Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 48404
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir la queja y revocar la resolución apelada, con los alcances indicados en el punto III del acápite anterior.
Sin costas , atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
Causa N ° QJPI-48404
VISTO: el recurso de queja interpuesto por la ejecutante
I. Que la ejecutante ha interpuesto el presente recurso de queja, en relación a la denegatoria de la apelación subsidiariamente interpuesta contra el auto que provee los puntos II y III, 1° párrafo de la presentación efectuada frente a la intimación cursada en los términos del art. 310, inc. 2°, 315, 316 del CPCC y 18 bis de la ley 13.406).-
Planteado así el tema, cabe señalar que el recurso de queja es el remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente para conocer en segunda instancia ordinaria, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior, revoque la providencia denegatoria de la apelación, declare a ésta admisible y disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan, o bien, revise el efecto con que se ha concedido la apelación (Art. 275 del C.P.C.C.).
Tiene así por finalidad proveer un remedio para el supuesto en que, mediante la inadecuada denegatoria de un recurso de apelación, un juez de primera instancia obste a la parte litigante, la posibilidad a que tiene derecho de ocurrir ante los estrados superiores de la administración de justicia, o en su caso, para cuestionar el efecto con que éste se hubiere concedido.
Por otro lado, es del caso señalar que el artículo 242 de la ley de forma establece que el recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias y las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.
Estas últimas causan un gravamen irreparable cuando, una vez consentidas, sus efectos son insusceptibles de subsanarse o enmendarse en el curso ulterior del procedimiento o en un proceso posterior.
A su vez, corresponde afirmar que tal gravamen se presenta en aquellos supuestos en que una resolución impida o tenga por extinguido el ejercicio de una facultad o de un derecho procesal que se pretenda ejercer.
Ahora bien, adentrándonos en las presentes actuaciones se observa que -en la especie- el recurso de apelación ha sido denegado en el entendimiento de que el auto apelado no le causaría gravamen a la apelante.
Pero, desde nuestro punto de vista, la decisión apelada causa gravamen a la recurrente, y ese gravamen es irreparable (motivo por el cual habilita la apelación, art. 242 inc. 3 CPCC) por dos razones.
Ello así porque en una resolución originalmente ambigua (pero clarificada al dar respuesta a la reposición), se está señalando que el acto llevado a cabo (designación de oficial de justicia ad hoc) no tendría carácter impulsorio.
Nótese, en este sentido, que al tratarse la reposición se indica:
" Como puede entenderse que quien se encuentra intimado para impulsar el proceso se elucre, como estrategia al respecto, la decisión de proponer una "Oficial de Justicia 'ad hoc'" (y menos aún que la misma se encuentre de vacaciones, lo que de ningún modo acredita, y por ende que no pudiera aceptar ese cargo), no conmoviendo, insisto, ese inconsistente obrar la decisión de autos, ya que ello no constituyó un acto impulsorio del proceso, como erróneamente interpreta la Apoderada de la accionante .- "
Es claro, entonces, que mediando una intimación y señalando que el efectuado no era un acto impulsorio, ya ha juzgado y emitido opinión sobre este punto (atípicamente, pues se lo expone al tratar la reposición).
Lo cual es un motivo de agravio autónomo.
Entonces, y por esas razones, se considera que la providencia apelada causa gravamen a la ejecutante, y que dicho gravamen es, dadas las específicas circunstancias del caso, insusceptible de reparación ulterior, dado que las cuestiones abordadas no podrán, luego, ser objeto de abordaje futuro, una vez consentidos sus efectos.
No se pierde de vista, para así opinar, la letra del art. 317 del CPCC.
Pero dicho artículo aparece concebido, en la economía del CPCC, para los casos habituales donde lo que pudiera decidirse, dentro del trámite de la cuestión de la caducidad de instancia se ajuste a los términos de dicha preceptiva.
Cosa que no sucede en este caso -dadas sus específicas circunstancias (art. 171 in fine Const. Pcial.)- en que el tema controvertido excede los lineamientos y cuestiones involucradas en el ámbito de la declaración de caducidad de instancia y se refiere a puntos que deben ser abordados por aplicación de otras reglas, proyectándose a multiplicidad de procesos en trámite, lo que hace que el caso no quede atrapado por dicha limitación, frente a la existencia de una decisión que -en este contexto- genera agravio que no podrá ser reparado luego.
El art. 317 del CPCC puede ser fundamento para limitar la recurribilidad cuando lo decidido implique la subsistencia del proceso (es decir, el rechazo de un pedido de caducidad o cualquier otra cuestión análoga).
Pero si lo que se decide implica la posibilidad de desembocar en una declaración de caducidad de instancia, el agravio es claro y la norma no debería ser aplicable.
