Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124518
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 124.518 "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ UNO MÁS UNO S.R.L Y OTROS S/ APREMIO PROVINCIAL"
I. Los letrados Jorge A. Aguirre, Celina del Rosario Aguirre y Cecilia González Zanoni -todos por su propio derecho- deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de definitividad de la decisión atacada y en la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790; v. resol. de 8-VI-2021, trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 7-VII-2021 y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL").
En el caso, en el marco de un proceso de apremio y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó el fallo del juez de primera instancia que -luego de establecer la aplicación al caso de lo dispuesto en el art. 23, segundo párrafo, del decreto ley 8.904- había fijado la base regulatoria en la suma que indicó -monto de la demanda original- y procedido a cuantificar los respectivos honorarios profesionales. En consecuencia, se dejaron sin efecto las regulaciones, mandando a efectuar en la instancia de origen una nueva determinación de los estipendios, conforme a la suma derivada de la readecuación de la demanda, sin adicionar intereses (v. adjuntos identificados como "SENTENCIA INTERLOCUTORIA JUZ 4 UNO MÁS U" y "INTERLOCUTORIA REGISTRABLE UNO MAS UNO C" del trámite titulado "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 25-XI-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de razonabilidad, debido proceso, defensa en juicio, cosa juzgada, propiedad, doble instancia, igualdad y retribución justa (arts. 14 bis, 16, 17, 28 y 31, Const. nac.; 1.1, 8 y 25.1, CADH; v. págs. 1, 6/9, 12/13, 15/17 y 19/22, adjunto "INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL" cit.).
II.2. Sostienen que la sentencia en crisis no constituye una derivación razonada del derecho aplicable y debe ser descalificada como acto judicial válido, en tanto -según su modo de ver- se sustenta en meras afirmaciones dogmáticas. Ello, por cuanto esta Corte, sin analizar las circunstancias objetivas de la causa y apartándose de la normativa que rige al caso, calificó -sin dar fundamentos suficientes- de no definitiva la decisión de la Cámara. En consecuencia, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, vulnerando así las garantías constitucionales mencionadas, en particular el derecho a recurrir. Y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional (CSJN, Fallos: 112:384; 297:39; 269:55; 261:209; 277:310; 270:122; 298:325; 262:41; 269:225; 272:213; entre otros), en particular la causa "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa" (causa E. 32. XLV. ORI, resol. de 4-IX-2018) y antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estiman atinentes al caso.
Alegan que, contrariamente a lo resuelto, tanto en el remedio local como en la vía de hecho, denunciaron que el presente configuraba un claro supuesto de confiscatoriedad de sus honorarios, así como el carácter alimentario que poseen y que la decisión del Tribunal de Alzada vulneraba la cosa juzgada. Y agregan que dichos agravios -según su punto de vista- no fueron debidamente tratados y resultaban suficientes para habilitar la excepción a la regla en materia de regulaciones de honorarios, además de demostrar el absurdo del fallo de Cámara (v. págs. 12/16 y 19/20, adjunto cit.).
En orden a lo expuesto, reproducen los planteos esgrimidos en la queja referidos a que correspondía citar a la Caja de Previsión para Abogados de la Provincia de Buenos Aires como "amigo del Tribunal". Y aseveran que dicho argumento impugnativo tampoco fue ponderado por esta Corte (v. págs. 16/18, adjunto cit.).
II.3. Arguyen, también, que el presente ha configurado una violación al principio de que las sentencias deben ser motivadas de acuerdo al derecho vigente, en tanto correspondía aplicar -a su modo de ver- la nueva Ley de Honorarios Profesionales n° 14.967 y no el derogado decreto ley 8.904/77. Y concluyen, en sustento en lo antedicho, que la decisión en crisis resulta arbitraria pues afecta las reglas de razonabilidad y legalidad que estipulan los arts. 2, 3 y 7 del Código Civil y Comercial de la nación y 17 y 28 de la Constitución nacional. (v. págs. 8/12, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 12-VIII-2021 y trámites titulados "OFICIO A" de fecha 20-VIII-2021 y "OBSERVACIÓN" de fecha 10-XI-2021), el mismo fue contestado por el apoderado de Fiscalía de Estado (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAPRDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 18-X-2021).
IV.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho arancelario y procesal local, no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 248:408; 249:530; 295:54; 300:83; 301:836; 302:539; 307:2429; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de los impugnantes se limitan a discrepar con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril de inaplicabilidad de ley, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducente, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
Cabe tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 329:3761 y 330:133 cit.).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que los interesados se limitan -en rigor- a denunciar la existencia de dicho vicio en el fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura establecida por este Tribunal para descartar el recurso de queja intentado. En efecto, reiteran los agravios expuestos en el remedio local de inaplicabilidad de ley, que quedaron fuera de la competencia de esta Corte por la denegatoria de la Cámara y el posterior rechazo de la vía de hecho por parte de este Tribunal (v. págs. 12/16 y 19/20, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
Asimismo, en lo que atañe a la denuncia de que correspondía aplicar al caso la nueva ley 14.967 (v. págs. 8/12, adjunto cit.), se advierte que las alegaciones formuladas al respecto devienen inadmisibles, toda vez que resultan fruto de una reflexión tardía y novedosa que no ha sido planteada en la oportunidad pertinente (v. "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 25-XI-2020 y su documento adjunto titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO UNO MAS UNO CÁMAR"; Fallos: 329:2498; 330:1491; 1447 y 334:365; entre otros; arts. 14 y 15, cits.).
IV.3. En lo que respecta a la invocación del derecho a recurrir (v. págs. 16/18, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Resta indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de razonabilidad, debido proceso, defensa en juicio, cosa juzgada, propiedad, igualdad y retribución justa; arts. 14 bis, 16, 17, 28 y 31, Const. nac.; 1.1, 8 y 25.1, CADH; v. págs. 1, 6/9, 12/13, 15/17 y 19/22, adjunto cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que citan, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.728, "D'eramo", resol. de 18-II-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 124.040, "Larruina", resol. de 29-XII-2021; entre otros), no siendo idóneas a tal fin, las alegaciones volcadas, relativas a la naturaleza alimentaria de los honorarios y a la confiscatoriedad de la sentencia (v. págs. 1, 13 y 19/20, adjunto cit., doctr. art. 15, ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:14:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:34:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 10:21:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:28:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:37:50 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:09:39 hs. bajo el número RR-409-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia