Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73098
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Negri, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.098, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Cejas, Leandro Omar. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y -en consecuencia- acogió parcialmente la excepción de prescripción esgrimida por la parte demandada, imponiendo costas a la vencida (v. fs. 74/82 y 121/127).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 131/149), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 150).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 157) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y -en consecuencia- hizo lugar parcialmente a la defensa de prescripción esgrimida por la parte demandada, en lo relativo "a los anticipos mensuales del impuesto sobre los ingresos brutos" identificados como 1 a 12 de 1999, 1 a 12 de 2000 y 1 a 9 de 2001.
Para así decidir sostuvo, por un lado, que la mera aplicación al caso del dies a quo fijado para el plazo de prescripción en el art. 159 del Código Fiscal evidenciaba fehacientemente la configuración de un indebido alongamiento del lapso que prevé el art. 3.956 del entonces vigente Código Civil.
Recordó la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) y en varias posteriores, así como también la propiciada por este tribunal en las causas C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007; C. 99.094, "Fadra", sentencia de 14-VII-2010 y A. 69.340, "Manuel Ángel Mato", sentencia de 16-V-2012.
Señaló que según el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, es el Congreso quien detenta la potestad de regular lo concerniente al vínculo obligacional entre acreedores y deudores, siendo la fijación del plazo de prescripción, el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción, facetas diversas de aquella misma facultad, de suerte tal que las provincias deben adecuar sus regulaciones a las pautas establecidas en el Código Civil.
En cuanto a la invalidez del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal, remarcó que tal norma establece -al igual que la ley de fondo- un plazo de suspensión de un año desde la intimación de pago, pero observó que ese término se ve prolongado, cuando media recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, hasta noventa días luego de la notificación de la resolución adoptada, lo que -a su entender- entra en contradicción con una norma jerárquicamente superior, más precisamente el segundo párrafo del art. 3.986 del entonces vigente Código Civil.
A la luz de los principios sentados, analizó si el último de los períodos discutidos resultaba exigible judicialmente al momento de interposición de la demanda en cuestión, concluyendo que no era así y que esta definición debía proyectarse asimismo sobre los restantes. Concretamente, abordó la situación del anticipo 9 del año 2001 indicando: 1) que según el art. 3.956 del Código Civil, el cómputo de la prescripción debía iniciarse el 22 de octubre de 2001; 2) que a tenor del art. 4.027 inc. 3 del mismo cuerpo legal, dicho término reviste carácter quinquenal; 3) que de acuerdo con lo previsto por el art. 3.986 de idéntica preceptiva, la intimación de pago -producida el 22 de diciembre de 2004- sólo suspendió el plazo prescriptivo por un año; 4) que así, la acción de cobro del Fisco expiró definitivamente el 22 de octubre de 2007, sin que a esa fecha existiera imposibilidad de promoverla, desde que el Tribunal Fiscal se había expedido con anterioridad, pese a todo lo cual la demanda respectiva recién se interpuso el 31 de octubre de 2007.
II. En el recurso bajo estudio, la Fiscalía de Estado denuncia violación del principio de igualdad, del derecho de propiedad y del poder reservado a la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 16, 17 y 121 Const. nac.). Asegura asimismo que se ha interpretado erróneamente la doctrina sentada en la materia.
Sostiene que el criterio adoptado por el tribunal actuante es errado en tanto -a su juicio- no considera las características propias del impuesto sobre los ingresos brutos -en especial su anualidad- y que no existe contradicción entre lo dispuesto por el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y el art. 3.956 del entonces vigente Código Civil.
Aduce que el análisis de la anualidad del tributo referido resulta importante para comprender el modo en que el Código Fiscal regula la prescripción y que la obligación de pagar anticipos del gravamen que en definitiva se adeude no obsta a que éste deba ser en sí determinado mediante la declaración jurada que se presenta al final del ejercicio. Considera que es por ello que el art. 159 del Código Fiscal dispone que para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, los términos de prescripción comienzan a correr desde el 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Destaca la necesidad de que la ley establezca parámetros uniformes para determinar el inicio de tal término. Reitera su interpretación en el sentido de que el plazo prescriptivo establecido por el Código Fiscal se ajusta al art. 3.956 del Código Civil, descartando que la sola concreción del hecho imponible implique el comienzo de aquél. Por otra parte, compara la solución del Código Fiscal con la de la ley nacional 11.683, redactada en términos similares.
Seguidamente, reivindica la potestad de la Provincia de Buenos Aires de cara al dictado de normas relacionadas con las acciones del Fisco para cobrar tributos, incluida la regulación de la prescripción. Sin desconocer los precedentes jurisprudenciales citados por la Cámara interviniente, invoca otros en sentido contrario.
A continuación, critica el cómputo de los plazos prescriptivos realizado por el juez de primera instancia, confirmado por la Cámara interviniente. Invoca en tal sentido los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011). Sobre la base de lo dispuesto por el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), asevera que el Fisco tuvo conocimiento de los hechos imponibles materia de autos recién con el acta de comprobación adunada a la causa administrativa. Cita precedentes según los cuales las actuaciones administrativas interrumpen la prescripción. Por último, niega que la deuda discutida pueda considerarse extinguida en razón de lo normado por el art. 9 de la ley 13.244.
III. Adelanto que, en mi opinión, el recurso debe prosperar parcialmente.
III.1. En primer término he de advertir que el cuestionamiento en torno a la toma de conocimiento de los hechos imponibles por parte del Fisco, basado en lo normado por el anteúltimo párrafo del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), no fue articulado ante el juez de grado en oportunidad de contestar la excepción de prescripción deducida (v. fs. 43/56).
Dicha circunstancia torna aplicable la doctrina de este Tribunal según la cual no es eficaz, por extemporáneo, el planteo que no fue introducido en la oportunidad procesal pertinente, resultando fruto de una reflexión tardía (conf. causa A. 72.040, "Municipalidad de Gral. Pueyrredón c/ García Servando", sent. de 19-X-2016, e.o.).
III.2. En otro orden, considero que las citas del art. 9 de la ley 13.244 y de los sumarios de un par de precedentes de esta Corte que aluden a los efectos interruptivos de las actuaciones administrativas resultan manifiestamente insuficientes para conmover la decisión adoptada por la Cámara (arg. art. 279, CPCC).
Cabe recordar que el cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con claridad la ley o la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (conf. causa A. 71.868, "Oporto", sent. de 19-X-2016 y sus citas, e.o.).
En particular, la mera denuncia de violación de normas que no son las que directamente rigen la cuestión, sin hacerse cargo de las actuadas por el tribunal, no es base idónea para fundamentar el agravio (conf. causa A. 69.917, "Millán", sent. de 8-IX-2010).
A su vez, la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, individualizando las normas legales que resultarían infringidas (conf. causa A. 71.967, "Nestlé", sent. de 9-III-2016, e.o.).
III.3. Sin perjuicio de lo anterior, debo a esta altura recordar que en la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), norma local dedicada a reglar el inicio del cómputo de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales, que -por los motivos reseñados en el punto I de este voto- en el caso ha sido indebidamente desplazada.
Razones análogas a las recién referidas conducen asimismo a acoger el recurso bajo análisis en lo que respecta a la alegada violación del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal, norma que delimita el alcance y extensión de una causal de suspensión de los plazos de prescripción de obligaciones tributarias. En efecto, también ella constituye un aspecto complementario de los términos discutidos, previsto y regulado en las disposiciones de esta provincia, que por lo expuesto no debe entenderse alcanzado por el art. 3.986 segundo párrafo del hoy derogado Código Civil, como en la especie lo ha entendido el tribunal actuante. Cabe asimismo observar que la legislación nacional ha previsto para los tributos correspondientes a ese ámbito estatal un sistema similar al local (cfr. arts. 161 inc. "a", Cód. Fiscal, t.o. 2011; y 65 inc. "a", ley 11.683), lo que sin dudas abona la solución normativa propiciada en esta órbita.
IV. Por los fundamentos vertidos, entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y declarar prescriptas aquellas obligaciones que de acuerdo a un nuevo cálculo, que deberá practicarse según lo indicado en el presente voto, no se encuentren alcanzadas por la excepción bajo tratamiento (conf. art. 289, CPCC).
Toda vez que puede reputarse que dada la índole de la cuestión debatida, la demandada pudo razonablemente entender que la acción se encontraba prescripta, las costas de todas las instancias deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 in fine y arg. 274, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Me aparto de la solución propiciada por la colega que abre el acuerdo.
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo resuelto en el citado precedente, adonde habré de remitir en razón de la brevedad, corresponde en el presente rechazar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.), normas locales que -respectivamente- reglan el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales en forma distinta a los arts. 3.956 y 3.986 segundo párrafo del Código Civil, vigente durante la época de los hechos debatidos (conf. arts. 7 y 2.537, Cód. Civ. y Com.).
En cuanto a los restantes planteos formulados en el recurso bajo análisis, adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1 y III.2 de su voto.
Costas a la recurrente vencida (conf. art. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Por las razones indicadas, voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud , votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Adhiero al voto de mi colega el doctor Genoud en cuanto a la solución del recurso y a su pronunciamiento sobre las costas, como asimismo a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1 y III.2 de su sufragio; a lo que agrego los siguientes fundamentos (conf. causa A. 71.388, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Recuperación de Créditos, sent. de 16-V-2018) a fin de decidir la desestimación del recurso bajo tratamiento.
II.1. En la causa Ac. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en autos 'Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada'. Concurso preventivo", sentencia de 30-V-2007, señalé que el art. 119 del Código Fiscal sentaba las bases para una discriminación incompatible con el principio de igualdad (conf. mis votos en Ac. 82.405, "Fisco", sent. de 23-XII-2002; Ac. 81.520, "Fisco", sent. de 5-XI-2003).
Destaqué que el instituto de la prescripción liberatoria, previsto en el Código Civil (ley 340), tiene una clara inserción en el marco jurídico obligacional, conformando un aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores, por lo que correspondía al legislador nacional su regulación (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Aclaré, además, que la legislación provincial había variado en más de una oportunidad los plazos de prescripción en materia tributaria, previendo -incluso- plazos prescriptivos "escalonados" y que, de ese modo, sin que se verificaran circunstancias que así lo justificaran, la ley provincial colocaba en situación considerablemente más ventajosa a algunos deudores del Fisco que a otros.
En conclusión, expresé que esa situación no sorteaba con éxito el análisis de razonabilidad que exige el control de la garantía de igualdad y que correspondía confirmar la decisión adoptada por la Cámara en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de la norma del Código Fiscal.
II.2. Estimo que esos fundamentos resultan aplicables al presente caso, en el que el Fisco se agravia sobre la inconstitucionalidad del art. 133 (hoy art. 159)ádel Código Fiscal.
Esa norma, en su primer párrafo, establece: "Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen".
Advierto que el ádies a quoáallí previsto difiere de lo dispuesto en la norma de fondo (art. 3.956, Cód. Civ.) y que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994) no modifica lo expuesto, dado que este último no resulta de aplicación al caso.
El Código Civil (conf. ley 340) estableció que el plazo del período prescriptivo comenzaba a correr desde la fecha del título de la obligación (conf. art. 3.956, cit.).
Y el art. 159 del Código Fiscal, que determina la ampliación del período prescriptivo de cada ejercicio fiscal, no puede ser interpretado aisladamente y al margen de lo que la legislación civil dispuso en relación al instituto de la prescripción (conf. arts. 31, Const. nac.; 3.956, Cód. Civ.).
Por lo expuesto observo, a través de una renovada lectura, que el art. 159 primer párrafo del Código Fiscal al regular elá dies a quoáha colocado en situación considerablemente más ventajosa a algunos deudores del Fisco que a otros. Adviértase que al determinar el inicio del cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero del siguiente año al cual se refieren las obligaciones fiscales, tendrán plazos prescriptivos más extensos quienes incumplieran sus obligaciones fiscales en tiempos menos próximos a la entrada del nuevo año .
Entiendo que tal situación no sortea con éxito el análisis de razonabilidad que exige el control de la garantía de igualdad y que, en consecuencia, el art. 159 resulta inconstitucional, pues regula una materia reservada al Congreso de la Nación al establecer un ádies a quoáajeno a lo dispuesto en la norma de fondo, transgrediendo los arts. 18, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional (conf. mi voto en causas A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Saranitte", sent. de 16-VIII-2017 y A. 71.388 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos S.R.L.", sent. de 16-V-2018).
II.3. Del mismo modo, corresponde rechazar el agravio de la Fiscalía de Estado relacionado con el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), norma declarada inconstitucional en el caso por la Cámara interviniente en virtud de su apartamiento de lo previsto por el art. 3.986 segundo párrafo del entonces vigente Código Civil.
Lo previamente expuesto sobre la competencia del Congreso nacional en la materia abona el temperamento adoptado.
III. Con el alcance indicado, doy mi voto por laá negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tal como lo señalan los colegas que me preceden, la cuestión controvertida resulta idéntica a la debatida en el precedente A. 71.338, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, reeditada en A. 71.770, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sauro, Juan Domingo s/ Apremio provincial", sentencia de 22-VIII-2018. En virtud de ello y habida cuenta de que la ponente ha tenido la deferencia de citar mi voto en aquel caso, habré de acompañar lo expuesto por la doctora Kogan.
En aquellos precedentes, sostuve que en lo que ha
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