Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73474
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 73.474, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Necotrans S.A. y otros s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y -en consecuencia- acogió la excepción de prescripción articulada respecto de los anticipos 11/1998 a 11/1999 del impuesto sobre los ingresos brutos, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal (v. fs. 147/158).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 161/185), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 186/187).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 191) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 133 y 135 incs. "a" y "b" del Código Fiscal (t.o. 2004) y -como corolario de ello- de los arts. 3.956, 3.965, 3.980 y 3.986 segundo párrafo del Código Civil y 121 de la Constitución nacional. Alega asimismo violación del principio de congruencia, con sustento en lo normado por los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 266, 272, 364 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Agrega que -en su visión- la sentencia atacada violó los derechos de propiedad, igualdad, debido proceso y defensa en juicio, reconocidos por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
Concretamente, critica la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 incs. "a" y "b" del Código Fiscal, practicada por la Cámara interviniente. Asegura que las partes no habían planteado esta cuestión y que de hecho solicitaron la aplicación de las normas citadas al deducir la excepción de prescripción y aun con posterioridad. Por ello considera que el tratamiento de su validez constitucional afectó el principio de congruencia. Sostiene que una declaración de ese tipo sólo debe quedar reservada para supuestos excepcionales relacionados con derechos indisponibles e irrenunciables, lo que no se verifica en autos. En abono de sus dichos, cita lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mansilla, Carlos Eugenio c/ Fortbenton Co. Laboratorios S.A. y otros s/ Despido", sentencia de 6-III-2014. Invoca asimismo lo dispuesto por el art. 3.965 del entonces vigente Código Civil. Con cita de lo resuelto por esta Corte en las causas L. 116.946, "De la Torre", sentencia de 5-III-2014 y C. 93.745, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Obra Social del Personal Marítimo", sentencia de 3-X-2012, cuestiona la aplicación al caso del principio iura novit curia .
Sin perjuicio de lo anterior, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal por considerarla errada. Interpreta que dicho pronunciamiento no tuvo en cuenta el carácter de ejercicio del impuesto sobre los ingresos brutos, en virtud del cual el tributo propiamente dicho se debe una vez determinado mediante la declaración jurada anual (más allá de la obligación de pagar anticipos). Sostiene que este hecho jurídico marca el punto de partida para establecer la exigibilidad del pago y que es necesario que la ley fije parámetros uniformes para determinar el inicio del plazo prescriptivo por tratarse de "obligaciones de masa". Añade que -en su criterio- no hay colisión entre la forma en que el Código Fiscal regula el inicio del cómputo del plazo de prescripción y el art. 3.956 del Código Civil. Argumenta asimismo que el art. 57 de la ley nacional 11.683 regula el tópico de manera coincidente.
Más adelante puntualiza que -a su entender- tampoco el art. 135 del Código Fiscal resulta contrario a la normativa nacional. Observa que tanto este como el art. 3.986 del Código Civil consagran una causal de suspensión por el plazo de un año, derivada de la intimación de pago o constitución en mora. Advierte que la norma local establece que dicho lapso se prolonga hasta noventa días después de la fecha de devolución de las actuaciones administrativas al organismo recaudador, luego de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, pero entiende que ello concuerda con lo previsto por el art. 3.980 del citado Código Civil.
Si bien afirma no desconocer los precedentes jurisprudenciales en sentido inverso, reivindica las potestades legislativas de la Provincia de Buenos Aires para reglar lo atinente al plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. En su apoyo, cita lo resuelto por esta Corte en las causas Ac. 81.520, "El Rincón de Torres", sentencia de 5-XI-2003 y C. 99.854, "Fisco c/ Haras San Pablo Club de Campo", sentencia de 7-X-2009 y por el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en "Sociedad Italiana de Beneficencia", sentencia de 17-XI-2003.
Reprocha asimismo que la sentencia atacada declare prescriptas las multas reclamadas. Relata que estas fueron impuestas con el dictado de la resolución 1.740/2004, notificada el 22 de diciembre de 2004 y que el apremio fue promovido el 24 de noviembre de 2005; de allí extrae que -en su opinión- el plazo quinquenal aplicable no transcurrió íntegramente. Además, plantea que la decisión en cuestión viola el principio de congruencia y resulta absurda, porque -a su entender- los ejecutados opusieron excepción de prescripción exclusivamente con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos reclamado, no en lo tocante a las multas. Concluye que el fallo en crisis se expidió sobre un tema ajeno a la forma en que quedó trabada la litis y que ello viola el equilibrio procesal, favoreciendo a una de las partes y vulnerando la igualdad en el proceso y la bilateralidad.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Este Tribunal ha advertido que el principio iuria novit curia tiene aplicación en materia de prescripción, siempre que dicha defensa haya sido oportunamente argüida por las partes (doctr. art. 3.964, Cód. Civ.), desde que es el sentenciante quien tiene el poder-deber y a quien le incumbe determinar la norma que rige en el caso (conf. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, CPCC), aun cuando difiera de la alegada por las partes. Ello no implica, de modo alguno, suplir oficiosamente la prescripción, lo que está vedado por el citado art. 3.964 del Código Civil, sino, por el contrario, establecer el plazo atingente en razón del deber irrenunciable de calificar jurídicamente las pretensiones deducidas en el proceso "según correspondiere por ley" (conf. art. 163 inc. 6, CPCC; causa C. 96.165, "Pascual", sent. de 17-VI-2009).
Asimismo, en uno de los casos invocados aquí por la propia recurrente, que la Cámara interviniente (a partir de los fundamentos de orden constitucional vertidos por la Corte nacional en "Filcrosa") interpretó en el sentido de que las provincias carecen de competencia para regular la prescripción de sus obligaciones locales, encuadrando la controversia en el art. 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil (no así en el art. 119 del Código Fiscal invocado por la demandada), esta Corte sostuvo que la aplicación oficiosa del plazo quinquenal establecido por la citada norma de fondo no alteraba las bases fácticas de la controversia, la causa de la pretensión ni el concreto petitum (objeto) de la defensa de prescripción interpuesta (conf. causa C. 93.745, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Obra Social del Personal Marítimo", sent. de 3-X-2012).
Tales conceptos resultan aplicables al presente litigio, donde la demandada opuso excepción de prescripción con invocación de lo normado por el Código Fiscal y el tribunal a quo , previa declaración de inconstitucionalidad del art. 133 de dicho cuerpo legal, hizo lugar (parcialmente) a la defensa interpuesta sobre la base de lo dispuesto por el Código Civil (cuerpo legal en el que encuadró la discusión en virtud de lo decidido por la Corte nacional en "Filcrosa"). La recurrente, pues, denuncia violación del principio de congruencia, pero no brinda argumentos que autoricen a apartarse de la doctrina precedentemente indicada.
II.1.b. Advertido en este acuerdo de las reflexiones efectuadas por mi colega, el doctor Soria, entiendo necesario realizar algunas consideraciones a ese respecto.
He de referirme al desarrollo jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, orientado a definir los límites del ejercicio del control de constitucionalidad oficioso, y si el mismo ha evolucionado confinando conceptualmente dicha tarea.
En primer lugar, cabe admitir que aunque nuestro sistema judicial no sea tributario del instituto del stare decisis , propio de ordenamientos foráneos, lo cierto es que, por cuestiones de practicidad, y en pos de hacer efectivos los principios de celeridad y economía procesal, resulta prudente seguir los criterios jurisprudenciales esbozados por el Alto Tribunal, siempre que tal jurisprudencia cumpla con los requisitos indispensables de mantener una similitud estructural en las situaciones fácticas abordadas que nos permita, analógicamente, utilizar la solución jurídica prevista en el caso concreto a resolver.
Dicho esto, el detallado análisis jurisprudencial efectuado por mi distinguido colega merece una reflexión.
He de coincidir en que en la citada causa "Mansilla, Carlos c/ Fortbenton Co Laboratories S.A. s/despido" (Fallos: 337:179), más allá de sus especificidades, podría entenderse que se vislumbra un incipiente criterio orientado a definir los límites del tratamiento oficioso de la inconstitucionalidad de las normas. Pero hasta allí mi coincidencia.
Las demás referencias jurisprudenciales que se mencionan parten de una plataforma distinta de la concerniente al control de constitucionalidad de oficio. De su atenta lectura se advierte que en realidad allí se ha puesto el acento en la deficiente labor argumentativa que exhibían los respectivos recursos, inidóneos para dar suficiente sustento a los reproches constitucionales formulados. Es decir, en los fallos citados (casos "Hidalgo Garzón", "Compañía Mega"; "La Perelada" y "Ministerio de Defensa, Ejercito"), la situación recursiva difiere del supuesto de tratamiento oficioso, toda vez que en ellas hay un efectivo planteamiento de inconstitucionalidad, aunque deficitario en cuanto a sus fundamentos.
Así entendido, se advierte que lo tratado en el agrupamiento de fallos mencionados no aporta a lo que es materia de discusión en autos. Refrenda lo aquí expresado la propia referencia del colega a un reciente fallo del 4 de junio de 2020, "B. J. M. s/curatela", en el que la propia Corte reafirma el criterio de "Rodríguez Pereyra" y la posibilidad de tratamiento oficioso de la inconstitucionalidad.
Sumado a lo dicho, la cuestión prescriptiva de los impuestos (previo a la vigencia del actual Código Civil y Comercial) exhibe una firme e invariable jurisprudencia desde hace diecisiete años a la fecha. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente, que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación constitucional que surge del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, el Congreso no solo fijara los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía. Como indicara, hace ya más de diecisiete años, en la causa "Filcrosa", la Corte Suprema señaló que las legislaciones locales no pueden apartarse del Código Civil a efectos de regular la prescripción de sus tributos (Fallos: 326:3899).
Pese a que las modificaciones en la composición de la Corte Suprema desde el año 2004 pudieron generar expectativas respecto al cambio jurisprudencial en esta materia, lo cierto es que dicho tribunal en 2009 ratificó la doctrina de la causa "Filcrosa" en los autos "Casa Casmma S.R.L." (Fallos: 332:616). Luego mantuvo invariablemente ese criterio, sin fisuras, en varias causas posteriores (v.gr., en autos "Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom S.R.L.", Fallos: 332:2108; "Bruno", Fallos: 332:2250; "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", F.358.XLV, sent. de 28-IX-2010; "Fisco de Provincia c/ Ullate", F.391.XLVI y "Provincia del Chaco c/ Rivero", P.154. XLV, sents. de 1-IX-2011; "Dirección General de Rentas c/ Pickelados Mendoza S.A. s/ apremio", D.711.XLVIII, sent. de 5-VIII-2014; "Municipalidad de San Pedro c/ Monte Yaboti S.A. s/ ejecución fiscal", M.235.XLIX.RHE, sent. de 27-XI-2014; y "Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/ Herrmann, Alejandro Enrique s/apremio", M.804.XLVIII, sent. de 11-II-2014).
En su composición actual, en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN 4930/2015/RH1, sent. de 5-XI-2019), ha vuelto a ratificar esa doctrina una vez más, despejando cualquier duda sobre la firmeza del criterio expuesto. Las disidencias individuales de alguno de sus miembros en algunos fallos a lo largo de los años en nada alteran lo invariable de la doctrina fijada en este sentido. En definitiva, el caso "Volkswagen" despeja toda duda sobre la ratificación de dicho criterio jurisprudencial.
De más está decir que dicha jurisprudencia de la Corte Suprema es consistente con la invariable doctrina legal de esta Suprema Corte sostenida a partir de la causa C. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de revisión en autos 'Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo'", sentencia de 30-V-2007 (v. también C. 82.282; C. 84.445; C. 84.976 y C. 87.124), que este Tribunal provincial ha reafirmado recientemente en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, y en tantas otras hasta la fecha.
Con lo expresado advierto que existe una firme jurisprudencia de la Corte federal que habilita el tratamiento oficioso del control de constitucionalidad.
En autos bien o mal la parte demandada viene sosteniendo invariablemente la prescripción de la deuda. Son contestes la Corte Suprema de Justicia y la doctrina legal de este cuerpo en la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal en esa materia, por lo que la prescripción debe evaluarse a la luz de las normas del Código Civil. Por lo tanto, la declaración oficiosa de la inconstitucionalidad de determinadas normas al momento de resolver la defensa de la prescripción opuesta no se torna en un ejercicio excesivo de la regla del iuria novit curia por parte del Tribunal de Alzada.
Los desarrollos incluidos en el enjundioso voto del doctor Soria, particularmente en lo relativo a los supuestos actos propios del demandado y su vinculación con el principio de congruencia requieren, asimismo, otras precisiones.
En primer lugar, ha de reiterarse la convicción de que la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma es, a esta altura, indiscutible. Ello así, porque es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella; constituyendo esa atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consagrados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (conf. CSJN "Gabrielli", D.J. 11.993-I-745, sent. de 17-XI-1991, e.o.).
Como señala Víctor Trionfetti, cuando los jueces aplican e interpretan el derecho no lo hacen como si este estuviera fragmentado en bandas o porciones, pudiendo ingresar en unas y no en otras de esas porciones según que las partes hayan o no invocado la aplicación de una de ellas. El derecho es uno, indivisible y de carácter jerárquico en cuanto a sus fuentes y no se concibe su aplicación fraccionada según lo que las partes aleguen, pues ello importaría redefinir la estructura del Estado, que pasaría de ser "Estado de Derecho" a ser "Estado de Derecho invocado por las partes en un proceso". La fuerza normativa de la Constitución no depende de la libre demanda ni de su señalamiento por el litigante (conf. Trionfetti, Víctor; "El sistema de control de constitucionalidad en Argentina", en Falcón, Enrique M. -dir-, "Tratado de Derecho Procesal constitucional", t. I, págs. 536 y sigs.).
En relación al principio iura novit curia , ya en "Mill de Pereyra" se expresó que importa para los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no invocan o que invocan erróneamente (v. voto del doctor Boggiano, el destacado me pertenece). De otro modo también debería descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes (v. CSJN, "Juzgado Militar N° 50 de Rosario", Fallos: 306:303).
En el caso que nos ocupa, la parte demandada opuso la defensa de prescripción. Es cierto que enmarcó su criterio defensista en la órbita de las normas contenidas en el Código Fiscal. Sostengo que ese error de encuadramiento en nada incide. Porque el juez debe aplicar la norma que sea correspondiente con el caso, por más equívocos en que haya incurrido el interesado.
Y aquí cabe examinar el respeto al principio de congruencia. Efectivamente, este principio limita la labor jurisdiccional al tiempo de resolver la disputa. Ahora bien, esa frontera tiene que ver con las situaciones y pretensiones presentadas por las partes y aquí concretamente la situación planteada por la demandada ha sido la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo. Ese es el contenido del litigio. Cuál fuere el régimen legal que resulte pertinente es una cuestión distinta. Que el juez cambie el derecho sustancial invocado por las partes no afecta la relación material, pues en modo alguno se cambia la pretensión y el objeto del proceso. Porque corresponde al juez calificar la relación sustancial de la litis y determinar la norma jurídica que la rige, aunque las partes no la invoquen o lo hagan en forma errónea, o lo que es lo mismo, incumbe a los jueces el encuadramiento legal del caso de acuerdo a los hechos acreditados en la causa, con prescindencia del derecho invocado (así lo difunde desde siempre este Tribunal, cfr. jurisprudencia cit. en Morello, Augusto Mario - Berizonce, Roberto Omar - Sosa, Lucas Gualberto; Códigos procesales en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación: comentados y anotados , 2da ed., t. II-C, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 1986, págs. 34 y sigs.).
II.2. En cuanto al fondo de la cuestión controvertida, ante todo debo puntualizar que, en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligacione
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