Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72823
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia dictada por el tribunal a quo en cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título planteada por el señor Guillermo Stella, con el consiguiente restablecimiento de lo decidido por el juez de grado sobre el punto (conf. art. 289, CPCC).
Las costas de esta instancia y de la anterior se imponen a la vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y arg. 274, CPCC).
El depósito previo efectuado a fs. 233 deberá restituirse al interesado (conf. art. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.823, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ata S.A. y otros s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari , Genoud, Soria , Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín revocó la sentencia de primera instancia únicamente en cuanto había declarado procedente la excepción de inhabilidad de título planteada por el codemandado Guillermo Stella. Sin perjuicio de ello, en aplicación del principio de "apelación incidental", hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción por él planteada (v. fs. 149/156 y 193/206).
Disconformes con dicho pronunciamiento, tanto el señor Guillermo Stella como la Fiscalía de Estado interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 214/223 y 224/231, respectivamente), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 238/239).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 246) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el codemandado Guillermo Stella?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra la firma Ata S.A. y los señores Luis María Filippini y Guillermo Mario Stella (v. fs. 12).
I.2. A fs. 75/83, el codemandado nombrado en último término se presentó y opuso excepciones de inhabilidad de título y prescripción.
Fundó la primera en la supuesta inexistencia de deuda a su respecto por no resultar integrante del directorio de la firma contribuyente durante los períodos objeto de reclamo. Sostuvo que del expediente administrativo que antecedió al dictado del título ejecutivo se desprende que la autoridad tributaria realizó una serie de inspecciones en cuyo marco constató la existencia de actas de designación de autoridades en las que no se lo designaba como director, cargo que habría dejado de ocupar años antes de que se generase la presunta deuda exigida. Interpretó que la Administración incurrió en un error manifiesto o en una omisión arbitraria, reñida con sus propios actos y con la buena fe que debe guiar su conducta, a través de la cual, en su criterio, se afectó una formalidad extrínseca de la boleta de deuda, tornándola insanablemente nula. En virtud de lo expuesto alegó también falta de legitimación pasiva. Sobre la base de la jurisprudencia que citó, adujo asimismo que en el caso no se siguió un procedimiento tendiente a acreditar su dolo o culpa y que ello impedía extenderle responsabilidad solidaria por las obligaciones de la sociedad mencionada.
En cuanto a la prescripción, planteó la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal que establecían plazos superiores a cinco años para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos.
I.3. A fs. 129/132, la Fiscalía de Estado contestó el traslado de las excepciones referidas. Recordó que el art. 9 de la ley 13.406 establece taxativamente las oponibles en el apremio y apuntó que entre ellas no se encuentra prevista la de falta de legitimación. Argumentó que tratar la defensa planteada significaría analizar la causa del título ejecutivo, lo que resulta prohibido por el inc. "c" de la norma recién citada.
Añadió que la resolución determinativa 495/05 y la sentencia del Tribunal Fiscal 979/09, dictadas en el marco del expediente administrativo 2306-556.167/2002, quedaron firmes y consentidas, sin que el codemandado ejerciera su derecho de defensa cuando correspondía. Negó el valor probatorio de toda la documentación acompañada por el señor Stella e invocó en su favor lo dispuesto por los arts. 30 inc. "b" y 34 del Código Fiscal.
Aseguró que, a tenor de lo dispuesto por los arts. 131, 133 y 135 del mismo cuerpo normativo, la prescripción alegada no puede estimarse operada.
II.1. En lo que interesa destacar, el juez de primera instancia consideró que la falta de legitimación pasiva no está contemplada entre las excepciones del art. 9 de la ley 13.406, pero entendió que debe reputársela comprendida dentro de la de inhabilidad de título. Expresó que, aunque en el marco de un juicio de apremio se encuentran vedados los planteos a través de los cuales se cuestiona el origen del crédito ejecutado y su legitimidad, ello no debe llevarse al extremo de admitir condenas basadas en deudas manifiestamente inexistentes.
Observó luego que, a fin de acreditar sus dichos, el señor Stella acompañó copia del contrato de venta de sus acciones al señor Bustillo, celebrado el 30 de diciembre de 1994; copia del acta de directorio y asamblea n° 16, fechada el 31 de diciembre de 1994, en la que se eligió como nuevo presidente al señor Luis María Filippini y como vicepresidente al referido Bustillo; copia de una carta documento dirigida a la ex Dirección Provincial de Rentas; y copia del acta de asamblea n° 26, del 31 de octubre de 2001, en la cual se designó como único integrante del directorio al señor Filippini. Agregó que, en la propia resolución de inicio del procedimiento determinativo y sumarial, a fs. 205/206 del expediente administrativo adunado, la Administración dejó constancia de que la contribuyente había entregado copia de la mencionada acta de asamblea n° 26.
Concluyó que el análisis de dicha documentación, a la luz del principio de realidad económica y de conformidad con las reglas de la sana crítica, conducía, en su visión, a hacer lugar a la excepción articulada por el señor Guillermo Stella, toda vez que éste no integraba el directorio de la sociedad al menos desde el 31 de octubre de 2001 y en autos se pretendía ejecutar deudas posteriores a dicha fecha.
II.2. A la solución opuesta arribó el Tribunal de Alzada, para el cual no cabe declarar procedente la inhabilidad de título alegada, toda vez que la inscripción en los registros correspondientes de la cesación como director del señor Stella no surge del expediente administrativo relevado, no fue acreditada en forma alguna ni tampoco fue demostrada la incorporación de tal información al legajo de la sociedad ni su correspondiente publicación.
En sustento de esta posición, el a quo invocó los arts. 12 y 60 de la Ley de Sociedades Comerciales n° 19.550. Entendió que la supuesta pérdida de la calidad de director del codemandado resulta inoponible al Fisco y que la excepción de inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de deuda o falta de legitimación pasiva sólo procedería en un supuesto de excepción que no se configura en la especie.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el señor Guillermo Stella denuncia error en el examen de la falta de legitimación pasiva alegada y en el análisis de la prescripción opuesta.
III.1. Con relación al primer punto, cuestiona que la sentencia atacada haya aplicado al caso normas de la Ley de Sociedades Comerciales, desentendiéndose de constancias de la causa y de los principios vigentes en materia tributaria, en especial el de realidad económica, consagrado en el art. 7 del Código Fiscal, cuya ponderación demanda.
Sostiene que más allá de la falta de inscripción de su cese como director de Ata S.A., lo cierto es que: a) efectivamente no desempeñaba ese cargo; y b) dicho extremo era conocido por el organismo recaudador, por lo que, a su juicio, le resultaba oponible. Reitera que dicha circunstancia surge del propio expediente administrativo que sirvió de base para emitir el certificado de deuda que se pretende ejecutar, por la verificación de los libros sociales realizada en aquel marco y por el reconocimiento de haberse contado con el acta de asamblea n° 26.
Manifiesta que la conducta del Fisco actor justifica pasar por encima del mero rigorismo formal y abrir el debate, sobre todo por tratarse de un supuesto de responsabilidad extendida a un sujeto que no es el contribuyente. Por las razones brindadas plantea violación del principio de buena fe de la Administración, nulidad absoluta de los actos por ella dictados e inhabilidad de los títulos ejecutivos emitidos.
III.2. En otro orden, el recurrente reprocha al Tribunal de Alzada haber aplicado, a los plazos de prescripción discutidos, las normas contenidas en el Código Fiscal, en contra de lo sostenido por la jurisprudencia que invoca.
Sostiene que el dies a quo de las obligaciones tributarias está dado por el "título de la obligación" (conf. art. 3.956, Cód. Civil), coincidente -desde su óptica- con la fecha en que aquellas deben ingresarse al Fisco. Recuerda que en autos se reclama el impuesto sobre los ingresos brutos supuestamente devengado a partir del año 2000 y hasta los primeros meses de 2003. Apunta que las declaraciones juradas correspondientes debían presentarse en forma mensual -no anual- y de allí extrae que los términos de prescripción pertinentes se iniciaron al cabo de cada uno de los meses involucrados.
