Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73951
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.951, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Pepe S.A. y ot. s/ Apremio provincial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres , de Lázzari .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto admitió la excepción de prescripción de la acción por determinados períodos, lo revocó en cuanto la desestimó con relación a la multa instrumentada mediante el título ejecutivo 240.719 y -en consecuencia- rechazó totalmente el apremio promovido (v. fs. 182/192).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 196/213), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 214/215).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 224), presentado el memorial de la demandada (v. fs. 238/244) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El Tribunal de Alzada desestimó el recurso de apelación articulado por el Fisco y -en consecuencia- confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto admitió la excepción de prescripción de la acción por los períodos 5 y 6 de 1995; 1 y 3 a 12 de 1996; 1 a 3, 8, 9 y 12 de 1997; 2 y 5 a 12 de 1998; y 1 de 1999. Asimismo, acogió el recurso de apelación articulado por el coejecutado José Luis Grasso, revocando el pronunciamiento de grado en cuanto había desestimado la defensa de prescripción con relación a la multa perseguida, declarándola por ende extinguida y desestimando totalmente el apremio promovido.
En lo que interesa destacar, practicó el cómputo de la prescripción de la deuda impositiva reclamada a la luz de los arts. 3.956, 3.980 y 3.986 del Código Civil, en virtud del criterio sentado por la Corte nacional en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899). Añadió que la declaración de prescripción debía extenderse a la firma demandada por más que la excepción correspondiente hubiese sido interpuesta por el coejecutado José Luis Grasso, en razón de tratarse de una defensa común, vinculada a la obligación en sí misma, pasible de ser invocada y aprovechada por cualquiera de los sujetos que conforman el polo pasivo de la obligación solidaria.
En cuanto a la prescripción de la multa, consideró que el esquema delineado por el Código Fiscal no restringía los derechos acordados por el Código Civil, ya que en principio no provocaba un indebido alongamiento del término allí establecido para reclamar judicialmente el pago de las sanciones pecuniarias. Por dicha razón practicó el cómputo correspondiente a la luz de las disposiciones de la preceptiva local, conforme la interpretación que de ellas realizó.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y -como consecuencia de ello- de los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil. Alega asimismo violación del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y errónea aplicación de sus arts. 5, 121 y 123.
Luego de reseñar los fundamentos del pronunciamiento atacado, aclara que el recurso presentado tiene por objeto demostrar que los arts. 159 y 161 del Código Fiscal son constitucionales, lo que -a su entender- lleva a concluir que la acción del Fisco a la fecha de inicio de este apremio no se hallaba prescripta. Aduce que, si bien la sentencia impugnada contiene otros argumentos en sustento de su decisión (como que aun aplicando la dispensa prevista por el art. 3.980 del Código Civil, la deuda debe considerarse prescripta), las demás consideraciones vertidas sobre el punto a lo largo del expediente resultan sobreabundantes.
A continuación, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), en especial debido a lo dispuesto por los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial, que -en su visión- demuestran que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Plantea que, además, aquella conlleva la facultad de establecer el modo de computar los términos y sus causales de suspensión e interrupción.
Concluye que los arts. 159 y 161 del Código Fiscal resultan constitucionales, que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso el poder de legislar sobre relaciones de derecho privado y no público como en el caso y que los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil resultan por lo tanto inaplicables en la especie.
III. El recurso no prospera.
III.1. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, concluyó que el inicio del cómputo correspondiente se regía por el art. 3.956 del Código Civil -norma de fondo aplicable a la materia durante los períodos discutidos- y no por el art. 133 del Código Fiscal local (t.o. 2004).
Sobre la base de lo decidido en dicho precedente, sustancialmente análogo al presente, corresponde rechazar los agravios de la Fiscalía de Estado contra la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), pues la decisión de la Cámara, en tanto ha analizado el modo de cómputo y las causales de suspensión de la prescripción de las obligaciones impositivas discutidas a la luz del entonces vigente Código Civil, se ajusta a la doctrina señalada.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
III.2. En lo relativo a la prescripción de la multa reclamada, el recurso deducido por la Fiscalía de Estado evidencia insuficiencia, pues la Cámara sustentó su decisión sobre el punto en las disposiciones del Código Fiscal, sin que la impugnante denunciara en momento alguno de su presentación violación o errónea aplicación de dichos preceptos ni brindara argumentos para demostrar error de juzgamiento en este aspecto del pronunciamiento en crisis.
Al respecto, cabe recordar que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume -en la parcela considerada- la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del inferior (conf. causas Ac. 92.476, sent. de 6-IX-2006; C. 97.485, sent. de 20-II-2008; A. 72.455, sent. de 17-XII-2014 y C. 120.263, resol. de 15-XI-2016).
III.3. Por último, cuadra advertir que en el presente juicio la firma demandada no se ha presentado a oponer excepciones, pero que sí lo ha hecho, por su propio derecho, el señor José Luis Grasso (v. fs. 60/66), sindicado como responsable en los títulos base de la ejecución (v. fs. 8, 10 y 12), en mérito a las normas locales que establecen la solidaridad con los contribuyentes en materia tributaria, cuestión sin embargo no discutida en el caso.
Más allá de la indicada falta de presentación de PEPE S.A., la impugnante tampoco ha atacado debidamente en esta instancia la conclusión de que la declaración de prescripción de la deuda impositiva debía extenderse tanto al codemandado que la planteó como a la firma mencionada, por tratarse de una defensa pasible de ser aprovechada por todos los coobligados solidarios. Ello demuestra la insuficiencia del recurso deducido también en esta parcela, por las razones que ya han sido expuestas en segundo párrafo del punto anterior.
IV. Por los fundamentos vertidos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tal como lo señala el ponente, la cuestión controvertida resulta análoga a la debatida en el precedente de este Tribunal A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018. Consecuentemente habré de seguir en el sub lite idéntico temperamento al que adoptara en aquel caso.
Allí sostuve que, en lo que hace al inicio del plazo de prescripción en materia tributaria, debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
En la citada "Recuperación de Créditos" puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, en cuyo texto se explicita un criterio opuesto al sentado en "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), evidenciaba el propósito de revertir esa línea de interpretación, por lo que el mantenimiento de esta doctrina quedaba sin sostén (v. punto IV.3.e de mi voto).
Primer intérprete de sus competencias, el Congreso valoró que el plazo de prescripción de tributos es un asunto de resorte local y por ende ajeno al 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la doctrina de "Filcrosa".
Puntualicé además que el contenido de la normativa tributaria nacional era sustancialmente idéntico al preceptuado por la regla local, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.). Ello, junto con el resto de consideraciones a donde remito por cuestiones de brevedad, me convence de propiciar la aplicación de la legislación tributaria local.
II. Lo anterior, sin ignorar que, más cerca en el tiempo, una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio (CSJN Fallos: 219:583)-, lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", ambas sent. de 26-XI-2020).
III. En virtud de lo expuesto y de los demás fundamentos señalados en la causa A. 71.388, antes citada, a donde remito por cuestiones de brevedad, cabe hacer lugar al recurso y, por ello, ordenar la devolución de los autos a la instancia de origen a los fines de que realice un nuevo cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones impositivas bajo las pautas señaladas en la presente sentencia.
IV. En torno a la prescripción de la multa, habré de acompañar la insuficiencia a la que se refiere el colega que abre el acuerdo en el punto II.2 de su voto.
V. Para concluir, y a título de aclaración final, cabe señalar que no existe un planteo vinculado con el alcance de la responsabilidad de los deudores solidarios que imponga a este Tribunal un pronunciamiento en torno a ese tema.
VI. Atento el modo en que se resuelve, las costas del proceso deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406; y 68 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, a excepción de lo manifestado en los puntos II y V de su exposición, en tanto los restantes argumentos abastecen de manera suficiente la solución que se propicia para el caso.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la solución propuesta por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto, por los siguientes fundamentos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en el caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que la cuestión debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por la Fiscalía de Estado referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
II. Asimismo, presto mi adhesión al tratamiento dado en los puntos III.2, III.3 y IV del voto del colega mencionado y, en consecuencia, doy el mío también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a los fundamentos desarrollados por el doctor Genoud, con más los argumentos que adiciona mi colega el doctor Torres y voto en igual sentido por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:47:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:39:43 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:16:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:58:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 10:57:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia