Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71078
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.078, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Insaurralde, Miguel Eugenio y ot. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Pettigiani, Kogan, Torres .
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por los codemandados, declaró prescripto el período 1999 respecto del señor Miguel Eugenio Insaurralde y revocó la sentencia apelada con relación a las costas, imponiéndolas por su orden en ambas instancias conforme los arts. 25 de la ley 13.406 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 201/222).
II. Contra dicho pronunciamiento, los coejecutados dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 271/279 y 280/287) y de inconstitucionalidad (v. acápites fs. 277 vta., 278, 288 y vta.). La Cámara concedió los primeros y denegó los segundos (v. fs. 293/295).
III. Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 317) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad interpuestos?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires inició juicio de apremio contra los señores Miguel Eugenio Insaurralde y Eduardo Adolfo Gauján, reclamando la suma de $1.015.869,27 en concepto de deuda por el impuesto sobre los ingresos brutos (v. fs. 10) para los períodos fiscales 1997 a 2000, de conformidad con el título ejecutivo obrante a fs. 2/3.
Los demandados opusieron excepciones de incompetencia, falta de legitimación pasiva, falta de acción, inhabilidad de título y prescripción. Requirieron la acumulación de las actuaciones a la quiebra de la demandada principal (la firma Ingeniería Mantenimiento Electromecánico S.A.) y adujeron una situación de doble imposición, dado que la empresa se encontraba inscripta en el Convenio Multilateral.
Por otra parte, negaron la existencia de cualquier tipo de deuda personal con la actora (v. fs. 20/29 vta. y 39/49 vta.).
I.2. El señor juez de primera instancia rechazó las excepciones de incompetencia, falta de legitimación pasiva, falta de acción, inhabilidad de título y de prescripción de los períodos 1999 y 2000.
No obstante, hizo lugar al allanamiento efectuado por la actora con relación a la excepción de prescripción opuesta por los ejecutados respecto a los períodos 1 a 12 del año 1997 y 1 a 12 del año 1998.
Finalmente, mandó llevar adelante la ejecución por la suma de $418.577,07, con intereses y costas a la demandada atento su carácter de vencida (v. fs. 151/162 vta.).
Los aquí recurrentes apelaron.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos contra esa decisión, declaró prescripto el período 1999 respecto del codemandado Insaurralde y revocó la sentencia en relación con las costas, distribuyéndolas en el orden causado para ambas instancias (conf. arts. 25, ley 13.406 y 71, CPCC).
Para así decidir:
II.1. En primer lugar, confirmó lo resuelto por el señor juez de primera instancia en cuanto desestimó la excepción de incompetencia planteada por los codemandados.
II.2. Luego se expidió sobre los agravios referidos al rechazo de la excepción de inhabilidad de título y la de falta de legitimación pasiva.
Se abstuvo de tocar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en las expresiones de agravios, como así también la alegada contradicción existente entre el Código Fiscal y la ley 19.550, al reputarlos argumentos no introducidos en la instancia de origen, señalando que no podían ser tratados por la Cámara en razón de lo previsto por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 77, CCA).
Consideró que, en un proceso ejecutivo como el presente, se hallaba vedado ventilar la causa de la deuda ejecutada, por lo que la excepción de inhabilidad de título debía fundarse únicamente en sus formas extrínsecas .
Estimó que dicha restricción tenía sustento en la presunción de legitimidad que, en virtud de su origen y naturaleza, acompañaba a los respectivos actos estatales; obedeciendo adicionalmente a la necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan y aclarando que, llegado el caso, podían los ejecutados realizar un juicio ordinario posterior.
II.3. Puntualizó que los demandados resultaban ser solidariamente responsables de conformidad con lo previsto en los arts. 17, 18 y 21 del Código Fiscal (t.o. 2004). Agregó que en autos no se hallaba demandada la empresa concursada, sino los socios, los que habían sido debidamente notificados (v. fs. 216 vta. y 217). Desestimó sus agravios vertidos en torno a la violación de su derecho de defensa.
II.4. En cuanto a la excepción de prescripción, aplicó los arts. 131, 133 y 135 del Código Fiscal (t.o. 2004).
