Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71949
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.949, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Andreani Logística S.A. y ot. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación: doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, de Lázzari, Soria, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó los recursos de apelación deducidos por ambas partes (v. fs. 133/137, recurso de la actora y 139/150, recurso de la demandada) y confirmó la sentencia dictada por la señora jueza de primera instancia que había hecho lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada (v. fs. 125/130 y 202/204).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 211/220), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 227/228).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 232), glosado el memorial presentado por la actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra Andreani Logística S.A. sobre la base de los títulos ejecutivos 493.779 y 493.781, en los cuales se plasman deudas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los períodos 2/2001 a 11/2003 (v. fs. 7/13).
I.2. A fs. 26/38, la accionada contestó demanda, oponiendo la excepción de prescripción por la totalidad de los períodos reclamados.
I.3. A fs. 125/137, la señora jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción, solo con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos determinado por el período 2001, no así en lo atinente al de los años 2002 y 2003.
Para fundar esta decisión, sostuvo en primer lugar que las acciones y poderes de la autoridad tributaria provincial para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales se encontraban regidas de consuno por el Código Civil entonces vigente y por el Código Fiscal (ley 10.397, t.o. resol. 39/11). Añadió que el plazo de prescripción aplicable era de cinco años, según lo establecía el art. 4.027 inc. 3 del citado Código nacional.
Aseveró que dicho término comenzaba a correr a partir del día 1 de enero siguiente al año correspondiente a cada período fiscal, apoyando tal criterio en lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil y en el art. 159 del Código Fiscal.
Consideró que a tenor de lo establecido por el art. 3.986 del Código Civil -texto según ley 17.940- y el art. 161 del Código Fiscal, la prescripción liberatoria debía suspenderse ante la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica, lo que estimó acaecido el día 20 de junio de 2007, con la notificación de la resolución determinativa y sancionatoria dictada en el procedimiento administrativo que antecedió a la emisión de los títulos ejecutivos del caso.
Manifestó que dicha causal de suspensión se extendió en autos hasta el día 26 de febrero de 2010, día en que se notificó el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación dictado en el marco del recurso interpuesto contra la ya referida resolución determinativa.
Como fundamento de esta última solución expuso que, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 104 del Código Fiscal, recién en aquel momento había quedado expedita la vía ejecutoria a favor del Estado provincial.
Luego, observó que a la fecha en que había ubicado el comienzo de la causal de suspensión mentada (20 de junio de 2007), la prescripción quinquenal correspondiente a la obligación fiscal reclamada por el año 2001 (cuyo plazo computó a partir del día 1 de enero de 2002) ya había operado.
A distinta conclusión arribó con respecto a los períodos 2002 y 2003, en tanto advirtió que los plazos de prescripción correspondientes a ellos sí resultaron suspendidos por la ya indicada intimación de pago, agregando que recién hubieran fenecido los días 8 de septiembre de 2010 y 8 de septiembre de 2011, respectivamente, de no haberse interpuesto con fecha 1 de julio de 2010 la demanda de autos, cuyos efectos interruptivos se desprendían tanto del art. 3.986 del Código Civil como del art. 160 inc. 3 del Código Fiscal.
I.4. Contra la sentencia previamente reseñada, interpusieron sendos recursos de apelación tanto la parte actora -a fs. 133/137- como la demandada -a fs. 139/150-.
II. Llegado el caso a conocimiento del tribunal actuante, éste rechazó los recursos de apelación que habían sido deducidos, confirmando la sentencia dictada por la señora jueza de grado.
Para decidir en el sentido que ha sido indicado, el doctor De Santis, a cuyo voto adhirieron el resto de los señores magistrados votantes, entendió aplicable en la especie lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil entonces vigente.
En virtud de lo allí establecido y del carácter anual del tributo en cuestión, entendió que el cómputo del plazo prescriptivo correspondiente al período 2001 se inició el día 1 de enero de 2002, por lo que lo estimó fenecido el día 1 de enero de 2007.
Advirtió, sin embargo, que los años 2002 y 2003 quedaron al amparo de la causal de suspensión prevista por el art. 3.986 del -hoy derogado- Código Civil, tal como lo indicara la sentencia apelada.
Para más, apreció que ciertas presentaciones relativas a una solicitud de moratoria importaban un reconocimiento de deuda que, si bien no alcanzaba para remitir la prescripción ganada por el año 2001, tenía por efecto interrumpir el curso de la correspondiente a los períodos restantes.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la demandada denuncia violación de la legislación nacional aplicable en materia de prescripción de las obligaciones fiscales locales, según la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte y la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Acusa al fallo impugnado de haber empleado indebidamente conceptos propios de la legislación provincial, pese a que tal pronunciamiento afirmaba haberse apoyado en el Código Civil por entonces vigente.
Plantea que si bien la Cámara invocó la causal de suspensión prevista en el art. 3.986 de este último cuerpo normativo, no se limitó a hacerla valer por un año y única vez, como lo preceptúa dicha norma, sino que la consideró extendida hasta la notificación de la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación, en el marco del recurso administrativo interpuesto, lo que estima basado en normas locales (cita en tal sentido el art. 162 -sic- del Cód. Fiscal de la Provincia de Buenos Aires -t.o. 2001-).
Añade que, aunque el art. 3.956 del hoy derogado Código Civil establece que la prescripción comienza a correr "desde la fecha del título de la obligación" (momento que a su juicio remite a la causa y por ende a la producción del hecho imponible en cuestión), la sentencia recurrida inició el cómputo pertinente el día 1 de enero siguiente al año al que correspondía cada deuda, sistema que entiende también originado en el Código Fiscal.
Recuerda lo decidido por el Máximo Tribunal nacional en el fallo "Filcrosa" (sent. de 30-IX-2003, D.J. 2003-3, pág. 605) y en precedentes tales como los recaídos en las causas "Lubricom" (sent. de 8-IX-2009), "Casa Casmma" (sent. de 26-III-2009), "Municipalidad de Resistencia" (sent. de 8-IX-2009) y "Bruno, Juan Carlos" (sent. de 6-X-2009).
Asimismo, invoca la doctrina sentada por esta Suprema Corte en las causas "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (causa C. 81.253, sent. de 30-V-2007), "Álvarez Magliano" (causa I. 2.114, sent. de 22-XII-2008), "Fisco c/ Petrolera" (causa A. 69.251, sent. de 16-XII-2009), "Fisco c/ Escudero" (causa C. 102.213, sent. de 14-VII-2010) y "Fisco c/ Barscocchini" (causa C. 106.486, sent. de 9-XII-2010), entre otras.
Sostiene que las provincias carecen de facultades para establecer normas que se aparten de la legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público, por lo que juzga inválidos a los preceptos locales que reglan la prescripción en materia tributaria de manera contraria a lo dispuesto por el Código Civil.
En otro orden, asegura que nunca se acogió a ninguna moratoria, por lo que descarta haber reconocido la deuda discutida. Destaca que no media siquiera una solicitud formal del beneficio y que no hay acto administrativo que lo haya otorgado. Admite que el presidente de Andreani Logística S.A. presentó una nota relativa al tema, pero rechaza los efectos que pretenden atribuírsele, máxime por cuanto aquel no contaba con mandato expreso para renunciar derechos. Al hacer reserva del caso federal, apunta sobre esta cuestión que el hecho de que la Cámara interviniente haya apoyado la conclusión postulada en su sola convicción, tiñe de arbitrariedad todo el decisorio.
Sobre la base de las consideraciones previamente reseñadas, solicita que en su oportunidad se deje sin efecto la sentencia atacada, declarándose extinguidas todas las deudas reclamadas por el Fisco en autos.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. La impugnante se presenta ante esta Corte denunciando violación de los arts. 3.956 y 3.986 del -hoy derogado- Código Civil, que entiende aplicables al caso en virtud de la doctrina sentada en la causa "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (causa C. 81.253, sent. de 30-V-2007) y otras posteriores, donde se recogió el criterio vertido por el Máximo Tribunal nacional a partir del precedente "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899).
IV.1.a. Ciertamente, la sola invocación de lo dispuesto por el art. 3.956 del cuerpo legal recién citado, según el cual "...la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación", no resulta fundamento suficiente para impugnar el pronunciamiento atacado, por cuanto éste respaldó su decisión sobre el inicio de los plazos pertinentes en lo normado por aquella misma manda, solo que, en atención al carácter anual del impuesto sobre los ingresos brutos, consideró que la pauta aludida debía tenerse por configurada al cabo del período de que se tratara, es decir el día 1 de enero inmediato siguiente.
De acuerdo con lo dicho, no puede admitirse lo sugerido por la recurrente en cuanto a que la solución propiciada por la Cámara implicó en la práctica receptar el criterio que sobre el punto fija la preceptiva local, apartándose así del de la norma de fondo.
Si -tal como se apunta en el recurso- esta última fuera la que rige la controversia y su aplicación a las obligaciones fiscales exigiera tomar en cuenta la causa (es decir, el hecho imponible) del gravamen bajo discusión, no se aprecia en verdad cuál sería el error atribuido al tribunal actuante, pues, justamente, éste resolvió la cuestión ahora analizada a la luz de lo establecido por el art. 3.956 del Código Civil entonces vigente, interpretado de una manera que procuró dar cuenta del carácter anual del tributo, lo que de por sí se relaciona con el momento de verificación del hecho imponible respectivo.
En rigor de verdad, lo que el recurrente ha perdido de vista es impugnar la consideración de anual del gravamen discutido que hizo la Cámara.
Nótese, por otra parte, que el fallo impugnado ha ubicado el inicio de los plazos de prescripción pertinentes en los días 1 de enero de los años inmediatos siguientes a los períodos considerados, no así hacia el comienzo de los subsiguientes, cuando esto último es lo que en general se desprende de lo preceptuado por el primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) para las obligaciones "...cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual".
A tenor de la norma citada, pues, tales términos de prescripción "...comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen". No ha sido éste, sin embargo, el criterio adoptado en la especie.
En razón de lo expuesto, la pieza recursiva bajo examen se muestra, en la parcela hasta aquí tratada, insuficiente para conmover la conclusión de la Cámara, por cuanto parece confundir el fundamento sobre el que descansa la sentencia que ataca y así omite darle una debida respuesta, sin que nada de lo dicho implique coincidir con el encuadre normativo realizado en el pronunciamiento objeto de embate.
Al respecto es dable señalar que en vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; C. 186.183, sent. de 22-XII-2010; A. 70.596, sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, sent. de 25-II-2015; A. 71.254, sent. de 4-XI-2015; e.o.).
IV.1.b. En cuanto a lo preceptuado por el art. 3.986 del -hoy derogado- Código Civil, debo comenzar por puntualizar que, efectivamente, en su segundo párrafo dicha norma consagra como causal de suspensión de la prescripción a "...la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica", aclarando seguidamente que ello "...sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder...".
A su vez, no puede desconocerse que en lo atinente a la incidencia que tal normativa tendría en el caso de autos, la Cámara interviniente simplemente ha remitido a lo expuesto en la sentencia dictada por la señora jueza de grado.
Esta última, por su parte, consideró que la causal de suspensión en cuestión operó cuando se notificó la resolución determinativa y sancionatoria dictada en el procedimiento administrativo pertinente, pero no estimó limitado el plazo por el que aquella debía mantenerse al año o menor tiempo a los que -como se ha visto- el art. 3.986 del Código Civil entonces vigente refería, sino que lo reputó extendido hasta la notificación del pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de Apelación, en la inteligencia de que recién entonces quedó expedita la vía ejecutoria a favor del Estado provincial.
Sin perjuicio de cuanto acaba de explicarse, mi opinión es que no corresponde ingresar en el análisis relativo a si en la especie ha mediado o no una violación del ya citado art. 3.986, porque un nuevo análisis de la cuestión me ha llevado recientemente a entender que la doctrina identificada por la quejosa para sostener la aplicación de la preceptiva contenida en el -hoy derogado- Código Civil a las obligaciones impositivas de carácter local debe ser abandonada, en virtud de los argumentos que se desarrollan en el voto del doctor Soria recaído en la causa A. 71.388, "Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, al que en su momento adherí y adonde corresponde remitir en honor a la brevedad.
Baste aquí simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en aquel caso a concluir que el ya citado Código de fondo no podía regular el modo de cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local conducen en el presente a adoptar idéntica decisión con respecto a la causal de suspensión discutida, por cuanto también ésta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado en las disposiciones tributarias de esta provincia.
De allí que en este tipo de cuestiones resulte aplicable lo que actualmente establece el Código Fiscal (t.o. 2011) en su art. 161 inc. "a", de acuerdo con el cual "...se suspenderá por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación en los supuestos que siguen: a) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación la suspensión, hasta el importe del tributo liquidado, se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a que la Autoridad de Aplicación reciba las actuaciones en el marco de las cuales el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia declarando su incompetencia, determinando el tributo, aprobando la liquidación practicada en su consecuencia o, en su caso, rechazando el recurso presentado contra la determinación de oficio. Cuando se hubiere interpuesto recurso de reconsideración ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la suspensión se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a la notificación de la resolución respectiva".
Asimismo, la legislación nacional ha previsto para los tributos correspondientes a ese ámbito estatal un sistema similar al que de allí se deriva (cfr. arts. 161 inc. "a", Cód. Fiscal, t.o. 2011 y 65 inc. "a", ley 11.683, con modif. introducidas por ley 26.422), lo que sin dudas abona la solución normativa propiciada en esta órbita.
En virtud de todo lo manifestado, se impone descartar los agravios de la recurrente previamente examinados.
IV.2. Atento el modo en que se ha propuesto decidir las cuestiones anteriormente abordadas, el tratamiento de los agravios restantes deviene inoficioso, por cuanto la sentencia recurrida se ve suficientemente abastecida por los fundamentos que han sido evaluados en el punto anterior de este voto, contra los cuales no se ha opuesto una crítica que merezca acogida favorable.
Nótese que el pronunciamiento atacado introduce el argumento sobre el supuesto efecto interruptivo de ciertas presentaciones relativas a una solicitud de moratoria que motiva las quejas de la impugnante, con la expresión "para más", es decir que sólo se lo ha desarrollado a mayor abundamiento, para fortalecer la conclusión ya alcanzada, de donde se deriva que no resulta necesario adentrarse en su ponderación, pues las demás razones brindadas en su apoyo sirven igualmente para sostenerla.
V. En virtud de lo expuesto, entiendo que el recurso debe ser rechazado.
Costas a la recurrente vencida (conf. art. 25, ley 13.406; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Como surge de la reseña efectuada por la distinguida colega que abre el acuerdo, tenemos que la cuestión a decidir en autos desborda la mera disputa referida a la potestad legisferante en materia de fijación de plazos prescriptivos, para centrarse en lo atinente, de un lado, al momento de su inicio y, del otro, a las causales de suspensión e interrupción.
En efecto, teniendo en consideración que la resolución determinativa 164/07 fue notificada a los demandados el día 20 de junio de 2007, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de La Plata, confirmó el pronunciamiento de primera instancia considerando que merecía acogimiento parcial la excepción de prescripción opuesta por la demandada respecto del impuesto a los ingresos brutos correspondientes a los períodos fiscales 2 a 12 del año 2001.
A tal fin aplicó en la especie el art. 3.956 del Código Civil entonces vigente -conforme el art. 7 del Código Civil y Comercial- y, considerando el carácter anual del tributo en cuestión, entendió que el cómputo del
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