Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72323
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.323, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Senra, Marcelo s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 133 primer párrafo y 135 inc. "a" segundo párrafo del Código Fiscal (t.o. 2004), revocó la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravio y acogió la excepción de prescripción planteada (v. fs. 80/88).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 91/103), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 104).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 109) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de antecedentes jurisprudenciales de esta Corte relativos a la naturaleza del juicio de apremio y a la prescripción de las obligaciones fiscales.
Con apoyo en lo decidido por el juez de primera instancia, se opone a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 del Código Fiscal y a la aplicación de lo dispuesto por el art. 3.986 segundo párrafo del Código Civil. Asegura que pretender la sujeción estricta y total a este último cuerpo legal en materia tributaria carece de sustento, en tanto -aduce- existen normas de derecho público específicas aplicables al sub lite que no pueden ser desplazadas por otras de carácter general. Añade que -a su entender- apartarlas configura un grave e ilegal cercenamiento de los poderes reservados de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 121 y 122, Const. nac.), con afectación directa del sistema federal de gobierno adoptado por nuestro país en su organización institucional.
Apunta que la regla general es la presunción de constitucionalidad de las leyes y que para la declaración de inconstitucionalidad es necesario que se compruebe una oposición clara e ineludible con la carta fundamental, por lo que un pronunciamiento de esa índole constituye la ultima ratio del orden jurídico. En abono de sus dichos cita fallos de la Corte nacional y de este Tribunal.
Puntualiza que -a su juicio- la Cámara interviniente erró al aplicar el art. 3.980 del Código Civil y con tal fundamento liberar al demandado de la obligación reclamada. Sostiene que no existe discrepancia entre la solución de dicha norma y la del art. 161 inc. "b" (debió decir "a") del Código Fiscal, por cuanto ambas reconocen un plazo de tres meses (o noventa días) posteriores al agotamiento de la vía administrativa para ejercer la acción. Estima que ese término, contado en días hábiles judiciales desde el 14 de mayo de 2009, fecha de notificación de la resolución 1.182/09, habría vencido el 24 de septiembre, pero que el apremio fue promovido dos días antes. Agrega que el 11 de junio el demandado planteó ante el Tribunal Fiscal de Apelación la nulidad de la resolución recién indicada y que el organismo se expidió al respecto el 27 de agosto -todos del mismo año-, motivo por el cual -en su visión- recién con posterioridad a dicho momento debería computarse el lapso referido.
En otro orden, recuerda que el objeto del reclamo es una deuda en concepto de impuesto inmobiliario calculada sobre base cierta y generada a raíz de la actuación del escribano Senra como agente de recaudación. Cita doctrina de este Cuerpo según la cual el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva. Invoca asimismo lo dispuesto por el art. 133 cuarto párrafo del Código Fiscal. Considera que el fin que tuvo en miras el legislador local al otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal no fue perjudicar al Estado sino tutelar los derechos del contribuyente, por lo que niega que durante ese tiempo se haya producido abandono de la acción. Afirma que existía imposibilidad de ejercerla por expreso mandato legal.
II. El recurso no prospera.
II.1. En la causa C. 81.253, sentencia de 30-V-2007, señalé que el art. 119 del Código Fiscal sentaba las bases para una discriminación incompatible con el principio de igualdad (conf. mis votos en causas Ac. 82.405, sent. de 23-XII-2002 y Ac. 81.520, sent. de 5-XI-2003).
Destaqué que el instituto de la prescripción liberatoria, previsto en el Código Civil (ley 340), tenía una clara inserción en el marco jurídico obligacional, conformandoáun aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores, por lo que correspondía al legislador nacional su regulación (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Aclaré, además, que la legislación provincial había variado en más de una oportunidad los plazos de prescripción en materia tributaria, previendo -incluso- plazos prescriptivos "escalonados" y que, de ese modo, sin que se verificaran circunstancias que así lo justificaran, la ley provincial colocaba en situación considerablemente más ventajosa a algunos deudores del Fisco que a otros.
En conclusión, expresé que esa situación no sorteaba con éxito el análisis de razonabilidad que exige el control de la garantía de igualdad y que correspondía confirmar la decisión adoptada por la Cámara en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 119 del Código Fiscal.
II.2. Estimo que esos fundamentos resultan aplicables al presente caso, en el que se cuestiona, por un lado, la inconstitucionalidad del art. 133 primer párrafo del Código Fiscal (hoy art. 159) decretada.
Dicha norma establece: "Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen".
Y ese artículo del Código Fiscal, que determina la ampliación del período prescriptivo de cada ejercicio fiscal, no puede ser interpretado aisladamente y al margen de lo que la legislación civil dispone en relación al instituto de la prescripcióná(conf. arts. 31, Const. nac. y 3.956, Cód. Civ.), que prevé su cómputo desde la fecha del título de la obligación.
Por lo expuesto, a través de una renovada lectura, observo que el artículo 133 primer párrafo del Código Fiscal (actual art. 159) al regular el dies a quo ha colocado en situación considerablemente más ventajosa a algunos deudores del Fisco que a otros. Adviértase que al determinar el inicio del cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero del siguiente año al cual se refieren las obligaciones fiscales, tendrán plazos prescriptivos más extensos quienes incumplieran sus obligaciones fiscales en tiempos menos próximos a la entrada del nuevo año.
Entiendo que tal situación no sortea con éxito el análisis de razonabilidad que exige el control de la garantía de igualdad y que, en consecuencia, el art. 133 primer párrafo del Código Fiscal (actual art. 159, t.o. 2011), resulta inconstitucional, pues regula una materia reservada al Congreso de la Nación al establecer un dies a quo ajeno a lo dispuesto en la norma de fondo, transgrediendo los arts. 16, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional (conf. mi voto en causas A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Saranitte", sent. de 16-VIII-2017 y A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sent. de 16-V-2018).
II.3. Por otra parte, la recurrente no sólo se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 135 inc. "a" segundo párrafo del Código Fiscal (t.o. 2004; conc. art. 161 inc. "a", t.o. 2011) por entender que ello implica desconocer los poderes reservados de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 121 y 122, Const. nac.), sino que además asegura que no existe discrepancia entre la solución de dicha norma y la derivada del art. 3.980 del Código Civil, aplicada al caso. Sin perjuicio de ello, cuestiona el cómputo practicado a la luz de ese último precepto por el Tribunal de Alzada.
Lo expuesto en los puntos anteriores de este voto, a los que remito a fin de evitar reiteraciones, alcanza para confirmar la decretada inconstitucionalidad del art. 135 inc. "a" del Código Fiscal en cuanto se aparta de lo legislado por el Código Civil (plexo normativo aplicable al caso en razón de la época en que sucedieron los hechos debatidos en autos, conf. arts. 7 y 2.537, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
En lo atinente a los demás argumentos presentados, cabe recordar que los tópicos vinculados con el cómputo de la prescripción son típicos planteos fáctico probatorios y por tal motivo extraños a la competencia de la instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (doctr. causas A. 71.528, sent. de 15-X-2014; A. 71.754, sent. de 15-II-2015; A. 72.609, sent. de 31-V-2017; e.o.), vicio lógico que no ha sido alegado ni demostrado en la especie.
Es que, si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión del material fáctico de la causa en casación, a ella sólo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas". Ello es así, en el entendimiento que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (conf. causas C. 107.181, sent. de 9-XII-2010; C. 100.803, sent. de 22-XII-2010; A. 70.613, sent. de 17-VIII-2011; e.o.).
De ahí que el absurdo no quede configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. causa A. 64.420, sent. de 1-XII-1999 y fallos citados en el párrafo precedente). Tal situación está lejos de configurarse en autos, pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente respecto del inicio y el transcurso del plazo de tres meses fijado por el art. 3.980 del Código Civil, aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
II.4. Por último, corresponde advertir que sin perjuicio de todo lo manifestado con anterioridad, la impugnante se ha limitado en su escrito a transcribir lo dispuesto por el art. 133 cuarto párrafo del Código Fiscal (t.o. 2004) y lo sostenido sobre esa norma en una oportunidad por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín (v. fs. 100 vta. y 101). No ha denunciado puntualmente violación de dicho precepto ni ha aclarado en todo caso cómo se habría configurado ésta, pues no ha brindado ninguna explicación sobre su eventual aplicación en el caso.
A más de lo ya explicado, ello sella la suerte adversa del planteo así esbozado, toda vez que, como es sabido, el acabado cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y que lo haga circunstanciadamente, esto es, que precise en qué consiste la violación contra la que se alza o por qué motivo las considera erróneamente aplicadas (conf. causa A. 71.107, sent. de 15-VII-2015; e.o.).
III. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir, entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto debe ser rechazado (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el sub lite , se configura una cuestión idéntica al precedente A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de créditos", sentencia de 16-V-2018. Así, al igual que en aquel caso, en los presentes actuados la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 133 primer párrafo del Código Fiscal (t.o. 2004) en cuanto prevé un modo de computar el plazo de prescripción que colisiona con lo normado en el art. 3.956 del Código Civil y acogió la excepción de prescripción opuesta por el notario demandado como agente de retención del impuesto inmobiliario, según consta en los títulos 419.759, 419.762 y 419.766 (v. fs. 8/10). Igual temperamento se adoptó en torno al art. 135 inc. "a" del ordenamiento local (v. fs. 86 vta.), en torno a su contraste con el art. 3.986 segundo párrafo del Código Civil, vigente al momento de configurarse el hecho imponible.
II. Al tratar el recurso, el a quo revocó la decisión de primera instancia que, a su vez, rechazara el planteo constitucional articulado por el ejecutado (v. fs. 83 y vta.) y tal como lo señalara antes declaró la inconstitucionalidad de los arts. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004) y 135 inc. "a" de dicho ordenamiento, por entender que tales normas contrariaban lo dispuesto en los arts. 3.956, 3.986 y 3.980 del Código Civil. La Cámara -en términos generales- descartó que las provincias puedan disponer las reglas en materia de prescripción de las obligaciones tributarias locales (v. fs. 82 vta.).
Con cita de sus propios precedentes (v. fs. 82 in fine ), el a quo sostuvo que, en virtud de lo normado en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, es potestad del Congreso nacional legislar los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y -en consecuencia- sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas por las normas del derecho común.
III. Contra el mentado pronunciamiento el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, alegando en lo que hace a la inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; conc. art. 159, t.o. 2011), que el tribunal de grado yerra al perder de vista que siempre debe presumirse la constitucionalidad de las normas (v. fs. 96 vta.) y que en un sistema federal hay una coexistencia de normas, por lo cual en materia tributaria, debe prevalecer la norma local.
IV. En torno a la admisibilidad de la vía impugnatoria, es preciso recordar que la decisión de la Cámara que en un juicio de apremio resuelve la excepción de prescripción reviste carácter definitivo a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario (doctr. causas Ac. 86.695, resol. de 30-IV-2003 y Ac. 84.050, sent. de 22-III-2006).
V.1. Aclarado ello y sobre la base de los antecedentes reseñados, corresponde reproducir mi voto en el precedente A. 71.388, "Recuperación de Créditos", ya citado, en lo tocante al nudo de la cuestión controvertida. Así, al igual que en aquel caso adelanto que corresponde hacer lugar al recurso articulado por la representación fiscal.
Bajo los parámetros del mencionado caso y la consecuente aplicación al sub lite de la normativa provincial -en la medida que corresponda-, algunos de los períodos reclamados en los títulos ejecutivos de fs. 8/10 no están totalmente alcanzados por el transcurso de la prescripción.
Ello así, por cuanto a la luz del modo en que se está decidiendo, el cómputo del plazo deberá efectuarse en los términos del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), tomando como dies a quo el 1 de enero del año siguiente al cual se refieren las obligaciones fiscales (v. fs. 83) y computando además la suspensión prevista en el art. 135.
V.2. Retomando el hilo conductor de lo expresado en torno al citado precedente de esta Corte, recuerdo que en esa oportunidad sostuve, en torno al modo en que se configuraba la cuestión controvertida:
"IV.2.a. Preside el debate de autos la cuestión acerca de la aplicabilidad del precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registrado en Fallos 326:3899 (causa: 'Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -Síndico- in re Filcrosa SA s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda', sent. de 30-IX-2003).
De mantenerse el criterio de ese fallo, habría que establecer por añadidura si la prevalencia de la legislación civil allí postulada remite sólo a la extensión o magnitud del plazo de prescripción o si, como alguna vez se ha dicho (CSJN, in re, P. 154.XLV, 'Provincia del Chaco c/ Rivero, Rodolfo Aníbal s/ Apremio', sent. de 1-XI-2011, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal) se aplica también al cómputo de dicho plazo. A partir de allí cabría cotejar las soluciones provistas por la ley tributaria y por el art. 3.956 del Código Civil.
IV.2.b. Antes de expedirse la Corte nacional en el caso 'Filcrosa' mantuve un criterio diferente al que luego hubo de adoptarse en ese fallo, por entender que la legislación de los tributos provinciales (lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material) atañe al derecho público local, resorte de las provincias; que refiere a una materia no delegada por éstas a la Nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado artículo 75 inc. 12 (v. gr. causa C. 82.405, sent. de 23-XII-2002). Las normas del derecho común sólo serían aplicables por analogía, vale decir, en defecto de previsiones del derecho tributario local previa adecuación a las peculiaridades de esta materia.
Una vez dictado y mantenido el criterio interpretativo de aquel pronunciamiento de la Corte federal, por razones de economía procesal, lo he seguido (v. gr. causa C. 84.976, sent. de 30-VII-2007, e.o.).
Más allá de lo relativo al término de la prescripción, esta Suprema Corte se pronunció en sentido favorable a la primacía del Código Civil en otros aspectos complementarios, como los relativos a la interrupción (v. e.o., la causa A. 69.899, 'Hijos de Juan Carlos Pérez', sent. de 26-XI-2012, en la que no me expedí sobre el fondo por valorar que los recursos articulados por el Fisco no habían alcanzado el umbral mínimo de suficiencia técnica).
IV.3. Ahora bien, en el tratamiento de estas cuestiones no puede prescindirse de considerar un dato institucional trascendente, cual es la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en lo atinente a prescripción de tributos locales, puesta de manifiesto en preceptos del nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por la ley 26.994. Veamos.
IV.3.a. En la sentencia 'Filcrosa' la Corte Suprema de Justicia de la Nación había descalificado a la ordenanza 10.607 del municipio de Avellaneda en cuanto establecía un plazo de prescripción de diez años, el doble del quinquenal previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil en materia de obligaciones periódicas, esto es aquellas a '... pagarse por años, o plazos periódicos más cortos' (art. cit.). Lo dirimente para la solución del caso pudo -o debió, tal vez- haber transitado por la notable desemejanza en la extensión de los respectivos plazos prescriptivos que existía en los ordenamientos jurídicos local y nacional (configurado éste, más
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