En dicho contexto, tuvo en cuenta los formularios únicos de notificación obrantes a fs. 257 y 258, señalando que no surgía que el señor Insaurralde, ni la deudora principal, hubieran sido debidamente intimados administrativamente al pago de los tributos determinados por la resolución 901/03 (v. fs. 218 vta.), para concluir que habiendo transcurrido el término de cinco años (art. 131, Cód. Fiscal) correspondía hacer lugar a la defensa planteada para el período 1999.
En respuesta al agravio deslizado por el señor Gauján, consideró que este sí había sido intimado administrativamente al pago de los tributos determinados por la resolución 901/03, por lo que denegó el planteo de prescripción efectuado a su respecto (v. fs. 219 vta.).
II.5. Sobre la prescripción de las multas, indicó que el pronunciamiento del señor juez de grado resultaba ajustado a derecho, toda vez que las mismas databan del día 2 de diciembre de 2003 (v. resol. 901/03, obrante a fs. 236/239 vta. del expediente administrativo) y que al haber sido interpuesta la demanda con fecha 19 de julio de 2006 (v. fs. 10 vta.), no había transcurrido el plazo de cinco (5) años previsto por el art. 131 del Código Fiscal.
II.6. Con relación a las costas del proceso, revocó la sentencia de primera instancia. Remarcó que, si bien en las ejecuciones tributarias rige el criterio objetivo de la derrota, en coincidencia con el mismo principio del Código Procesal Civil y Comercial (conf. arts. 68, CPCC y 25, ley 13.406), podía hacerse excepción a dicho principio aquí.
En ese sentido, consideró que atento a los planteos de prescripción opuestos por los demandados (v. fs. 89/94 y 128/133), el reconocimiento efectuado por el Fisco de la prescripción de los períodos 1997 y 1998 (v. fs. 91 vta. y 130 vta.) y la procedencia favorable del planteo de prescripción opuesto por el señor Insaurralde en relación con el período 1999, correspondía apartarse de la regla general e imponer las costas de conformidad con lo previsto en el art. 68, segundo párrafo, de dicho Código (arts. 25, ley 13.406 y 77, CCA).
Por ello, distribuyó las de la instancia de grado en el orden causado, siguiendo idéntico criterio para las de segunda instancia.
III. Contra ese pronunciamiento los codemandados Gauján e Insaurralde, a fs. 271/279 y 280/287, interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad con similares agravios, por lo que serán tratados de manera conjunta.
III.1. Aducen que se aplicó erróneamente la normativa referida a las notificaciones: los arts. 89 y 123 inc. "b" del Código Fiscal vigente por ese entonces (t.o. 1999), acarreando la inhabilidad del título que se pretende ejecutar. Por lo que las cédulas obrantes a fs. 223, 224 y 225 del legajo administrativo (sobre notificación del procedimiento administrativo de determinación de oficio) fueron nulas y las correspondientes al cierre del sumario libradas a fs. 257, 258 y 259, erróneas.
En cuanto a las multas determinadas, señalan que las mismas no fueron notificadas al señor Insaurralde, como tampoco a la firma contribuyente.
Por su lado, el codemandado Gauján afirma que si bien se enteró de que hubo un procedimiento fiscal seguido en su contra donde se determinaron multas y se lo hizo responsable solidario, no pudo defenderse por falta de notificación del inicio de las actuaciones, tal como lo determinó la propia Cámara. Y que ni el señor juez de grado ni esta última analizaron el fondo de la cuestión, sobre la cual su parte no pudo defenderse en sede tributaria.
III.2. Cuestionan la aplicación del régimen de solidaridad con sustento en la opinión de autores y jurisprudencia del fuero federal.
Entienden que el art. 18 del Código Fiscal (t.o. 2004) es violatorio de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, en tanto ella tiene en cuenta el "fraude" de los administradores de las sociedades para determinar la solidaridad, lo que no ocurre en el ordenamiento bonaerense, que crea dicha responsabilidad objetivamente y sin respetar la norma de jerarquía superior.
Remarcan que, al momento de imputárseles la deuda, la empresa se encontraba -primero- con un pedido de falencia y -luego- con una quiebra decretada judicialmente, por lo cual no podían intimarla al pago puesto que ella ya estaba bajo sindicatura.
Citan el art. 146 del Código de Comercio y doctrina de este Tribunal en la causa Ac. 60.659, referida al art. 59 de la ley 19.550 sobre solidaridad y mal desempeño de los directivos de sociedades.
Denuncian que se ha violado el art. 18 de la Constitución nacional, porque no se han podido defender, ni probar las acusaciones en su contra por la falta de notificación.
III.3. En cuanto a la prescripción del período 1999, el recurrente Gauján se agravia porque se lo ha dejado a cargo de su pago. Sostiene sobre el punto que en tanto el título es indivisible, la prescripción para el otro coejecutado lo beneficia automáticamente.
III.4. Por último, dicen violado el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial cuando establece el principio objetivo de la derrota, reputando incorrecta la distribución de las costas en el orden causado, dado que triunfaron en la excepción de prescripción por los períodos 1997, 1998 y 1999 y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) promovió la ejecución incluso a sabiendas de ello.
IV. Los recursos deben prosperar.
IV.1. Contrariamente a lo sostenido por el Tribunal de Alzada, entiendo que los recurrentes han montado y sostenido a lo largo del proceso un concreto planteo de inconstitucionalidad respecto del art. 18 del Código Fiscal (t.o. 2004); el cual, por lo demás, ha sido contestado por la ejecutante en cada una de las instancias, defendiendo la validez del régimen de responsabilidad solidaria de los administradores societarios consagrado en la normativa tributaria (v. fs. 89 vta./91 y 191 vta./192 vta.), siendo asimismo materia de valoración por los tribunales anteriores (v. fs. 157/160 y 216/217 vta.).
IV.2. En su primera presentación en el juicio de apremio, los señores Miguel Eugenio Insaurralde y Eduardo Adolfo Gauján se defendieron, entre otras cosas, aduciendo que "...el Fisco no tiene acción directa contra los directivos o administradores de las sociedades", en la inteligencia de que este último "...debió haber demostrado la deuda de la empresa, y luego debió haber demostrado según surge de nuestra Ley de Sociedades Comerciales el fraude al Fisco..." (fs. 26 y vta.), hecho que reputaron no acaecido en la especie. De seguido, vincularon lo actuado con la garantía de defensa y debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional, aunque con remisión al capítulo destinado a la "Reserva del Caso Federal" donde específicamente se denunció "...la violación a la supremacía de las leyes" garantizada por el texto fundamental (v. fs. 20 vta. y 21).
Al apelar ante la Cámara, entre otras cosas dijeron que el art. 18 del Código Fiscal (t.o. 2004) "...además de inconstitucional, es contrari(o) a una ley nacional" -refiriéndose a la ley 19.550- (v. fs. 169 y 180).
Y al acudir ante esta instancia extraordinaria, anticiparon que vinieron "...por incorrecta aplicación de ley y por violación de la Constitución Nacional" (fs. 271 y 280), denunciando un apartamiento del régimen de responsabilidad solidaria previsto en la Ley General de Sociedades que, a su entender, cuenta con un elemento subjetivo como es la existencia de "fraude" por parte de los directivos para hacerlos responsables personalmente, del cual prescinde indebidamente el ordenamiento tributario local al operar objetivamente, "...sin poner en juego la imputación necesaria de responsabilidad por deuda ajena y probar la misma" (fs. 275 y 264). Cada cual afirmó que semejante arreglo hace que "...se encuentre violado el art. 18 de nuestra carta magna, ya que no (se han) podido defender ni probar las acusaciones que hay en (su) contra por falta de notificación del proceso y lo más grave aún es que no se ha determinado (su) responsabilidad por dicha deuda" (fs. 276 vta. y 285 vta.).
En la misma pieza, interpusieron recurso extraordinario de inconstitucionalidad por idénticos fundamentos, que rechazado por el a quo en la inteligencia de que su sentencia no tocó puntos regidos por la Constitución de la Provincia como es menester, a la postre no dio lugar a una eventual queja.
IV.3. En tales condiciones y a pesar de que el intento impugnativo lejos se encuentra de la excelencia técnica, hay en autos materia sobre la cual pronunciarse útilmente en punto a la constitucionalidad del art. 18 -en su correlación con el art. 21-, ambos del Código Fiscal (t.o. 2004).
V. Dejando a salvo mi pronunciamiento en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL", sentencia de 16-V-2018, y los argumentos allí brindados para reafirmar las atribuciones provinciales a los efectos de regular los componentes de las obligaciones tributarias locales, considero que en la especie el agravio vinculado con la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados ha de tener acogida favorable.
Se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de normas de derecho público local, exponiéndose una serie de agravios aptos para abordar dicha cuestión.
Así como en lo que atañe a la aplicación e interpretación de las normas federales la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde antiguo que no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o de los órganos de las instancias de grado, pues le incumbe realizar la declaración correspondiente al punto debatido (CSJN Fallos: 320:1602; 323:1656; 335:168; entre muchos), de manera análoga esta Suprema Corte provincial, en su calidad de Superior Tribunal de la causa, también goza de la atribución de efectuar un pronunciamiento sobre el tópico bajo controversia, incluso respecto de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas o reglamentarias implicadas, si media, en principio, oposición a ellas por parte interesada. En esta labor tampoco puede verse absolutamente constreñida por el estricto tenor de las consideraciones formuladas por los litigantes o de los motivos dados en las instancias inferiores en el proceso, en tanto decida sobre tales normas en forma congruente con el rechazo del afectado a su aplicación en el caso (arg. arts. 161 inc. 1, 57 y concs., Const. prov.).
Aclarado ello, abordaré lo sustancial de esta cuestión, replicando de aquí en adelante lo pertinente de mi voto en la causa A. 72.295, "Yell Argentina SA", sentencia de 23-II-2021.
V.1. El régimen de responsabilidad de los representantes legales y de los administradores de sociedades en materia de gravámenes e infracciones tributarias, en la Provincia de Buenos Aires, se estructura del siguiente modo.
A tenor de lo normado por el art. 18 del Código Fiscal (t.o. 2004; art. 21, t.o. 2011), "...[s]e encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas: 1. Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un mandato legal o convencional. 2. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible".
El alcance de dicha obligación es precisado en el art. 21 del mismo cuerpo normativo (t.o. 2004; art. 24, t.o. 2011), donde se prevé que "...los responsables indicados [...] responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes. Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales [...] El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo".
Por último, el art. 102 del Código citado (t.o. 2004; art. 113, t.o. 2011), en su segundo párrafo, dispone: "A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21 de este cuerpo legal, también se dará intervención en el procedimiento determinativo y, en su caso sumarial, a quienes administren o integren los órganos de administración de los contribuyentes y demás responsables, a efectos de que puedan aportar su descargo y ofrecer las pruebas respectivas".
V.2. La opción del legislador local por un sistema de responsabilidad solidaria e ilimitada por deuda ajena, que afecta a los representantes legales y los administradores de sociedades, con ser excepcional, precisamente porque desborda los límites del vínculo normal entre contribuyente y Estado, no merece necesariamente un reproche de índole constitucional. Tal como lo puntualicé al votar en la causa A. 74.007, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Arias", sentencia de 11-IV-2018, dicho régimen oficia como una suerte de reaseguro extraordinario para la recaudación de la renta pública. Se trata, por otra parte, de una responsabilidad que guarda cierta similitud con la que se regula en el campo de las relaciones jurídicas entre las sociedades y sus representantes legales y administradores (arts. 59 y 274, ley 19.550).
Sin embargo, semejante escrutinio no puede detenerse sólo en esos dos factores. Una sana comprensión torna necesario ponderar si, en concreto, el contenido del régimen de solidaridad desarrollado en el sistema tributario local es razonable.
Tal como sostuve al votar en la causa A. 71.388, antes citada, en esta materia se debe diferenciar entre la cuestión relativa a la autoridad competente para regular los componentes de las obligaciones tributarias locales, de la posibilidad de controlar su contenido. Bajo esta perspectiva se valorará el planteo constitucional deducido en el sub lite .
V.3. Una interpretación discreta del texto de los arts. 18 y 21 del Código Fiscal (t.o. 2004) impide afirmar que el sistema de responsabilidad solidaria local se sustente en la culpa o el dolo del
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.