Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73347
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.347, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Acrílicos Atlas S.A. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín desestimó el recurso de apelación presentado por la demandada, confirmando la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción de prescripción opuesta y mandó llevar adelante la ejecución (v. fs. 96/100 y 177/183).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el apoderado de Acrílicos Atlas S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 185/190), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 195/196).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 205) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
II. La Cámara interviniente confirmó, en lo que fue motivo de agravio, la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción de prescripción opuesta y mandó llevar adelante la ejecución.
Para así decidir, observó que en autos se encontraba discutido el plazo de prescripción aplicable, debido a que la demandada había planteado la inconstitucionalidad del art. 157 del Código Fiscal, por apartarse de lo previsto en la legislación de fondo. Sostuvo, sin embargo, que tanto el precepto citado como el art. 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil -en el cual podían encuadrarse las obligaciones periódicas discutidas- coincidían en establecer un término quinquenal. En virtud de dicha consonancia descartó el agravio planteado, destacando que ello no contrariaba la doctrina de "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), seguida por esta Suprema Corte a partir de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007.
A idéntica conclusión arribó con respecto al cuestionado art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), pues entendió que la causal de suspensión de la prescripción contemplada en esa norma tiene alcance y efectos análogos a los derivados de los arts. 3.986 y 3.980 del entonces vigente Código Civil. Equiparó la notificación de la resolución determinativa de la deuda reclamada, producida el 16 de abril de 2001, con la constitución en mora prevista en la legislación de fondo. Añadió que, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 117 del Código Fiscal, el recurso administrativo de apelación interpuesto contra aquel acto tuvo efecto suspensivo de la obligación de pago; interpretó que ello colocó al Fisco frente a una imposibilidad de cobro que autorizaba a encuadrar lo sucedido en el instituto de la dispensa de la prescripción, reglado en la citada ley común.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la demandada denuncia violación de los arts. 3.986 y 3.980 del Código Civil.
Aduce que la primera de tales normas contempla una causal de suspensión que dura como máximo un año. Por ello critica la decisión de "engancharla" con el recurso deducido ante el Tribunal Fiscal de Apelación y extenderla hasta la aprobación de la liquidación del tributo. Sostiene que de esa manera se aplican indebidamente conceptos propios de la legislación local, contrariando la legislación de fondo.
En cuanto al segundo precepto citado, plantea que la dispensa de la prescripción corrida implica un beneficio extraordinario, de estrictísima interpretación y que -a su entender- en el caso resulta inaplicable porque el paso del tiempo fue responsabilidad exclusiva y excluyente del actuar negligente del Estado acreedor. Agrega que desde la fecha de aprobación de la liquidación por parte del Tribunal Fiscal de Apelación hasta el inicio del presente juicio de apremio transcurrieron ampliamente los tres meses previstos como condición de la dispensa por el art. 3.980 del Código Civil. Señala asimismo que el referido instituto se aplica únicamente a obligaciones prescriptas y que el tribunal a quo no caracterizó así a las discutidas en autos.
Más adelante cuestiona que la sentencia atacada haya cargado sobre ella el peso de la demora estatal en resolver los recursos administrativos, sin tener en cuenta los términos legales fijados al efecto por la propia legislación provincial (conf. arts. 121 a 127, Cód. Fiscal -t.o. 2011-).
En apoyo de su tesis, cita la doctrina legal de esta Corte fijada en las causas C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007; C. 91.876, "Fisco c/ Delerco", sentencia de 26-IX-2007; A. 69.251, "Fisco c/ Petrolera", sentencia de 16-XII-2009; entre otras.
IV. Adelanto que el recurso prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Ahora bien, en la especie no se discute la preeminencia de la regulación de la prescripción contenida en el entonces vigente Código Civil, sino que, en lo que interesa destacar, la Cámara ha interpretado que, bajo las directrices establecidas por los arts. 3.986 y 3.980 de dicho cuerpo legal, reputadas coincidentes con las del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), las obligaciones discutidas no se encuentran prescriptas.
A esta conclusión se opone la recurrente, para quien en el caso no se cumplen los requisitos que habilitan la dispensa de la prescripción prevista en el citado art. 3.980 del Código Civil. En su parte pertinente, dicho precepto establece: "Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses".
Considero que, frente a las circunstancias acreditadas en autos, asiste razón a la recurrente, ya que, en efecto, el presente juicio de apremio fue iniciado el 21 de diciembre de 2011 (v. fs. 6 vta.), esto es, más de tres meses después de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación que aprobó la liquidación correspondiente (lo que sucedió el 14 de julio de 2011; v. fs. 1.000/1.001, expte. adm. 2306-400.726/00) y de su notificación al organismo recaudador y al señor Fiscal de Estado (acaecidas los días 19 y 22 de julio, respectivamente; v. fs. 1.002, 1.003 y 1.005, expte. adm. cit.), hechos estos que, en todo caso, habrían significado el cese de la imposibilidad de instar el cobro ponderada por el Tribunal de Alzada.
V. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y declarar prescriptas las obligaciones discutidas (conf. art. 289, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen al Fisco vencido (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y arg. art. 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa destacar, la Cámara interviniente ha entendido que tanto la aplicación del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) como la de los arts. 3.986 segundo párrafo y 3.980 del entonces vigente Código Civil conducen a la conclusión de que la deuda reclamada no se encuentra prescripta. Contra dicha decisión se alza la impugnante, quien denuncia errónea aplicación de las últimas dos disposiciones citadas.
En mi opinión, el recurso resulta insuficiente y, en consecuencia, debe ser rechazado (doctr. art. 279, CPCC).
Por otro lado, recuerdo que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los preceptos del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me ha convencido de modificar mi postura anterior, que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional (cuya aplicación es requerida por el recurrente a fs. 187 vta.) y establecer que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo, ello en virtud de los argumentos que se desarrollan en el voto del doctor Soria recaído en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, al que en su momento adherí y adonde corresponde remitir en honor a la brevedad.
Baste aquí simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en aquel caso a concluir que el ya citado Código de fondo no podía regular el modo de cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local conducen en el presente a adoptar idéntica decisión con respecto a la causal de suspensión discutida, por cuanto también esta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado en las disposiciones tributarias de esta Provincia.
De allí que en este tipo de cuestiones resulte aplicable lo que actualmente establece el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), precepto expresamente invocado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 181). Asimismo cabe destacar que la legislación nacional ha previsto para los tributos correspondientes a dicho ámbito estatal un sistema similar (cfr. arts. 161 inc. "a", Cód. Fiscal, t.o. 2011; 65 inc. "a", ley 11.683, modif. por ley 26.422).
II. Por los fundamentos expuestos, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 77 inc. 1, CCA y 289, CPCC).
Toda vez que dada la índole de la cuestión debatida la demandada pudo razonablemente entender que la acción se encontraba prescripta, las costas del proceso deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Discrepo de la solución propiciada por el colega que abre el acuerdo y habré de acompañar a la doctora Kogan en cuanto pone en evidencia que el recurso no cumple con los requisitos de suficiencia técnica (conf. art. 279, CPCC), toda vez que el impugnante no ataca debidamente el eje medular de la sentencia en crisis. Lo explico.
I. En el pronunciamiento, la Cámara indica que la normativa fiscal que rige la cuestión es constitucional atento su identidad con la ley civil de fondo (v. fs. 179 vta./181; cabe aclarar que se encontraba vigente a la fecha de los hechos de autos el Código Civil, ley 340) y señala que hasta el dictado de la sentencia del Tribunal Fiscal existe una imposibilidad del acreedor tributario de perseguir judicialmente la deuda (v. fs. 181 vta.).
II. Contra esa decisión, la ejecutada se agravia por la violación de los arts. 3.986 y 3.980 del Código Civil y alega que el a quo debió hacer prevalecer la normativa nacional por sobre la local (Cód. Fiscal, t.o. 2011).
Arguye que resulta erróneo considerar que el art. 3.980 del Código Civil le otorga efecto suspensivo al recurso administrativo ante el Tribunal Fiscal (v. fs. 186 vta.) y sostiene que la dispensa de la prescripción regulada en esta norma no resulta aplicable al sub lite .
III.1. Conviene de modo previo hacer una breve síntesis de los puntos salientes del fallo impugnado.
En primer lugar la Cámara aborda la inconstitucionalidad de la normativa fiscal planteada por el ejecutado. En relación con ello, afirma que el art. 157 del Código Fiscal no merece reproche constitucional alguno, por contemplar un plazo de prescripción idéntico al del art. 4.023 inc. 3 del Código Civil. Ahonda en este aspecto, afirmando que la norma fiscal no contradice el fallo "Filcrosa" (v. fs. 179 vta. y 180 vta.).
A igual conclusión arriba en lo que respecta al art. 161 del ordenamiento impositivo local, por cuanto según afirma el Tribunal de Alzada, contempla parámetros de suspensión del curso de la prescripción similares a los previstos en el art. 3.986 del ordenamiento de fondo. En esta idea, le asigna carácter suspensivo a la notificación de la resolución determinativa del tributo (v. fs. 181 último párrafo).
Luego destaca: "Por su parte, en torno al segundo párrafo del art. 161 inc. a) del CF es dable considerar que, en virtud del efecto suspensivo que el art. 117 de ese ordenamiento le otorga al recurso de apelación, media imposibilidad para el acreedor tributario de iniciar judicialmente el cobro de su crédito. En esas condiciones, el crédito no puede ser jurídicamente exigible mientras no se emita el decisorio del TFPBA, amalgamándose el supuesto de la norma local, con la télesis del art. 3980 Cciv -dispensa de la prescripción-, el cual, no se encuentra limitado a las 'dificultades o imposibilidades de hecho' sino también a las de derecho (cfr. Pizarro - Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado, Ed. Hammurabi, Tomo 3°, p. 733), y esta alzada in re 'Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Dacar S.A. y otros s/ apremio')" (el destacado figura en el original).
III.2. Contra ese pronunciamiento el recurrente se agravia de lo que entiende es la interpretación que la Cámara efectúa respecto de la dispensa de prescripción contenida en el art. 3.980 del Código Civil (v. fs. 186 vta.).
Explica que en materia de prescripción de obligaciones fiscales locales debe aplicarse la doctrina del fallo "Filcrosa" (v. fs. 187 vta.) y que la única causal de suspensión del plazo es la establecida en el art. 3.986.
IV.1. Tal como se aprecia en la transcripción del fallo realizada en el apartado anterior, más allá del acierto o error, la Cámara interpreta que a la luz de una norma local específica (art. 161 inc. "a" segundo párrafo, Cód. Fiscal) media una imposibilidad de ejecutar judicialmente el tributo en la medida en que no se expida el Tribunal Fiscal (v. fs. 181 vta., 2do. párr.). Esta es la premisa inicial sobre la que se yergue la decisión.
En su embate, lejos de intentar desarticular esta afirmación y su fundamentación legal, se parte de la falsa premisa de que el Tribunal niega la preeminencia de la "legislación federal" sobre la local (v. fs. 185 vta.).
Se ha omitido así la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, limitándose a plantear una afirmación opuesta a lo decidido por el fallo impugnado, sin contener en términos claros y concretos la mención de la ley que se reputa violada o aplicada erróneamente (doctr. causas C. 95.743, sent. de 13-XII-2006; A. 70.147, sent. de 3-IX-2014; A. 71.261, sent. de 3-XII-2014; A. 71.689, sent. de 30-III-2016; A. 73.635, sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
IV.2. La situación del sub lite no es idéntica a la discusión que se planteara en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018.
En el pronunciamiento ahora recurrido no se computa la prescripción de acuerdo a la normativa fiscal, contrastándolo con la ley civil y prevaleciendo una por sobre la otra. Al contrario, se afirma, con sustento en una norma específica, que la articulación de un recurso en sede administrativa por parte del contribuyente configura la imposibilidad de perseguir el cobro judicial del tributo.
IV.3. El recurrente alega que la decisión "le da fuerza suspensiva al recurso administrativo, extendiendo esos efectos sine die hasta que el fisco se pronuncie". Tal afirmación no resulta correcta, pues hay una distancia apreciable en decir que el recurso administrativo suspende el cómputo de la prescripción y señalar que "el crédito no puede ser jurídicamente exigible mientras no se emita el decisorio del TFPBA" (fs. 181 vta.). En esta última aseveración es donde hace pie el Tribunal.
El contribuyente debió desbaratar el fundamento de la decisión demostrando en un primer tramo que, aun cuando no hubiera recaído decisión del Tribunal Fiscal de Apelación, el Fisco tenía una deuda cierta, determinada y ejecutable; y que disponía de la acción judicial para hacerla efectiva. Nada de ello está plasmado en el recurso.
En un segundo plano omitió poner en crisis la fundamentación legal del pronunciamiento. En este tramo, bajo la idea -lacónicamente expuesta- de que debe darse preeminencia a la "normativa federal" sobre la local a la luz de la doctrina del fallo "Filcrosa", el quejoso no logra acreditar la violación en términos certeros tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Según el fallo, en lo que hace a la parcela relacionada con el art. 161 inc. "a" segundo párrafo del Código Fiscal, el efecto suspensivo de la obligación de pago es un impedimento para el acreedor tributario de "iniciar judicialmente el cobro de su crédito". La interpretación y aplicación de dichas normas no ha sido desvirtuada, ni se ha cuestionado su constitucionalidad.
La insuficiencia se revela en este caso al desatender la carga de demostrar en qué consiste esa violación o errónea aplicación, de la directiva que se encuentra contenida en la segunda parte del citado precepto (doctr. causas A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-IX-2008; A. 72.124, sent. de 6-VIII-2014; A. 73.365, cit.; e.o.). Reitero, en el embate se denuncia la inaplicación de la doctrina del precedente "Filcrosa" sin hacer un debido cuestionamiento de la norma en que se funda la sentencia.
Por otra parte cabe agregar que en el caso "Filcrosa" no se puso en tela de juicio el régimen de suspensión del cómputo de la prescripción, sino que se cuestionaba la ordenanza 10.607 de la Municipalidad de Avellaneda, que establecía un plazo de prescripción decenal.
A todo evento en la queja articulada en esta sede no se dan cabales fundamentos de cómo a la luz de aquella doctrina la sentencia de la Cámara incurre en una violación de la ley; tal como lo vengo expresando, nada de ello se dice en el recurso.
Es doctrina reiterada de esta Corte que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que sólo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación que lo sustentan. De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no alega la transgresión de norma legal alguna, pues la Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (cfr. causas A. 70.211, sent. de 18-V-2011; A. 70.474, sent. de 7-IX-2011; A. 70.702, sent. de 29-II-2012; e.o.).
IV.4. Por otra parte, en el recurso se alega la violación del art. 3.980 del ordenamiento civil, sobre la premisa de que es un beneficio de interpretación restrictiva que no resulta aplicable al caso; y que aun en el caso de que se aplicase a la especie, transcurrieron ampliamente los tres meses previstos en dicha norma (v. fs. 186 vta.).
La cita efectuada en el art. 3.980 -según los claros términos de la sentencia- es a los efectos de trazar una paridad en torno a la naturaleza d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.