Postula la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal que establecen plazos superiores a cinco años y cita el art. 4.027 del -entonces vigente- Código Civil. Transcribe fragmentos, asimismo, del voto de la minoría en la causa C. 91.876, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Delerco", sentencia de 26-IX-2007 y de lo interpretado por la Corte nacional in re "Ullate, Alicia Inés".
IV. Considero que el recurso es procedente por quebrantamiento del principio de realidad económica que contempla el art. 7 del Código Fiscal, en tanto se verifica que so color de la omisión de exigencias de índole formal vinculadas con la registración de determinados actos societarios, se han contradicho abiertamente las constancias de la causa y se ha prescindido de prueba definitoria regularmente incorporada a ella. Veamos.
En la sentencia que viene en revisión, por un lado, se reconoce plenamente la realidad de las cosas. El señor Stella ninguna atingencia poseía en la sociedad al tiempo de generarse los hechos imponibles. Había dejado de ser su representante. Todo ello se desprende fehacientemente de diversas actas de asambleas de las que tomó conocimiento la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en tiempo oportuno, con más una comunicación fehaciente por carta documento en la que dicho exrepresentante le hizo saber la conclusión de su función. Por otro, sin embargo, en base a normativa de la Ley de Sociedades la Cámara entendió que la registración de esa situación constituía recaudo ineludible y que por falta de éste el alejamiento de Stella era inoponible al Fisco.
Naturalmente, se comparte que conforme los términos de la ley 19.550, para la oponibilidad a terceros de modificaciones, designaciones o cesación de administradores resulte necesaria la inscripción en los registros pertinentes. Es un ingrediente que asegura suficiente publicidad, para que esos terceros estén advertidos y los eventuales cambios produzcan efectos a su respecto. En otras palabras, la inscripción en los registros no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para asegurar aquella publicidad.
Si, como en el caso, a pesar de no existir la inscripción, el tercero concretamente afectado -en el caso, el Fisco acreedor de la sociedad- fue oportuna y fehacientemente anoticiado del cambio registrado, la finalidad de publicidad perseguida está cumplimentada. Que ese anoticiamiento haya tenido lugar por la vía de haberse accedido a las actas de asamblea y de recibir notificación por carta documento y no por la inscripción en un registro carece de total relevancia. Es más, la vía escogida en el caso asegura un conocimiento cabal y no meramente presunto como el que emana de un registro. Pero lo que importa es que no es posible hacer oídos sordos a lo que las propias constancias de la causa demuestran categóricamente. Entonces, se han contradicho en forma abierta y manifiesta esas constancias que justifican acabadamente el apartamiento del codemandado como representante de la sociedad, prescindiéndose de pruebas regularmente traídas al juicio. Esto constituye arbitrariedad, en el prístino sentido atribuido a ese término por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El art. 7 del Código Fiscal dispone que, para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderá a los hechos, actos o situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de las formas o de los actos jurídicos de derecho privado en que se exterioricen. Consagra así el principio de realidad económica. El quebrantamiento de esta norma, en el caso, es manifiesto.
V. Por los fundamentos expuestos, considero que corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia dictada por el tribunal a quo en cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título planteada por el señor Guillermo Stella, con el consiguiente restablecimiento de lo decidido por el juez de grado sobre el punto (conf. art. 289, CPCC).
Las costas de esta instancia y de la anterior se imponen a la vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y arg. 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia dictada por el tribunal a quo en cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título planteada por el señor Guillermo Stella, con el consiguiente restablecimiento de lo decidido por el juez de grado sobre el punto (conf. art. 289, CPCC).
Las costas de esta instancia y de la anterior se imponen a la vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y arg. 274, CPCC).
El depósito previo efectuado a fs. 233 deberá restituirse al interesado (conf. art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2020 10:54:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2020 11:30:05 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 11:57:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/12/2020 16:54:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 08:21:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia