicada en autos, ya que -en su visión- no existe ningún desplazamiento temporal entre la fecha del título de la obligación y el inicio del plazo de prescripción aplicable.
Manifiesta que el hecho de que el título de la obligación defina el inicio del término prescriptivo no justifica por sí mismo que la Provincia, al legislar en materia impositiva, tenga que estructurar los gravámenes y definir cuándo y cómo se perfecciona aquel, de modo que el contribuyente quede desobligado lo antes posible.
Como corolario de lo precedentemente expuesto, apunta que resulta imperativo reconocer efectos suspensivos del curso de la prescripción a la disposición n° 4.543/12, notificada el 17 de diciembre de 2012. Insiste con que el término en cuestión se inició el 1 de enero de 2008, motivo por el cual recién hubiera finalizado el 1 de enero de 2013.
Refiere luego que el plazo suspendido se habría reanudado el 11 de enero de 2016 (debido a que en ese momento se habrían cumplido los noventa días de recibidas por ARBA las actuaciones administrativas remitidas por el Tribunal Fiscal de Apelación) y que, no obstante ello, el 30 de noviembre de 2015 se habría iniciado electrónicamente este juicio de apremio.
Por último, reprocha al fallo impugnado haber denegado el pedido de que se tuviesen en cuenta las disposiciones del Código Civil y Comercial (ley 26.994). Expone que aplicar el Código Civil (ley 340) por tratarse de la norma jurídica vigente al momento en que se consumaron las relaciones jurídicas del caso, con pretendido sustento en la doctrina de "Filcrosa", implica desconocer el sistema constitucional de reparto de competencias normativas entre Nación y provincias, así como también el criterio expuesto al respecto por el poder que cuenta con la atribución de dictar la legislación de fondo.
Señala que el Congreso sancionó el Código Civil y Comercial como un cuerpo normativo unificado en materia de derecho privado. En cuanto aquí concierne, sostiene que dicho plexo no introdujo cambios normativos, sino que procedió a aclarar el sentido y alcance del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Enseguida recuerda que las disposiciones dictadas para aclarar el sentido de una norma preexistente retrotraen su aplicabilidad a la fecha de entrada en vigencia del precepto que se busca aclarar.
Puntualiza que, mediante los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial, el Congreso de la Nación reconoció la competencia de las provincias para regular los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias en general. Dentro de este ámbito de atribuciones, incluye tanto lo relativo a la extensión del término prescriptivo como lo atinente a sus causales de suspensión, interrupción y al comienzo del cómputo. Asegura que esta es la conclusión que se desprende de una interpretación sistemática de la normativa involucrada y que además se corresponde con el razonamiento practicado por la Corte nacional en la ya citada causa "Ullate".
III. El recurso no prospera.
III.1. Como he señalado en varias oportunidades en las cuales intervine, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Volskwagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019, ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481 y 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que en el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde rechazar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado reclama la ponderación de las disposiciones sobre prescripción contenidas en el Código Civil y Comercial, a la vez que denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), pues la decisión de la Cámara, en tanto ha practicado el cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias discutidas a la luz del entonces vigente Código Civil, se ajusta a la doctrina señalada.
III.2. Por lo demás, deviene innecesario analizar las críticas concernientes al alegado absurdo en la interpretación de los hechos y a la aplicación tanto del art. 3.956 del hoy derogado Código Civil como de la disposición normativa serie "A" n° 47/06.
Es que, aun de considerar, como la propia recurrente lo sugiere, que el inicio del término aplicable debería contarse desde que el impuesto sobre los ingresos brutos se tornó exigible y que esto sucedió el 26 de marzo de 2007, el plazo prescriptivo quinquenal (conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.) hubiera transcurrido íntegramente antes de que operase la única causal de suspensión alegada, ya que esta se habría verificado recién con la notificación de la disposición n° 4.543/12, producida el 17 de diciembre de 2012.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. art. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con la propuesta formulada por el distinguido colega que me precede en la votación, pues en mi opinión el recurso debe prosperar.
Tal como surge de diversos precedentes, he modificado mi postura en relación al régimen de la prescripción de los tributos locales, pues ante los fundamentos oportunamente expuestos por el doctor Soria en su voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16- V-2018, al que en su momento adherí, considero que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo y, en consecuencia -en honor a la brevedad- he de remitir a los argumentos que fueran desarrollados por mi colega.
Agrego que esas mismas razones me llevaron a adoptar idéntica decisión con respecto a las causales de suspensión y el inicio del cómputo de la prescripción, dado que constituyen un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado en las disposiciones tributarias de esta Provincia. (conf. mi voto en causa A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020).
De allí que, a mi juicio, asista razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los artículos del Código Fiscal, pues son estos -y no los incluidos en el Código Civil- los que debieron aplicarse al analizar el cómputo de la prescripción debatida.
II. Por las consideraciones vertidas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora, revocar la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata y ordenar que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento -donde se aborden la totalidad de las cuestiones planteadas- conforme la normativa local (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Atento el modo en que se resuelve, las costas se distribuyen por su orden (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68, segundo párr., CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
I.1. En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.