Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74074
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.074, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Transportes Metropolitanos General San Martín s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres de Lázzari .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que acogió totalmente la excepción de prescripción deducida (v. fs. 46/51 y 78/84).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 87/101), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 103/104).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 109) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 incs. "a" y "b" del Código Fiscal (t.o. 2011); errónea aplicación del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y -por ende- de los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Plantea que -a su entender- la sanción de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial demuestra que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Aduce que dichos preceptos importan el reconocimiento por parte de una ley nacional de las facultades provinciales ejercidas mediante normas locales específicas y preexistentes, aplicables -en su criterio- al sub lite . Tras reseñar las tesis privatista y publicista, concluye que el legislador nacional se inclinó finalmente por esta última. En apoyo de dicho criterio invoca, asimismo, lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en "Sociedad Italiana de Beneficencia" y por esta Corte en la causa C. 99.854, "Fisco c/ Haras San Pablo Club de Campo", sentencia de 17-XI-2003.
Advierte que las sentencias deben atender a las normas y circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes. Sobre la base de tales argumentos critica lo sostenido por el a quo en el sentido de que, de acuerdo con lo dispuesto por su art. 2.537, el Código Civil y Comercial resulta inaplicable al presente caso. A propósito de la línea de fallos desarrollada a partir del caso "Filcrosa" de la Corte nacional, destaca que, si bien la permanencia de la jurisprudencia es deseable, no debe obstarse a su revisión cuando medien razones de justicia suficientes al efecto.
Concretamente, cuestiona que el Tribunal de Alzada no haya aplicado los arts. 159 y 161 incs. "a" y "b" del Código Fiscal (t.o. 2011). Respecto de este último precepto, advierte que la apelación ante el Tribunal Fiscal trae aparejada la suspensión de la obligación de pago y -por ende- la imposibilidad para el Fisco de requerir judicialmente el cobro. Razona que ese derecho del contribuyente no puede ser utilizado contra el mismo Estado provincial que lo concedió, declarando prescripta por dicha causa la obligación en cuestión.
Realiza el cómputo del plazo de prescripción de la más antigua de las deudas reclamadas y concluye que ni éste ni el de las posteriores ha vencido. Señala, en tal sentido, que el relativo al período 2002 comenzó su curso el 1 de enero de 2004, pero que se vio válidamente suspendido hasta el 20 de diciembre de 2012, reanudándose recién a partir de entonces y que, por ello, la obligación resultaba exigible al 30 de agosto de 2013, fecha de inicio de este apremio.
Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, manifiesta que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios.
II. En mi opinión, el recurso prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Basta aquí simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en el precedente citado a concluir que el Código Civil -ley 340- no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda tributaria local conducen en el presente a adoptar idéntica decisión con respecto a la causal de suspensión alegada, por cuanto también ésta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado en las disposiciones tributarias de esta provincia. Asimismo, cabe destacar que el art. 65 de la ley 11.683 ha previsto para los tributos correspondientes al ámbito nacional un sistema similar al del citado art. 161 del Código Fiscal.
III. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406; y 68 segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Me aparto de la solución propiciada por la colega preopinante.
I. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo decidido en dicho precedente, al que remito para evitar reiteraciones innecesarias, corresponde rechazar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 incs. "a" y "b" del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
II. Por lo demás, la crítica basada en la presunta obstaculización de los mecanismos para la percepción de la renta pública evidencia insuficiencia (arg. art. 279, CPCC), pues no ha sido fundada en violación ni errónea aplicación de norma ni doctrina legal alguna sino exclusivamente en los votos de la minoría en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-IV-2006, que por otra parte fueron dictados en el marco de una discusión diferente de la de autos, relacionada con el otorgamiento de una medida cautelar en materia tributaria.
III. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir, considero que corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, con costas a la vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de acompañar la solución propuesta por la doctora Kogan, quien ha tenido la deferencia de citar mi voto en A. 71.388, "Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018. En la especie, por aplicación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), corresponde, tal como lo señala la ponente en el punto III de su voto, proceder a un nuevo cálculo.
Lo anterior, sin ignorar que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
Las costas habrán de imponerse en el orden causado.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto I de su voto, por los siguientes fundamentos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa"(CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en la especie- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por la Fiscalía de Estado referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal en tanto, el caso de autos, discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
II. Asimismo, presto también mi adhesión a la insuficiencia proyectada en el punto II del voto referido y a la solución propiciada en su punto III.
Por lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:47:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:39:41 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:16:48 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:58:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 10:57:44 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia