Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72046
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Negri, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.046, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Riolfo, Omar G. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación instado por la Fiscalía de Estado, hizo lugar parcialmente al presentado por el ejecutado y -en consecuencia- acogió la excepción de prescripción con respecto a parte de la deuda reclamada (v. fs. 121/138).
Disconformes con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 141/157) y la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 166/172), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 161 y 177).
El recurso de nulidad fue desestimado y se dictó la providencia de autos en el de inaplicabilidad de ley (v. fs. 185/186). Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 131, 133 y 134 del Código Fiscal (t.o. 2004) y, como consecuencia de ello, de los arts. 1, 5, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional.
Cuestiona que la Cámara interviniente, sobre la base de lo decidido por la Corte nacional en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), se haya apartado del sistema previsto en el citado art. 133 (conc. art. 159, t.o. 2011). Sostiene que pretender que el caso debe regirse por el entonces vigente Código Civil desconoce los poderes reservados de las provincias.
Manifiesta que el término correspondiente al período 1999 comenzó a correr el 1 de enero de 2001 y que por ende su vencimiento hubiera operado el 1 de enero de 2006, de no ser porque la notificación de la resolución determinativa y sumarial 1.344/04 lo suspendió hasta noventa días después de notificada la resolución 7.692/07 (conf. art. 135 inc. "a", Cód. Fiscal), lo que habría sucedido el 15 o el 30 de julio de 2008. Añade que la presente demanda fue instaurada el 22 de julio de 2008. De allí extrae que -en su opinión- los créditos reclamados no se encuentran prescriptos.
En abono de sus dichos, invoca la opinión de la minoría de esta Corte en el caso "Cooperativa Provisión Almaceneros de Punta Alta". Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios.
II.1. En el sub lite se configura una cuestión análoga a la debatida en el precedente A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de créditos", sentencia de 16-V-2018. En aquel caso, al igual que en el presente, se realizó el cómputo de la prescripción fijando su inicio de acuerdo con lo preceptuado por el art. 3.956 del Código Civil (v. al respecto fs. 132 vta. del pronunciamiento impugnado), lo que -según aduce la recurrente- colisiona con el art. 133 primer párrafo segunda parte del Código Fiscal (t.o. 2004). Merced a ello y a otros fundamentos, en la especie se acogió parcialmente la excepción de prescripción opuesta por el accionado, por los períodos 01 a 06 de 1999 (v. punto "2°" de la parte dispositiva de la sentencia de Cámara a fs. 137 vta.).
II.2. Al tratar el recurso, el a quo revocó parcialmente la decisión de primera instancia respecto de la interpretación que hiciera el juez de grado de la normativa fiscal, en particular al fijar el dies a quo en los términos del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; v. fs. 61 vta. y 62, sent. de primera instancia y 132 vta., sent. de Cámara).
II.3. Contra el mentado pronunciamiento, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando violación de lo preceptuado en los arts. 131, 133, 134 y 135 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2004; conc. art. 159, t.o. 2011). Alega que a la luz de la normativa citada (v. a partir de fs. 168 vta.), la deuda perseguida no se encuentra prescripta.
III. En torno a la admisibilidad de la vía impugnatoria, es preciso recordar que la decisión de la Cámara que en un juicio de apremio resuelve la excepción de prescripción, reviste carácter definitivo a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario (doctr. causas Ac. 86.695, resol. de 30-IV-2003 y Ac. 84.050, sent. de 22-III-2006).
IV. Aclarado ello, sobre la base de los antecedentes reseñados corresponde reproducir mi voto en la causa A. 71.388, "Recuperación de créditos", sentencia citada, en lo tocante al nudo de la cuestión controvertida. Así, al igual que en aquel caso adelanto que corresponde hacer lugar al recurso articulado por la representación fiscal. Retomando el hilo conductor de lo expresado en torno al mencionado precedente de esta Corte, recuerdo que en esa oportunidad sostuve:
"IV.2.a. Preside el debate de autos la cuestión acerca de la aplicabilidad del precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registrado en Fallos 326:3899 (causa: 'Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -Síndico- in re Filcrosa S.A. s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda', sent. de 30-IX-2003).
De mantenerse el criterio de ese fallo, habría que establecer por añadidura si la prevalencia de la legislación civil allí postulada remite sólo a la extensión o magnitud del plazo de prescripción o si, como alguna vez se ha dicho (CSJN, in re , P. 154.XLV, 'Provincia del Chaco c/ Rivero, Rodolfo Aníbal s/ Apremio', sent. de 1-XI-2011, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal) se aplica también al cómputo de dicho plazo. A partir de allí cabría cotejar las soluciones provistas por la ley tributaria y por el art. 3.956 del Código Civil.
IV.2.b. Antes de expedirse la Corte nacional en el caso 'Filcrosa' mantuve un criterio diferente al que luego hubo de adoptarse en ese fallo, por entender que la legislación de los tributos provinciales (lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material) atañe al derecho público local, resorte de las provincias; que refiere a una materia no delegada por éstas a la Nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado art. 75 inc. 12 (v. gr. causa C. 82.405, sent. de 23-XII-2002). Las normas del derecho común sólo serían aplicables por analogía, vale decir, en defecto de previsiones del derecho tributario local previa adecuación a las peculiaridades de esta materia.
Una vez dictado y mantenido el criterio interpretativo de aquel pronunciamiento de la Corte federal, por razones de economía procesal, lo he seguido (v. gr. causa C. 84.976, sent. de 30-VII-2007, e.o.).
Más allá de lo relativo al término de la prescripción, esta Suprema Corte se pronunció en sentido favorable a la primacía del Código Civil en otros aspectos complementarios, como los relativos a la interrupción (v. e.o., la causa A. 69.899, 'Hijos de Juan Carlos López', sent. de 26-XI-2012, en la que no me expedí sobre el fondo por valorar que los recursos articulados por el Fisco no habían alcanzado el umbral mínimo de suficiencia técnica).
IV.3. Ahora bien, en el tratamiento de estas cuestiones no puede prescindirse de considerar un dato institucional trascendente, cual es la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en lo atinente a prescripción de tributos locales, puesta de manifiesto en preceptos del nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por la ley 26.994. Veamos.
IV.3.a. En la sentencia 'Filcrosa' la Corte Suprema de Justicia de la Nación había descalificado a la ordenanza 10.607 del municipio de Avellaneda en cuanto establecía un plazo de prescripción de diez años, el doble del quinquenal previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil en materia de obligaciones periódicas, esto es aquellas a '...pagarse por años, o plazos periódicos más cortos' (art. cit.). Lo dirimente para la solución del caso pudo -o debió, tal vez- haber transitado por la notable desemejanza en la extensión de los respectivos plazos prescriptivos que existía en los ordenamientos jurídicos local y nacional (configurado éste, más que por el Código Civil, por la ley 11.683, con sus reformas), para sobre esa base valorar la solución normativa objetada en términos de razonabilidad o proporcionalidad (art. 28, Const. nac.). No obstante, el Alto Tribunal argumentó a partir de otro enfoque y sostuvo que lo referente a la prescripción encuadraba en el régimen general del derecho de las obligaciones diseñado en el Código Civil, en el que estaban incluidas las obligaciones tributarias (en rigor, las emergentes de tributos nacionales no lo estaban, ni lo están; v. infra apdo. IV.3.i.), y que, por consiguiente, una regla impositiva local que se apartara en esos aspectos de la ley común contrariaba el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Esa jurisprudencia se reiteró en varios pronunciamientos (entre otros, en la sentencia registrada en Fallos: 327:3187; 332:616, 2250; M. 235. XLIX., 'Recurso de Hecho. Municipalidad de San Pedro c/ Monte Yaboti S.A. s/ejecución fiscal', sent. de 27-XI-2014).
IV.3.b. En algunos de ellos, como en los casos registrados en Fallos: 332:616 y 2250, el voto concurrente de la doctora Argibay puso de relieve un aspecto esencial.
Con mirada anticipatoria, en la descripción que hiciera del estado de cosas existente en el ordenamiento positivo la magistrada reparó en que el criterio acuñado en 'Filcrosa' no había '...merecido respuesta alguna del Congreso nacional, en el que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo'; y que ello confería '...plausibilidad a la interpretación [...] que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas' (cfr. voto de la doctora Argibay en las sentencias citadas y también en la causa C.1447.XXXVI. Originario. 'Carrefour Argentina SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición de impuestos', sent. de 6-X-2009).
IV.3.c. En una especie de diálogo secuencial, la respuesta del Congreso llegó de la mano del propio Código Civil y Comercial -y de lo deliberado en el Senado de la Nación (v. infra IV.3.j.)-, en cuyo texto se explicita un criterio opuesto al sentado en 'Filcrosa' y se evidencia el propósito de revertir esa línea de interpretación restrictiva del alcance de los poderes locales.
En línea con otras normas respetuosas del despliegue de las potestades legislativas locales en el campo del derecho público, que el Código también consagra (v.gr. arts. 240, 1.764 a 1.766, 1.970, Cód. Civ. y Com.), y en cuanto al punto que interesa en este proceso, la nueva legislación establece que '...las legislaciones locales podrán regular esta última [la prescripción liberatoria] en cuanto al plazo de tributos' (art. 2.532, in fine, Cód. Civ. y Com.). Paralelamente, bajo el acápite 'Plazo genérico', prescribe que '...el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local' (art. 2.560, Cód. Civ. y Com.).
IV.3.d. Primer intérprete de sus propias competencias, el Congreso de la Nación ha valorado que normar el plazo de prescripción de los tributos provinciales es un asunto ajeno al derecho privado y a la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.), inherente a los ordenamientos locales. Más que dar cuenta de un nuevo deslinde de competencias, ha efectuado un reconocimiento acerca de los límites de sus potestades y, por contraste, del alcance de las que conciernen a las provincias.
IV.3.e. De tal manera queda sin sostén la subsistencia del criterio sentado en el fallo 'Filcrosa'.
El codificador actual ha venido a asumir la problemática derivada de la jurisprudencia construida a partir de dicho pronunciamiento para discontinuarla y echar luz acerca de los límites legislativos del Congreso, en resguardo del principio federal que vertebra la organización del Estado (arts. 1, 121 a 123 y concs., Const. nac.).
Es cierto que el Código Civil y Comercial no regía al momento en que acontecieron los hechos del presente litigio; no lo es menos, sin embargo, que sus normas proporcionan un dato institucional de primer orden para discernir la validez constitucional de una cláusula legal incuestionablemente vigente entonces, de raigambre local por pertenecer al derecho público no delegado, como es el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Dado que la declaración de inconstitucionalidad supone la ultima ratio del ordenamiento jurídico (Fallos: 260:153; 264:364; 288:325; 331:2068; 331:2799; 333:447, entre muchos otros), pronunciarla para dejar de aplicar el Código Fiscal importaría una medida infundada, ni bien se reparase en las directivas emanadas del Congreso de la Nación en lo relativo al orden de las competencias legislativas para fijar los plazos de prescripción de los tributos locales.
IV.3.f. No sobreabunda poner de relieve que la regla contenida en el citado art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004) ha regido en el caso ab initio y que no se está ante un cambio normativo, ni en presencia de conflicto alguno de leyes en el tiempo, a dirimirse con arreglo a los artículos 7, 2.537 y concordantes del Código Civil y Comercial.
La ley tributaria provincial fue y es la vigente en la especie. Como tal, reviste una directa aplicabilidad al supuesto de hecho bajo examen. Mal podría esgrimirse su invalidez constitucional; parecer que sólo tendría cabida como producto de una operación hermenéutica centrada en la impropia comparación entre aquella norma provincial y el art. 3956 del Código de Vélez (semejante al art. 2.554 del nuevo Código), así como en la extensión de un criterio jurisprudencial -carente de justificación actual, por estar montado en semejante cotejo- cual fuera el establecido a partir del fallo 'Filcrosa'.
IV.3.g. En adición, si según se observa no corresponde aplicar las normas del derecho privado relativas a los plazos de prescripción para reclamar el cobro de los tributos locales, tampoco ellas podrían aprehender los aspectos meramente complementarios o instrumentales de dichos plazos (entre otros, los concernientes a su cómputo), en cuanto estén previstos en modo expreso y diverso en las disposiciones tributarias de la Provincia.
Parece razonable que el acto de definir el plazo y su cuantía lleveínsito, como mínimo, el poder de especificar a partir de cuándo empieza a correr (más allá de la aptitud para diseñar en su totalidad el instituto prescriptivo). Si antaño este punto de partida fue aplicado para absorber dentro de la doctrina de 'Filcrosa' al dies a quo de la prescripción (conf. causa P.154.XLV 'Provincia del Chaco c/ Rivero, Rodolfo Aníbal s/ apremio', cit.), tanto más valdría en el sentido opuesto, esto es, para bregar a favor de las potestades locales en la materia, una vez reivindicadas ellas en el nuevo Código Civil y Comercial. De lo contrario, la competencia reguladora provincial -que en modo alguno aparece vedada en esos puntos por la nueva normativa común- perdería en gran medida su funcionalidad.
IV.3.h. Ello es lo que sucede con las normas aplicables en el ámbito tributario federal.
Porque esta materia es propia del derecho público, en el ámbito del Estado Nacional, es abordada en la ley 11.683 -es decir, por fuera de la codificación civil- de manera incuestionada. Aquélla especifica no sólo la extensión del plazo de prescripción de las distintas acciones (art. 56, ley 11.683), sino su cómputo (art. 57, ley cit.).
Al legislar sobre dichos extremos, el Estado federal no lo hizo como legislador común, ni en el Código Civil, sino en el ordenamiento de derecho público aplicable a sus actuaciones impositivas, porque tales asuntos -que se corresponden con las instituciones político-administrativas y de la fiscalidad- escapan a la idea de uniformidad normativa que nutre a la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.).
Dado que esto es así para el ámbito del sector público nacional, no se advierte cómo debería ser distinto y más gravoso en relación con las provincias, cuando éstas no han delegado al Congreso la ordenación de dichas materias (arg. arts. 1, 75, 121 a 123, Const. nac.).
Una lectura diferente de la que aquí se postula, aparte de socavar la coherencia y racionalidad del ordenamiento tributario, desmembraría su sistemática según la legislación local correspondiente y, en los hechos, configuraría una vía inapropiada de aplicación directa de normas de derecho privado, extrañas en principio al campo estrictamente impositivo, cuyo empleo sólo procede por analogía, en presencia de algún 'vacío' regulatorio (cfr. arg. CSJN, in re: CAF 10877/2010/CA1-CS1, 'Chevron Argentina SRL c/ EN - AFIP - DGI s/ resol. 98/09 - Dirección General Impositiva', sent. de 19-V-2015, cons. sexto); camino que bajo aspecto alguno debería transitarse en la especie porque se trata de un tópico que el dispositivo local trata de modo expreso y sin desmesuras, con adecuada proporción en función de los bienes jurídicos en presencia (art. 28, Const. nac.).
La contienda debe entonces resolverse con arreglo a los preceptos de orden local no aplicados en la sentencia impugnada.
IV.3.i. Abona la solución propiciada el hecho de que el contenido de la normativa nacional es sustancialmente idéntico al preceptuado por la regla local en crisis (cfr. art. 57, ley 11.683). En lo referente a la prescripción del cobro de impuestos y, de manera específica, al reglar el comienzo del plazo pertinente, ambas legislaciones disciplinan el asunto en modo sustancialmente análogo. No hay diferencias relevantes entre ellas. Salvando las distancias entre los tributos involucrados, quien, por caso, en su condición de contribuyente -es esta cualidad puntual, y no otra, la que está en discusión aquí- se encontrare relacionado con el fisco nacional no gozaría de una posición subjetiva más ventajosa o menos gravosa, que la de aquel que deba tributar en la Provincia de Buenos Aires.
La disposición provincial es congruente con la índole peculiar de las obligaciones impositivas, con la forma o modo como se encadenan los deberes de los contribuyentes y con los fines de interés público a los que tiende toda la normativa en este campo (arg. art. 28, Const. nac.). En ello, así como en la similitud esencial antes señalada, reside uno de los factores que es menester apreciar en orden a la razonabilidad del dispositivo cuestionado en autos, aspectos que el tribunal a quo no ha ponderado.
El criterio que aquí se expone permite superar la injustificada dualidad existente entre el margen de maniobra dispensado a la administración tributaria nacional y el que se confiere o pretende asignar a las provincial. Dualidad que, en cuanto llevaría a neutralizar las potestades locales, afecta las bases del federalism
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.