Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70476
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 70.476, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Mareque, Jesús. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia de primera instancia, mandando llevar adelante la ejecución de la deuda reclamada por el Fisco en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos e impuso las costas del proceso en ambas instancias a la demandada (v. fs. 130/133 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, el ejecutado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 136/154).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 179), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 187/193) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio de apremio y con base en el carácter tributario de las obligaciones a cargo del agente de percepción en relación con su deber de ingresar los importes recibidos de terceros, rechazó la excepción de inhabilidad de título e hizo lugar parcialmente a la de prescripción de la deuda reclamada por el Fisco en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, por los períodos fiscales 1996 y 1997, ello por aplicación de los arts. 4.027 inc. 3 del Código Civil (entonces vigente) y 135 del Código Fiscal (t.o. 2004). En consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución del capital e intereses reclamados por los períodos 7/98, 3/99 y 4/99 (v. fs. 81/88).
II. Impugnado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Cámara interviniente hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y rechazó el deducido por la demandada. En virtud de ello revocó la sentencia de primera instancia, mandando llevar adelante la ejecución por la totalidad de la deuda reclamada e imponiendo las costas del proceso en ambas instancias al ejecutado en su condición de vencido (v. fs. 130/133 vta.).
Para así decidir, juzgó exigible el monto del crédito consignado en los títulos ejecutivos 237.948 y 237.911 (v. fs. 10 y 11) con fundamento en que, en el caso, correspondía aplicar a la acción interpuesta el término de prescripción decenal previsto en el art. 4.023 del Código Civil (por entonces vigente), común a toda acción personal, y no el art. 4.027 inc. 3 del mismo cuerpo legal, que establece un plazo de cinco años para exigir el pago de todo lo que se debe abonar por años o períodos más cortos.
Sostuvo al respecto en su voto el doctor De Santis (quien concitó la adhesión de los demás miembros del tribunal): "Descarto toda impronta tributaria, asimilable al crédito del que resulta titular pasivo el contribuyente o responsable, para aquel que reconozca su fuente en una conducta de defraudación fiscal como ha sido la que diera origen a los títulos ejecutivos que abastecieran la acción ejecutiva tramitada". Añadió: "También la eventualidad aplicativa de las normas locales que procura la parte demandada, pues ya he sentado criterio para desplazarlas en beneficio del régimen sustantivo federal...".
Ello significa que, para arribar a la solución, meritó, de un lado, que el ejecutado no es el contribuyente directo del gravamen, en tanto reviste la calidad de responsable solidario de la firma Compañía Argentina de Seguros Visión S.A., agente de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos que grava la actividad de terceros, con cargo de ingresar al Fisco en la forma y condiciones exigibles por la autoridad de aplicación los importes recaudados. De otro, que el ejecutado habría incurrido en "defraudación fiscal" por haber cobrado el tributo en nombre del Estado y haberlo retenido sin ingresarlo en la forma prevista legalmente (conf. art. 62 inc. "b", Cód. Fiscal -t.o. 2011 y concs.-; resol. 163/00 y su confirmatoria 8.201/00; títulos de fs. 11, 12 y 29/31), circunstancia que impediría considerarlo frente a la Administración como el sujeto pasivo de una obligación a plazo por años o períodos más breves, sino de una obligación con fuente en lo que perciba de terceros y conforme así lo haga por la actividad de contribuyentes sujetos a imposición.
Por otra parte, la Cámara rechazó el agravio de la demandada relativo a la excepción de inhabilidad de título y el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 85, 86 y 87 del Código Fiscal, con fundamento en que el tratamiento de las cuestiones propuestas se encontraba vedado en la vía de apremio por importar el ingreso a la causa de la obligación.
III. Contra ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Denunció la violación de la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa C. 84.445, sentencia de 30-V-2007.
Propuso que la cuestión relativa a la prescripción liberatoria se resuelva aplicando el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (entonces vigente) y no el art. 4.023 del mismo cuerpo normativo.
IV.1. En lo que aquí interesa, como se expresara en los párrafos que anteceden, frente a la pretensión ejecutiva del tributo en cuestión, el señor Mareque opuso -entre otras- la defensa de prescripción, atento a que -desde su perspectiva- al iniciarse las actuaciones había transcurrido el plazo fijado en el art. 131 de la ley 10.397 (t.o. 2004).
En su responde la representación de la Fiscalía de Estado alegó que el término establecido en la norma aludida no había transcurrido al tiempo de la interposición de la demanda, pues el particular había interpuesto un recurso administrativo dando lugar a las causales de suspensión del plazo prescriptivo determinadas en el art. 135 del mismo cuerpo legal.
IV.2. La sentencia de primera instancia -en este aspecto- hizo lugar parcialmente a la excepción opuesta por el ejecutado, merced a considerar que, respecto de algunos períodos fiscales reclamados, había transcurrido el plazo prescriptivo del art. 131 del Código Fiscal en tanto que los restantes no habían sido alcanzados por aquella, toda vez que había operado la suspensión del término aludido (conf. art. 135, Cód. cit.) en razón del recurso administrativo interpuesto por el señor Mareque.
IV.3. La decisión de la señora magistrada de origen motivó la interposición de sendos recursos de apelación.
Así la parte demandada consideró incorrecta la forma en que la sentenciante había establecido el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, en tanto que la ejecutante entendió que el cálculo de dicho período era erróneo.
Iguales posiciones sostuvieron las partes en sus respectivas contestaciones a los traslados de los recursos aludidos.
IV.4. La sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata revocó el pronunciamiento de primera instancia y, desplazando la aplicabilidad de las disposiciones del Código Fiscal, resolvió que atento la naturaleza personal de la obligación, el término de prescripción a aplicarse debía ser el fijado en el art. 4.023 del Código Civil (por entonces vigente), razón por la cual hizo lugar al recurso de apelación presentado por la actora, revocando lo decidido por la señora magistrada de grado.
IV.5. Entiendo que, expuestos de esta forma los antecedentes que informan al caso, la sentencia de la Cámara actuante no constituye un acto jurisdiccional válido para resolver el caso que le fuera planteado.
En efecto, en ninguna oportunidad procesal anterior se debatió la naturaleza tributaria de la obligación cuyo cobro se perseguía, sino que por el contrario las partes han discutido, sobre la base de las disposiciones del Código Fiscal, si operó el plazo quinquenal fijado en su art. 131 o bien si este no transcurrió merced a la suspensión de su curso que autorizaba el art. 135 del cuerpo legal citado.
Al respecto, y más allá de que este Tribunal ha sostenido que la eventual aplicación del principio iura novit curia en materia de prescripción le permite al sentenciante determinar la norma que rige en el caso (conf. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC) e, incluso, el plazo concreto a computar a tal fin, ello requiere que dicha defensa haya sido oportunamente argüida por las partes (doctr. art. 3.964, Cód. Civ.; causas Ac. 64.885, sent. de 14-VII-1998; C. 96.165, sent. de 17-VI-2009; e.o.), y, además, que no se alteren ni las bases fácticas de la controversia, ni la causa de la pretensión, ni el concreto petitum (objeto) de la defensa interpuesta (v., por ej., causa C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 8-IV-2015).
Asiste entonces razón al quejoso en tanto esboza que el a quo excedió su competencia cuando -tal como surge del relato efectuado precedentemente- modificó el término quinquenal de prescripción determinado por la señora magistrada de primera instancia a pesar de que ninguna de las partes –y, en particular, el Fisco- se había agraviado de esa parcela del decisorio, infringiendo así las pautas antes sentadas.
V. Si lo que llevo dicho concita la adhesión de los restantes miembros de este Tribunal, corresponde revocar el pronunciamiento atacado, disponiendo que el tribunal a quo , debidamente integrado, dicte una nueva sentencia sujetando su proceder al estricto contenido de los escritos de apelación deducidos por las partes.
Por ello, voto por la afirmativa .
Las costas de esta instancia deben ser fijadas por su orden en atención a la forma en que se decide la presente (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al distinguido colega, doctor Genoud, atento que, como bien se indica en el apartado IV.5. de su voto, el a quo no ajustó su competencia decisoria a la extensión de los agravios expresados por las partes, infringiendo así las pautas fijadas por los arts. 163 inc. 6, 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicables a tenor de lo previsto en el art. 77, CCA).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La sentencia de la Cámara debe ser revocada.
I.1. En prieta síntesis, ese órgano jurisdiccional consideró que la prescripción de la acción opuesta por el ejecutado debía resolverse por aplicación del art. 4.023 del Código Civil, de diez años común a toda acción personal, y no por el art. 4.027 inc. 3, que establece un plazo de cinco años para exigir el pago de todo lo que se debe abonar por años o períodos más cortos; ni por las normas locales, que quedan descartadas por aplicación de la doctrina que emana del precedente "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899).
Sostuvo que las sumas reclamadas no responden a una relación tributaria pues aquí se trata de una multa por defraudación fiscal en la que el obligado no es el contribuyente directo del gravamen, sino un responsable solidario del agente de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos que grava la actividad de un tercero. En tal contexto, destacó que al regirse la relación jurídica por el art. 54 inc. "b" del Código Fiscal (t.o. 2004; art. 62 inc. "b", t.o. 2011), se impide catalogar al deudor como el sujeto pasivo de una obligación a plazo por años o períodos más breves. En definitiva, se trataría de una acción personal que nace de una conducta punible para la ley fiscal.
Por último, señaló que estas circunstancias no se ven alteradas por la discriminación en períodos mensuales que revela la resolución 163/00 (v. fs. 29/31), en tanto se expresa solo como rendición de cuentas de los montos recaudados por cada fracción.
I.2. El ejecutado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal denunciando la errónea aplicación del art. 4.023 del Código Civil, la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa C. 84.445, sentencia de 30-V-2007. Afirma que la prescripción liberatoria debe resolverse aplicando el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
El recurrente sostiene que la doctrina legal de este cuerpo predica que el plazo de prescripción aplicable a las deudas originadas en obligaciones tributarias es el quinquenal del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil y no el decenal del art. 4.023 como sostiene el Tribunal de Alzada.
Indica que la Cámara se aparta de la ley aplicable y de la doctrina legal cuando afirma que la relación jurídica que vincula al ejecutado con el Fisco no reviste carácter tributario. Destaca que conforme lo dispone la resolución administrativa 163/00 que da origen al título ejecutivo, lo que se reclama es una multa por ingreso tardío de un impuesto determinable por períodos. De allí que -según afirma- se trata de una sanción por incumplimiento de un deber tributario y como tal le resultan aplicables las normas de prescripción para cualquier tributo o impuesto, no diferenciando ni el Código Fiscal ni el Código Civil la naturaleza del gravamen, ni si se trata de un obligado directo o un agente de percepción. Aduna que siendo el Fisco el único interesado, no alegó la aplicación de la prescripción decenal, menos aún fundada en la arbitraria distinción que efectúa la Cámara.
I.3. Inicialmente cabe recordar que la decisión de la Cámara, que en un juicio de apremio resuelve la excepción de prescripción, reviste carácter definitivo a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario (doctr. causas Ac. 86.695, resol. de 30-IV-2003 y Ac. 84.050, sent. de 22-III-2006).
I.4. Sentado ello, adelanto que el recurso prospera. Aunque escueto en su desarrollo, la pieza alcanza un estándar mínimo de suficiencia (v. fs. 150/151 vta.).
I.4.a. En primer lugar, son de recibo las observaciones formuladas en el punto IV.5. del voto del doctor Genoud.
Es evidente que desde un comienzo las partes han estado en acuerdo respecto a que el art. 131 del Código Fiscal (t.o. 2004; art. 157, t.o. 2011) era la norma que en la especie regía el término de la prescripción y que esta misma lo fijaba en cinco años (v. fs. 39 vta., 92 y 98). La señora jueza de grado soslayó indebidamente esa circunstancia -máxime estando en juego derechos patrimoniales disponibles- y, por aplicación de la doctrina de la Corte nacional en la causa “Filcrosa”, entendió que correspondía observar idéntico plazo, solo que con fundamento en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil. Ello, cabe notar, sin declarar la invalidez constitucional del señalado artículo, en lo que aparenta ser un peculiar despliegue del postulado iura novit curia (v. fs. 85 vta.).
En la apelación de su fallo, los litigantes nuevamente se mostraron coincidentes -al menos al principio- en la aplicación del plazo de cinco años contemplado en el art. 131 del Código Fiscal (t.o. 2004; art. 157, t.o. 2011). La ejecutante a fin de salvaguardar la autonomía legislativa provincial sobre la materia (v. fs. 91 vta./92 vta.), mientras que el ejecutado lo hizo al recordar que esa norma fue la que invocó al oponer tempranamente sus excepciones (v. fs. 98 y vta.). Sin embargo, giró inmediatamente su discurso y mantuvo ante la segunda instancia que la regla aplicable era -como dijo la señora jueza- el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil por aplicación de la doctrina “Filcrosa”. Lo hizo, presumiblemente, atento a que la señora magistrada había acudido a las causales de suspensión del art. 135 del Código Fiscal (t.o. 2.004; art. 161, t.o. 2011) y solo mediante ese argumento podía ahora escapar de sus previsiones, a través de la declaración de inconstitucionalidad del régimen local por violar el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional (v. fs. 100 vta./103).
En tales condiciones, la elección por parte de la Cámara de un plazo distinto al de cinco años consentido por las partes -ya sea por aplicación del Código Fiscal o del Código Civil-, fatal por cierto para la defensa del ejecutado en tanto elevó el tiempo para que el Fisco persiga el cobro de la multa a diez años sin que este lo haya solicitado (art. 4.023, Cód. Civ.), da cuenta de una actuación que desborda la potestad de calificar jurídicamente los hechos y altera notablemente las circunstancias de la causa, reformando perjudicialmente la situación en la que se hallaba el demandado antes de recurrir (v. mi voto, causa C. 122.401, “Profertil S.A.”, sent. de 6-XI-2019 y sus citas).
Como se ha remarcado, la extensión de ese atributo reconoce un acotamiento en la segunda instancia, pues las cámaras de apelación deben mantenerse, sin exorbitarlo, dentro del marco delimitado por el contenido impugnativo de los recursos llegados ante sus estrados (CSJN Fallos: 248:548; 252:323; 307:948; 312:696; 313:983 y 319:3363; e.o.). Ello, so pena de infringir el principio de congruencia, cuyo fundamento reposa en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, que son los denunciados como inaplicados por el apelante en su escrito (conf. causas C. 94.251, "F., R. B.", sent. de 6-XII-2006 y C. 89.165, "Rodríguez", sent. de 16-V-2007).
I.4.b. A todo evento, asiste igualmente la razón al recurrente cuando afirma que la Cámara aplicó erróneamente el art. 4.023 del Código Civil, extendiendo su ámbito de actuación a un supuesto que le resulta impropio.
La relación jurídica entre la Provincia y los responsables por deuda ajena -entre ellos agentes de recaudación y los obligados solidarios- se rige por las disposiciones del Código Fiscal (actualmente, arts. 18, 21 incs. 2 y 4 y 24, t.o. 2011); cuerpo que condensa las normas destinadas a la percepción de la renta pública local. Y la consecuencia punitiva derivada del incumplimiento de obligaciones fiscales prevista en el art. 62 inc. "b" (t.o. 2011) no es extraña a dicho encuadramiento, en tanto constituye una herramienta coercitiva destinada a la consecución de la mentada finalidad.
No hay en el Código Fiscal alguna disposición que sustraiga de su campo de aplicación lo atinente a la prescripción de los poderes fiscales para aplicar y hacer efectivas multas por defraudación fiscal. Esto tampoco ocurre en el supuesto de los deudores solidarios de los agentes de recaudación. Los arts. 157, 158 y 159 del Código Fiscal (t.o. 2011; similares a los arts. 131, 132 y 133, t.o. 2004) aprehenden sin distinciones el régimen de prescripción para todos los supuestos de punición regulados en el Código; circunstancia que deja sin sustento el razonamiento efectuado por el a quo .
En la tarea de interpretar la ley, ha de tenerse en cuenta el contexto general y los fines que aquella persigue y con ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador (CSJN Fallos: 327:1507; e.o.). Ello conduce a una interpretación discreta, que procure evitar distinciones allí donde el legislador no las ha previsto.
Entonces, al crédito que aquí se reclama cabe aplicarle el art. 131 del Código Fiscal (t.o. 2004) y que dispone un plazo prescriptivo de cinco años. Corresponde, en consecuencia, revocar el pronunciamiento atacado en cuanto fuere materia de impugnación (conf. art. 289, inc. 1, CPCC).
II. Ahora bien, resueltos de tal modo los agravios contenidos en el recurso extraordinario, en virtud del principio de apelación adhesiva recobran actualidad los planteos del ejecutado que sustentaron su recurso de apelación de fs. 96/110, en los que critica la decisión de la señora jueza de primera instancia por considerar erróneo el dies a quo fijado para el cómputo de la prescripción (arts. 133, t.o. 2004 y 159, t.o. 2011); y por entender que el art. 135
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