Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 73.845, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Onorato, Francisco Jorge s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, de Lázzari, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto acogió parcialmente la defensa de prescripción deducida (v. fs. 538/544 y 602/611).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 618/637), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 639).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 645) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado plantea que la sentencia atacada desconoce los poderes reservados de la Provincia de Buenos Aires (art. 121, Const. nac.) y denuncia violación del derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), del principio de igualdad (art. 16, Const. nac.) y del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011). Acusa asimismo absurdo.
Sostiene que el criterio adoptado por el tribunal actuante es errado en tanto -a su juicio- no considera las características propias del impuesto sobre los ingresos brutos -en especial su anualidad- y que no existe contradicción entre lo dispuesto por el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y el art. 3.956 del entonces vigente Código Civil. Advierte que el sistema legal tributario establece parámetros uniformes para determinar el comienzo del plazo señalado como solución recaudatoria frente a este tipo de obligaciones de masa.
Aduce que el análisis de la anualidad del tributo referido resulta importante para comprender el modo en que el Código Fiscal regula la prescripción y que la obligación de pagar anticipos del gravamen que en definitiva se adeude no obsta a que este deba ser en sí determinado mediante la declaración jurada que se presenta al final del ejercicio. Argumenta que el art. 57 de la ley nacional 11.683 regula en forma similar al art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004) el modo de cómputo del plazo de prescripción.
Asegura no desconocer los precedentes jurisprudenciales invocados por el Tribunal de Alzada, pero defiende las potestades legislativas de la Provincia de Buenos Aires para regular de modo independiente los plazos de prescripción tributaria. En su apoyo, cita las causas Ac. 81.520, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en: El Rincón de Torres s/ Concurso", sentencia de 5-XI-2003 y C. 99.854, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Haras San Pablo Club de Campo S.A.", sentencia de 7-X-2009, entre otras.
Destaca la importancia que el ejercicio de tal atribución reviste, por encontrarse en juego la obtención de recursos económicos a los fines del desenvolvimiento del Estado provincial, garantía de la potestad de darse las propias instituciones y regirse por ellas (conf. art. 122, Const. nac.).
Agrega que las normas pertinentes del Código Civil corresponden al derecho privado y que por ello no se adaptan -en su visión- a la relación tributaria, dada la pertenencia de esta al derecho público tributario local. De allí deriva que limitar la fijación de plazos de prescripción tributaria constituye -desde su óptica- un grave e ilegal cercenamiento de los poderes inherentes a la Provincia de Buenos Aires, con afectación directa del sistema federal de gobierno adoptado por nuestro país en su organización institucional.
En otro orden, cuestiona el cómputo de los plazos de prescripción practicado en la sentencia atacada, especialmente por no haber considerado -según lo indica- causales de interrupción (supuestos reconocimientos de deuda realizados el 10 de diciembre de 1997, el 6 de febrero de 1998 y el 2 de junio del mismo año), de suspensión (requerimientos fehacientes de pago en instancia administrativa) ni la incidencia de la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397.
III. El recurso no prospera.
III.1. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo decidido en dicho precedente, sustancialmente análogo al presente, corresponde rechazar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado denuncia violación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) y de diversas normas de la Constitución nacional.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. causa "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
III.2. En lo atinente al cómputo de los plazos de prescripción practicado por el Tribunal de Alzada, las críticas esbozadas resultan insuficientes (arg. art. 279, CPCC).
En efecto, todos los reproches sobre la cuestión mencionados en la presentación bajo tratamiento habían sido previamente abordados en el pronunciamiento impugnado, donde se aportaron razones en sustento de la solución propiciada que no han sido debidamente cuestionadas por la recurrente.
Así, a fs. 607/610, la sentencia atacada puntualizó: a) que los reconocimientos del 3 de octubre y del 10 de diciembre de 1997 interrumpieron los plazos de prescripción de las obligaciones reclamadas, pero que, reiniciados al día siguiente de la última fecha mencionada, luego vencieron; b) que mediante la nota presentada el 6 de febrero de 1998, el señor Onorato se limitó a presentar un descargo, sin reconocer deuda alguna, por lo que dicho acto no tuvo efecto interruptivo de la prescripción; c) que tampoco lo tuvo el acogimiento a una moratoria del 2 de junio de 1998, por no recaer sobre la deuda aquí exigida; d) que la crítica planteada en torno a la aplicación de la novación consagrada en el art. 48 de la ley 12.397 resultaba insuficiente y que a todo evento dicho instituto devenía inaplicable por contradecir la regulación del Código Civil; e) que el Fisco requirió fehacientemente al ejecutado el pago de las sumas volcadas en el título ejecutivo 11.708 recién el 7 de mayo de 2004, cuando ya se hallaba holgadamente vencido el plazo prescriptivo aplicable al caso; y f) que asimismo resultaban insuficientes las manifestaciones a través de las cuales el apelante se limitaba a enumerar diversas diligencias procedimentales, sin explicar concretamente cuáles serían los efectos jurídicos derivados de ellas.
Pese a lo expuesto, en la pieza procesal bajo análisis la Fiscalía de Estado insiste con un extenso y por momentos confuso relato, en el que solo atribuye efectos interruptivos o suspensivos a actos ya invocados, sin refutar las razones que llevaron al a quo a desestimarlos e incluso sin precisar, en otros supuestos, la consecuencia que de ellos se seguiría.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
Es que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 72.455, "Duarte", sent. de 17-XII-2014; A. 71.270, "Alfieri", sent. de 4-V-2016; A. 74.785, "Monsanto", sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
Por otra parte, cabe recordar que determinar el inicio del plazo de prescripción, su interrupción o cómputo, son típicas cuestiones de hecho que -en cuanto tales- se encuentran exentas de censura en esta instancia, salvo el supuesto excepcional del absurdo (doctr. causas A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; Q. 71.256, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016 y A. 73.197, cit.), vicio que en la especie no puede tenerse por acreditado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Me aparto de la solución propiciada por el colega que inicia el acuerdo.
Un renovado estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los preceptos del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me ha convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo, ello en virtud de los argumentos que se desarrollan en el voto del doctor Soria recaído en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, al que en su momento adherí y adonde corresponde remitir en honor a la brevedad.
De allí que, a mi juicio, asista razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), agraviándose de la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma, practicada por el juez de grado y confirmada por la Cámara interviniente.
Por los fundamentos expuestos, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, quien ha tenido la deferencia de citar mi voto en el precedente A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018. Asimismo, por los fundamentos que señala la colega, las costas habrán de repartirse por su orden.
Lo anterior, sin ignorar que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo en el punto III.1. de su voto, por los siguientes fundamentos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en el caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que la cuestión debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por la Fiscalía de Estado referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, en tanto el caso de autos discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
II. Asimismo, presto mi adhesión a los puntos III.2. y IV del voto del señor Juez doctor Genoud.
Por lo expuesto, voto también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:47:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:39:46 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:16:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:58:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 10:57:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia