Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74093
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.093, "Fiscalía de Estado c/ Dirediel S.R.L. y ot. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan, de Lázzari, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y -en consecuencia- confirmó la sentencia de primera instancia que acogió parcialmente la excepción de prescripción interpuesta, mandando llevar adelante la ejecución por el resto de la deuda reclamada (v. fs. 169/182 y 228/239).
Disconformes con dicho pronunciamiento, tanto la parte demandada (v. fs. 246/252) como la Fiscalía de Estado (v. fs. 253/275) interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de los cuales solo fue concedido ese último (v. fs. 277/278 y 287/288).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 294) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa destacar, el Tribunal de Alzada confirmó el pronunciamiento de grado que declaró prescripta la deuda impositiva reclamada con relación a los períodos 2000 y 2001, así como también el importe proporcional de la multa correspondiente a ese último año.
Advirtió que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 3.956 del entonces vigente Código Civil, la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del vencimiento de la obligación.
Sostuvo que dicha norma resultaba aplicable al caso en virtud de lo resuelto por la Corte nacional in re "Filcrosa" (Fallos: 326:3899) y por esta Suprema Corte en las causas C. 99.094, "Fisco c/ Fadra" y C. 102.213, "Fisco c/ Escudero", sentencias de 14-VII-2010.
Añadió que la primera parte del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal –texto ordenado 2011-, en cuanto establece la suspensión por un año del curso de la prescripción, a partir de la intimación administrativa de pago, resulta compatible con lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 3.986 del Código Civil.
A continuación, advirtió que la segunda parte de la norma local citada, por medio de la cual se extiende la suspensión hasta noventa días después de notificado el acto que resuelve el recurso administrativo contra la resolución determinativa de impuestos, no se corresponde con lo preceptuado por la legislación de fondo. Sin embargo, consideró que más perjudicial para el deudor sería el criterio adoptado por este Tribunal en la causa B. 53.072, "Martínez", sentencia de 17-II-1998, donde se asignó efectos interruptivos de la prescripción a ciertas presentaciones administrativas.
De allí extrajo que la solución del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal constituye una legítima autolimitación de la Provincia de Buenos Aires con respecto a la interpretación sobre la interrupción de la prescripción que cabe asignarle al primer párrafo del art. 3.986 del Código Civil. Interpretó que el plazo de noventa días contemplado por la regla local debía computarse en días corridos.
A continuación, practicó, a la luz de los principios sentados, el cómputo de la prescripción de la deuda impositiva discutida en la especie. En cuanto a la de la multa, consideró que el plazo prescriptivo quinquenal debía comenzar a correr a partir de la firmeza del acto administrativo que estableció la sanción, por tratarse del momento en que esta devino exigible.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011); 5, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional; 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del antes vigente Código Civil.
Luego de reseñar los fundamentos del pronunciamiento atacado, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), en especial debido a lo dispuesto por los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial, que -en su visión- demuestran que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Plantea que, además, aquella conlleva la facultad de establecer el modo de computar los términos y sus causales de suspensión e interrupción.
Concluye que los arts. 159 y 161 del Código Fiscal resultan constitucionales y que, en virtud de lo dispuesto por ellos, las obligaciones discutidas no pueden considerarse prescriptas. Añade que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso el poder de legislar sobre relaciones de derecho privado y no público como en el caso y que los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil resultan por lo tanto inaplicables en la especie.
III. El recurso no prospera.
III.1. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo decidido en dicho precedente, sustancialmente análogo al presente, corresponde rechazar el agravio a través del cual la Fiscalía de Estado denuncia violación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), pues la decisión de la Cámara, en tanto ha analizado el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias discutidas a la luz del art. 3.956 del entonces vigente Código Civil, se ajusta a la doctrina señalada.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
III.2. En lo que atañe a la denuncia de violación del art. 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), corresponde advertir que, en rigor, tanto la señora jueza de grado (v. fs. 174 vta./177) como la Cámara interviniente (v. fs. 235 vta./238) aplicaron en la especie, por los fundamentos que brindaron, dicho precepto, sin que los argumentos esgrimidos por la recurrente en torno a la supuesta falta de aplicación de la norma en cuestión puedan por ende ser atendidos.
En efecto, la pieza recursiva bajo examen se muestra, en la parcela aquí tratada, insuficiente para conmover la conclusión del Tribunal de Alzada, por cuanto parece confundir el fundamento sobre el que descansa la sentencia que ataca y así omite darle una debida respuesta, sin que nada de lo dicho implique coincidir con el encuadre normativo formulado en el pronunciamiento objeto de embate.
Al respecto, esta Corte ha señalado reiteradamente que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume -en el aspecto considerado- la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causa A. 70.124, "Petersen, Alberto Guillermo", sent. de 26-X-2011; A. 73.740, "Del Campo, Ricardo", sent. de 10-VIII-2016; A. 72.942, "Larumbe", sent. de 24-IV-2019; e.o.).
De modo concordante, este Tribunal ha puntualizado que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causa A. 70.822, "Bigi", sent. de 25-II-2015; e.o.).
En definitiva, la inobservancia de los recaudos técnicos que requiere la vía extraordinaria intentada, sella la suerte adversa de los planteos considerados bajo este acápite.
III.3. Por razones análogas a las recién indicadas, idéntica conclusión se impone en lo que respecta a la prescripción de la multa.
Nótese que, en su escrito, la impugnante cuestiona el mantenimiento de la doctrina derivada de "Filcrosa" únicamente en lo concerniente a los tributos locales, mas sin atacar puntualmente los argumentos brindados por la Cámara para pronunciarse acerca de la exigibilidad de la sanción impuesta ni sobre el cómputo del término respectivo.
Ello evidencia la insuficiencia de la crítica esbozada en el aspecto señalado.
IV. En mérito a los fundamentos vertidos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tal como lo expresa el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto, el presente caso es análogo a precedente de esta Corte A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018.
II. En mi voto en dicha causa, al que remito, sostuve que en lo que hace al inicio del plazo de prescripción en materia tributaria debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
La sanción del nuevo Código Civil y Comercial, en cuyo texto se explicita un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), evidencia el propósito de revertir esa línea de interpretación, por lo que el mantenimiento de esta doctrina queda sin sostén (ver punto IV.3.e. de mi voto en dicho asunto).
Primer intérprete de sus competencias, el Congreso nacional valoró que el plazo de prescripción de tributos es un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la doctrina de "Filcrosa".
Postulé además que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado por la regla local, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.). Ello, junto con el resto de las consideraciones a donde remito por cuestiones de brevedad, me convence de propiciar la aplicación de la legislación tributaria local.
III. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", ambas sents. de 26-XI-2020).
IV. Sobre la base de lo indicado, debe revocarse la sentencia, desestimarse la excepción de prescripción y reenviarse los autos a la anterior instancia, para que, integrada debidamente la Cámara, dicte un nuevo pronunciamiento siguiendo los parámetros establecidos en la presente sentencia.
Ello alcanza la decisión recaída respecto de las multas.
V. A lo dicho cabe agregar que, toda vez que la Cámara de Apelación no ha concedido el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora (fs. 287/288), esta Corte no se encuentra habilitada para abordar la parcela vinculada a la responsabilidad tributaria de los directores.
VI. Por lo expuesto, se hace lugar al recurso interpuesto por la representación fiscal, reenviándose los presentes actuados, a los fines indicados en el punto II del presente.
Atento el modo en que se resuelve, las costas del proceso deben imponerse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406; y 68 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, a excepción de lo manifestado en los puntos III y V, pues la solución propiciada se abastece suficientemente con los demás argumentos.
En razón de lo expuesto, corresponde remitir la causa a la Cámara interviniente, a efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento aplicando las normas concernientes del Código Fiscal.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo, por los siguientes fundamentos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en el caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (conf. doctrina de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que la cuestión debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por la Fiscalía de Estado referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
II. Asimismo, presto mi adhesión a los puntos III.2. y III.3. del voto del doctor Pettigiani, donde se propicia la insuficiencia de los restantes agravios.
Por lo expuesto, voto también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:47:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:39:39 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:16:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:58:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 10:57:42 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia