Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75039
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.039, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Transporte Santa María S.R.L. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres .
A fs. 315/322, esta Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la demandada y -en consecuencia- anuló tanto la sentencia dictada a fs. 199/203 como la aclaratoria de fs. 204/205, reenviando las actuaciones a la Cámara de origen para que, integrada como correspondiera, dictara un nuevo pronunciamiento.
En esas condiciones, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata dictó una nueva sentencia, confirmando el fallo de la jueza de grado en cuanto rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los socios de la firma demandada y revocándolo en cuanto rechazó la excepción de prescripción interpuesta, la que admitió con relación a todos los períodos exigidos en autos (v. fs. 340/348).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 353/380), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 382/383).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 393) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de lo dispuesto por el Código Fiscal sobre la prescripción de los tributos locales. A todo evento, denuncia errónea aplicación de las normas sobre la materia contenidas en el Código Civil. Como consecuencia de lo expuesto, estima conculcados asimismo los arts. 1, 5, 17, 18, 31, 75 y concordantes de la Constitución nacional y 2.532 del Código Civil y Comercial.
Plantea que -a su entender- la sanción de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial demuestra que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Aduce que dichos preceptos importan el reconocimiento por parte de una ley nacional de las facultades provinciales ejercidas mediante normas locales específicas y preexistentes, aplicables -en su criterio- al sub lite . Sobre la base de tales argumentos critica lo sostenido por el a quo en el sentido de que, de acuerdo con lo dispuesto por su art. 2.537, el Código Civil y Comercial resultaba inaplicable al presente caso.
Solicita que, por los fundamentos que expone, se abandone definitivamente la doctrina sentada por la Corte nacional en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) y que -en consecuencia- el caso se encuadre en lo dispuesto por la legislación tributaria local, más precisamente en los arts. 159 primer párrafo in fine y 161 incs. "a" y "b" del Código Fiscal (t.o. 2011). Respecto de este último precepto, advierte que la apelación ante el Tribunal Fiscal trae aparejada la suspensión de la obligación de pago y -por ende- la imposibilidad para el Fisco de requerir judicialmente el cobro. Razona que ese derecho del contribuyente no puede ser utilizado contra el mismo Estado provincial que lo concedió, declarando prescripta por dicha causa la obligación en cuestión.
Sentado lo anterior, realiza el cómputo del plazo de prescripción de la deuda reclamada y concluye que no ha vencido. Considera, a tal fin, el término quinquenal establecido por el art. 157, el inicio del cómputo previsto en la última parte del primer párrafo del art. 159 y la suspensión reglada por el art. 161 inc. "a", todos del Código Fiscal (t.o. 2011). Como causales de interrupción, alega, con sustento en lo dispuesto por los arts. 160 incs. 1 y 3 del Código Fiscal y 3.989 del Código Civil, el inicio de este apremio (producido el 30 de marzo de 2010) y un reconocimiento tácito de la obligación discutida que surgiría de una presentación administrativa (realizada el 29 de diciembre de 2009).
En subsidio, denuncia errónea aplicación de los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340). Concretamente, arguye que, según la doctrina de esta Corte (conf. causas Ac. 51.532, "Municipalidad de General Pueyrredon c/ Barragán", sent. de 2-VIII-1994; B. 57.981, "Gómez", sent. de 12-IX-2001; y B. 60.160, "Quadri", sent. de 5-II-2003), las actuaciones administrativas interrumpieron la prescripción, en los términos del citado art. 3.986. Niega que, por aplicación del art. 3.980 del Código Civil, el Fisco debiera ejecutar su crédito dentro de los tres meses posteriores a la actuación del Tribunal Fiscal de Apelación. Concluye que ni siquiera a la luz de dicho cuerpo normativo las deudas perseguidas se encuentran prescriptas.
Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios.
II. El recurso no prospera.
II.1. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo allí decidido, corresponde en el presente rechazar el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
II.2. En cuanto a la alegada causal de interrupción del plazo de prescripción, consistente en el supuesto reconocimiento de la deuda reclamada que la demandada habría efectuado al realizar una presentación administrativa con la intención de analizar la posibilidad de acogerse a un plan de facilidades de pago, debo recordar que los argumentos novedosos que -al no haber sido oportunamente planteados- no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, resultan inabordables en esta instancia extraordinaria, toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (conf. causas C. 117.127, "Courouniotis", sent. de 22-IV-2015; C. 118.333, "Salamone", sent. de 15-VII-2015; A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017).
En la especie, la impugnante expresa que, al oponer excepciones, la ejecutada admitió haber presentado, con fecha 29 de diciembre de 2009, la nota aludida en el párrafo anterior, pero en ocasión de contestar el traslado correspondiente no esgrimió ninguna defensa basada en dicha circunstancia (v. fs. 84/100) y de hecho la cuestión no fue abordada en la sentencia del juez de grado ni en la ahora atacada (v. fs. 137/145 y 340/348).
II.3. Con respecto a la denuncia de violación de los arts. 3.956 y 4.027 inc. 3 del Código Civil, introducida en subsidio, el recurso resulta insuficiente.
En efecto, el cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el recurrente no sólo indique con claridad las normas legales infringidas, sino que además debe hacerlo circunstanciadamente, esto es, debe precisar en qué consiste la violación contra la que se alza o por qué motivo las considera erróneamente aplicadas (conf. causas A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-IX-2008; A. 70.286, "G., D. M.", sent. de 17-VIII-2011; A. 72.731, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Allan", sent. de 16-VIII-2017, e.o.), lo que en autos no ha sucedido, ya que no se han aportado argumentos en ese sentido de manera específica.
En la misma dirección, esta Corte ha advertido que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación (conf. causas A. 71.518, "Boada", sent. de 19-X-2016, e.o.).
II.4. La crítica basada en la presunta obstaculización de los mecanismos para la percepción de la renta pública evidencia asimismo insuficiencia, pues no ha sido fundada en violación ni errónea aplicación de norma ni doctrina legal alguna sino exclusivamente en los votos de la minoría en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-IV-2006, que por otra parte fueron dictados en el marco de una discusión diferente de la de autos, relacionada con el otorgamiento de una medida cautelar en materia tributaria.
II.5. Por último, debo puntualizar que, en la materia que nos ocupa, esta Corte ha sostenido que aunque el art. 3.986 del Código Civil (conforme el cual "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio") ha sido interpretado de modo amplio, su aplicación requiere de una presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate. De ahí que, salvo en aquellos supuestos específicos en que la ley les asigna tal efecto, las actuaciones administrativas no pueden por regla ser asimiladas a la demanda judicial a los fines interruptivos del curso de la prescripción (conf. causa C. 95.735, sent. de 2-III-2011; y voto del doctor Genoud -al que adherí- en A. 71.054, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Heber", sent. de 3-X-2018). Lo expuesto conlleva la desestimación del agravio a través del cual la Fiscalía de Estado denuncia -a todo evento- violación del citado art. 3.986 del Código Civil.
III. Por los fundamentos expuestos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En mi opinión, el recurso debe prosperar.
I.1.a. Tal como se desprende del relato efectuado por el ponente, en la especie la impugnante denuncia violación por falta de aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales.
Se reproducen así en el sub lite cuestiones que jalonadamente ya se debatieron en las causas A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de créditos", sentencia de 16-V-2018; A. 71.770, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sauro", sentencia de 22-VIII-2018; y A. 73.098, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cejas", sentencia de 20-III-2019, entre otras, motivo por el cual seguidamente reproduciré los argumentos desarrollados en aquellos casos en torno a la aplicación de la normativa civil.
I.1.b. Preside el debate de autos la cuestión acerca de la aplicabilidad del precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registrado en Fallos: 326:3899 (causa: "Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -Síndico- in re Filcrosa S.A. s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda", sent. de 30-IX-2003).
De mantenerse el criterio de ese fallo, habría que establecer por añadidura si la prevalencia de la legislación civil allí postulada remite sólo a la extensión o magnitud del plazo de prescripción o si, como alguna vez se ha dicho (CSJN, in re , P. 154.XLV, "Provincia del Chaco c/ Rivero, Rodolfo Aníbal s/ Apremio", sent. de 1-XI-2011, por remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal) se aplica también al cómputo de dicho plazo. A partir de allí cabría cotejar las soluciones provistas por la ley tributaria y por el Código Civil.
I.1.c. Antes de expedirse la Corte nacional en el caso "Filcrosa" mantuve un criterio diferente al que luego hubo de adoptarse en ese fallo, por entender que la legislación de los tributos provinciales (lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material) atañe al derecho público local, resorte de las provincias; que refiere a una materia no delegada por éstas a la Nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado art. 75 inc. 12 (v.gr. causa C. 82.405, sent. de 23-XII-2002). Las normas del derecho común sólo serían aplicables por analogía, vale decir, en defecto de previsiones del derecho tributario local previa adecuación a las peculiaridades de esta materia.
Una vez dictado y mantenido el criterio interpretativo de aquel pronunciamiento de la Corte federal, por razones de economía procesal, lo he seguido (v.gr. causa C. 84.976, sent. de 30-VII-2007; e.o.).
Más allá de lo relativo al término de la prescripción, esta Suprema Corte se pronunció en sentido favorable a la primacía del Código Civil en otros aspectos complementarios, como los relativos a la interrupción (v. e.o., la causa A. 69.899, "Hijos de Juan Carlos Pérez", sent. de 26-XI-2012, en la que no me expedí sobre el fondo por valorar que los recursos articulados por el Fisco no habían alcanzado el umbral mínimo de suficiencia técnica).
I.2. Ahora bien, en el tratamiento de estas cuestiones no puede prescindirse de considerar un dato institucional trascendente, cual es la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en lo atinente a prescripción de tributos locales, puesta de manifiesto en preceptos del nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por la ley 26.994. Veamos.
I.2.a. En la sentencia "Filcrosa" la Corte Suprema de Justicia de la Nación había descalificado a la ordenanza 10.607 del municipio de Avellaneda en cuanto establecía un plazo de prescripción de diez años, el doble del quinquenal previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil en materia de obligaciones periódicas, esto es aquellas a "...pagarse por años, o plazos periódicos más cortos" (art. cit.). Lo dirimente para la solución del caso pudo -o debió, tal vez- haber transitado por la notable desemejanza en la extensión de los respectivos plazos prescriptivos que existía en los ordenamientos jurídicos local y nacional (configurado este, más que por el Código Civil, por la ley 11.683, con sus reformas), para sobre esa base valorar la solución normativa objetada en términos de razonabilidad o proporcionalidad (art. 28, Const. nac.). No obstante, el Alto Tribunal argumentó a partir de otro enfoque y sostuvo que lo referente a la prescripción encuadraba en el régimen general del derecho de las obligaciones diseñado en el Código Civil, en el que estaban incluidas las obligaciones tributarias (en rigor, las emergentes de tributos nacionales no lo estaban, ni lo están; v. infra apartado I.2.i.), y que, por consiguiente, una regla impositiva local que se apartara en esos aspectos de la ley común contrariaba el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Esa jurisprudencia se reiteró en varios pronunciamientos (entre otros, en la sentencia registrada en Fallos: 327:3187; 332:616, 2250; M.235.XLIX., "Recurso de Hecho. Municipalidad de San Pedro c/ Monte Yaboti S.A. s/ejecución fiscal", sent. de 27-XI-2014).
I.2.b. En algunos de ellos, como en los casos registrados en Fallos: 332:616 y 2250, el voto concurrente de la doctora Argibay puso de relieve un aspecto esencial.
Con mirada anticipatoria, en la descripción que hiciera del estado de cosas existente en el ordenamiento positivo la magistrada reparó en que el criterio acuñado en "Filcrosa" no había "...merecido respuesta alguna del Congreso nacional, en el que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo"; y que ello confería "...plausibilidad a la interpretación [...] que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas" (cfr. voto de la doctora Argibay en las sentencias citadas y también en la causa C.1447.XXXVI. Originario. "Carrefour Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición de impuestos", sent. de 6-X-2009).
I.2.c. En una especie de diálogo secuencial , la respuesta del Congreso llegó de la mano del propio Código Civil y Comercial -y de lo deliberado en el Senado de la Nación (v. infra I.2.j.)-, en cuyo texto se explicita un criterio opuesto al sentado en "Filcrosa" y se evidencia el propósito de revertir esa línea de interpretación restrictiva del alcance de los poderes locales.
En línea con otras normas respetuosas del despliegue de las potestades legislativas locales en el campo del derecho público, que el Código también consagra (v.gr. arts. 240, 1.764 a 1.766, 1.970, Cód. Civ. y Com.), y en cuanto al punto que interesa en este proceso, la nueva legislación establece que "...las legislaciones locales podrán regular esta última [la prescripción liberatoria] en cuanto al plazo de tributos" (art. 2.532, in fine , Cód. Civ. y Com.). Paralelamente, bajo el acápite "Plazo genérico", prescribe que "...el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local" (art. 2.560, Cód. Civ. y Com.).
I.2.d. Primer intérprete de sus propias competencias, el Congreso de la Nación ha valorado que normar el plazo de prescripción de los tributos provinciales es un asunto ajeno al derecho privado y a la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.), inherente a los ordenamientos locales. Más que dar cuenta de un nuevo deslinde de competencias, ha efectuado un reconocimiento acerca de los límites de sus potestades y, por contraste, del alcance de las que conciernen a las provincias.
I.2.e. De tal manera queda sin sostén la subsistencia del criterio sentado en el fallo "Filcrosa". El codificador actual ha venido a asumir la problemática derivada de la jurisprudencia construida a partir de dicho pronunciamiento para discontinuarla y echar luz acerca de los límites legislativos del Congreso, en resguardo del principio federal que vertebra la organización del Estado (arts. 1, 121 a 123 y concs., Const. nac.).
Es cierto que el Código Civil y Comercial no regía al momento en que acontecieron los hechos del presente litigio; no lo es menos, sin embargo, que sus normas proporcionan un dato institucional de primer orden para discernir la validez constitucional de cláusulas legales incuestionablemente vigentes entonces, de raigambre local por pertenecer al derecho público no delegado, como los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Dado que la declaración de inconstitucionalidad
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.