Bajo tales condiciones, se considera que la resolución apelada sí causa gravamen irreparable a la quejosa y, por ello, la queja debe admitirse, concediéndose el recurso interpuesto en relación y teniéndolo por fundado con los argumentos que porta la revocatoria (art. 248 CPCC).
Por lo demás, y siendo que la litis aun no se encuentra trabada, sin perder de vista, tampoco, elementales razones de concentración (art. 34 inc. 5 ap a del CPCC), el expediente queda en condiciones de que nos expidamos, aquí y ahora, acerca de la fundabilidad de la apelación que estamos considerando admisible (art. 248, 270 y ccdtes. CPCC; ver, entre otras, esta Sala en causa nro. 20505 R.S. 265/14).
Lo que pasamos a hacer en el punto siguiente.
II. En la resolución apelada, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Ituzaingó resolvió tres cosas:
- Tener presente la designación de oficial "ad hoc" e intimar para que en el plazo de cinco días acepte el cargo
- En cuanto al pedido de que dicha designación se haga extensiva a otros expedientes, mandar a estarse a la intimación cursada
- Y en cuanto al pedido de ampliación de plazos: desestimarla por el momento, sin perjuicio de indicar que -aclarada la petición- se proveería.
Apelada la decisión, concedido el recurso por esta Sala al tratar la queja (tal el resultado de la cuestión anterior) y fundado al momento de interponerlo, cabe pasar al abordaje de los agravios, que se consideran suficientes (art. 260 del CPCC).
Para dar respuesta a las quejas, vamos por partes.
a) En cuanto al carácter impulsorio, o no, de la designación de oficial de justicia ad hoc, como se decía en el punto anterior, el Sr. Juez de Grado no ha sido claro pues si bien, en verdad, la tuvo presente, en ese mismo momento intimó a la aceptación del cargo y, al tratar la reposición, directamente expresó que dicha actuación no tenía carácter impulsorio.
Al respecto es necesario señalar que entendemos por actividad impulsoria aquella que está encaminada a hacer avanzar el proceso hacia su fin normal, que no es otro que la sentencia (esta Sala en causa nro. 55.110 R.S. 567/07, entre otras).
Sentado ello, tenemos que el art. 24 de la ley 13.406 indica que " a los efectos de cualquier notificación, de practicar embargo, de intimar de pago, efectuar secuestros o intervenciones de caja, el actor podrá proponer oficiales de justicia ad hoc, quienes actuarán con las atribuciones y responsabilidades de los titulares y podrán aceptar el cargo en el mismo escrito en que son propuestos, posteriormente o al momento de retirar la cédula o el mandamiento, tanto en escrito físico con firma ológrafa como en presentación electrónica" .
Es claro, entonces, que la proposición de un oficial de justicia ad hoc es acto necesario para que este pueda, en el mismo acto o en otro posterior, aceptar el cargo y cumplir el cometido que se le asigna.
Consecuentemente, y en la medida en que el proceso se encuentra en estado para practicar la intimación de pago, la designación de un oficial ad hoc (independientemente de la aceptación posterior del cargo -son dos actos diferentes, aunque concatenados-) tiene innegable carácter impulsorio, en tanto apunta a hacer avanzar el proceso hacia la sentencia y es útil en tal sentido.
Con lo cual, debería revocarse este aspecto del auto apelado.
b) Ahora cabe abordar la cuestión del potencial efecto expansivo de esa designación.
Pero sucede que, a diferencia de lo que hemos resuelto en otras causas, se formuló la petición, se mencionó el efecto expansivo pero se indicó, paralelamente, que lo que se pedía era en relación a ciertos procesos, supuestamente mencionados en un archivo o listado adjunto, que nunca se adjuntó .
Esto marca una diferencia entre esta situación y otros supuestos, también en trámite ante la Sala, donde sí se había indicado con precisión a qué procesos pretendía hacerse expansiva la designación.
Luego, la ausencia de dicha indicación, torna abstracto cualquier análisis en este sentido.
III. En virtud de todo lo expuesto, y por tales fundamentos, se considera que aquí también el recurso debe admitirse, revocándose la resolución apelada, dejándose establecido que la designación de oficial de justicia ad hoc llevada a cabo en el presente tiene carácter impulsorio, pudiendo la persona designada como oficial de justicia ad hoc presentarse a aceptar el cargo, en su momento, en cada una de dichas causas.
Todo ello sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
Por ello, el Tribunal RESUELVE: ADMITIR la queja y REVOCAR la resolución apelada, con los alcances indicados en el punto III del acápite anterior.
Sin costas , atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
RADIQUESE LA PRESENTE EN EL JUZGADO DE ORIGEN A FIN DE QUE SE INCORPORE COPIA DEL PRESENTE AL EXPEDIENTE PRINCIPAL Y SE ACTÚE EN CONSECUENCIA.
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 10:20:00 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:06:05 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2024 12:37:00 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 04/04/2024 12:37:01 hs. bajo el número RR-54-2024 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia